TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 283/2012-RRC

Sucre, 7 de noviembre de 2012

Expediente : La Paz 101/2012

Parte acusadora :Ministerio Público, René Falcón Huarachi, Francisco
Espinoza Limachi y Rigoberto Laura Serrano

Parte imputada : Miguel Ángel Quino Espejo

Delitos :Atentados Contra la Seguridad de los Servicios
Públicos, Atentado Contra la Libertad de Trabajo y
Extorsión

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

RESULTANDO

Por memorial cursante de fs. 584 a 594 vta., Miguel Ángel Quino Espejo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 20-A/2012 de 9 de abril, que cursa de fs. 579 a 581 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular de René Falcón Huarachi, Francisco Espinoza Limachi y Rigoberto Laura Serrano contra el recurrente, por los delitos de Atentados Contra la Seguridad de los Servicios Públicos, Atentados Contra la Libertad de Trabajo y Extorsión, previstos y sancionados por los arts. 214, 303 y 333 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

En mérito a la acusación pública, cursante de fs. 4 a 10 y acusación particular formulada por Francisco Espinoza Limachi, René Falcón Huarachi y Rigoberto Laura Serrano, que cursa de fs. 13 a 16 y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 102/2011 de 23 de noviembre, cursante de fs. 392 a 397, el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto, declaró al imputado Miguel Ángel Quino Espejo, autor en la comisión del delito de Atentados Contra la Seguridad de los Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 214 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de costas y la reparación de daños; además, lo absolvió de pena y culpa de la acusación por los delitos de Extorsión y Atentado contra la Libertad de Trabajo, previstos en los arts. 333 y 303 del CP.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida conforme consta en la actuación de fs. 497 a 511 vta. de obrados, siendo resuelto por Auto de Vista 20-A/2012 de 9 de abril, que cursa de fs. 579 a 581 vta., dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que admitió el recurso de apelación restringida, lo declaró improcedente y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso.

I.1.1. Motivos del recurso

Del memorial cursante de fs. 584 a 594 vta., se extrae el planteamiento de varios motivos del recurso de casación, de los cuales fueron admitidos sólo los tres siguientes, a través del Auto Supremo 244/2012-RA de 8 de octubre, que cursa de fs. 606 a 609:

1) El Auto de Vista recurrido, se apartó del precedente contradictorio contenido en los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005, invocados en la apelación restringida, el primero referido al principio de continuidad del juicio oral y la posibilidad excepcional de suspensión de la audiencia por un plazo máximo de diez días, por una sola vez, en los casos expresamente previstos por el art. 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, el segundo referido también a la continuidad del juicio para evitar influencias externas y la posibilidad de que el juez pueda extraer de manera inmediata los elementos de prueba que fundan su decisión, doctrina que no fue considerada por la autoridad judicial que conoció la causa, pues dispuso la suspensión del juicio oral por más de sesenta audiencias, aspecto reclamado en la apelación restringida; pero, el Tribunal que resolvió el recurso contrario a lo que determina la doctrina legal aplicable, consideró la suspensión del juicio oral de diez días, desconociendo que la misma es por una sola vez, por lo que de ningún modo puede admitirse la suspensión de más de sesenta audiencias como aconteció en el caso.

2) La Resolución impugnada, contradice los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 242 de 6 de julio de 2006, 308 de 25 de agosto de 2006, 340 de 28 de agosto de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, invocados en la apelación restringida. Sostiene que el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, dispone que toda resolución debe estar debidamente fundamentada, la falta de este requisito constituye violación de derechos y garantías constitucionales, teniendo el Tribunal de alzada la obligación de aplicar los arts. 124 y 398 del CPP, debiendo dar respuesta a todos y cada uno de los puntos apelados. En el caso, la Resolución de alzada no se pronunció sobre la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, reclamada expresamente en el punto III de su recurso de apelación, restringiendo su derecho a la defensa al no saber qué fundamentos y qué valor se otorgó a sus pruebas de descargo. Añade que el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, considera como defecto absoluto no convalidable de acuerdo a lo establecido por el art. 169 inc. 3) del CPP, cuando el tenor de la Resolución es contradictorio, incongruente e incompleto porque deja en indefensión a las partes y viola el derecho a la seguridad jurídica, haciendo hincapié en la obligación que tiene el Tribunal de alzada de emitir fallos fundados y claros, teniendo la obligación de anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley, cuando exista error in iudicando que no influya en la parte dispositiva debe proceder a su rectificación directa sin necesidad de reenvío, lo contrario significaría incurrir en una incorrecta aplicación del art. 413 del CPP; este entendimiento tampoco ha sido considerado por el Tribunal de apelación, pues no se ha pronunciado de manera fundada sobre el punto apelado con relación a la falta de fundamentación que es una exigencia prevista por art. 370 inc. 5) de la Ley Adjetiva Penal.


3) En el punto IV de la apelación restringida reclamó sobre la consideración y valoración de pruebas no incorporadas a juicio, conforme a procedimiento, es el caso de las pruebas "MP-1" y "MP-6" que en el momento de su incorporación al juicio mediante lectura, se solicitó su exclusión y si bien la petición fue rechazada, dichas pruebas no fueron leídas por lo que no fueron publicitadas ni judicializadas mediante su lectura, de modo que no ingresaron a la comunidad de la prueba mediante el contradictorio; al efecto, invocó como doctrina legal aplicable el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006, que establece como obligación tanto del Tribunal de apelación como del de casación, el observar de oficio los defectos de procedimiento que atenten contra los derechos fundamentales. Con relación a ello, señaló que el Tribunal de apelación sólo se circunscribió a afirmar que no se formuló observación a la judicialización de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral convalidando cualquier defecto, respuesta que permite establecer la falta de fundamentación sobre el punto apelado y la falta de pronunciamiento sobre los puntos apelados, vulnerando así su derecho a la defensa, cuando desconoce las razones o motivos que ocasionaron que el punto IV de su apelación no sea valedero. Indica que esta omisión también es contrario a la doctrina contenida en los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 242 de 6 de julio de 2006, 308 de 25 de agosto de 2006, 340 de 28 de agosto de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, invocados en su apelación restringida.

I.1.2. Petitorio

El recurrente impetró se declare admisible su recurso y en aplicación del art. 419 del CPP, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado para que el Tribunal de alzada, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal aplicable establecida al efecto.

1.2.3. Respuesta de la parte contraria

Los acusadores particulares por memorial cursante de fs. 599 a 600 de obrados, impetraron se declare inadmisible e infundada la impugnación del imputado, argumentando que se encuentran plenamente de acuerdo con la Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, enfatizando que no existen agravios contra el recurrente, menos errores in iudicando ni in procedendo, teniendo en cuenta que la Resolución recurrida se halla debidamente fundamentada.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 244/2012-RA de 8 de octubre, cursante de fs. 606 a 609, este Tribunal admitió el recurso de casación, únicamente respecto a los tres puntos identificados en el acápite I.1.1. de la presente Resolución, que corresponde a los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:

II.1. El 11 de marzo de 2010 (fs. 4 a 10), el Ministerio Público formuló acusación contra Miguel Ángel Quino Espejo, por la comisión de los delitos de Atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos y Extorsión y el 17 de abril de 2010 (fs. 13 a 16), Francisco Espinoza Limachi, René Falcón Huarachi y Rigoberto Laura Serrano, presentaron acusación particular por los delitos acusados por el fiscal, añadiendo los delitos de Atentados Contra la Seguridad de los Transportes y Atentados Contra la Libertad de Trabajo; en cuyo mérito, el 17 de junio de 2010 (fs. 19 y vta.), se pronunció el Auto de Apertura de Juicio, señalándose audiencia para celebración del acto de juicio para el 4 de agosto de ese año.

II.2. Después de tres sesiones suspendidas (fs. 50 y vta.; 56 y vta.; y, 63 y vta.), el 26 de agosto de 2010, se inició la audiencia de juicio (fs. 69 a 72), desarrollándose las actuaciones previstas por ley, hasta la formulación de incidente de actividad procesal defectuosa por parte de la defensa, para luego suspenderse el juicio y señalarse una nueva audiencia para el 2 de septiembre de 2010, oportunidad en la cual previa respuesta del Ministerio Público se resolvió el incidente (fs. 74 a 78 vta.), señalándose audiencia para el 9 del mismo mes y año.

II.3. Previas dos suspensiones (fs. 83 y vta.; y, 91 y vta.), el 24 de septiembre de 2010 (fs. 96 a 99), se prosiguió con la audiencia de juicio recibiéndose la declaración del imputado para disponerse receso hasta el 1 de octubre de 2010, desarrollándose la audiencia en la fecha indicada (fs. 101 a 102 vta.), donde la defensa efectuó su alegato inicial para luego empezarse a recibir prueba testifical y el 6 de ese mes y año, se prosiguió con la producción de prueba (fs. 104 a 108) y suspenderse la sesión para el 13 de octubre de 2010.

II.4. Suspendidas las sesiones de 13 (fs. 113 y vta.) y 19 de octubre de 2010 (fs. 115 y vta.), el 25 del mismo mes y año (fs. 117 a 120), se prosiguió el acto de juicio, suspendiéndose las sesiones de 1 (fs. 122), 10 (fs. 127 y vta.), 16 (fs. 130 y vta.) y 23 de noviembre de 2010 (fs. 136 y vta.), así como la sesión de 1 de diciembre de esa gestión (fs. 140 y vta.).

II.5. El 7 de diciembre de 2010 (fs. 143 a 145 vta.), se desarrolló la audiencia recibiéndose prueba producida por las partes, señalándose sesión para el 13 del mismo mes y año, siendo suspendido el juicio en esa ocasión (fs. 146), como también en fechas: 20 de diciembre de 2010 (fs. 151 y vta.), 4 (fs. 154 y vta.), 11 (fs. 163 y vta.), 20 (fs. 172 y vta.) y 29 de enero de 2011 (fs. 175 y vta.) y 7 de febrero de esa gestión (fs. 178 y vta.), por diversos motivos.

II.6. El 15 de febrero de 2011 (fs. 181 a 183 vta.), se desarrolló la audiencia, produciéndose nuevas suspensiones en las siguientes fechas: 21 de febrero (fs. 185 y vta.), 1 (fs. 188 y vta.), 10 (fs. 191 y vta.) y 17 de marzo de 2011 (fs. 199 y vta.).

II.7. El 24 de marzo de 2011 (fs. 203 a 210), se prosiguió con la audiencia de juicio, generándose otras suspensiones de acuerdo al siguiente detalle: 30 de marzo de 2011 (fs. 218 y vta.), 7 (fs. 220 y vta.), 14 (fs. 225) y 25 de abril de 2011 (fs. 230 y vta.); 3 (fs. 234 y vta.), 10 (fs. 238 y vta.), 16 (fs.
242 y vta.), 23 (fs. 246 y vta.), 26 (fs. 252 y vta.) y 30 de mayo de 2011 (fs. 255 y vta.); 8 (fs. 263 y vta.), 13 (fs. 272 y vta.) y 20 de junio del mismo año (fs. 280 y vta.), convocándose a sesión para el 18 de julio de 2011, dejándose constancia de la interrupción de plazos por la vacación judicial.

II.8. El 18 de julio de 2011 (fs. 287 a 295), se prosiguió la audiencia, siendo suspendidas las sesiones de 26 y 27 del mismo mes y año (fs. 298 y vta.; y, 299), 3 (fs. 305 y vta.), 11 (fs. 311 y vta.) y 18 de agosto de 2011 (fs. 316 y vta.).

II.9. El 23 de agosto (fs. 319 a 324) y 1 de septiembre de 2011 (fs. 326 a 331), se continuó con el juicio, seguido de nuevas suspensiones en fechas: 8 (fs. 335), 15 (fs. 337), 21 (fs. 344) y 27 de igual mes y año (fs. 349).

II.10. El 4 de octubre de 2011 (fs. 353 a 354), se reinstaló la audiencia de juicio, convocándose audiencia de inspección para el 11 de octubre de 2011, suspendiéndose este actuado (fs. 358 a 359), al igual que las sesiones de 20 (fs. 363) y 28 de octubre de 2011 (fs. 369 y vta.), además de 7 (fs. 370 y vta.) y 14 de noviembre del mismo año (fs. 376 a 377).

II.11. El 22 y 23 de noviembre de 2011 (fs. 380 a 390), se desarrolló la audiencia de juicio, pronunciándose la Sentencia 102/2011 de 23 de noviembre (fs. 381 a 386), por la cual el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto, declaró al imputado Miguel Ángel Quino Espejo, autor de la comisión del delito de Atentados Contra la Seguridad de los Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 214 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de costas y la reparación de daños; además lo absolvió de pena y culpa de la acusación por los delitos de Extorsión y Atentado Contra la Libertad de Trabajo, previstos en los arts. 333 y 303 del CP.

II.12. El 6 de febrero de 2012 (fs. 497 a 511vta.), el recurrente Miguel Ángel Quino Espejo, interpuso recurso de apelación restringida, alegando la inobservancia del principio de inmediación y continuidad, así como la inobservancia de las reglas relativas del art. 370 inc. 5) del CPP, siendo que la Sentencia apelada no cuenta con la debida fundamentación fáctica y jurídica y el valor otorgado a las pruebas documentales. También denunció que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, al basar su determinación en elementos probatorios no incorporados a juicio y que la Sentencia valoró de manera defectuosa la pruebas "MP-1" y "MP-6".

II.13. El 9 de abril de 2012 (fs. 579 a 581 vta.), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 20-A/2012, que declaró improcedente el recurso confirmando la Sentencia impugnada, argumentando respecto a los motivos reclamados a través del presente recurso de casación lo siguiente: En cuanto al tema relativo a las sucesivas suspensiones del acto de juicio, señaló que a partir de la cita del Auto Supremo 40/2012, emitido por la Sala Penal Liquidadora, que el recurrente no acreditó objetivamente que se hubiese vulnerado sus derechos y garantías, o que efectivamente se hubiese generado afectación a los principios de continuidad e inmediación al juicio oral, más aún cuando las suspensiones realizadas se encontraban debidamente justificadas en las actas del juicio, señalando el motivo de las mismas.

Por otra parte, el Tribunal de alzada estableció con relación a la fundamentación de la Sentencia, que cumplió con lo determinado por los arts. 360 y 365 del CPP y con relación a la exclusión de las pruebas, asumió que el recurrente no hizo la observación a la judicialización de ninguna de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral, habiendo convalidado cualquier observación.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS EN EL RECURSO

Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, se ingresa a resolver la problemática planteada en el recurso formulado por el imputado en los siguientes términos y al advertirse el planteamiento de distintas temáticas, se pasa a resolver en el orden señalado en el acápite I.1.1 de la presente Resolución.

III.1. En cuanto a la denuncia de vulneración al principio de continuidad

En el caso de autos, el recurrente sostiene como primer motivo de su recurso de casación, que pese a reclamar en su apelación restringida la suspensión del juicio en más de sesenta ocasiones, el Tribunal de alzada resolvió el recurso en forma contraria a la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005; en ese sentido, se tiene que la primera Resolución invocada por el recurrente, al constatar que en un proceso penal la audiencia de juicio oral fue suspendida en varias oportunidades y por lapsos de tiempo que superan el máximo permitido por ley, evidenciándose intervalos de inactividad de 13, 18, 15 y 23 días, por ende la vulneración de los principios de celeridad y continuidad, estableció que: "Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal", añadiendo que: "Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas".

La referida Resolución judicial invocada como precedente también señaló: "Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio
de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nº 239, de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.

Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún mas grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.

De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto".

Respecto a la segunda Resolución invocada como precedente por el recurrente, el Auto Supremo 239 de 1 de agosto de 2005, cabe destacar que si bien en su contenido asume que el proceso que fuera sometido a análisis, se desarrolló en franca violación al principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, no desarrolla doctrina legal aplicable al concluir en definitiva que los precedentes que fueron ofrecidos en la apelación restringida resultaron no atinentes el caso y no se especificó ni señaló la contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, por lo que el recurso fue declarado infundado.

Ahora bien, a efectos de ingresar al análisis del caso en particular, es menester considerar que la jurisprudencia no es estática, en cuyo mérito ella va variando de acuerdo a los avances del derecho y puede ser cambiada con relación a las circunstancias en que se desarrollan los hechos, tal como lo establece el párrafo segundo del art. 420 del CPP, al disponer que: "La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación". Efectuada esta precisión, debe tenerse en cuenta que el Auto Supremo 93 de 24 de marzo de 2011, estableció en relación al principio de continuidad que: "El nuevo sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, pero además con un tiempo máximo de suspensión establecido en el primer párrafo del artículo 336 del mismo cuerpo legal".

Dicha Resolución judicial agregó que: "A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral"; precisando además que: "En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción per se del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, por lo que el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad" (negrillas agregadas).

Este entendimiento fue prácticamente reiterado por la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal Supremo en el Auto Supremo 40/2012 de29
de marzo, añadiendo que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida: "...
en principio debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la demora afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo".

En armonía con los entendimientos asumidos y glosados precedentemente, esta Sala pronunció el Auto Supremo 125/2012-RRC de 15 de junio, que si bien al resolver un recurso de casación en el que se denunció también la violación al principio de continuidad, declaró infundado el recurso respecto a este particular aspecto, expresó que: "No obstante el error en el que incurrió el recurrente, corresponde precisar que el recurrente acusa la vulneración del principio de continuidad de la audiencia de juicio oral, indicando que éste se interrumpió por un plazo mayor al previsto por Ley; empero faltando al principio de lealtad procesal, omitió señalar o precisar los motivos a los que obedecieron estas suspensiones, que mayormente fue a consecuencia de la inasistencia de la defensa del imputado, es más, es necesario puntualizar que la defensa del recurrente nunca reclamó u observó en el juicio en forma oportuna la supuesta vulneración, convalidando con esta los actos del juzgador; también, debe hacerse notar que el imputado en el recurso de casación omitió señalar en forma clara y precisa en qué forma el juez pudo verse influenciado por factores externos a lo vivido en el juicio, o la manera en que se hubiese ocasionado dispersión de la prueba, en suma no acreditó el agravio que esos recesos le hubiesen ocasionado, desconociendo con esta actitud que por expresa determinación del párrafo segundo del art. 167 del CPP, las partes, sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio".

De la jurisprudencia glosada precedentemente se establece en primer término que resulta indiscutible la vigencia de determinados principios rectores del acto de juicio que impone la exigencia de que éste se desarrolle sin interrupciones todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia conforme establece el art. 334 del CPP; principio que de modo alguno es absoluto, pues la norma legal prevista en el art. 335 del citado Código, establece los casos de suspensión de la audiencia por un plazo no mayor de diez días calendario; lo que implica, que el criterio asumido por el Auto Supremo 27 de enero de 2007, en sentido de que la suspensión de la audiencia procedería "tan solo una vez", como destaca el recurrente, ha quedado superado con las resoluciones emitidas con posterioridad por el Tribunal Supremo de Justicia y que se hallan destacadas en la presente Resolución. En segundo término debe tenerse presente que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida en los supuestos en que se denuncie la vulneración del principio de continuidad, debe efectuar un examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias, para finalmente establecerse si se transgredió o no el citado principio; debiendo en su caso el recurrente reclamar durante el desarrollo de la audiencia la supuesta vulneración y establecer la manera que se hubiese ocasionado una dispersión de la prueba.

Efectuada esta precisión de orden jurisprudencial, se evidencia en el caso de autos que una vez emitido el Auto de Apertura de Juicio y convocada la audiencia de juicio en observancia de las previsiones contenidas en el art. 343 del CPP, de inicio la audiencia se suspendió en tres ocasiones, específicamente el 4, 12 y 19 de agosto de 2010 (fs. 50 y vta.; 56 y vta.; y, 63 y vta.), debido a la inconcurrencia del defensor de oficio y en su caso del fiscal y de algún juez ciudadano, hasta que finalmente la audiencia de juicio fue instalada el 26 de agosto de 2010 (fs. 69 a 72), para continuar el 2 de septiembre de ese año (fs. 74 a 78 vta.). También consta la suspensión del juicio en las sesiones convocadas para el 9 y 16 de septiembre de 2010 (fs. 83 y vta.; y, 91 y vta.), la primera por incomparecencia del defensor y la segunda por la incomparecencia debidamente justificada del representante del Ministerio Público.

A partir del 24 de septiembre de 2010 (fs. 96 a 99), se prosiguió con la audiencia en sucesivas sesiones desarrolladas el 1 (fs. 101 a 102 vta.) y 6 de octubre de 2010 (fs. 104 a 108). Posteriormente, la sesión del 13 del mismo mes y año (fs. 113 y vta.), no pudo efectuarse por la ausencia del imputado y de un juez ciudadano, al igual que la sesión de 19 de octubre de 2010 (fs. 115 y vta.), por la ausencia del defensor.

También se constata que la audiencia prosiguió desarrollándose el 25 de octubre de 2010 (fs. 117 a 120), suspendiéndose el juicio en cinco oportunidades: en fechas 1, 10, 16, 23 de noviembre y 1 de diciembre de 2010 (fs. 122; 127 y vta.; 130 y vta.; 136; y, 140); atribuible en el primer caso a las ausencias de un juez técnico, el segundo del defensor y del representante del Ministerio Público, la tercera del defensor, la cuarta del propio imputado y la última por la incomparecencia justificada del fiscal.

El 7 de diciembre de 2010 (fs. 143 a 145 vta.), se desarrolló la audiencia, disponiéndose receso hasta el 13 de ese mes y año, sesión que fue suspendida por la incomparecencia del imputado y de un juez ciudadano (fs. 146); al igual que la sesión de 20 de diciembre de 2010 (fs. 151 y vta.), por ausencia del defensor; y la de 4 de enero de 2011, por ausencia del fiscal (fs. 154 y vta.), a cuyo efecto se convocó a sesión para el 11 de enero de 2011, que tampoco se desarrolló por la ausencia del defensor y la incomparecencia del imputado al haber sido intervenido quirúrgicamente (fs. 163 y vta.).

La sesión de 20 de enero de 2011 (fs. 172 y vta.), se suspendió por la incomparecencia de un juez ciudadano y la de 29 del mismo mes y año, por ausencia del acusador particular y de su abogado (fs. 175 y vta.), así como la de 7 de febrero de 2011, por ausencia del abogado patrocinante de la acusación particular y un juez ciudadano (fs. 178 y vta.).

El 15 de febrero de 2011, se desarrolló la audiencia de juicio (fs. 181 a 183 vta.) y se convocó a sesión para el 21 de ese mes y año, que se suspendió por la incomparecencia del abogado defensor y del fiscal (fs. 185 y vta.), también la sesión de 1 de marzo de 2011, por la incomparecencia del fiscal
y del acusador particular (fs. 188 y vta.), así como las sesiones de 10 de marzo de 2011 por inasistencia de un juez ciudadano (fs. 191 y vta.) y de 17 del mismo mes y año, por igual motivo (fs. 199 y vta.).

El 24 de marzo de 2011 (fs. 203 a 210), se llevó adelante la audiencia de juicio, disponiéndose un receso que generó nuevamente sucesivas suspensiones de acuerdo al siguiente detalle: la sesión de 30 de marzo de 2011, fue suspendida por incomparecencia del fiscal (fs. 218 y vta.), la de 7 de abril de 2011, por la existencia de conflictos sociales y la instrucción de horario continuo (fs. 220 y vta.), la de 14 de abril de 2011, por haberse dispuesto horario continuo por conflictos sociales (fs. 225 y vta.), la de 25 de abril de 2011, por la incomparecencia del acusado, del fiscal y del defensor (fs. 230 y vta.), la de 3 de mayo de 2011, por ausencia de una jueza ciudadana (fs. 234), la de 10 de ese mes y año, por la incomparecencia del imputado y de un juez ciudadano (fs. 238 y vta.), la de 16 de mayo de 2011, por la ausencia del defensor (fs. 242 y vta.), la de 23 de mayo de 2011, por la incomparecencia del abogado defensor (fs. 246 y vta.), la de 26 de mayo de 2011, por la ausencia del defensor y de un juez ciudadano (fs. 252 y vta.), la de 30 de mayo de 2011, por la incomparecencia de un juez ciudadano (fs. 255 y vta.), la de 8 de junio de 2011, por ausencia de jueces ciudadanos y del fiscal (fs. 263 y vta.), la de 13 del mismo mes y año, por el paro de transporte público (fs. 272 y vta.), la de 20 de junio de 2011, por ausencia justificada del fiscal (fs. 280 y vta.), para luego convocarse para el 18 de julio de 2011, dejándose constancia de la interrupción de plazos por la vacación judicial.

El 18 de julio de 2011 (fs. 287 a 295), se prosiguió con la audiencia, declarándose un receso hasta el 26 y 27 de igual mes y año. El 26 de julio de 2011 (fs. 298 y vta.), se suspendió la audiencia por ausencia del fiscal y la de 27 de julio de 2011, por los actos de conmemoración del día del Juez (fs. 299), señalándose audiencia para el 3 de agosto de 2011, que se suspendió ante la ausencia de un juez ciudadano (fs. 305 y vta.), así como la sesión de 11 de agosto de 2011, que fue suspendida por la ausencia del fiscal y de una juez ciudadana (fs. 311 y vta.), y de 18 de agosto de 2011, por la inasistencia del fiscal (fs. 316 y vta.).

El 23 de agosto de 2011 (fs. 319 a 324), se continuó con el juicio, disponiéndose un receso hasta el 1 de septiembre de 2011, oportunidad en la cual continuó el juicio (fs. 326 a 331), estableciéndose un receso hasta el 8 de septiembre de 2011. Esta fecha se suspendió la audiencia por la ausencia justificada del fiscal y la incomparecencia injustificada del imputado (fs. 335 y vta.), así como la sesión de 15 de ese mes y año, que también fue suspendida por ausencia de una jueza ciudadana y a un error administrativo del personal de apoyo jurisdiccional (fs. 337 y vta.), también se suspendió la sesión de 21 de septiembre de 2011, por la ausencia del fiscal y de un juez ciudadano (fs. 344 y vta.), y de 27 de septiembre de 2011 (fs. 349), por la incomparecencia justificada del fiscal y la ausencia de un juez ciudadano.

El 4 de octubre de 2011 (fs. 353 a 354), se reinstaló la audiencia de juicio, convocándose audiencia de inspección para el 11 de octubre de 2011, suspendiéndose este actuado debido a la incomparecencia del imputado por razones de salud (fs. 358 y vta.), señalándose audiencia para el 20 de octubre de 2011, siendo suspendida por la ausencia justificada del fiscal y la incomparecencia injustificada del defensor (fs. 363), en cuyo mérito se convocó a audiencia para el 28 de octubre de 2011. Esta actuación también se suspendió por incomparecencia del fiscal y de un juez ciudadano (fs. 369 y vta.), convocándose a audiencia para el 7 de noviembre de 2011, que tampoco prosperó debido a la incomparecencia del defensor (fs. 370 y vta.). Por tal motivo se convocó a audiencia para el 14 de noviembre de 2011, que se suspendió por la ausencia justificada del fiscal y del imputado (fs. 376 a 377), convocándose nueva audiencia para el 22 de noviembre de 2011.

El 22 y 23 de noviembre de 2011 (fs. 380 a 390), se desarrolló la audiencia de juicio, pronunciándose la respectiva Sentencia.

Esta relación necesaria de antecedentes, permite establecer que durante la tramitación del acto de juicio seguido contra el recurrente Miguel Ángel Quino Espejo, se procedió a la suspensión de varias sesiones que se encuadran a los supuestos de suspensión previstos por el art. 335 del CPP, resaltando que en veinticuatro oportunidades, esas suspensiones se debieron a la incomparecencia del abogado defensor y del propio imputado, que impedían el desarrollo de las sesiones que fueran suspendidas precisamente para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa técnica y material en su caso y de ese modo no incurrirse en vulneración de derechos y garantías constitucionales. También se advierte, la suspensión del juicio en varias ocasiones por la incomparecencia justificada del representante del Ministerio Público, otras por razones fácticas relativas a la existencia de conflictos sociales, y las menos a la inconcurrencia del acusador particular, de su abogado patrocinante o de algún integrante del Tribunal de Sentencia, destacando el hecho de que el Presidente del Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto, procedió a señalar las distintas sesiones observando el plazo máximo de diez días previsto por ley, aspectos estos que fueron valorados y ponderados por el Tribunal de alzada para declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida formulada por la parte imputada.

Debe destacarse que este Tribunal no puede ignorar la realidad imperante en los distintos despachos judiciales del país (Juzgados y Tribunales de Sentencia), que limitan el señalamiento inmediato de la reanudación del juicio oral dada la excesiva carga procesal y a la tramitación de juicios de manera paralela, que dificulta en la práctica diaria cumplir con el señalamiento de audiencias en espacios cortos, más aún si se toma en cuenta que diariamente se presentan causales de suspensión de audiencias previstas en el art. 335 del Código Adjetivo Penal, tal como ocurrió en el presente caso, en el que las convocatorias a nuevas sesiones respondieron a la realidad descrita previas las recomendaciones e incluso a las medidas disciplinarias adoptadas por el Tribunal.

A esto se agrega el hecho de que el recurrente en su recurso no ha fundamentado como le correspondía, la forma como las suspensiones decretadas en el desarrollo del juicio hubiesen ocasionado una dispersión de


la prueba, por ende, no acreditó el agravio que esos recesos le hubiesen ocasionado, por lo que la determinación asumida por el Tribunal de alzada de declarar improcedente el recurso de apelación restringida formulado por el imputado con relación a este motivo, bajo los argumentos de que no se acreditó objetivamente que se hubiesen vulnerado sus derechos y garantías o generado afectación a los principios de continuidad e inmediación, cuando las suspensiones realizadas se encuentran debidamente justificadas en las actas de juicio señalando el motivo de las mismas; se halla acorde a los antecedentes procesales y a la jurisprudencia existente respecto al principio de continuidad en el juicio.

III.2. Respecto a la denuncia de falta de pronunciamiento en cuanto al motivo del recurso de apelación restringida referido a una supuesta falta de fundamentación de la Sentencia

El segundo motivo del recurso de casación sometido a análisis, está referido al hecho de que la Resolución de alzada no se hubiese pronunciado sobre la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, reclamada expresamente en la apelación restringida, a cuyo efecto invocó como precedentes contradictorios varias resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

En principio es necesario precisar que sometido a examen de admisibilidad el presente recurso, se estableció en el Auto Supremo 244/2012-RA de 8 de octubre, que la labor de contraste se haría efectiva únicamente con relación a dos Autos Supremos, el 242 de 6 de julio y el 340 de 28 de agosto, ambos de 2006. Es así que, el primero estableció como doctrinal legal aplicable que: "El marco del nuevo Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal, establece al recurso de apelación restringida como el medio legal a través del cual se efectiviza de manera real el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo cuando adolece de escasa fundamentación aspecto que deviene en violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370-5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno, y como una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos, presuponiendo este instituto la existencia de un órgano judicial independiente y funcional, así como una serie de normas que aseguren un procedimiento equitativo en el cual el o los procesados tengan a su alcance todas las posibilidades de una defensa amplia"; añadiendo que: "El Tribunal ad quem, en los asuntos sometidos a su control, tiene la obligatoriedad de dar estricta aplicación a los artículos 124 y 398 de la Ley Nº 1970 que disponen: "Las sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones (...). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución".

La referida Resolución fue emitida ante la constatación de que la fundamentación inmersa en el Auto de Vista que fuera impugnado era demasiado lacónica al referirse a cada uno de los puntos impugnados y que en definitiva no fundamentó debidamente respecto a cada uno de los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida.

Por su parte el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, ante la verificación de que el Auto de Vista que fuera impugnado incurrió en incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva, haciendo referencia a un otro sujeto procesal de otro proceso diferente al sustanciado y hacer referencia a otro proceso penal con diferentes actores, siendo además incompleto al no haber especificado en qué sentido era procedente el recurso, estableció como doctrina legal aplicable que: "Se considera defecto absoluto, cuando el tenor de la resolución (Auto de Vista) es contradictorio, incongruente e incompleto traduciéndose en 'defecto absoluto' no convalidante de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal porque deja en indefensión a las partes así como viola el Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica establecida en el artículo 7 Constitucional"; además de precisar que: "El juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el Tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe emitir sus fallos fundadamente y en forma clara que pueda comprender el texto un ciudadano común así como debe proceder a anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista error injudicando el mismo que no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal".

En el presente caso se tiene que una vez pronunciada la Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, alegando en uno de sus motivos que la Resolución apelada no contenía ninguna motivación, fundamentación ni valoración correcta de las pruebas, limitándose a una transcripción de todo lo actuado en juicio oral y la enunciación de pruebas tanto testificales como documentales, pero sin fundamentar ni motivar de manera individualizada cada una de las pruebas de cargo y descargo.

Sobre este punto, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista ahora impugnado, ingresó en el Considerando III de dicha Resolución, a resolver el recurso de apelación restringida formulado por el imputado, estableciendo entre otros aspectos que la Sentencia 102/2011 de 23 de noviembre, en el acápite VIII destinado a la valoración intelectiva de evidencias, se refirió a la valoración de la prueba judicializada durante el juicio, para concluir en principio no ser evidente que se haya incumplido lo determinado por el art. 370 del CPP y finalmente que con relación a la fundamentación de la Sentencia se cumplió con lo determinado por los arts. 360 y 365 del CPP; es

decir, el Tribunal de apelación efectivamente se pronunció respecto a este particular motivo del recurso de apelación restringida, aún pese a la brevedad de su análisis previa consideración de los argumentos del recurrente y del propio contenido de la Sentencia impugnada, de la cual se evidencia que contiene la fundamentación descriptiva, pues se consigna los elementos probatorios incorporados con la actividad probatoria de las partes, una fundamentación fáctica estableciendo los hechos probados y no probados, una fundamentación analítica o intelectiva respecto a cada uno de los delitos atribuidos a partir de la apreciación de la prueba judicializada, para finalmente desarrollar la respectiva fundamentación jurídica, por lo que el recurrente no puede sostener que el Tribunal de alzada no se hubiese pronunciado sobre la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia; en consecuencia, este Tribunal no constata la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada con los precedentes invocados.

III.3 Con relación a la denuncia de falta de fundamentación respecto a pruebas no judicializadas

En el tercer motivo del recurso de casación el recurrente sostiene que en su apelación restringida reclamó sobre la consideración y valoración de pruebas no incorporadas a juicio conforme a procedimiento, específicamente las pruebas "MP-1" y "MP-6", por cuanto si bien se rechazó su pretensión de exclusión no fueron publicitadas ni judicializadas mediante su lectura; empero, el Tribunal de apelación sólo se circunscribió a afirmar que no se formuló observación a la judicialización de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral convalidando cualquier defecto, incurriendo en falta de fundamentación sobre el punto apelado.

Respecto a este motivo, en el Auto de Admisión del presente recurso, se precisó que el contraste sería efectuado respecto a sólo dos Autos Supremos de los invocados por el recurrente como precedentes. En ese sentido, el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006, estableció como doctrina legal aplicable: "Que de acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio razón por la que es absolutamente imprescindible que los Tribunales de Sentencia y apelación fundamenten su resolución consignando cada uno de los puntos acusados en la impugnación; debiendo ser la fundamentación clara, sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo y se refieran a cada uno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida. La línea jurisprudencial establecida por este Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo Nº 562/2004 que señala: 'Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva'".

El Auto Supremo glosado, fue emitido al evidenciarse que el Auto de Vista que fuera recurrido, en el último considerando realizó una relación histórica de los actos procesales sin pronunciarse respecto a ninguno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida por lo que incurrió en defecto insubsanable por carencia de "fundamentación debida". Además de incurrir en "contradicción" en cuanto a aspectos fácticos.

En tanto que el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, ante la constatación de que el Tribunal de alzada se arrogó de manera errónea la calidad de "Tribunal de segunda instancia", e ingresó a valorizar nuevamente la prueba testifical y documental producida durante la etapa de juicio, en vulneración del principio de inmediación, incurriendo en la causal del art. 370 inc. 5) del CPP, estableció: "Que de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida un medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente".

En el caso de autos, de la revisión de antecedentes, se establece que pronunciada la sentencia condenatoria por el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto, el recurrente interpuso recurso de apelación restringida, alegando varios motivos, entre ellos, que dicha resolución basó su determinación en la consideración y valoración de pruebas no incorporadas a juicio conforme a procedimiento, haciendo referencia a las pruebas codificadas como MP-1 y MP-6, enfatizando que éstas no fueron publicitadas ni mucho menos judicializadas mediante su lectura y por lo tanto no ingresaron a la comunidad de las pruebas mediante el principio contradictorio, invocando al efecto el art. 370 inc. 4) del CPP que establece como defecto de la sentencia que habilita la apelación restringida: "Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título".

Ahora bien, del análisis del Auto de Vista impugnado, se constata que este argumento fue considerado por el Tribunal de alzada, que de manera lacónica concluyó lo siguiente: "Con relación al art. 370 en sus num. 4, se debe aclarar que el recurrente no hizo la observación a la judicialización de ninguna de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral, habiéndose convalidado cualquier observación" (sic).

Estos antecedentes permiten concluir a este Tribunal, que el Auto de Vista recurrido de casación, carece de la fundamentación debida respecto al motivo precedentemente identificado y que fuera invocado por el imputado en la apelación restringida, pues en el contexto de los argumentos que fueran alegados, le correspondía determinar si las pruebas cuestionadas por el recurrente efectivamente fueron o no leídas y judicializadas durante el desarrollo del juicio y en el supuesto de no haberse observado las formalidades legales previstas para la actividad probatoria, determinar si esa prueba fue considerada y valorada por el Tribunal de Sentencia y establecer de manera clara y objetiva las razones o motivos para determinar la concurrencia o no del defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; y, al no hacerlo, el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto al motivo de apelación restringida referido a las pruebas "MP-1" y "MP-6", pues evitando el análisis debido de este motivo del recurso, se limitó a sostener que el recurrente no hizo la observación a la judicialización de ninguna de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral habiendo convalidado cualquier observación; cuando en realidad lo que fue reclamado es la consideración y valoración de pruebas no incorporadas a juicio conforme a procedimiento tratándose de prueba documental.

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que efectivamente existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006, invocado como precedente, al evidenciarse una carencia de fundamentación debida respecto a este particular motivo del recurso de apelación restringida, por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución recurrida y establecer doctrina legal aplicable; dejando constancia que a partir del análisis del Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, se establece la inexistencia de contradicción, al haber resuelto una situación distinta a la que motiva el presente recurso.

IV. Doctrina legal aplicable

La apelación restringida, como medio legal que permite al justiciable impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; obliga al Tribunal de alzada pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados de la resolución, de modo, que el Auto de Vista que pronuncie el Tribunal de alzada debe comprender todas aquellas cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que formen parte de los fundamentos de hecho y de derecho que constituyen la causa de la petición (causa petendi ); es decir, la motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la Resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, lo contrario, apartarse del petitum, significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 20-A/2012 de 9 de abril, cursante de fs. 579 a 582 de obrados y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los Jueces en materia Penal de su jurisdicción, la presente Resolución.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrado Relator Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Presidenta Mag. Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA