TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 262/2012-RA

Sucre, 19 de octubre de 2012

Expediente : Oruro 27/2012

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Eduardo Portillo Cussi y Ramón Chávez Quispe

Delito : Tráfico de Sustancias Controladas

RESULTANDO

Por memoriales presentados el 4 de septiembre de 2012, cursantes de fs. 63 a 66 vta. y de fs. 69 a 73 vta., Ramón Chávez Quispe y Eduardo Portillo Cussi, respectivamente, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2012 de 20 de junio, que cursa de fs. 55 a 59, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

En mérito a la acusación pública, misma que fue fundamentada en audiencia de juicio oral (fs. 5) y desarrollada la misma, por Sentencia 6/2011 de 8 de noviembre, que cursa de fs. 20 a 26, el Tribunal de Sentencia de las provincias Pantaleón Dalence y Poopó, con asiento en Huanuni, declaró a los imputados Eduardo Portillo Cussi y Ramón Chávez Quispe, autores de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tipificado y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en las modalidades de Posesión Dolosa y Depósito o Almacenamiento, condenando a cada uno a cumplir la pena privativa de libertad de diez años, y al pago de diez mil días multa, a razón de Bs. 0,20.- por día, más costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado averiguables en ejecución de sentencia.

Contra la mencionada Sentencia, los recurrentes Ramón Chávez Quispe (fs. 30 a 33) y Eduardo Portillo Cussi (fs. 35 a 41 vta.), presentaron recurso de apelación restringida, los cuales fueron resueltos mediante el Auto de Vista 22/2012 de 20 de junio (fs. 55 a 59), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declarando improcedente los recursos de apelación restringida y confirmando la Sentencia apelada.

Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista, el 28 de agosto de 2012, conforme las diligencias cursantes a fs. 60 de obrados, interponen recurso de casación Ramón Chávez Quispe y, el abogado Roger Camara Marza a nombre de Eduardo Portillo Cussi -que no contiene la firma del imputado-, el 4 de septiembre del mismo año.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial que cursa de fs. 63 a 66 vta., se extraen los siguientes motivos:

El recurso de casación interpuesto por Ramón Chávez Quispe, señala que, el Auto de Vista 22/2012 de 20 de junio, contiene una fundamentación contradictoria y altamente confusa, convalidando razonamientos doctrinales de la Sentencia y omitiendo considerar la doctrina legal aplicable a los temas planteados en el recurso de apelación restringida.

En ese entendido, refiere que en la apelación restringida denunció la insuficiente fundamentación de la Sentencia, ya que, al habérsele condenado por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en las modalidades de Posesión Dolosa y Depósito o Almacenamiento, no se realizó la subsunción o adecuación de su conducta a las modalidades referidas, habiendo el Tribunal de alzada mediante su resolución, convalidado dicha omisión, reiterando únicamente el significado literal de cada modalidad, generando con ello, que el Auto de Vista recurrido carezca de fundamento, vulnerando de esta forma la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución fundamentada, previsto en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), e infringiendo el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP; omisión que, según el recurrente contradice la doctrina legal aplicable, establecida en los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007 y 431 de 11 de octubre de 2006; toda vez, que el Tribunal de Sentencia y el Tribunal de alzada, sólo mencionaron las modalidades referidas, sin explicar "la vinculación en el orden subsuntivo de la conducta acusada a mi persona, con los elementos constitutivos de cada una" (sic). Concluye, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia declare procedente el recurso de casación y deje sin efecto la Resolución impugnada.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 de la Ley Adjetiva Penal, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

1) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

2) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

3) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El derecho a la impugnación en materia penal es de carácter personalísimo, el cual debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 394 del CPP, cuando señala en forma precisa que: "El derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley..."; de esta norma se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en un juicio penal, el sujeto procesal que hubiera sufrido algún agravio, entre estos están el imputado, la parte acusadora, la víctima y en su caso el defensor público quien no requiere de mandato conforme dispone el art. 109 del CPP, por ello corresponde precisar que el abogado patrocinador particular carece de facultad para interponer recursos en representación de su defendido, esto porque la defensa en material penal es personalísima.

Conforme está precisado, el abogado particular carece de legitimación activa para interponer recursos en representación de su defendido, esto por no ser la persona directamente afectada con los supuestos agravios que contendría el Auto de Vista recurrido, al respecto la Corte Suprema de Justicia con relación a la legitimidad activa y al derecho de recurrir preciso lo siguiente: "...el derecho de recurrir corresponde a quien le sea expresamente permitido por ley, y no estándole permitido ejercer ese derecho al abogado patrocinador, como en la especie se pretende..." (Auto Supremo 349 de 17 de junio de 2009).

V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se tiene señalado, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de dos requisitos, uno de forma y otro de fondo; constituyendo el primero el plazo para su interposición y el segundo la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos claros y precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.

V.1. Del recurso de casación de Ramón Chávez Quispe

En el caso de autos, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue presentando dentro del plazo de los cinco días, ya que el Auto de Vista recurrido, le fue notificado el 28 de agosto de 2012, interponiendo el recurso de casación el 4 de septiembre de igual año.

En cumplimiento al requisito de fondo; se tiene que el recurrente denuncia la falta de fundamentación de la Sentencia, al no subsumir o adecuar su conducta a las modalidades de Posesión Dolosa y Depósito o Almacenamiento, conductas previstas en el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; asimismo, el auto de Vista carece de fundamentación al convalidar la omisión referida, citando al efecto los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007 y 431 de 11 de octubre de 2006, en los que se estableció -según el recurrente- que la falta de fundamentación en las Resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva y que la calificación de un hecho a un tipo penal determinado es en razón de describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; por lo que el recurrente estableció de manera precisa en qué consisten las contradicciones en las que se hubiese incurrido al pronunciarse el Auto de Vista recurrido con relación a los precedentes invocados; consiguientemente, el presente recurso, cumple con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en admisible.

V.2. Del recurso de casación presentado por el abogado Roger Camara Marza a nombre de Eduardo Portillo Cussi

De la revisión a prima facie el recurso de casación, no se encuentra firmado por el imputado, sino, únicamente por el abogado Roger Camara Marza, constando en la parte pertinente para la firma del imputado, la frase "Y POR IMPEDIDO MOMENTANEAMENTE" (sic), situación que hace que este Tribunal no pueda ingresar a revisar el presente recurso; pues como se precisó en el acápite IV del presente Auto Supremo, el derecho de recurrir le corresponde a quien le sea expresamente permitido por ley, conforme señala el art. 394 del CPP; y si bien, el art. 109 del referido Código, establece que los defensores estatales podrán representar a su defendido en todas las instancias del proceso sin necesidad de poder expreso; sin embargo, esta disposición se encuentra limitada a los abogados estatales; es decir, a los defensores de oficio y defensores públicos, pero no así a los defensores particulares, como es el presente caso, donde el abogado Roger Camara Marza, es un defensor particular, sin que exista con anterioridad a este actuado procesal, disposición que establezca, que fuera defensor de oficio.

Consecuentemente, el mencionado abogado, no se encuentra legitimado para la interposición del presente recurso en representación de su defendido, toda vez que el recurso de casación debió ser firmado por el imputado, aspecto que no ocurrió en el presente caso, por lo cual deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 63 a 66 vta., interpuesto por Ramón Chávez Quispe e INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Eduardo Portillo Cussi, cursante de fs. 69 a 73 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 22/2012 de 20 de junio, que cursa de fs. 55 a 59, y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta Mag. Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

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