SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 273/2013-RA                                                           Sucre, 30 de octubre de 2013

Expediente: Potosí 26/2013

Partes: Ministerio Público y otra  c/  Hernán Peralta Rodríguez y otro

Delito: Uso de Instrumento Falsificado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2013, cursante de fs. 593 a 600 vta., Hernán Peralta Rodríguez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 36/2012 de 29 de agosto de 2013, de fs. 493 a 500 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Cleofé Rioja Vda. de Echeverría contra Alfredo León Beltrán y el recurrente, por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones fiscal (fs. 1 a 3 vta.) y particular (fs. 6 a 8), presentadas por el Ministerio Público y Cleofé Rioja Vda. de Beltrán respectivamente; y, una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 02/10 de 23 de marzo de 2010 (fs. 71 a 75 vta.), emitida por el Tribunal de Sentencia de Uncía del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró al recurrente autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto por el art. 203 del CP, condenándole a la pena de privación de libertad de tres años y medio, más el pago de Bs. 2.000.- (dos mil bolivianos) por concepto de costas en favor del Estado; siendo absuelto el coimputado Alfredo León Beltrán.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Hernán Peralta Rodríguez (fs. 109 a 118 vta.) y los apoderados de la querellante (fs. 121 a 123 vta.), formularon recursos de apelación restringida, con adhesión del Ministerio Público (fs. 135 a 136), que fueron resueltos por Auto de Vista 25/2010 de 25 de junio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente la apelación restringida de la parte querellante y adhesión del Ministerio Público; y procedente la apelación formulada por el imputado, disponiendo la nulidad de la Sentencia, así como la reposición del juicio por otro Tribunal de sentencia.


  1. Una vez notificadas las partes con el referido Auto de Vista, la parte querellante (fs. 188 a 192 vta.) y el Ministerio Público (195 a 196), plantearon recurso de casación, que fue resuelto por Auto Supremo 273/2012 de 12 de septiembre (fs. 275 a 278 vta.) que dejó sin efecto el Auto de Vista 25/2012, ordenando que el Tribunal de alzada dicte nuevo fallo aplicando la doctrina legal aplicable. Una vez radicada la causa en el Tribunal de alzada de origen, se emitió el Auto de Vista 37/2012 de 22 de noviembre (fs. 290 a 297 vta.), que en esta oportunidad, confirmó la Sentencia, dando lugar a que el imputado sea quien interponga recurso de casación (fs. 363 a 370), que fue resuelto por Auto Supremo 94/2013 de 2 de abril (fs. 440 a 452), que dejó sin efecto el Auto de Vista.


  1. En cumplimiento del referido Auto Supremo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí dictó el Auto de Vista 36/2012 de 29 de agosto de 2013 (fs. 493 a 500 vta.) y resolvió revocar parcialmente la Sentencia dictada en el presente caso, declarando al imputado Hernán Peralta Rodríguez autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado de Documento Privado, previsto por el art. 203 del CP con relación al art. 200 del mismo cuerpo legal; condenándole a la pena de privación de libertad de dos años. También dejó sin efecto la condenación de costas a la parte querellante y mantuvo las impuestas al imputado.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 13 de septiembre de 2013 (fs. 530), interpuso el recurso de casación que es motivo del presente análisis de admisibilidad, el 20 del mismo mes y año.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la atenta revisión del recurso de casación, se advierte que el imputado plantea en primer término prescripción de la acción penal, al amparo del art. 308 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando su aceptación y se disponga el archivo de obrados; y en cuanto al recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo del recurso, el recurrente reclama: “Incumplimiento del Auto Supremo N° 273/2012” (sic), señalando que el Auto Supremo 94/2013 de 2 de abril, dispone que el Tribunal de alzada dicte nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable; sin embargo, no se dio cumplimiento exacto, por cuanto: a) El Auto de Vista impugnado carece de fundamentación razonable; b) No identifica la diferencia entre los defectos procesales absolutos y relativos; y c) Como lógica consecuencia de lo anterior, no reparó los defectos por inobservancia y errónea aplicación de ley procesal y sustantiva.


  1. Señala en su segundo reclamo, que el Auto de Vista recurrido contradice los precedentes obligatorios sentados por los Autos Supremos 315 de 25 de agosto de 2006, 114 de 20 de abril de 2006, 117 de 20 de abril de 2006, 443 de 11 de octubre de 2006 y 273/2012 de 12 de septiembre, en relación a la falta de fundamentación jurídica, puesto que en el Auto Supremo 273/2012 de 12 de septiembre, el Tribunal Supremo ha establecido que el art. 124 del CPP tiene la finalidad de resguardar el derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las decisiones judiciales, por lo que su incumplimiento constituye defecto absoluto.


En el caso en particular, señala que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, ya que al resolver el recurso de apelación sobre el reclamo de falta de enunciación del hecho objeto del juicio, en el fallo impugnado no se expone la razón jurídica coherente de por qué se le impone Sentencia condenatoria por el delito de Uso de Instrumento Falsificado con relación al art. 200 del CP. Señala también que no se realizó una adecuada compulsa de los antecedentes, partiendo de premisas falsas para llegar a conclusiones erróneas, no habiéndose tomado en cuenta que existen contradicciones en las acusaciones. El Tribunal de apelación no consideró que la falta de enunciación precisa de los hechos, es un defecto absoluto, pues está vinculada al derecho a la defensa.


Las afirmaciones del Tribunal de alzada sobre la fundamentación  probatoria, no contienen argumentos razonables, ya que no se expone los motivos por los que se concluye que la valoración de la prueba fue armónica, cuando la misma carece de descripción y asignación de valor probatorio, más aún si no existe un peritaje conforme a procedimiento.


El Auto de Vista impugnado no argumenta los motivos de hecho y derecho por los que impone la sanción penal, no cumpliendo con los cánones de valoración de la prueba.


  1. Reclama por otro lado, que el Auto impugnado contradice los precedentes establecidos por los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006 y 131 de 31 de enero de 2007, en virtud a que en apelación restringida se denunció errónea aplicación de la ley sustantiva en la adecuación de la conducta y en la imposición de la pena, sin que se haya subsanado este defecto por el Tribunal de alzada a pesar de que fue ordenado por el Auto Supremo 273/2012, incurriendo en el mismo error, contradiciendo además la doctrina legal sentada por el Auto Supremo antes mencionado.


El argumento del Tribunal de alzada ingresa en el mismo error de errónea aplicación de la ley penal sustantiva, ya que sin exponer razón jurídica suficiente, concluye que el documento de 11 de agosto de 1982 es un documento público, cuando lo que correspondía era aplicar el art. 200 del CP, correspondiendo que la falsedad sea probada necesariamente mediante pericia, sin que pueda ser susceptible de convalidación por ser una cuestión sustantiva y no adjetiva, de tal manera que el no haberse impugnado una resolución de prescripción, no puede conllevar la admisión de la comisión de un delito, por tanto no habría convalidación como refiere el Tribunal de alzada. Como precedente también invoca el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006.


En relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva en la imposición de la pena, el Tribunal de Sentencia no consideró las circunstancias atenuantes, tales como grado de instrucción, no habiendo siquiera concluido los estudios de bachillerato, habiendo demostrado que adquirió de buena fe los terrenos y cancelando el precio a los hijos de los propietarios originales, sin que el Tribunal de alzada se haya pronunciado sobre este agravio, convalidando por omisión el defecto.


  1. Como cuarto motivo reclamado, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado incurrido entrado en contradicción con el Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003 de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el cual refirió que para llegar al convencimiento del Uso de Instrumento Falsificado, previamente debe demostrarse esa falsedad mediante resolución judicial emanada de autoridad competente, no pudiendo presumirse, sino demostrase con elemento de convicción idóneo, en proceso legal y contradictorio, siendo que en este caso, no se ha demostrado de manera integral y aplicando las reglas de la sana crítica que el documento de 11 de agosto de 2012 sea falso.


En definitiva, amparándose en el art. 419 y siguientes del CPP, solicita la admisión del recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el Tribunal de alzada dicte nueva resolución.


    1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza la vigencia del  principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantía que se encuentra recogida por la norma procesal penal en su art. 394; sin embargo, los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la misma ley, esto se encuentra taxativamente establecido en la norma contenida en el art. 396 inc. 3) del antedicho cuerpo adjetivo.


De lo anterior se concluye, que si bien se encuentra plenamente vigente el derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales; empero, para ejercitar este derecho el recurrente debe observar ineludiblemente las condiciones que la propia ley prevé para hacer valer ese derecho, lo contrario conlleva la inadmisibilidad del recurso, tal cual señala el art. 417 in fine del CPP, lo que de ninguna manera atenta la garantía constitucional de recurrir.


Dicho esto, también conviene recordar que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla también reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Asimismo, que para la admisibilidad del recurso de casación es obligación observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Y por último, como única prueba admisible, debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

Siendo así que, como se dijo anteriormente, de no concurrir todos los requisitos ahora explicados, la misma norma legal (art. 417 del CPP última parte), sanciona esta inobservancia con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso, lo que constituye un instrumento de filtro que evita que este instituto procesal, concebido para proveer justicia, se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, ya que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 13 de septiembre  de 2013, interponiendo su recurso de casación el 20 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ahora bien, luego del análisis correspondiente, en el acápite II de la presente Resolución, se consignaron todos los argumentos expuestos por el recurrente, respecto a los cuales corresponde verificar el cumplimiento del requisito de fondo; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas.


Con relación al primer motivo, se evidencia que el recurrente formula un planteamiento confuso, pues en el punto I intitulado: “Incumplimiento del Auto Supremo Nº 273/2012” (sic), hace referencia a los antecedentes vinculados a la emisión de la referida resolución judicial y transcribe parcialmente su contenido, para luego hacer referencia al Auto Supremo 94/2013 de 2 de abril, también emitido en la tramitación de la presente causa y concluir que el Tribunal de alzada no comprendió a cabalidad la determinación adoptada por el Tribunal de casación, identificando tres razones que sostendrían esa afirmación, pero sin establecer de manera precisa a cuál de los dos Autos Supremos, la resolución impugnada resultaría contradictoria y sin explicar fundadamente en qué consistiría esa contradicción.


En cuanto a los motivos segundo y tercero, se advierte falencia en el planteamiento, pues si bien se hace la exposición del relamo e incluso se hace una transcripción de porciones de algunos precedentes invocados; sin embargo, no se advierte de ninguna manera, la exposición y menos aún la comparación del hecho similar que motivaron esos razonamientos, con las denuncias que se realizan y en consecuencia, el que se haya asignado un sentido jurídico distinto al supuesto de hecho que establece en su recurso, sin tener en cuenta que esta exigencia conforme se estableció anteriormente, se constituye en el sustento esencial para la vigencia y aplicación de la doctrina legal aplicable en casos similares, tal como se entiende de la normas contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP. Es más, en el último acápite del tercer motivo, al reclamar errónea aplicación de la ley sustantiva en la imposición de la pena, el recurrente no cita precedente contradictorio alguno.


Las omisiones advertidas, no pueden ser suplidas ni reparadas de oficio, ni con el mero argumento de que se hubiese vulnerado derechos fundamentales o la llana denuncia de que existiere defectos absolutos, como se alude a lo largo del recurso planteado, incumplimiento que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer en el fondo estos motivos, ante la imposibilidad de establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto de impugnación con los precedentes contradictorios invocados.


Respecto al cuarto motivo, por el cual el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado fuera contradictorio al Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se advierte de la revisión de los antecedentes, que este motivo fue planteado en un anterior recurso de casación formulado por el imputado conforme se advierte del Considerando II inc. 4) del Auto Supremo 94/2013 de 2 de abril, emitido por la Sala Penal Primera de este Tribunal, que en el fondo conforme se advierte a fs. 450 y vta., concluyó que difería la situación fáctica del precedente invocado, resultando imposible la labor de unificar jurisprudencia; motivo por el cual no puede el recurrente a través de un nuevo recurso de casación pretender la consideración de un motivo que fue planteado y resuelto con anterioridad.


Finalmente, en relación a la excepción de prescripción también planteada por el recurrente, debe considerarse que la Sentencia Constitucional 1716/2010-R de 25 de octubre, cambiando la línea jurisprudencial en cuanto a la resolución de la solicitud de extinción de la acción penal cuando es formulada en grado de casación, se entiende entre ellas la prescripción prevista en el art. 308 inc. 4) del CPP con relación al art. 27 inc. 8) del citado Código, estableció que: “…el tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: “1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y, 3) Las solicitudes de extradición”. Al margen de esta restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc. 2) del código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el tribunal de casación, las partes que intervienen en el proceso no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso. De ello se infiere que si bien la excepción de extinción de la acción penal puede oponerse en cualquier etapa del proceso, ello no implica que se deba presentar ante la autoridad donde se encuentre la causa”. Por tal motivo, este Tribunal, no puede ingresar al análisis y resolución de la solicitud de prescripción opuesta por el recurrente, quien en todo caso debió plantear por cuerda separada su pretensión, en este caso, ante el Tribunal de Sentencia de Uncía que conoció la causa, conforme los fundamentos de la citada Sentencia Constitucional.


En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el incumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación sometido al presente análisis, por lo cual deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, cursante de  fs. 593 a 600 vta., formulado por Hernán Peralta Rodríguez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado  Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA