SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 328/2012-RA Sucre, 12 de diciembre de 2012

Expediente: Potosí 61/2012

Partes: Ministerio público y Teodoro Rueda Vásquez c/ Gregorio Felipe Jarro y Betty Lima

Choque

Delitos: Incumplimiento de Deberes y otros.

RESULTANDO

Por memoriales presentados el 26 de octubre y 26 de noviembre ambos de 2012, que cursan de fs. 211 a 213, y, de fs. 221 a 223, Betty Lima Choque y Gregorio Felipe Jarro respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 40 de 11 de octubre de 2012, cursante de fs. 198 a 200 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Teodoro Rueda Vásquez en representación del Gobierno Municipal de Pocoata, Tercera Sección de la provincia Chayanta en el departamento de Potosí, contra los recurrentes, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Peculado, previstos y sancionados por los arts. 154, 224 y 142 del Código Penal (CP) respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

Mérito a la acusación formal que cursa de fs. 15 a 25 vta. y acusación particular de fs. 24 a 32 y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 05/12 de 25 de julio de fs. 239 a 248 vta., leída íntegramente el 30 de julio de 2012, el Tribunal de Sentencia de Uncía del Distrito Judicial de Potosí, declaró al imputado Gregorio Felipe Jarro autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, y absuelto por el delito de Peculado, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión a ser cumplida en el recinto Penitenciario de "San Miguel" de Uncía. También declaró a la imputada Betty Lima Choque autora de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, y absuelta del delito de Peculado, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión a ser cumplida en el recinto penitenciario de "San Miguel" de Uncía. La referida Sentencia calificó costas a favor del Estado, en la suma de Bs.- 16.000 (dieseis mil bolivianos) y declaró habilitado el procedimiento para la reclamación y reparación de daños civiles a favor de la víctima.

Contra la mencionada Sentencia, ambos imputados formularon recursos de apelación restringida, conforme las actuaciones de fs. 153 a 156 para el caso de Betty Lima Choque; y, de fs. 164 a 167 vta., en el de Gregorio Felipe Jarro. El Tribunal de apelación advirtiendo insuficiencias en la formulación de ambos recursos, por Auto de Vista de 25 de septiembre de 2012, cursante de fs. 190 a 191, confirió el plazo de 3 días para la subsanación de las observaciones realizadas en previsión al art. 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Por memoriales de fs. 194 a 195 y 196 vta., Betty Lima Choque y Gregorio Felipe Jarro respectivamente, alegaron cumplir con las observaciones a sus recursos, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista 40 de 11 de octubre de 2012, que cursa de fs. 198 a 200 vta., dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que rechazó in límine las apelaciones restringidas.

3) El 19 de octubre y el 16 de noviembre del año en curso, se notificó con la referida Resolución a Betty Lima Choque y Gregorio Felipe Jarro respectivamente, conforme las diligencias de fs. 201 vta., quienes interpusieron los recursos de casación que son motivo de autos el 26 de octubre en el caso de la primera, y el 26 de noviembre en el caso del segundo.

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

De los memoriales que cursan de fs.211 a 213 y de fs. 221 a 223, se extraen los siguientes motivos:

II.1. Recurso de casación de Betty Lima Choque

Bajo el rótulo de "NECESIDAD DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES", aduce que, en la sustanciación del juicio oral se demostró la inexistencia de los tipos penales acusados, es así que a pesar de haber sido acusada por los delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, fue absuelta por el primero y condenada por el segundo; señala que tal situación se asienta en el hecho de que el Ministerio Público por los constantes cambios de fiscales no introdujo prueba literal en el juicio, que si bien se la ofreció, mas no fue judicializada, concluyendo que la única prueba que se introdujo al juicio es la pericial y "ninguna más" (sic), señala que a pesar de haberse reiterado y aclarado tal extremo en el memorial de subsanación, el ad quem rechazó in límine su recurso, indicando que ello fuera una clara vulneración del derecho de la justicia y derecho a la impugnación.

Citando los arts. 124, 173, 169 inc. 3) y 370 inc. 4) del CPP, refiere que los mismos fueron vulnerados y atingen un acto de ilegalidad marcada, porque no se verificaron las denuncias de existencia de defectos absolutos por parte del Tribunal de alzada; finaliza este punto invocando el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), sobre pronunciamiento de oficio.

Arguye que, el Auto de Vista impugnado no advirtió el cumplimiento de la Ley ya que se denunció error in iudicando visto al art. 370 inc. 1) del CPP; se solicitó la anulación del juicio oral al no haberse producido prueba que acredite la existencia de responsabilidad penal; asimismo señala que el hecho juzgado se produjo en la vigencia de la Ley 1768 que preveía la sanción de 1 año por el delito de Incumplimiento de Deberes y que ella fue condenada con la pena de 4 años, situación anómala que contraviene a la Sentencia Constitucional 0770/2012-R, que refiere el carácter de no retroactividad de la ley penal.

Refiere la existencia de error in procedendo en la Sentencia, solicitando la anulación de aquella y manifestando que la no consideración de esa denuncia afecta el derecho de impugnación, avalado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), generando lesión al debido proceso; culmina este punto aduciendo que el recurso de apelación restringida interpuesto especifica cuál es su pretensión, no procurando revalorizar la prueba e indica a claridad la no existencia de elementos de los tipos penales acusados y sentenciados.

Señala que, el recurso de apelación restringida deducido no es genérico sino más bien específico, puntual sobre los defectos de la sentencia y las aclaraciones son expresiones concretas de las denuncias de errores in procedendo e in iudicando, concluyendo que aquél no recayese en lo previsto en el art. 399 del CPP, recalcando que el Auto de Vista impugnado es parcial, y que ello vulnera el principio de imparcialidad e igualdad coartando el derecho a la defensa amplia e irrestricta; finaliza indicando que el ad quem -con ese pronunciamiento- ha vulnerado su derecho al debido proceso en todos sus componentes inmersos en los arts. 180.II y 115.II de la CPE, vedando el descubrimiento de la verdad material.

El recurso continua con un bagaje enunciativo de términos jurídicos y derechos en criterio del recurrente vulnerados, cerrando con el petitorio de la anulación del auto de vista en la razón que no se encuentra acorde con lo estipulado con el art. 124 del CPP, es decir -señala- "en base a la normatividad exacta y taxativa del art. 416 del procesal penal" (textual).

II.2. Recurso de casación de Gregorio Felipe Jarro

En primer término acusa aplicación errónea de la Ley Sustantiva, indicando que el art. 224 del CP, posee dos vertientes sobre conducta dolosa y culposa, que el Tribunal de Sentencia reconoció que la responsabilidad del hecho acusado recayera sobre la coimputada, que bajo esa óptica y ante la existencia de duda razonable sobre la tipificación, su persona está exenta de sanción penal; señala que la apelación restringida, así como la subsanación realizada, fueron claras y poseen fundamentación precisa, siendo que negada la misma se conculcaron "los derechos de ser admitidos y fundamentado". Invoca la línea jurisprudencial sentada por el Auto Supremo 114 de 20 de octubre de 2006 "S.P.II".

Prosigue su recurso evocando autores y opiniones sobre comprensión de la pena y sanción, haciendo ahínco en que careciere de culpa; que incluso la imposición de medidas cautelares en etapa preparatoria ya fueran una sanción; que los resultados arrojados en la investigación comprendida del año 2008 hasta el 30 de noviembre de 2009, no fueron compulsados debidamente por el Tribunal de Sentencia; concluye aduciendo que su persona no transgredió norma penal o administrativa alguna y que atenuantes que le fueran favorables no fueron tomadas en cuenta, solicitando en esta dirección que ante una errónea aplicación de la ley punitiva se revoque el Auto de Vista y se admita la apelación restringida.

Denuncia bajo el intitulado: "con relación a la defectuosa valoración de la prueba", la vulneración del art. 173 del CPP en la sentencia, dado que las pruebas testificales y literales no hubieran sido valoradas en las previsiones de aquella norma procesal, indica que tal aspecto habilita al Tribunal de alzada la subsanación de ese tipo de errores sin entrar en doble instancia.

iii) Transcribiendo el art. 11 del CP, manifiesta que su persona no poseyó los conocimientos técnicos necesarios en el manejo contable y trámite de cheques, muestra de ello es la propia contratación de la coimputada como asesora en aquellos temas, deslindando responsabilidad propia señala que el Tribunal de Sentencia concluyó que su persona no tuvo culpa y que la responsabilidad fue precisamente clarificada hacia Betty Lima Choque, aspecto que fue denunciado en la apelación restringida y no tenida en cuenta por el Tribunal de alzada, constituyendo transgresión al art. 124 del CPP.

Indica la presencia de contradicción entre las partes dispositiva y resolutiva de la sentencia, en torno a la fundamentación de la pena, ya que se señaló que sus fines son la retribución, la rehabilitación y la protección a la sociedad y que no debe ser degradante a la persona; sin embargo, no se tomó en cuenta que su persona no tiene antecedente penal o policial, no es antisocial, ni ha cometido daño a la sociedad. Concluye manifestando que sin necesidad de un nuevo juicio debe resolverse directamente, disponiendo la revocatoria del Auto de Vista objeto de recurso de casación.

iv) Acota en el primer otrosí de su memorial que el Tribunal de apelación no se manifestó sobre la apelación efectuada de las excepciones e incidentes, señalando tal extremo -también- como causal de revocación del Auto de Vista recurrido.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte
, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

1) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

2) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

3) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de aquellos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

En el caso de autos, se constata que los recurrentes cumplieron con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, toda vez que Betty Lima Choque, fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 19 de octubre de 2012, presentando su recurso el 26 de octubre del mismo año; y, en el caso de Gregorio Felipe Jarro, notificado el 16 de noviembre de 2012, interpuso su recurso el 26 de noviembre también de este año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que les otorga la ley.

En la compulsa del recurso formulado por Betty Lima Choque, se concluye:

Si bien el mismo no posee una argumentación estructurada en un sentido técnico jurídico, alega de modo sucinto y suficiente la vulneración del art. 180.II de la CPE, concerniente a su derecho a la impugnación, asumiendo que el Tribunal de alzada al haber rechazado in límine su recurso de apelación restringida haya afectado el ejercicio de aquella garantía, a pesar de haber realizado un reclamo específico y no genérico sobre la valoración e introducción de prueba en el juicio oral, exteriorizando en tal sentido una supuesta omisión de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Potosí a momento de pronunciar el Auto de Vista recurrido, de tal cuenta este Tribunal flexibilizando su labor de análisis de admisibilidad, abre su competencia a fines de la verificación de la denuncia planteada por Betty Lima Choque y a la presunta vulneración de su derecho a impugnación.

En el análisis del recurso deducido por Gregorio Felipe Jarro se tiene:

De la lectura exhaustiva de su recurso se concluye un extenso fustigamiento sobre la actividad desarrollada por el a quo a momento de pronunciar Sentencia en su contra, empero sin referir, como se ha dicho en el presente Auto Supremo, la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con otro similar o un Auto Supremo, habiendo simplemente incluido la mención del Auto Supremo 114 de 20 de octubre de 2006, sin otorgar mayor explicación más allá de la afirmación que su reclamo se base en una línea jurisprudencial ya sentada. Asimismo realiza un bagaje de argumentos doctrinarios, sin precisar su incidencia a los antecedentes del proceso, siendo la resultante una inconexa relación entre lo expuesto y lo pretendido, ocurriendo que al no identificar precedente contradictorio que se halle contrapuesto al Auto de Vista recurrido, y por otra parte
no fundamentar la supuesta lesión jurídica emergente de la resolución impugnada, el recurso deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 221 a 223, interpuesto por Gregorio Felipe Jarro y ADMISIBLE el formulado por Betty Lima Choque que cursa de fs. 211 a 213, dentro de los márgenes asumidos por la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 40/2012 de 11 de octubre, cursante de fs. 198 a 200 vta., y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta: Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.