TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 286/2012-RA

Sucre, 12 de noviembre de 2012

Expediente : La Paz 119/2012

Parte acusadora :aaaaaaMinisterio Público, Susana María Inés Peña Barrón y
Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Parte imputada : Reynaldo Vásquez Cerrudo

Delito : Abuso Deshonesto

RESULTANDO

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2012, cursante de fs. 576 a 595 vta., Reynaldo Vásquez Cerrudo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 37/2012 de 20 de junio, cursante de fs. 509 a 511 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Susana María Inés Peña Barrón y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 en relación al art. 310, ambos del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

En mérito a la acusación pública de (4 a 6), acusación particular de Susana María Inés Peña Barrón de (13 a 149 y la adhesión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 2 Maximiliano Paredes (fs. 17 y vta.) y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 01/2012 de 19 de enero, que cursa de fs. 342 a 352, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Reynaldo Vásquez Cerrudo, autor y culpable de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con la agravación del art. 310 incs. 2), 3) y 4), ambos del CP, imponiéndole la pena de diez años de presidio, más el pago del daño civil y costas a calificarse en ejecución de sentencia.

Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida conforme fluye de la actuación de fs. 366 a 378, siendo resuelto por Auto de Vista 37/2012 de 20 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que admitió el recurso y declaró improcedentes las cuestiones planteadas, manteniendo firme la Sentencia apelada.

Ante la solicitud de complementación y enmienda (fs. 516 a 517), se emitió la Resolución de 2 de agosto de 2012 (fs. 518), siendo notificado el recurrente el 30 del mismo mes y año, conforme la diligencia que cursa a fs. 522, interponiendo el recurso de casación que es motivo de autos el 6 de septiembre de 2012.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial cursante de fs. 576 a 595 vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

El Tribunal de alzada resolvió su recurso de apelación restringida a través del Auto de Vista impugnado, en cuyo mérito solicitó complementación, corrección y enmienda, motivando el pronunciamiento de la respectiva Resolución, que sin embargo no fue emitida conforme las atribuciones del tribunal colegiado, de acuerdo al art. 53 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues su petición fue resuelta sólo por el Vocal relator sin la participación del otro integrante del Tribunal, como si éste fuera unipersonal.

Enfatiza que la función de Vocal relator no alcanza las funciones de Presidente de Sala, previstas en los incisos 1), 2), 3) y 4) del art. 55 de la LOJ, única eventualidad en la que se puede ejercer esas funciones en forma unipersonal y resolver del mismo modo este tipo de solicitudes; además, que no existe norma legal que lo habilite para resolver unipersonalmente la solicitud de corrección, complementación y enmienda y tampoco existe constancia de impedimento del otro integrante del Tribunal; como tampoco puede determinarse su participación en la deliberación en el Auto complementario, mucho menos si dicho alejamiento constituye una excepción prevista en los citados incisos del art. 55 de la LOJ; enfatizando que el referido Auto complementario es parte indisoluble del Auto de Vista impugnado.

Con estos argumentos, denuncia la existencia del defecto previsto en el art. 370 inciso 9) del Código de Procedimiento Penal (CPP), enfatizando que no se puede alegar como intrascendente o innecesaria su participación, con el argumento que la falta de su opinión no modifica el fondo del Auto de Vista recurrido, pues se deja jurisprudencia para que sea un solo miembro de los tribunales colegiados el que atienda las peticiones de complementación, corrección y enmienda, violando el debido proceso en su elemento al juez natural, desconociendo hasta la fecha cuál la opinión del otro Vocal que conforma el Tribunal, más aún cuando no está descartada que su opinión atienda en su integridad y positivamente su solicitud y que los arts. 117 y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), prohíben el juzgamiento por jueces o tribunales especiales.

La Resolución impugnada y el Auto complementario, refieren en cuanto a la identificación de las partes, que el proceso penal estaría seguido por el Ministerio Público, Susana María Inés Peña, Fernando Muñoz Bustillo, Armando Azeñas y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; descripción que no tiene identidad con el presente proceso, ya que no son parte del proceso Susana María Inés Peña, Fernando Muñoz Bustillo, Armando Azeñas ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; sino María Vanesa Peña representada por Susana María Inés Peña, así como Fernando Muñoz Bustillos y Armando Azeñas en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por lo que se ha vulnerado uno de los requisitos de la Sentencia, previsto en el art. 360 inc. 1) del CPP, en relación al debido proceso en su elemento de cumplimiento obligatorio y de orden público de las normas procesales.

Denuncia la existencia de defectos previstos en el art. 370 incisos 4), 5) y 6) del CPP, por la falta de atención o inexistencia de atención objetiva a la fundamentación del recurso, fundamentación complementaria, la prueba introducida o judicializada en audiencia de fundamentación complementaria
y su correspondiente valoración, falta de atención positiva o negativa a los precedentes invocados, argumentando que denunció la vulneración al principio de continuidad, por cuanto se interrumpió el juicio por más de veintiún y ciento veinticinco días y se violó el plazo de lectura de sentencia porque no fue pronunciada inmediatamente concluidos los debates y recibidos los alegatos; empero, el Tribunal de alzada concluyó que no se había vulnerado el principio de continuidad, cuando el fundamento del recurso, su fundamentación complementaria y la prueba presentada, se circunscribieron a la inexistencia de audiencia de juicio que interrumpió su prosecución, pues no se convocó a audiencia de juicio entre el 14 de marzo, 7 de abril y 1 de septiembre de 2011, interrumpiendo la prosecución de juicio por más de diez días.

Además respecto a este motivo, refiere haberse producido una interrupción de ciento veinticinco días, que comprende del 7 de abril al 1 de septiembre de 2011, periodo en el cual un trámite de recusación que demandó en ejercicio de su derecho a la defensa y la prosecución del juicio duro ciento veinticinco días, enfatizando que el Auto de Vista impugnado no recogió ni incorporó la prueba ofrecida, introducida y judicializada en la audiencia de fundamentación complementaria, mucho menos le asignó a la prueba el valor que le corresponde en aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba, "violando el num. 4) y 5) del CPP, en relación de los arts. 13 y 173 del CPP" (sic). Tampoco el Auto de Vista impugnado y su complementario hacen referencia al por qué son inaplicables los Autos Supremos invocados como precedentes, a los fundamentos fácticos y a la inobservancia o errónea aplicación de la ley o cuales los errores para que no sean aplicables en cada una de las denuncias.

Señala que la Resolución judicial impugnada y su Auto complementario, declararon improcedentes las cuestiones relativas al error in procedendo relativo a la insuficiente fundamentación de la Sentencia, argumentando previo desglose de las conclusiones del Tribunal de alzada y del Auto Supremo 241 de 28 de marzo de 2007, que siguiendo con la línea jurisprudencial, ese Tribunal debió observar alguna omisión o error a la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica que denunció, previo a admitirse el recurso por estos motivos, pero lo que hizo fue declarar directamente improcedente el recurso de apelación sin efectuar observaciones a errores u omisiones en la invocación a las reglas de la sana crítica y sin pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de los Autos Supremos invocados y al no haberse obrado conforme el entendimiento jurisprudencial, se le coartó su derecho a un debido proceso, pues se le privó del derecho de acceder a un correcto fallo, siendo el trabajo del Tribunal ad quem verificar si el iter lógico desglosado por el Tribunal a quo cumplió las reglas de la sana crítica y de la lógica jurídica, no siendo su trabajo suponer que el Tribunal a quo de la causa hubiese dispuesto conforme a ley si demostraba la duda razonable tal como señaló en el séptimo considerando, numeral 2 del Auto de Vista impugnado.

Haciendo referencia a los Autos Supremos 356 de 26 de junio de 2009, 262 de 27 de abril de 2009, 442 de 10 de septiembre de 2007 y 443 de 12 de septiembre de 2007, referidos a la fundamentación de las resoluciones judiciales, señala que el Auto de Vista impugnado y su complementario al resolver los fundamentos del recurso de apelación restringida relativo al error in procedendo debido a la insuficiente fundamentación de la Sentencia, omitió pronunciarse sobre la aplicabilidad de los Autos Supremos y observar la procedencia o improcedencia de las denuncias invocadas en el recurso de apelación restringida en cuanto a la violación de las reglas de la sana crítica; además, no observó si como apelante cumplió con las previsiones para pronunciarse en cuanto a la violación de las reglas de la sana crítica, omitiendo pronunciarse sobre cada una de las pruebas denunciadas con la violación de las reglas de la sana crítica, omisiones que le privan del derecho a decidir si acepta o funda impugnación en contra de ellas, violando su derecho a acceder a un justo proceso.

También señala que el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida en cuanto a la denuncia de violación del principio de continuidad y lectura de sentencia a través de fundamentos en los que no refiere el por qué son inaplicables los Autos Supremos invocados como precedentes y de forma contraria a la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 167 de 6 de febrero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005; enfatizando que en el caso se interrumpió la prosecución del juicio porque no se señalaron sesiones consecutivas hasta su culminación sino distantes, provocando interrupciones de 21 y 125 días, detallando el recurrente los antecedentes procesales para sostener su denuncia, enfatizando que la conclusión arribada por el Tribunal de alzada es alejada al principio de verdad material y en contra de los principios de las funciones del Órgano Judicial previstos en los arts. 180.I de la CPE, 3 y 6 de la LOJ, aclarando también que resulta falso que no se produjo prueba al respecto, ya que se ofreció actas de juicio que no fueron consideradas ni valoradas; destacando además que al tratarse de un caso no complejo y con un solo imputado, la lectura de la sentencia no debió diferirse para tres días después.

En su apelación restringida denunció la omisión descriptiva de las pruebas de descargo ofrecidas en la sentencia apelada, como los informes periciales respecto a las personalidades de la víctima y de la testigo Susana María Inés Peña; prueba documental de fotografías que evidencian el estado etílico de la referida testigo y la prueba testifical de María Jannet Terrazas de Pucci; pruebas que no fueron escritas en la Sentencia y peor aún fueron tergiversadas como ocurrió con el informe pericial en cuanto a la personalidad de la víctima, sin que el informe pericial y las fotografías fueran mencionadas y descritas en la sentencia, señalando como precedente contradictorio el Auto Supremo 472 de 13 de noviembre de 2006, que establece que a tiempo de formular la denuncia por defectuosa valoración de la prueba, el impugnante debe precisar cuál es el medio probatorio que considera no ha sido debidamente valorado.

Bajo el acápite "Contrario a los Autos Supremos 422 de fecha 20 de octubre de 2006 y Auto Supremo 214 28 de marzo de 2007" (sic), el recurrente alega que denunció que el Tribunal a quo replicó en la Sentencia la
hipótesis de la acusación fiscal y particular, sobre la base de las pruebas de cargo y no de descargo, enumerando las pruebas que no fueron valoradas como la declaración de la víctima, el informe pericial de cargo de la Psicóloga perito Julia Paucara y el informe de la perito Mittzy Rivero Aliaga; habiendo también denunciado la falta de fundamentación de las declaraciones testimoniales de Susana María Inés Peña Barrón y María Janet Terrazas de Pucci, así como del informe médico del "Dr. Campohermoso" y del certificado médico; enfatizando a partir de la conclusión asumida por el Tribunal de alzada, que en la apelación demandó una revisión correcta del derecho y no una revisión de los hechos; empero, el Tribunal de alzada sin verificar el trabajo lógico jurídico de la valoración de las pruebas del Tribunal inferior supuso que en juicio no demostró la duda razonable, por lo que temerariamente fundamentó que el Tribunal a quo hubiese dispuesto lo contrario.

En ese ámbito, el recurrente expone las contradicciones que existirían en las pruebas de cargo y los criterios que aportaron las pruebas de la defensa y que no hubiesen sido consideradas de acuerdo al siguiente detalle:

El recurrente hace referencia a la declaración de la víctima, quien hubiese brindado dos versiones diferentes y a las contradicciones existentes entre el informe pericial de cargo con el de descargo, respecto al origen de la angustia en la víctima y sin que se considere que el informe pericial de descargo tiene el respaldo de seis "tests" y el de cargo sólo dos, extremos que no fueron respondidos positiva ni negativamente por el Tribunal ad quem.

Sobre este particular, sostiene que la falta de valoración de las pruebas, entra en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, cuestionando que si ambos informes periciales son contradictorios en cuanto al origen de la angustia de la niña, como es que el Tribunal a quo tomó como fundamento de su razonamiento jurídico el informe pericial de descargo, extremo ratificado por el Tribunal ad quem, que además no verificó si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encontraba acorde con las reglas del correcto entendimiento humano.

También cuestionó la credibilidad de la declaración de la víctima y los resultados de los informes con la declaración pericial del perito de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien señaló que para establecer la credibilidad del testimonio de la niña y el perfil del imputado, debía realizarse diecinueve criterios o test psicológicos, que alcancen el entorno familiar de la niña, su hermana, la abuela, etc. Haciendo notar en apelación dicha opinión pericial que por aplicación del tercero excluyente automáticamente inhabilitaría el estudio pericial de Julia Paucara; sin embargo, respeto a estos agravios el Tribunal ad quem no afirmó ni negó nada, toda vez que supone que no hubo contradicciones, caso contrario el Tribunal a quo se hubiera dado cuenta.

En la apelación restringida denunció que ofreció como prueba un informe pericial sobre la personalidad de Susana María Inés Peña Barrón, con el que demostró en juicio que la testigo, abuela y tutora de la víctima ejerció fuerte presión sobre la víctima; sin embargo, dicha prueba no fue descrita en la Sentencia sin que el Tribunal de alzada se pronuncie positiva o negativamente, en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, cuestionando como el Tribunal a quo extrajo la verdad jurídica del hecho, sino consideró ni valoró el informe pericial de la personalidad de la referida testigo, extremo que fue confirmado por el Tribunal ad quem, que prefirió validar dicha omisión en vulneración a sus derechos y garantías constitucionales.

También denunció en la apelación restringida, que el Tribunal a quo fundamentó su fallo en la declaración testifical de María Jannet Terrazas de Pucci como prueba en su contra; sin embargo, en ningún acto procesal del proceso sea en etapa preparatoria o de juicio, la mencionada ofreció su declaración; extremo que fue confirmado por el Tribunal ad quem en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.

Refiere falta de fundamentación valorativa en el informe médico emitido por el "Dr. Campohermoso", pues en la apelación restringida denunció que dicho informe no fue compulsado con el informe médico forense, respecto al origen del diagnóstico de "vulvitis inespecífica", por lo que el Tribunal de alzada tenía como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano y pronunciarse al respecto, y no emitir fundamentos jurídicos sobre la base de supuestos y posibilidades a fin de evitar realizar su trabajo como Tribunal de apelación tal como lo hizo en el séptimo considerando numeral 2 del Auto de Vista impugnado, en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.

Denunció en la apelación, que los Juzgadores emitieron un juicio de valor de condena en diagnósticos médicos que en juicio no pudieron ser sostenidos como el informe médico forense que diagnosticó "Vulvitis inespecífica", que no fue compulsado con la aplicación y explicación de la documental consistente en el certificado médico forense en la audiencia de 21 de septiembre de 2011, llegando a demostrar en la citada audiencia que el dictamen pudo deberse a varios factores, extremo reconocido por el mismo perito "Hoyos". También denunció que la Sentencia sólo transcribió el certificado médico forense como una de las pruebas principales juntamente al informe pericial de cargo, omitiendo referirse al debate y contradicciones realizadas en la audiencia de 21 de septiembre de 2011. Ante estas denuncias el Tribunal de alzada emitió un criterio sin verificar que el trabajo del Tribunal inferior no haya violentado sus derechos y garantías constitucionales, en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos
y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del referido código, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 de la Ley Adjetiva Penal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisó precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la Resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor segundo párrafo del citado art. 417 del Código Adjetivo de la materia que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos...".

En el caso de autos, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que siendo notificado el 30 de agosto de 2012, con el Auto que resolvió su petición de complementación y enmienda, presentó el recurso de casación el 6 de septiembre del presente año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley.

Con relación al requisito de fondo, el recurrente plantea ocho motivos: el primero relativo al pronunciamiento de la Resolución emitida en mérito a la petición de complementación, corrección y enmienda, con la participación de un solo integrante de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto al cual si bien el imputado no invoca precedente alguno, denuncia la vulneración al debido proceso en su elemento al juez natural, precisando y fundamentando, el hecho generador del recurso, el agravio provocado, así como el derecho que hubiere sido restringido; por lo que corresponde su análisis considerando los criterios de flexibilización expuestos en el acápite anterior de la presente Resolución.

Respecto al segundo motivo, el recurrente se limita a sostener que la supuesta inadecuada identificación de las partes que intervienen en el presente proceso, vulneraría el debido proceso, sin citar precedente alguno y sin explicar el resultado dañoso emergente del defecto que denuncia, razón por la cual no corresponde ingresar al fondo de este motivo.

Con relación al tercer motivo del presente recurso de casación sometido a análisis, este Tribunal asume que se encuentra directamente vinculado con el motivo sexto, relativos ambos a la supuesta vulneración del principio de continuidad, por lo que estando invocados los respectivos precedentes contradictorios consistentes en los Autos Supremos 167 de 6 de febrero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005, que además fueron citados al interponerse el recurso de apelación restringida y constar la debida fundamentación por parte del recurrente, corresponde su análisis de fondo.

Respecto al cuarto motivo referido a la decisión del Tribunal de alzada de declarar directamente improcedente el recurso de apelación sin efectuar observaciones a errores u omisiones en la invocación a las reglas de la sana crítica y sin pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de los Autos Supremos invocados en el recurso de apelación restringida y el quinto motivo con referencia a la omisión de pronunciamiento sobre determinados motivos de la apelación, reúnen los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, pues se hallan debidamente fundamentados y se establece la contradicción con los precedentes invocados, Autos Supremos 241 de 28 de marzo de 2007, 356 de 26 de junio de 2009, 262 de 27 de abril de 2009, 442 de 10 de septiembre de 2007 y 443 de 12 de septiembre de 2007, en los que se establecería doctrina respecto a la fundamentación de las resoluciones judiciales. Similar entendimiento debe asumirse respecto al séptimo motivo, relativo a la denunciada de omisión descriptiva de las pruebas de descargo, debiendo destacarse que el Auto Supremo 472 de 13 de noviembre de 2006, invocado como precedente, fue citado ante el Tribunal de alzada al interponerse el recurso de apelación restringida en cumplimiento de las formalidades previstas por la norma procesal penal.

Por último, en cuanto al octavo motivo del recurso de casación, habiendo por el cual el recurrente fundamentado con la debida precisión las contradicciones que existirían en las pruebas de cargo respecto a las cuales en algunos casos el Tribunal ad quem no se pronunció y en otras las validó, también corresponde ser analizado en el fondo del recurso, habida cuenta que en criterio del recurrente se hubiese incurrido en contradicción con el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, por lo que corresponde sólo con relación a esta Resolución judicial, efectuar la labor de contraste que la ley concede al Tribunal de casación conforme a las previsiones del art. 419 del CPP.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida

en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación que cursa de fs. 576 a 595 vta., interpuesto por Reynaldo Vásquez Cerrudo, con excepción del segundo motivo del mismo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 37/2012 de 20 de junio cursante de fs. 509 a 511 vta., y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta Mag. Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA