SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 098/2013-RRC                                                              Sucre, 15 de abril de 2013

Expediente: Chuquisaca 3/2013

Partes: Enrique José Urquidi Prudencio, en representación legal  del Banco Nacional de

             Bolivia  c/  Alfredo Caballero Cuba

Delito: Despojo

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de marzo de 2013, que cursa de fs. 258 a 261 vta., Alfredo Caballero Cuba, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 55/2013 de 14 de febrero, de fs. 238 a 242, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Enrique José Urquidi Prudencio en representación del Banco Nacional de Bolivia contra el recurrente, por el delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)        En mérito a la querella de fs. 15 a 20 vta. y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 12/2012 de 10 de septiembre de fs. 142 a 150 vta., el Juez Primero de Sentencia Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró al imputado Alfredo Caballero Cuba,  autor del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, con costas a ser calificadas en ejecución de Sentencia.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el recurrente Alfredo Caballero Cuba formuló recurso de apelación restringida a través del memorial de fs. 194 a 205 vta., siendo resuelto por Auto de Vista 55/2013 de 14 de febrero de fs. 238 a 242, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisibles los motivos primero al quinto, e improcedente el sexto motivo, habiendo interpuesto el recurso de casación que es motivo de autos.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de fs. 258 a 261 vta., el recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado, declaró inadmisibles los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto e improcedente el punto sexto del recurso de apelación restringida que formuló, planteando a través del presente recurso de casación, cuestionamientos a la determinación asumida por el Tribunal de alzada respecto a cada uno de esos motivos de acuerdo al siguiente detalle:

  1. Denuncia en relación al PRIMER PUNTO de su apelación, que el Auto de Vista refirió que no mencionó la norma a ser aplicable; sin embargo, de haber señalado de manera expresa en qué consistía la violación de los arts. 10 y 11.I. inc.1) y 40 del CP, asimismo, fundamentó en qué consistía la errónea aplicación que se pretendía dar a los arts. 13, 20, 37 y 38 del CP, bajo estos argumentos, solicitó la aplicación de los arts. 10, 11.I del CP, y 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP), del art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, se disponga su absolución, por lo que habiendo cumplido con todos los requisitos para la admisibilidad de la apelación, mal podía el Auto de Vista impugnado declarar la inadmisibilidad de su recurso.


  1. Respecto al SEGUNDO PUNTO de la apelación, el recurrente señala que el Auto de Vista refirió que no precisó la norma a ser aplicada; pese a que cumplió con los tres requisitos para la admisibilidad; como la inobservancia de la norma (art. 46 del CPP), la norma habilitante (art. 370 inc. 1) del CPP) y la norma a ser aplicable (art. 46 y 413 del CPP); motivo por el cual no correspondía la inadmisibilidad del su recurso, sino la anulación del proceso y remisión de actuaciones ante el juez competente en materia civil o en su defecto el pronunciamiento de nueva sentencia conforme el art. 413 del CPP.


  1. Sobre el TERCER y CUARTO PUNTO, refirió que el Auto de Vista expresó que no hubo determinado las normas vulneradas ni el artículo habilitante; empero, de manera clara y expresa, habría referido la defectuosa valoración de la prueba en que incurrió el Juez de Sentencia vulnerando los arts. 124, 173 y 363 inc. 3) del CPP; además, atribuyéndole un hecho ilícito que jamás existió y que no constituye en delito de despojo; incurriendo el juzgador en defectuosa valoración de la prueba al quitar valor a determinadas pruebas de cargo y descargo; y asignarle valor a otras pruebas, con el único propósito de incriminarlo y forzar injustamente responsabilidad penal en su contra, estableciéndose que no existe una valoración de la prueba de manera conjunta y armoniosa.


  1. Agrega que con relación al QUINTO PUNTO de su recurso de apelación restringida, el Auto de Vista señaló que no se hubo mencionado la norma a ser aplicable, pese a dar cumplimiento a los requisitos de admisibilidad, al estar debidamente fundamentada la contradicción existente entre la parte considerativa con la resolutiva de la Sentencia y su pedido de aplicación del art. 10 del CP, alternativamente del art. 11.I inc. 1) del mismo cuerpo sustantivo penal o la declaración de absolución, conforme establece el art. 363 incs. 1), 2), 3) y 4) del CPP.


  1. Finalmente en cuanto al PUNTO SEXTO de la apelación, el recurrente sostiene que el Auto de Vista impugnado, determinó que no se cumplieron con los requisitos de admisibilidad; pese a que de manera expresa y fundamentada, invocó los arts. 169 inc.4), 330 y 357 del CPP; en cuyo mérito, solicitó la nulidad de la Sentencia tal cual establece el art. 413 del CPP.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 072/2013-RA de 18 de marzo, cursante de fs. 269 a 271 vta., este Tribunal declaró admisible el recurso por vía flexibilización, a objeto de verificar la determinación de Inadmisibilidad de los motivos alegados en el recurso de apelación restringida, pese a que según sostiene el recurrente fueron oportunamente subsanados conforme a la determinación del Tribunal de apelación.


II.   ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1        Dentro del proceso penal seguido por el acusador particular Enrique José  Urquidi Prudencio en representación legal del Banco Nacional de Bolivia S.A. contra Alfredo Caballero Cuba, se pronunció la Sentencia 12/2012 de 10 de septiembre (fs. 142 a 150 vta.), por el Juez Primero de Sentencia en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró al imputado autor del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, condenándole a sufrir la pena de dos años y seis meses de reclusión, con costas a ser calificadas en ejecución de Sentencia.

II.2.        El 4 de octubre de 2012 (fs. 194 a 205 vta.), Alfredo Caballero Cuba ratificó las excepciones de incompetencia, litis pendencia y falta de acción e interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia, con los siguientes fundamentos:


1) Violación y errónea aplicación de la ley, acusó la violación de los arts. 10 y 11 inc. 1) del CP, que el juez de la causa no consideró vulnerados bajo el argumento de que no existió agresión injusta ni actual contra el acusado, aseveración falsa dado que a través de la prueba de cargo y descargo se demostró que el desapoderamiento se efectivizó con intervención de la fuerza pública con un contingente policial de más de treinta efectivos que sin mandamiento de desapoderamiento respecto a su inmueble lo desapoderaron, sufriendo una agresión injusta y actual, por lo señalado el Juez a quo de manera errónea aplicó el art. 351 del CP, afirmando que hubiera actuado con dolo y premeditación en el entendido que tenía conocimiento del desapoderamiento; aclaró que si bien conocía del mismo no correspondía a su inmueble, además que el cuidador que puso el Banco Nacional nunca se quedó en su inmueble sino en otro  que no es de su propiedad, por lo que su conducta no se subsume en el tipo penal Despojo. Invocó como precedente contradictorio el Auto de Vista 706  de 3 de diciembre de 1988.


2) Inobservancia de la Ley, bajo el argumento de que tanto la querella como la Sentencia acreditan que el conflicto suscitado entre partes es de carácter civil, pues el derecho propietario tanto de su persona como de los querellantes que aparentemente están superpuestos, debe ser resuelto en dicha vía, por lo que el juez de instancia incurrió en inobservancia del art.  46 del CPP, pretendiendo con la apelación se enmiende la inobservancia de la Ley mencionada, disponiendo la nulidad de todo lo actuado y se remitan antecedentes ante la autoridad competente en materia civil para dilucidar el derecho propietario de los inmuebles o en su caso se aplique el entendimiento asumido por el Auto Supremo 73 de 10 de febrero de 2004, citado como precedente contradictorio.


3) Valoración Defectuosa de la prueba documental, acusando la violación de los arts. 124, 173 y 363 inc. 3) del CPP, por valoración defectuosa de la prueba debido a que se restó valor a la prueba de cargo “1 y 2” referidos a cuatro testimonios de propiedad y la Sentencia de proceso coactivo civil y contradictoriamente se asignó valor a las pruebas de cargo “3, 4, 5, 6, 7” que tienen estrecha relación con las primeras, sin considerar que su valoración debe realizarse conforme a la sana crítica sobre la base de la apreciación conjunta y armónica de la toda la prueba producida en el juicio, por lo que no es posible entender porqué las pruebas “1 y 2” no tienen valor legal cuando son determinantes para formar convicción en el juzgador respecto a los inmuebles que debían ser desapoderados, permitiéndole evidenciar que los mismos tienen registros computarizados diferentes al suyo, en consecuencia, que su persona no cometió el delito de Despojo; asimismo, se restó valor probatorio a la prueba “4, 5 y 7” con la que acreditó la posesión sobre su derecho propietario por más de cuatro años, quedando una vez demostrado que no cometió el delito que se le acusa. Citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 73 de 10 de febrero de 2004 y 256 de 17 de noviembre de 2008.


4) Valoración defectuosa de la prueba testifical, acusa la vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP, por la mala valoración de la prueba testifical de los testigos Ignacio Mier Garrón, Eleuterio Valero y René Jorge Calvo Sainz con el único propósito de forzar su responsabilidad, que no fue enmendada por el Tribunal de alzada sin que ello implique revalorar prueba debiendo disponer su absolución. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 31 de 26 de enero de 2007, 209 de 9 de agosto de 2012 y 160 de 13 de julio de 2012.


5) Contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, acusando la violación de los arts. 124, 173 y 365 del CPP, sostiene que el juez incurrió en contradicciones al momento de valorar la prueba, pues por una parte señaló que no existía el elemento objetivo constitutivo del tipo penal Despojo y, contrariamente, por otra, en base a una valoración inductiva adecuó el elemento subjetivo del tipo penal dolo sobre su conducta y con argumentos irrazonables lo condenó por un delito que jamás cometió. El mismo juez hizo referencia a simples indicios de responsabilidad, reconociendo que no era posible manifestar categóricamente que su persona hubiera estado en el lugar de los hechos el día en que supuestamente se hubieran consumado, por lo que ante la duda correspondía la aplicación del principio de favorabilidad.


  1. Violación de la ley por defectos absolutos de la Sentencia, acusando la violación del art. 357 del CPP, y el principio de inmediación, toda vez que no se llevó a cabo la audiencia de lectura íntegra de la Sentencia señalada para el 10 de septiembre de 2012, audiencia que fue suspendida sin siquiera haber sido instalada, siendo notificados con la Sentencia el 13 del mismo mes y año, cuando el Juez estaba obligado a dictar sentencia una vez concluido el debate en la misma audiencia, por lo que la Sentencia al adolecer de defectos absolutos en atención al art. 169 inc. 3) del CPP, debe ser anulada por el Tribunal de apelación. Cita como precedentes los Autos Supremos 135 de 26 de junio de 2012, y 88 de 4 de mayo de 2012.


II.3.        Mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2012 (fs. 209 a 212 vta.), Enrique José Urquidi Prudencia en representación legal del Banco Nacional de Bolivia, contestó y se adhirió al recurso de apelación restringida acusando la errónea aplicación del art. 38.1) inc. b) y 2) con relación al art. 351 del CP, alegando que se demostró que el imputado actúo con alevosía y ventaja en la comisión del delito de Despojo, habiendo demostrado el Banco Nacional que no existen atenuantes a su favor, por lo que debió ser condenado a la pena máxima. Dicha adhesión fue corrida en traslado del imputado, quien mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2012, respondió dicha adhesión solicitando su rechazo.


II.4.        Por decreto de 22 de noviembre de 2012 (fs. 226), el Presidente de la Sala Penal Segunda advierte que el recurso de apelación restringida del imputado en cuanto a su estructura no cumple con los requisitos exigidos por el art. 408 del CPP, pues si bien “hace mención a una serie de artículos que se consideran erróneamente aplicados o que el A quo hubiera incurrido en defectuosa valoración, éstos deben ser precisados y fundamentados de qué y en qué forma afectan al recurrente, además de indicarse separadamente cada violación que considera el apelante hubiera incurrido la resolución apelada. En el caso no se advierte coherencia con la estructura del recurso, ni se nombra de forma separada las vulneraciones acusadas, debiendo el recurrente subsanar dichas observaciones dentro del plazo de 3 días, de acuerdo a lo señalado por el art. 399 del CPP, bajo pena de tenerse por no presentado”.


II.5.        A través del memorial presentado el 3 de diciembre de 2012 (fs. 228 a 229 vta.), Alfredo Caballero Cuba con la suma “Subsana Observación de Apelación Restringida” (sic), expresó: Sobre el motivo 1), se estableció la errónea aplicación del art. 351 del CP, por cuanto el juzgador forzó su conducta al delito de Despojo cuando la propia Sentencia reconoce que no se puede afirmar categóricamente que su persona hubiera estado en el lugar y día de los hechos o que hubiera hecho posesión el inmueble mediante fuerza o amenaza, ratificándose en su petición de que se disponga la absolución en su favor por el supuesto delito de Despojo por el que injustamente fue condenado. Sobre el motivo 2), Inobservancia de la Ley, señala que existe inobservancia del art. 46 del CPP, porque el juez competente para conocer el hecho es el Juez en lo Civil, debiendo el Banco interponer una demanda ordinaria civil ante la existencia de doble titularidad ya que su derecho propietario se encuentra consolidado mediante testimonio de escritura pública 95/2008, debidamente inscrito en el registro de Derechos Reales, pretendiendo se enmiende la inobservancia de la ley mencionada, se disponga la nulidad de todo lo actuado, así como la remisión de antecedentes ante la autoridad competente en materia civil para dilucidar el derecho propietario de los referidos inmuebles. Sobre el motivo 3) y 4), Valoración Defectuosa de la prueba documental, acusa la violación de los arts. 124, 173  y 363 inc. 3) del CPP, manteniendo su petición de absolución. Sobre el motivo 5), Contradicciones entre la parte considerativa y resolutiva, ratifica que existe contradicción cuando en la parte considerativa de la sentencia el juez de primera instancia valora prueba señalando que no es concluyente para afirmar que efectivamente hubiera existido desposesión o despojo, pero contrariamente en la parte resolutiva dispone su condena por el delito de Despojo incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 8) del CPP, por existir contradicción entre la parte considerativa y resolutiva vulnerando la previsión contenida en el art. 363 inc.2 de la misma norma procesal penal, debiéndose anular la parte dispositiva de la Sentencia y deliberando en el fondo declarar su absolución. Sobre el motivo 6), Violación de la ley por defecto absoluto de la Sentencia, señala que dicho motivo está debidamente fundamentado en su memorial de apelación restringida por los que solicitó su análisis, debiendo disponerse la nulidad ante la existencia del defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, emitiéndose nueva sentencia por otro juez, según procedimiento.


II.6.   El Auto de Vista 55 /2013 de 14 de febrero (fs. 238 a 242) después de  realizar consideraciones doctrinarias y legales respecto al memorial de subsanación señala lo siguiente: “En cuanto hace al primer motivo, el recurrente si bien menciona las normas vulneradas y el artículo habilitante, no indica la aplicación que pretende. Con relación al segundo motivo, aclara que la norma que considera que fue erróneamente aplicada y el artículo habilitante, sin embargo no precisa la aplicación que pretende, limitándose a pedir al Tribunal de alzada su absolución. En el tercer y cuarto motivo recursivo, el recurrente en su memorial de subsanación, no determina las normas vulneradas, ni el artículo habilitante, limitándose a mencionar en cuanto a la aplicación que pretende es la absolución. Sobre el quinto motivo, en el memorial de subsanación hace una transcripción del memorial de apelación, omitiendo mencionar la aplicación que pretende. Finalmente respecto al sexto y último motivo, el recurrente aclara las normas vulneradas, pero no indica la norma habilitante y menos la aplicación que pretende. Coligiéndose que además de reiterar los términos del memorial de apelación, en cuanto a la aplicación invoca una confusión, al no expresar como considera que debería aplicarse la norma, confundiendo con los efectos de una resolución de alzada, cuando solicita su absolución, lo que determina la INADMISIBILIDAD de los cinco primeros motivos. Sin embargo, habiéndose invocado un defecto absoluto, como sexto motivo corresponde ingresar al fondo del asunto y declarar su ADMISIBILIDAD”.

  1. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE  DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso el recurrente sostiene que el Tribunal de alzada, resolvió declarar inadmisibles los motivos de su apelación restringida, pese a que según sostiene cumplió con los requisitos de admisibilidad, motivo por el cual este Tribunal flexibilizando los requisitos previstos en el art. 417 del CPP, admitió el presente recurso ante la posible vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y el debido proceso, correspondiendo resolver fundadamente la problemática planteada; en cuyo mérito, previo al análisis del caso concreto es pertinente efectuar las siguientes consideraciones de orden normativo y doctrinal.


III.1. Sobre el recurso de apelación restringida


En el sistema procesal penal, en los arts. 394 y siguientes del CPP, se establecen las normas generales y los requisitos de tiempo y forma que se deben observar a tiempo de interponer los diferentes recursos, siendo facultad privativa de los Tribunales de apelación o alzada, velar por el cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución de dichos recursos, y por ende, pronunciarse sobre la admisibilidad de los mismos.


De manera particular, por previsión expresa del art. 407 CPP, el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal, en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Conforme señalan los arts. 408 y 410 CPP, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación; esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso.  Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: “Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal”.


Por otra parte, si bien es cierto, que el recurrente tiene derecho de ofrecer prueba en grado de apelación; esta prueba únicamente puede ser producida para acreditar defectos de procedimiento y de ninguna manera para acreditar o desvirtuar los hechos juzgados, en razón de que en el nuevo sistema de impugnación, el Tribunal de alzada se limita a revisar el juicio de derecho y por lo mismo, desaparece la posibilidad de la doble instancia que permita al Tribunal de apelación, ingresar a considerar los hechos debatidos en el juicio oral y público, y menos, admitir o incorporar prueba encaminada a demostrar o desvirtuar los hechos que fueron objeto del debate.


De las previsiones legales referidas, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente.

En ese ámbito, la jurisprudencia ha determinado criterios en cuanto a los requisitos de forma en la interposición de la apelación restringida, en los términos contenidos en el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007 que expresó: “El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria”; para luego señalar lo siguiente: “…si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.

En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso”. Entendimiento consolidado en los Autos Supremos 58 de 27 de enero y 219 de 28 de marzo, ambos del 2007, entre otros.  

III.1.1. La previsión legal sobre el análisis de admisibilidad


La razón del establecimiento de requisitos de acceso al recurso de apelación restringida se encuentra en que el derecho al mismo, se configura como garantía de las partes en el proceso, por lo que debe acomodarse a lo establecido por las disposiciones que lo regulan, puesto que si la admisión fuera indiscriminada, podría generar una práctica fraudulenta en sentido de que su utilización sería aprovechada por el litigante de mala fe con fines dilatorios, haciendo interminable la tramitación de los procesos en perjuicio de los derechos de las demás partes y el propio interés público, teniendo en cuenta que los requisitos condicionantes previstos por la ley, relativos a tiempo, forma y lugar, tienden a evitar excesos que pudieran impedir la posibilidad de conseguir un fallo dentro de un tiempo razonable.


Sin embargo, la admisibilidad del recurso no puede depender de requisitos contrarios a la Constitución, teniendo en cuenta que el acceso al mismo constituye un derecho fundamental; esto significa, que si bien el legislador ha determinado los requisitos de su admisibilidad, en el marco del respecto de los derechos y garantías de las partes, no pueden constituir una limitación al derecho fundamental, sino responden a la naturaleza del proceso y la finalidad que justifica su existencia, contribuyendo al ordenamiento del proceso.


III.1.2. Control de admisibilidad


Compete a  los  Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación  interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.

Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.

En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación.


  1. El principio de interpretación más favorable a la admisión del recurso.- Partiendo del derecho del acceso al recurso, se entiende que la Constitución contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de forma que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución, este criterio tiene límites, atendiendo el carácter bilateral de un proceso, al efecto el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa y segundo si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada.


  1. Principio de proporcionalidad.- Los defectos determinantes de inadmisión deben interpretarse con criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin.


c)        Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparado o interpuesto, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación.


IV. Análisis del caso concreto


En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene que el recurrente Alfredo Caballero Cuba, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 55/2013 de 14 de febrero, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que en cuanto a los seis motivos del recurso de apelación restringida, después de la oportunidad de la subsanación, declaró inadmisibles los cinco primeros y admisible e improcedente el sexto motivo del recurso. Esta precisión permite establecer en primer término que con relación al último motivo del recurso de apelación, el Tribunal de alzada ingresó al análisis de fondo de su planteamiento, correspondiendo en consecuencia conforme al Auto de Admisión, analizar la declaratoria de inadmisibilidad de los motivos primero al quinto del recurso de apelación restringida presentado por el recurrente.


En el caso analizado, presentado el recurso de apelación restringida por el imputado, ahora recurrente, el Tribunal de apelación ordenó su subsanación en el plazo de tres días a fin de que el recurrente cumpla con dos observaciones que emergen del contenido del decreto de 22 de noviembre de 2012: a) Precisar y fundamentar de qué y en qué forma afecta la aplicación errónea de las normas citadas. b) Indicar separadamente cada violación. El recurrente presentó memorial de subsanación en el plazo otorgado, habiendo el tribunal del recurso declarado inadmisibles los motivos primero al quinto del recurso con los siguientes fundamentos: “En cuanto hace al primer motivo, el recurrente si bien menciona las normas vulneradas y el artículo habilitante, no indica la aplicación que pretende. Con relación al segundo motivo, aclara que la norma que considera que fue erróneamente aplicada y el artículo habilitante, sin embargo no precisa la aplicación que pretende, limitándose a pedir al Tribunal de alzada su absolución. En el tercer y cuarto motivo recursivo, el recurrente en su memorial de subsanación, no determina las normas vulneradas, ni el artículo habilitante, limitándose a mencionar en cuanto a la aplicación que pretende es la absolución.

Sobre el quinto motivo, en el memorial de subsanación hace una transcripción del memorial de apelación, omitiendo mencionar la aplicación que pretende”


Esto significa que el Tribunal de alzada adoptó la determinación de declarar inadmisibles los motivos del recurso de apelación restringida formulada por el imputado, con base a criterios que no fueron puestos en su conocimiento para su subsanación, de modo que si la Sala Penal Segunda entendía que el recurrente no había cumplido con el requisito de expresar cuál la aplicación que pretendía en cada uno de los motivos alegados en el recurso, en observancia del principio de subsanación debió hacer conocer de este extremo al recurrente en forma inicial para que en el término de tres días subsane el defecto.


Por otra parte, analizados tanto el recurso de apelación restringida como el memorial de subsanación, cuyos fundamentos han sido resumidos en los acápites II.2 y II.5, se tiene, en cuanto al primer motivo del recurso, que el recurrente observando la previsión del art. 408 del CPP, consideró como la norma erróneamente aplicada el art. 351 del CP (Despojo), porque en su criterio no se daban los elementos constitutivos del referido tipo penal, haciendo referencia al efecto a la propia determinación del juez y efectivamente sin hacer referencia expresa a la aplicación que pretendía concluyó pidiendo se declare su absolución. Como se ha  reconocido, si bien el recurrente no hizo una manifestación expresa de que aplicación pretendía, ella puede colegirse del contenido de la solicitud realizada tanto en el recurso de apelación restringida como en el de subsanación, cual es la determinación de falta de tipicidad.


En cuanto al segundo motivo del recurso, el recurrente identificó como la disposición violada el art. 46 del CPP, al considerar que el juez competente para conocer el hecho es el Juez en lo Civil, ante la existencia de una superposición de derechos propietarios, motivo por el cual el Banco debió interponer una demanda ordinaria civil. En este contexto, el recurrente expresó su pretensión de que se enmiende la inobservancia de la ley mencionada, disponiendo la nulidad de todo lo actuado y la remisión de antecedentes ante la autoridad competente en materia civil para dilucidar el derecho propietario de los inmuebles objeto de la litis. Por lo señalado, este motivo identificó expresamente la norma vulnerada y la aplicación pretendida.


Respecto a los motivos 3) y 4), esta Sala entiende que el recurrente cumplió con su obligación de identificar las normas que consideró vulneradas, indicando como tales los arts. 124 y 173 del CPP, señalando además que tal omisión constituía el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; en consecuencia, la pretensión que se colige de la fundamentación es la nulidad de la Sentencia, siendo además este un requisito habilitante al recurso de apelación restringida. Lo mismo ocurre con el motivo 5) del recurso en el que se acusó la falta de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, que constituye también un defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) de la misma norma procesal, que habilita sin más al recurso de apelación restringida.


En consecuencia, la decisión de rechazo del recurso de apelación restringida de los motivos 1) a 5), asumida por el Tribunal de apelación, a través de la resolución judicial impugnada, ha vulnerado el derecho de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, por excesivo rigorismo, pues por un lado su decisión se basó en supuestos defectos que no fueron advertidos al recurrente oportunamente para su subsanación dentro del plazo otorgado por el art. 399 del CPP, y por otro, no consideró que el ejercicio de la valoración para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, debe interpretar estas exigencias en el respeto del derecho de acceso al recurso y de la tutela judicial efectiva, sin limitarse a una aplicación literal de la disposición legal o aplicarla de forma excesivamente rigurosa y formalista, determinando obstáculos innecesarios carentes de justificación. A tal efecto, todo tribunal de apelación, debe analizar cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realiza tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende.


Por lo expuesto corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, a efecto de que el tribunal de apelación dicte nueva resolución, considerando los fundamentos del presente Auto Supremo que se constituyen en doctrina legal aplicable.

                                                

                                                                   POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 55/2013 de 14 de febrero, cursante de fs. 238 a 242, de obrados y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los jueces penales la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrado Relator Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA