SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 250/2013-RA                                                       Sucre, 02 de octubre de 2013

Expediente: Cochabamba 47/2013

Partes: Ministerio Público  y  el  Servicio  Nacional  de  Patrimonio  del  Estado  c/  Rosa Paz

             Villazón Vda. de Quiroga y otro

Delitos: Falsedad Material y otros


RESULTANDO


El recurso de casación interpuesto por Adalid Veizaga Fuentes en representación del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) cursante de fs. 287 a 289 vta., por el que impugna al Auto de Vista de 6 de septiembre de 2013, de fs. 279 a 282 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Rosa Paz Villazón Vda. de Quiroga por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 337 del Código Penal (CP) respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes del proceso se establece que:


  1. En mérito a la acusación requerida por el Ministerio Público (fs. 7 a 12 vta.) y la acusación particular (fs. 30 a 35 vta.), desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 26/2012 de 27 de diciembre, leída íntegramente el 2 de enero de 2013 (fs. 242 a 250 vta.), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Rosa Paz Villazón Vda. de Quiroga, autora y partícipe de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, insertos en la sanción de los arts. 198, 199, 203 y 337 del CP, respectivamente, imponiéndole la pena de dos años de reclusión a ser cumplidos en la cárcel Pública de “San Sebastián” sección mujeres de Quillacollo, más costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de sentencia.


La parte dispositiva de la Sentencia, desarrolló la imposición de la pena en sentido de que correspondió la imposición de un año de reclusión de libertad por los delitos acusados y un año por la concurrencia de concurso real de delitos, amparado en el art. 45 del CP; asimismo, la referida Sentencia dispuso la cancelación de las partidas de registro de derecho propietario que fueron objeto del proceso.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Rosa Paz Villazón Vda. de Quiroga, interpuso recurso de apelación restringida, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista de 6 de septiembre de 2013 (fs. 279 a 282 vta.), emanado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró al recurso parcialmente procedente y dispuso la anulación total de la Sentencia, ordenando en esta consecuencia la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.


  1. Notificado el recurrente el 10 de septiembre de 2013, conforme actuación cursante a fs. 283, interpuso el recurso de casación motivo de autos el 13 del mismo mes y año.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del análisis del recurso de casación, se extrae:


  1. Como primer motivo, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado identificó defectos en la Sentencia de grado conforme al art. 370 incs. 1), 5), y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, sostiene que esta conclusión es incorrecta y apartada de los antecedentes del proceso, pues señala que a pesar de que la Sentencia en cuanto a su fundamentación intelectiva, asentó las bases de su decisorio en la valoración conjunta de las pruebas y el análisis de éstas conforme a las reglas de la sana crítica; y, respecto a la fundamentación jurídica realizó el análisis individual de cada uno de los tipos penales acusados; sin embargo, el Tribunal de alzada determinó su anulación en la aseveración de que, el Tribunal de Sentencia no realizó “una integral fundamentación probatoria, intelectiva del conjunto de las pruebas producidas en el debate del juicio oral toda vez que por una parte, no ha asignado fundadamente el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba incorporados al juicio, dando por acreditada la existencia del cuerpo de los delitos acusados” (sic); siendo este entendimiento contrario a la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 386 de 26 de julio de 2000, bajo la afirmación de que: “…el defecto procesal por el cual se anula la sentencia, es ultrapetita, en virtud a que la apelante Sra. Paz, ha reclamado violación alguna” (sic).


  1. Por otro lado como segundo motivo, en el recurso se alega que la Sentencia no contiene algún defecto absoluto catalogado por el art. 169 del CPP, porque los elementos probatorios fueron suficientes para su pronunciamiento, en tal consecuencia el recurrente apoyado en los contenidos de la Sentencia Constitucional 1325/2004-R de 17 de agosto, expresa que no todo error o defecto puede ser considerado como absoluto, sino que debe considerarse su trascendencia, la eventualidad de que haya causado indefensión a las partes, y que el mismo posea relevancia constitucional, de tal cuenta que de no haberse producido el defecto el resultado sea otro, bajo esa argumentación señala el recurrente que el Auto de Vista recurrido no expresa los motivos por los que consideró “que el hecho de que el juzgador se hubo apartado” (sic) de las disposiciones del art. 370 incs. 1), 5), 6) del CPP, hayan sido determinantes para la condena de la imputada; más adelante, dentro de este mismo motivo el recurrente cita y transcribe porciones de los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo de 2012 (referido a la limitante de revisión de la base fáctica por parte de los Tribunales de alzada), 167 de 4 de julio de 2012 (que sentó doctrina en razón de que la apelación restringida no es un medio para pretender la revalorización de la prueba).


El recurrente finaliza el recurso instando a que: “conforme las determinaciones contenidas en los arts. 416 420 del Código de Procedimiento Penal” (sic), este Tribunal declare “probada la Sentencia”.


III. REQUISITOS PARA LA VIABILIDAD DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


Sobre el plazo de interposición, se tiene que el recurrente, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 10 de septiembre de 2013,  habiendo presentado su recurso el 13 del mismo mes y año, cumpliendo el plazo otorgado por norma, desarrollado en el acápite III inc. 1) del presente Auto Supremo.


Ya en el análisis del contenido del recurso, se evidencia que el recurrente incumplió con los demás requisitos para la admisión en casación, pues se limitó a efectuar transcripciones textuales de las normas previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, sin realizar un mínimo planteamiento de cuál, más allá de su inconformidad con la Resolución que impugna, fuera el o los motivos que le causaren agravio y que habiliten la procedencia del recurso de casación; tal es así -como se extractó en el primer motivo- si bien dice referencialmente, que la Sentencia contiene una fundamentación (intelectiva y jurídica) suficiente y que la decisión asumida por el Auto de Vista impugnado, fuera ultra petita y contraria al Auto Supremo 386 de 26 de julio de 2000; el recurrente no realiza una debida fundamentación de cuál fuera esa contradicción, es decir, no señala una situación procesal análoga o bien un escenario de derecho sustantivo similar entre el caso particular y el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio; tal entendimiento ha sido asumido por esta Sala a partir del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, manifestando: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar…el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (Las negrillas son nuestras).


Esa falencia también concurre en el segundo motivo del recurso, en el que se advierte contradicción, pues por una parte el recurrente hace alusión a entendimientos jurisprudenciales y normativos sobre defectos absolutos (fs. 288 vta.), para luego inmediatamente después invocar como contradictorios a los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo y 167 de 4 de julio de 2012 (en el cual se hallan citados también los Autos Supremos 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006 y 53 de/2012 de 19 de marzo) que atañen todos ellos al ámbito de resolución de los recursos de apelación restringida por parte de los Tribunales de alzada, así como el límite de los principios de intangibilidad de los hechos e intangibilidad de las pruebas; incluso si fuera aquella la premisa de análisis, tampoco se señala cuál la prueba aparentemente valorada o cual el entendimiento asumido por el Tribunal de alzada que haga suponer tal extremo. Tal evidencia hace presente el incumplimiento del requisito de señalamiento de la situación de hechos incurso en el art. 416 del CPP y desarrollado por el acápite III del presente Auto Supremo; esta exigencia conforme la estructura del sistema procesal penal en el Estado, tiene como fin la uniformización de la jurisprudencia a través del pronunciamiento de interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas, materializadas respecto a una o varias problemáticas de derecho, especiales y determinadas, que surgen en cierto número de casos concretos semejantes, con el fin de que esos entendimientos sean de aplicación obligatoria para las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia.


En consecuencia, la forma inadecuada de formular el recurso por parte del acusador particular, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el mismo, no pudiendo de modo alguno esta omisión ser suplida de oficio, en cuyo mérito el recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 287 a 289 vta., formulado por Adalid Veizaga Fuentes en representación del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA