SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 330/2012-RA Sucre, 13 de diciembre de 2012

Expediente: Tarija 31/2012

Partes: Ministerio Público c/ Milton Rivera Ruiz

Delitos: Abuso Deshonesto.

RESULTANDO

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2012, de fs. 341 a 357 vta., Milton Rivera Ruiz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 06/2012 de 7 de septiembre, cursante de fs. 200 a 208, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

En mérito a la acusación pública (fs. 1 a 2 vta.) y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 11/2012 de 17 de mayo, que cursa de fs. 124 a 131, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al recurrente Milton Rivera Ruiz, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, en relación al art. 310 inc. 4) del referido código, imponiéndole la pena de quince años de presidio.

Contra la mencionada Sentencia, el imputado, formuló recurso de apelación restringida conforme a las actuaciones que cursan de fs. 138 a 147, siendo resuelto por Auto de Vista 06/2012 de 7 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar a los motivos de la apelación restringida planteada y confirmó la Sentencia en todas sus partes.

Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, el 24 de octubre de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 267 de obrados; interpone el recurso de casación el 31 del mismo mes y año, que es motivo de autos.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial que cursa de fs. 341 a 357 vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

Previo a desarrollar los motivos del recurso de casación, el recurrente señaló que el Auto de Vista impugnado ha generado actividad procesal defectuosa, vulnerando: al debido proceso por falta de motivación, principio de legalidad, la garantía del juez natural y el principio de favorabilidad; toda vez que al haber existido en la Sala Penal votos contrarios, lo que correspondía era aplicar el art. 359 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y no convocar otro Vocal para la Resolución de la apelación. Asimismo, al no resolver las denuncias efectuadas por los defectos absolutos, la inobservancia y errónea aplicación de la ley en la que incurrió el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de apelación incurrió en actividad procesal defectuosa previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, es decir, que existen agravios que persisten desde la emisión de la Sentencia y nuevos agravios generados por la Resolución del Tribunal de apelación.

Denunció la persistencia de ocho agravios de la Sentencia que no obtuvieron respuesta favorable por el Tribunal de alzada, que son los siguientes:

Vulneración al debido proceso; toda vez que el Tribunal de alzada al señalar que la afirmación del Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba manifestó que: "no es necesaria la presencia de las supuestas víctimas y testigos presenciales y que se hace entendible que las mismas no puedan constituirse debido a la distancia y la necesidad de protección" (sic) no constituiría vulneración de derechos y garantías, además, que no debe ser tomado como prejuzgamiento en contra del imputado por no existir elementos objetivos que acrediten dicha situación; esta decisión sería según el recurrente contradictorio con el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007 -referido a la temática de las reglas de la sana crítica-, generando el Tribunal de apelación defecto procesal absoluto al vulnerar el debido proceso en su vertiente de motivación incongruente y omisiva, que no se ajusta a lo previsto por el art. 124 del CPP.

Asimismo, señaló que no se resguardó la seguridad jurídica por el Tribunal de Sentencia al haber incurrido en subjetivismos al no dar credibilidad a un testigo por mirar hacia arriba y sobre la testigo L.L.F.R. que no habría regresado a la audiencia supuestamente influido por el apelante; a esta denuncia el Tribunal de alzada habría señalado "...que no sería considerado como vulneración al principio de seguridad jurídica sino para reclamar la defectuosa valoración de la prueba, por lo que dicha circunstancia le impide pronunciarse..." (sic), lo cual sería contradictorio con el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007 por defecto de motivación omisiva.

Además, denunció que el Tribunal de Sentencia infringió la garantía del juez imparcial, asumiendo funciones de parte, ante lo cual, denunciado este extremo el Tribunal de apelación no fundó motivo alguno, incurriendo en una incongruencia omisiva.

Por otra parte, denunció actividad procesal defectuosa realizada por el Tribunal de Sentencia toda vez que al momento de la producción de la prueba dispuso se de lectura a las pruebas sin previamente correr en traslado, refiriendo el Tribunal que habría sido judicializada en la audiencia conclusiva las pruebas, lo que constituiría defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; ingresando el recurrente a realizar la descripción de lo que habrían señalado al respecto el vocal José Luis Lenz y también el fundamento del voto disidente emitido por la Dra. Carolina Chamón sobre lo reclamado, este último sería contradictorio con el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, que establece el principio de la libre valoración de la prueba que debe realizar el juez durante el juicio.

Igualmente sobre la denuncia que la Sentencia hubiera inobservado y aplicado erróneamente la ley, según prevé el art. 370 inc. 1) del CPP, ambos votos de los vocales serian similares; empero el Tribunal de alzada no hubo verificado la inexistencia, menos valoración del Tribunal de Sentencia sobre el elemento subjetivo del tipo penal del dolo denunciado, "...lo que traduce una contrariedad con la doctrina legal aplicable invocada" (sic).

Asimismo, denunció defecto de la Sentencia establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP, que nuevamente generó contradicción a la hora del voto de los vocales, señalando defectos de motivación en cuanto a los votos del Dr. José Luis Lenz y el de la Dra. Carolina Chamón, esta última habría refirido que "...si bien es cierto que existe un informe de la psicóloga y de la responsable de la defensoría de la Niñez de Caraparí, no puede considerarse referencial porque es la institución encargada de la tutela y protección" (sic) lo que de manera ilógica determina que por el solo hecho de investir la calidad de institución de tutela y protección se convierte en testigo directo de los hechos, esta motivación es incongruente y contradictoria al Auto Supremo invocado 131 de 31 de enero de 2007.

Sobre el agravio referido a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, según refiere el art. 370 inc. 6) del CPP, denunciado en la apelación restringida, la decisión de los vocales no serían coincidentes, por un lado el vocal Dr. José Luis Lenz acertadamente resuelve y sin embargo, la vocal Dra. Chamón denota una fundamentación alejada de la ley y de los cánones de valoración de la prueba, pues se valoró parcialmente la declaración de los funcionarios que según la vocal sería testigos directos y no referenciales, lo que va en contra del principio de inmediación, por lo que "... el voto disidente resulta inmotivado y contrario al precedente invocado, en cuanto se tiene que apegar a las reglas de la Sana crítica: la lógica y la experiencia" (sic), invocando el Auto Supremo 474 de 8 de diciembre de 2005.

Finalmente refirió el agravio de la vulneración del Juez natural, toda vez que una Jueza fue excluida del Tribunal de Sentencia para la culminación del juicio oral, señalando que el vocal relator acertadamente identificó este defecto, sin embargo, la vocal disidente manifestó que se hubo cumplido con el parámetro de jueces técnicos, lo que es contrario con las reglas del debido proceso y del Juez natural, además que el Tribunal de juicio ingresó en suspensión de juicio, existiendo equivocación aún en la redacción de la Sentencia.

Asimismo, invocó los Autos Supremos: 020/2012 de 14 de febrero (motivación omisiva), 276/2007 de 5 de octubre (motivación omisiva) y Proceso 13538 de 31 de enero de 2002.

Igualmente, denunció nuevos agravios que habrían sido generados por el Auto de Vista 06/2012, que son los siguientes:

i) Vulneración de la garantía del Juez natural y del principio de favorabilidad (in dubio pro reo) previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, al haberse pronunciado los vocales competentes de manera contraria y proceder a convocar a un tercer vocal dirimidor, quien junto a la vocal disidente conforman un Tribunal de excepción y especial, en lugar de acoger el entendimiento del art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 359 in fine del CPP, la conformación y actuación de este Tribunal de apelación vulnera la garantía del Juez natural, y principio de favorabilidad -in dubio pro reo-, invocando al efecto los Autos de Vista: AV/AR-11/2010 de 14 de mayo de 2010 y AV./AR 18/2010.

ii) Además, denunció la vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente de falta de motivación y fundamentación por el Tribunal de alzada "... sobre todo en el voto disidente omite resolver cuestiones impugnadas (tal y como he detallado líneas arriba), y cuando equivoca el razonamiento e interpretación del marco sustantivo, procesal y constitucional, estableciendo normas generales sobre las especiales..." (sic) invocando los Autos Supremos 60/2012 de 30 de marzo de 2012 y 455 de 14 de noviembre de 2005; y las Sentencias Constitucionales: 0618/07, 248/2007-R de 10 de abril, 0752/2002-R de 25 de junio, 1369/2001-R de 19 de diciembre, 1365/2005-R de 31 de octubre, 1044/2003-R de 22 de julio, 0136/2003-R de 6 de febrero, 378/200-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 0081/2002-R, 378/2002-R, 0119/2003-R, 0731/2000-R de 27 de julio, 0042/2004 de 22 de abril, 0194/2000-R y 1744/2004-R.

iii) Asimismo, refirió el agravio contra el principio de legalidad, al haber omitido el Tribunal de apelación aplicar la normas objetivas y procesales de manera correcta, "... y fundamentalmente por haber conformado un TRIBUNAL ESPECIAL ajeno al sorteo efectuado, ajeno a las disposiciones legales..." (sic), invocando el auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006 referida que cuando se vulnera el principio de legalidad debe el afectado solicitar la corrección, aun de oficio de la vulneración; asimismo, este principio se encuentra reconocido y protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Precisados los dos requisitos de forma y otro de fondo que condicionan la admisión del recurso de casación, en principio se evidencia que en el caso de autos, el recurso interpuesto por el imputado Milton Rivera Ruiz, ha sido presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del CPP, teniendo en cuenta que el 24 de octubre de 2012, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación sometido a examen de admisibilidad el 31 del mismo mes y año, por ende, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 417 del CPP.

Previo a determinar la admisibilidad o no del recurso de casación, es necesario precisar que los proyectos elaborados por las opiniones contrarias de los vocales que merecieron la convocatoria de un tercer vocal relator, no constituyen motivo de análisis en el presente caso; toda vez que se evidencia que el Auto de Vista 06/2012 de 7 de septiembre cursante de fs. 200 a 208 es la Resolución emitida por el Tribunal de alzada, a objeto de establecer la contradicción o no con los precedentes contradictorios invocados.

El recurrente en el primer motivo del recurso, esencialmente denuncia de incongruencia omisiva por vulneración del debido proceso y principio de la seguridad jurídica (del acápite II.1 incs. i y ii); actividad procesal defectuosa por la judicialización de la prueba en audiencia conclusiva (acápite II.1 inc. iv); defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, al señalarse que la Defensoría sería testigo directo del hecho (acápite II.1 inc. vi); y, defecto absoluto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, (acápite II.1 inc. vii); que si bien estos motivos sometidos a análisis resultan escuetos, fundamenta con precisión que el Auto de Vista impugnado, resulta contradictorio al Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, del cual se establecería que, el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio según las reglas de la sana crítica, es decir, según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como los principios generales de la experiencia debiendo traducir ese razonamiento de manera objetiva, además que constituye afectación de las garantías constitucionales cuando se vulnera la legalidad y la seguridad jurídica; asimismo, invoca los Autos Supremos 020/2012 de 14 de febrero de (motivación omisiva), 276/2007 de 5 de octubre (motivación omisiva) y Proceso 13538 de 31 de enero de 2002; consiguientemente, al darse cumplimiento con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde el análisis de fondo respecto a estos motivos.

Sin embargo, sobre la denuncia de la inexistencia del juez imparcial (acápite II.1 inc. iii); defecto absoluto incurso en el art. 370 inc.1) (acápite II.1 inc. v); y, sobre la vulneración del juez natural por haberse convocado a un vocal dirimidor (acápite II.1 inc. viii) invoca el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007; sin embargo, el imputado no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el art. 417 del Código Procesal de la materia; motivo por el que, este Tribunal está impedido de abrir su competencia respecto a estos motivos, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con el precedente contradictorio, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.

En relación al segundo motivo del recurso, el recurrente formuló cuestionamientos por los nuevos agravios generados por el Tribunal de alzada, referido a la vulneración de la garantía del juez natural y el principio de favorabilidad (del acápite II.2 inc. i) por haberse convocado a un nuevo vocal dirimidor que conformó el Tribunal de excepción, sin aplicar el principio in dubio pro reo; que si bien este motivo sometido a análisis resulta breve, fundamenta con precisión que el Auto de Vista impugnado, resulta contradictorio a los Autos de Vista AV/AR-11/2010 de 14 de mayo de 2010 y AV./AR 18/ 2010, de los cuales se establecería, que en situación de hecho similar resolvieron conforme el art. 359 del CPP; consiguientemente, al darse cumplimiento con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, queda abierta la competencia de este tribunal para su análisis de fondo.

Por otro lado, denuncia vulneración al debido proceso por la incongruencia omisiva del Tribunal de alzada (del acápite II.2 inc. ii), respecto al proyecto de la vocal disidente, invocando los Autos Supremos 60/2012 de 30 de marzo y 455 de 14 de noviembre de 2005; sin embargo, el imputado no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el art. 417 del Código Procesal de la materia; motivo por el que, este Tribunal está impedido de abrir su competencia respecto a este motivo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con los precedentes contradictorios, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.

Asimismo, referente a la denuncia de vulneración de la legalidad (acápite II.2 inc. iii) por no haber aplicado el Tribunal de apelación la norma; que si bien este motivo sometido al análisis resulta escueto; fundamenta con precisión que el Auto de Vista impugnado, es contradictorio al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2007, que establecería que cuando exista vulneración al principio de legalidad el recurrente puede pedir la corrección del mismo; en consecuencia al darse cumplimiento con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde el análisis de fondo.

Con referencia a las SSCC 0618/07, 248/2007-R de 10 de abril, 0752/2002-R de 25 de junio, 1369/2001-R de 19 de diciembre, 1365/2005-R de 31 de octubre, 1044/2003-R de 22 de julio, 0136/2003-R de 6 de febrero, 378/200-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 0008/2002-R, 378/2002-R, 0119/2003-R, 0731/2000-R de 27 de julio, 0042/2004 de 22 de abril, 0194/2000-R y 1744/2004-R , invocados como precedentes contradictorios; se debe tener presente que conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, son catalogados como precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer alguna Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria no es posible.

En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el cumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad del: primer motivo respecto a las denuncias contenidas en el acápite II.1 incs. i), ii), iv), vi) y vii) y en relación al segundo motivo sobre los agravios contenidos en el acápite II.2 incs. i) y ii) del recurso de casación sometido al presente análisis, por lo cual deviene en admisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 341 a 357 vta., interpuesto por Milton Rivera Ruiz, respecto al primer motivo relativo a las denuncias contenidas en el acápite II.1 incs. i), ii), iv), vi) y vii) y, en relación al segundo motivo sobre los agravios del acápite II.2 incs. i) y ii); asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 06/2012 de 7 de septiembre, que cursa de fs. 200 a 208, y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta: Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

ALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.