TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 297/2012-RRC

Sucre, 20 de noviembre de 2012

Expediente : Santa Cruz 73/2012

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Edith Elena Hurtado de Carrizales

Delito : Transporte de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

RESULTANDO

El recurso de casación interpuesto por Edith Elena Hurtado de Carrizales, que cursa de fs. 302 a 304 vta., mediante el cual impugna el Auto de Vista 41 de 12 de julio de 2012, cursante de fs. 290 a 294, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

En mérito a la acusación pública cursante de fs. 2 a 3 vta. y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 11 de 8 de junio de 2011, que cursa de fs. 258 a 263, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a la imputada Edith Elena Hurtado de Carrizales, autora y culpable del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho años de presidio, más el pago de 200 días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día y costas al Estado.

Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida a través del memorial cursante de fs. 273 a 276, siendo resuelto por Auto de Vista 41 de 12 de julio de 2012, que cursa de fs. 290 a 294, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso.

Notificada la imputada con el referido Auto de Vista, el 15 de agosto de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 295 de obrados, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 22 del mismo mes y año.

I.1.1. Motivos del recurso

Del memorial de recurso de casación que cursa de fs. 302 a 304 vta., interpuesto por la recurrente y del Auto Supremo 265/2012-RA de 23 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, aspecto sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Refirió la recurrente que apeló con relación a la negatoria a su solicitud de extinción de la acción penal, conforme el art. 133 del CPP, pero pese a ser la apelación restringida el medio idóneo de pronunciamiento y que el Auto de Vista impugnado, mencionó este punto de interposición del recurso de apelación, no existió pronunciamiento o resolución alguna sobre dicho aspecto, ocasionando incertidumbre y negación al derecho de acceso a la justicia; vacío legal, que contradice los Autos Supremos 49/2012 de 16 de marzo y 5 de 21 de enero de 2007.

I.1.2. Petitorio

Por lo expuesto, la recurrente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte nuevo fallo conforme la doctrina legal aplicable.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 265/2012-RA de 23 de octubre, cursante de fs. 312 a 314, este Tribunal determinó que la recurrente incurrió en la omisión de explicar con precisión la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados; sin embargo, ante la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la justicia, se flexibilizó los requisitos exigidos por la normativa adjetiva penal, abriendo competencia de manera extraordinaria; consiguientemente, admitiendo únicamente el segundo motivo del recurso interpuesto.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:

II.1. Del incidente de extinción de la acción penal

Durante la etapa del juicio oral, la recurrente planteó la excepción de extinción de la acción penal por haberse excedido la duración máxima del proceso conforme el art. 133 del CPP, así se registró en el acta de juicio oral de 16 de diciembre de 2009 (fs. 172 a 173 vta.), que entre otras cosas refirió la recurrente, que habrían transcurrido tres años y veintidós días desde el momento de su detención y que de acuerdo a la normativa el proceso debió durar tres años, citando el Auto Supremo 22/2002; además, señaló que la dilatación del proceso es responsabilidad de la administración de justicia y no de la imputada, solicitando se declare la extinción de la acción penal.

En ese contexto el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas resolvió la petición mediante el Auto de 22 de diciembre de 2009 (fs. 183 y vta.), argumentando que los delitos de narcotráfico son delitos de lesa humanidad y por tanto de carácter imprescriptible, así lo prevé el art. 145 de la Ley 1008; además que, constituyen una amenaza para la salud y un peligro constante para la sociedad en general; por otro lado la imputada no hubo precisado de manera puntual en qué parte del cuaderno procesal se encontrarían los actuados procesales que provocaron la supuesta demora, en qué fojas, de qué manera, cuando se inició la denuncia, la declaración
informativa y otros aspectos legales que se omitió fundamentar; consiguientemente, en esas condiciones declaró improbada la excepción de extinción de la acción penal, disponiendo la continuación del juicio oral; ante lo cual, la recurrente conforme se establece a fs. 174 y vta. de obrados, interpuso recurso de apelación incidental reiterando los mismos argumentos expuestos en el planteamiento de la excepción de extinción de la acción penal; resolviendo en consecuencia el Tribunal Sexto de Sentencia, conceder la apelación.

Radicada la apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de 15 de octubre de 2010, resolvió en el sentido que el Tribunal Sexto de Sentencia difiera el trámite de la apelación incidental hasta que se dicte la respectiva Sentencia, para evitar emitir resoluciones incongruentes y contradictorias que perjudiquen a las partes, conforme lo estableció el Auto Supremo 60 de 27 de enero de 2007 y las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0421/2007-R de 22 de mayo y 0437/2007-R, que establecen que, en el planteamiento de las apelaciones incidentales contra resoluciones que rechacen excepciones durante el juicio oral "...surgen dos posibilidades: a) Que el Tribunal haya resuelto las excepciones de acuerdo al Art. 345 con relación al Art. 314, primer párrafo del Código de Procedimiento Penal, en un solo acto al inicio del juicio o hasta el momento de dictarse la sentencia; en el primer caso el excepcionista deberá formalizar su recurso en el plazo previsto por el Art. 404 de la Ley 1970, debiendo el trámite diferirse hasta que se dicte la sentencia de primer grado; b) si las excepciones han sido resueltas en la misma sentencia, esto habilita para que el excepcionista planteé conjuntamente ambas apelaciones: restringida e incidental..." (sic).

II.2. De la Sentencia

En esas condiciones el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió la Sentencia 11 de 8 de junio de 2011 (fs. 258 a 263), declarando a Edith Elena Hurtado de Carrizales, autora de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, incurso en la sanción prevista por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años de presidio, más el pago de 200 días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día y costas al Estado; asimismo, en el punto 4 del decisum el Tribunal Sexto de Sentencia señaló que el 22 de diciembre de 2009, resolvió la excepción de extinción de la acción penal planteada por la defensa, habiéndose declarado improbada la misma.

II.3. De la apelación restringida

En ese sentido, efectuada la notificación con dicha Sentencia, la imputada Edith Elena Hurtado de Carrizales, presentó apelación restringida (fs. 273 a 276), formulando cuatro denuncias de la siguiente manera: a) Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva conforme el art. 370 inc. 1) del CPP; b) Respecto a la inexistencia de fundamentación de la Sentencia en sentido que la misma sea insuficiente o contradictoria y que se basa en hechos inexistentes o no acreditados, o en valoración defectuosa de la prueba, conforme prevé el art. 370 incs. 5) y 6) de la Ley Adjetiva Penal; c) En cuanto a la complementación de la Sentencia en relación a la confiscación del dinero incautado; y, d) En relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, citó el art. 133 del CPP y refirió que se debe aplicar dicha normativa, toda vez que no existe ningún tipo de dilación indebida por su parte y que hasta esa fecha ya existía más de cuatro años de duración indebida; consiguientemente, solicitó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y audiencia de fundamentación oral; que se realizó el 13 de junio de 2012, a cuyo acto procesal no asistió la apelante, conforme se establece del Auto cursante a fs. 287 y vta. de obrados.

II.4. Del Auto de Vista impugnado

Radicada la causa ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo a resolver el fondo de la apelación restringida, el referido Tribunal, en el primer considerando del Auto de Vista 41 de 12 de junio de 2012, realizó un resumen sobre los agravios denunciados por la recurrente, y en lo que respecta al agravio de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dijo que "...finalmente la recurrente argumenta que ha planteado la excepción de extinción de la acción penal, al amparo del Art. 133 del Código de Procedimiento Penal, la misma que le fue negada por el Tribunal inferior, pese a que ella no había provocado ninguna dilación al proceso penal, por lo que la recurrente pide que se dicte sentencia absolutoria a su favor o en su defecto se disponga la extinción de la acción penal" (sic).

Para luego el Tribunal de alzada resolver el fondo del recurso de apelación restringida (fs. 290 a 294), sobre los agravios denunciados por la apelante como defectos de Sentencia, el Ad quem precisó que el Tribunal Sexto de Sentencia, adecuó el accionar de la acusada dentro de los alcances del art. 55 de la Ley 1008, sin incurrir en ningún defecto de procedimiento como alega la recurrente; además, el Ministerio Público aportó prueba suficiente que generó convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada en la comisión del hecho delictivo, habiendo sido las pruebas insertadas, judicializadas y valoradas debidamente, conforme a las previsiones de los arts. 171 y 173 del CPP; asimismo, sobre la falta de fundamentación de la Sentencia, señaló que contenía los motivos de hecho y de derecho en que basó sus decisiones y el valor que otorgó a los medios de prueba, considerando que el Tribunal inferior valoró las pruebas de cargo y descargo desarrollando una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica; por otra parte, sobre la supuesta valoración defectuosa de la prueba la apelante no hizo una expresión de agravios, sin citar las leyes que consideró violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que pretendía; determinando en consecuencia el Tribunal de alzada admisible e improcedente el recurso de apelación restringida.

Notificada con tal determinación Edith Elena Hurtado de Carrizales, planteó el recurso de casación (fs. 302 a 304 vta.), que es objeto del presente análisis.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

III.1. El derecho de acceso a la justicia y la incongruencia omisiva

El Estado boliviano, a través de los administradores de justicia tiene como una de sus finalidades conforme señala el art. 9 inc. 4) de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; a cuyo efecto el art. 115.I de la Norma Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme el siguiente texto: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".

En ese contexto, se entiende el acceso a la justicia como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones sin dilaciones indebidas; cuyo contenido esencial consiste en el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.

De manera que, la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.

Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.

La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, "...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo" (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).

Igualmente, refiere el versado Couture, que: "El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum" (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).

Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala quelas Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada.

III.2. Análisis del caso concreto

Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer si existe vulneración de derechos constitucionales en el Auto de Vista impugnado por la recurrente.

Así, del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que el presente motivo se halla directamente vinculado a la denuncia de violación del derecho de acceso a la justicia por la omisión del Tribunal de alzada respecto a la petición de extinción de la acción penal planteada en la apelación por la recurrente.

Es así que de la revisión y análisis de antecedentes, del memorial de apelación restringida y del Auto de Vista 41 de 12 de junio de 2012, se evidencia que en el decurso del juicio oral, en la etapa de las excepciones e incidentes, la recurrente planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; en ese contexto, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas, resolvió mediante Auto de 22 de diciembre de 2009 por improbada la extinción, ante lo cual la recurrente planteó apelación incidental, conforme consta a fs. 74 y vta. de obrados; posteriormente, una vez radicado dicha apelación ante la Sala Penal

Primera, emitió el Auto de 15 de octubre de 2010, disponiendo que el Tribunal inferior posponga el trámite de la apelación hasta ser dictada la Sentencia. Una vez concluido el juicio oral y dictado consecuentemente la Sentencia 11 de 8 de junio de 2011, con la que fue notificada la recurrente (fs. 264), interpuso apelación restringida de cuyo contenido se elevó denuncias a saber: sobre defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP; sobre la complementación de la Sentencia en relación a la confiscación de los bienes incautados y en relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, conforme prevé el art. 133 del CPP por haber transcurrido más de cuatro años sin que hasta esa fecha hubiere concluido el proceso; ante lo cual, el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista 41 de 12 de junio de 2012 responde de manera puntual a los agravios señalados precedentemente, excepto a la solicitud de la extinción de la acción penal, y que sobre este particular agravio, simplemente realiza un resumen sobre este motivo que cursa en el primer considerando del Auto de Vista recurrido; de modo que, una vez revisado el contenido de la Resolución impugnada se establece que no existe una respuesta expresa ni puede inferirse una contestación tácita al agravio denunciado.

Lo anterior significa, la vulneración del derecho de acceso a la justicia por incongruencia omisiva; toda vez que el Tribunal de alzada, omitió responder de manera puntual y fundamentada a la pretensión de extinción de la acción penal formulada por la recurrente; de manera que cuando tuvo conocimiento de la apelación incidental sobre esta denuncia dispuso correctamente que el Tribunal Sexto de Sentencia deba dar el curso correcto y tramitarse la apelación después de dictada la Sentencia; lo que en el presente caso no sucedió, ya que una vez elevada la apelación restringida ante el Tribunal de apelación, debió dar respuesta fundamentada a este motivo denunciado, independientemente de dar o no curso a la pretensión de la recurrente.

Consiguientemente, de lo examinado sobre la denuncia relativa a la vulneración del derecho de acceso a la justicia por incongruencia omisiva, se establece que el Tribunal de alzada incurrió en violación de este derecho al no haber adecuado correctamente su conducta a la normativa legal vigente.

IV. Doctrina legal aplicable

El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.

En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 41 de 12 de julio de 2012, cursante de fs. 290 a 294 de obrados y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA