TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 253/2012-RA

Sucre, 16 de octubre de 2012

Expediente : Potosí 49/2012

Parte acusadora : Clemente Llave Pérez

Parte imputada :Martín Nuñez Huallpa, Félix Cruz Flores, Gildo Martínez
Cáceres, Samuel Martínez y Juan Sandy Campusano

Delito : Despojo

RESULTANDO

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2012, cursante de fs. 708 a 710, Clemente Llave Pérez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25/2012 de 27 de julio, cursante de fs. 689 a 692 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Martín Nuñez Huallpa y otros, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

En mérito a la querella penal que cursa de fs. 1 a 2 vta. y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 01 PP/2012 de 23 de abril, cursante de fs. 676 a 682 vta., y Auto Complementario de 27 del mismo mes y año, el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Tupiza, provincia Sud Chichas del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Martín Nuñez Huallpa, Félix Cruz Flores, Samuel Martínez y Juan Sandy, autores de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión; el resarcimiento de daños, perjuicios y costas en favor del querellante y del Estado.

Contra la mencionada Sentencia, los imputados Martín Nuñez Huallpa, Félix Cruz López, Samuel Martínez y Juan Sandy Campusano, formularon recurso de apelación restringida (fs. 693 a 699 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 25/2012 de 27 de julio y Auto Complementario de 12 de septiembre de 2012, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente la apelación restringida, anulando totalmente la Sentencia. Notificado el querellante el 17 de agosto de 2012 con el Auto de Vista 25/2012 de 27 de julio, conforme a la diligencia cursante a fs. 695, interpuso recurso de casación el 21 de agosto de 2012, que es motivo de autos.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial que cursa de fs. 708 a 710, se extraen los siguientes motivos:

El recurrente manifiesta que el Auto de Vista impugnado, es resultado de otra sentencia distinta a la apelada, pues su primer considerado refiere aspectos diferentes a la resolución apelada, como el hecho de señalar que los tres imputados absueltos se abstengan de efectuar trabajos agrícolas, siendo que todos los imputados a excepción de uno fueron condenados y no existen tres imputados absueltos, tampoco existe la recomendación de que esos tres supuestos imputados absueltos se abstengan de realizar trabajos agrícolas, ni la determinación de que se deba establecer fehaciente y legalmente el derecho propietario de terreno alguno; por lo que en su criterio, la Resolución ahora impugnada se torna en defectuosa, contradictoria e incongruente entre la parte considerativa y resolutiva, incurriéndose en el defecto previsto por el art. 370 inc. 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), violando la garantía del debido proceso; para tal efecto cita los Autos Supremos 582/04 y 593/03.

Señala que, la Resolución impugnada viola derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, pues no obstante de haberse concluido que la prueba aportada demostró la participación de los imputados en el hecho delictivo, el Tribunal de alzada dispuso la anulación de la Sentencia y la consecuente reposición del juicio, cuando lo que correspondía era resolver directamente en cumplimiento del art. 413 última parte del CPP. Concluye señalando que si bien los arts. 416 y 417 del CPP, determinan que en casos de incumplimiento de los requisitos previstos, los recursos de casación deben ser declarados inadmisibles; sin embargo, existiría una excepción cuando se denuncia la violación de derechos y garantías constitucionales como en el presente caso; situaciones en las cuales el Supremo Tribunal deberá actuar de oficio tal cual establecen los Autos Supremos 147 de 5 de mayo y 133 de 21 de abril, ambos de 2005, solicitando se conceda el presente recurso.

REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisara precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige el cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la Resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del art. 417 del CPP.

Efectuada esta precisión se tiene que, si bien el recurso de casación fue interpuesto por el recurrente Clemente Llave Pérez dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, habiendo sido notificado el 17 de agosto de 2012, con el Auto de Vista impugnado y presentado el recurso de casación el 21 del mismo mes y año; sin embargo, en lo que respecta al cumplimiento del requisito de admisibilidad de fondo, se evidencia que si bien, el recurrente invocó los "Autos Supremos 582/04 y 593/03"; empero, no explicó ni fundamentó en absoluto en términos claros y precisos respecto a la posible contradicción que pudiera existir con el auto de Vista impugnado, requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso; inobservancia que, impide a este Tribunal admitir el recurso e ingresar al análisis de fondo o de la existencia de la presunta contradicción, que como se tiene expresado, no ha sido identificada, ni explicada, ni fundamentada por el recurrente.

Por otra parte, el recurrente denuncia vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, específicamente al debido proceso, por cuya razón considera que aún en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP y en virtud a la facultad de revisión de oficio, tal cual establecen los "A.S. Nº 147 y 133 de 5 de mayo y 21 de abril respectivamente del año 2005" (sic), en su criterio, correspondería declarar la admisibilidad de su recurso; al respecto, si bien este Tribunal ha establecido, presupuestos de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permitiría abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal; empero, ello es posible a condición del cumplimiento de ciertos presupuestos; es decir, no basta que el recurrente se limite a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa o vulneración de derechos y garantías sin la debida fundamentación, como ocurre en el presente caso; por el contrario, tiene el deber de proveer los antecedentes de hecho, además detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía que se considera vulnerado, precisando el mismo y explicando el resultado dañoso del defecto denunciado, obligaciones que han sido totalmente incumplidas por el recurrente; consecuentemente, ante el incumplimiento de los requisitos de fondo conforme se ha precisado en párrafo anterior, tampoco le es posible a este Tribunal admitir el presente recurso en uso del presupuesto de flexibilización referido, como solicita el recurrente.

De lo expuesto precedentemente, se establece que el recurso de casación deducido, no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP para su admisión, asimismo no cumple con los presupuestos de flexibilización; correspondiendo declarar su inadmisibilidad, en razón a los fundamentos expresados.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 708 a 710, formulado por Clemente Llave Pérez.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

ALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.