TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 239/2012-RRC

Sucre, 3 de octubre de 2012

Expediente : Oruro 23/2012

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputada : Paulina Condori Castro y Yuma Escarlet Maroa Escobar

Delitos : Asesinato y Comisión por Omisión de Asesinato

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


RESULTANDO

Por memorial presentado el 29 de junio de 2012, cursante de fs. 100 a 102, Paulina Condori Castro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 20/2012 de 4 de junio, cursante de fs. 96 a 98 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente y Yuma Escarlet Maroa Escobar, por los delitos de Asesinato y Comisión por Omisión de Asesinato, previstos y sancionados por el art. 252 incs. 1) y 3), con relación al 13 Bis, ambos del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

En mérito a la acusación pública, presentada por el Ministerio Público y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 14/2011 de 30 de agosto (fs. 153 a 162), el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Paulina Condori Castro, autora y culpable del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión; y a la coimputada Yuma Escarlet Maroa Escobar, autora y culpable del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 con relación al art. 13 Bis, ambos del CP, imponiéndole la pena de seis años de presidio. Asimismo, absolvió a ambas imputadas de la comisión de los delitos de Asesinato y Comisión por Omisión de Asesinato.

Contra la mencionada Sentencia, Yuma Escarlet Maroa Escobar formuló recurso de apelación restringida conforme fluye de la actuación de fs. 68 a 73 vta., resuelto por Auto de Vista 20/2012 de 4 de junio, cursante de fs. 96 a 98 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que lo declaró procedente y, en su mérito anuló totalmente la Sentencia 14/2011 de 30 de agosto y en observancia de la previsión contenida en el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso la reposición del juicio ante el Tribunal de Sentencia llamado por ley.

Notificada la ahora recurrente el 22 de junio de 2012, conforme la diligencia de fs. 99, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 29 del mismo mes y año.

I.1.1. Motivos del recurso

Del memorial cursante de fs. 100 a 102, se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

En principio la recurrente refiere que en el proceso penal rige la presunción de inocencia en favor del imputado, correspondiendo la carga de la prueba al Ministerio Público y que el juicio oral tiene como finalidad la búsqueda de la verdad histórica del hecho y la determinación de la responsabilidad penal del sujeto activo, a cuyo efecto debe adecuarse la conducta del sujeto activo al tipo penal establecido en el Código Penal. En este contexto, la recurrente expresa que el Tribunal del juicio fundamentó adecuadamente el cambio de tipo penal por encontrarse dentro del mismo grupo penal; sin embargo, la coimputada apelante observó de insuficiente la fundamentación respecto del tipo penal. Aclaró que existe fundamentación debida y si bien el Tribunal de Sentencia no amplió su argumento fue porque no cambió de grupo de delitos y se mantuvo en el referido a los delitos Contra la Vida e Integridad Corporal; de modo que si hubiera cambiado de grupo de delitos, recién era necesaria una mayor fundamentación e incluso pronunciamiento de las partes, lo que no ocurrió. Señala como precedentes contradictorios en los se estableció doctrina legal aplicable al caso, los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004; 82 de 30 de enero 2006, 472 de 13 de noviembre 2006, 314 de 25 de agosto 2006, 242 de 6 de julio 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 256 de julio de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, 515 de 11 de octubre de 2006, 529 de 17 de noviembre de 2006.

I.1.2. Petitorio

La recurrente impetró que este Tribunal Supremo de Justicia admita el recurso, y previa valoración de los antecedentes case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se ratifique la Sentencia en su integridad.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 212/2012-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 109 a 110 vta., este Tribunal, admitió el recurso de casación flexibilizando los requisitos de admisibilidad, al advertir del contenido del mismo, que el Auto de Vista que se impugna, se habría apartado de la doctrina legal aplicable sentada por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a la congruencia y el principio de desvinculación condicionada, contenida en el Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio, que no fue citado por la recurrente como precedente contradictorio.

La admisión extraordinaria obedeció a que esta Sala entiende que es su deber uniformar la jurisprudencia, de modo que ante un evidente apartamiento de la doctrina, debe cumplir su obligación constitucional en protección de los derechos y garantías de las partes, en resguardo de la finalidad del recurso de casación.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:

II.1. La acusación pública, presentada por el Ministerio Público calificó el hecho atribuido a las imputadas de la siguiente manera: Respecto a Paulina Condori Castro, por la comisión del delito de Asesinato, tipificado en el art. 252 inc. 3) del CP en grado de autoría y, respecto a la coimputada Yuma Escarlet Maroa Escobar, se le atribuyó la comisión del delito de Comisión por Omisión de Asesinato, tipificado en el art. 252 incs. 1) y 3) con relación al art. 13 Bis del CP.

II.2. Mediante Sentencia 14/2011 de 30 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Paulina Condori Castro, autora y culpable del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión; y a la coimputada Yuma Escarlet Maroa Escobar, autora y culpable de la Comisión por Omisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 con relación al art. 13 Bis, ambos del CP, imponiéndole la pena de seis años de presidio. Asimismo, absolvió a ambas imputadas de la comisión de los delitos de Asesinato y Comisión por Omisión de Asesinato. La referida Sentencia en la fundamentación respecto de la participación de las imputadas sostiene lo siguiente: i) "Que efectivamente Paulina Condori Castro se encontraba al cuidado de la menor fallecida Dayna Daneysa López Maroa, es más, fue en dos oportunidades que aceptó cuidar a dicha menor, la primera fue la primera semana del mes de julio de 2009 y la segunda en agosto del mismo año hasta que falleció el 18 de enero de 2010, es decir, ha consentido por segunda vez que la niña esté bajo su cuidado..." (sic); y, ii) "Respecto a Yuma Escarlet Maroa Escobar, se concluye que demostró desinterés en su hija fallecida, es así que el testigo Wilson Ramiro Claros Reynaga manifestó que se ha podido observar un abandono de la madre a la menor, pues más allá de no cumplir con el pago acordado para el cuidado de su hija no le visitaba para saber en qué situación se encontraba, tomando en cuenta además que entre el lugar de su trabajo y donde vivía su hija, existía una distancia de menos de dos cuadras..." (sic).

II.3. Contra la mencionada Sentencia, Yuma Escarlet Maroa Escobar formuló recurso de apelación restringida; el fundamento del recurso versa sobre los siguientes puntos: 1) la Sentencia aplicó erróneamente la ley sustantiva, art. 251 con relación al art.13, ambos del CP, entendiendo que en cuanto al Homicidio el agente debe quitar la vida al otro y, en relación a la omisión, el agente dolosamente debe dejar de hacer algo a lo que está obligado y con ello provocar la muerte de la víctima. En el caso, la Sentencia no establece qué es lo que dejó de hacer el día en que se cometió el homicidio de su hija; 2) existe defectuosa valoración de la prueba; y, 3) fundamentación insuficiente de la Sentencia.

II.4. El recurso de apelación fue resuelto por Auto de Vista 20/2012 de 4 de junio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que lo declaró procedente y, en su mérito anuló totalmente la Sentencia 14/2011 de 30 de agosto y, en observancia de la previsión contenida en el art. 413 del CPP, dispuso la reposición del juicio ante el Tribunal de Sentencia llamado por ley. El argumento esencial de dicho Auto de Vista, es la existencia de un defecto absoluto que hace anulable la Sentencia, bajo el siguiente fundamento: "En relación al principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional mediante la tencia Constitucional (SC) 560/2005-R ha establecido que esta garantía procesal prohíbe de manera taxativa condenar al procesado por un hecho o circunstancias distintas a las contenidas en la acusación, sentencia constitucional que a su vez asumiendo la tesis de la desvinculación condicionada expresa que: el juez sin modificar los hechos contenidos en la acusación, puede emitir sentencia por una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación; con la advertencia de que solo será conforme a derecho, si el juez o tribunal llena la exigencia de plantear la tesis a las partes a objeto de pronunciarse sobre el error en la calificación jurídica advertida, de modo que estas tengan oportunidad de fijar posición al respecto.

Lo manifestado, resulta por demás esclarecedor con respecto a la posición de la parte recurrente, pues si bien con relación a la errónea aplicación de la norma sustantiva relativa a la previsión del art. 251 con relación al 13 ambos del CP, se remite a la prueba en términos generales sin ingresar a fundamentos de derecho. Empero siguiendo el criterio rector de la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, se advierte que durante la celebración del juicio oral, los miembros del tribunal para dictar sentencia sobre un hecho, aplicando la calificación jurídica distinta a la ejercida en la acusación, incurren en incumplimiento de la condición exigida por la tesis de la desvinculación llamada precisamente por ello 'condicionada', quiere decir que no se ha planteado a las partes la posibilidad de la existencia de un error o errores en la calificación jurídica formulada en la acusación y que pudo ser advertida por el tribunal, a objeto de que las partes fijen y asuman una posición al respecto, lo que indudablemente no sólo constituye una vulneración al derecho a la defensa de las acusadas sino también una restricción al derecho de acceso a la justicia con respecto al acusador, una infracción, además de vulnerar el principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, previsto en el art. 362 del CPP afectando igualmente el debido proceso y constituyendo por sí mismo un defecto de sentencia inmerso en el art. 370 inc. 11) del compilado penal que de manera expresa define como defecto de sentencia que habilita el recurso de apelación restringida, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación formulada y la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa" (negrillas añadidas) (sic).

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS EN EL RECURSO

Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, se ingresa a determinar si el Auto de Vista impugnado contradice o no la doctrina legal aplicable sentada por este Supremo Tribunal respecto al principio de congruencia entre la acusación y el principio de desvinculación condicionada.

III.1. De los precedentes contradictorios

Como se precisó anteriormente, corresponde remitirnos al Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio, pronunciado por esta Sala a objeto del análisis establecido en el art. 419 del CPP, que en su doctrina legal aplicable señaló:

"El art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que la potestad de impartir justicia sustenta que entre otros en el principio de celeridad, entendida como la debida prontitud en los actos procesales a objeto de brindar la tutela jurisdiccional efectiva y oportuna (art. 115 de la CPE); principio refrendado por el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), cuando señala que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

En estrecha relación con este principio, se tiene al principio de preclusión (art. 16.I de la LOJ), que establece que las y los Magistrados, Vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley; precepto legal incumplido por el Tribunal de apelación, puesto que dispuso la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal, sin que exista en el desarrollo del juicio y particularmente en la emisión de la Sentencia, irregularidad alguna, que amerite tal decisión, vulnerando de esta manera el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, precepto constitucional que guarda estrecha relación con la previsión contenida en el art. 120.I de la Ley Fundamental, que reconoce el derecho de tutela judicial efectiva, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas.

Estos derechos reconocidos a las partes quedan vulnerados cuando el tribunal de alzada al conocer y resolver un recurso de apelación restringida, deja sin efecto la Sentencia y dispone la reposición del juicio, en desconocimientos a los principios constitucionales, en este caso, la referida al principio de congruencia establecido en el art. 363 del CPP, por el cual ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, y la aplicación del principio iura novit curia, que exige que la congruencia se dé entre el hecho y la Sentencia, siempre que se trate de la misma familia de delitos, y con la debida fundamentación en cumplimiento del art. 124 del CPP. Asimismo, se vulnera los derechos referidos, cuando el Juez o Tribunal de alzada fundamenta sus determinaciones en jurisprudencia constitucional que ha sido superada o modulada, lo que ciertamente aconteció con la SC 0506/2005-R, que sirvió de sustento al Tribunal de alzada para declarar la nulidad de la Sentencia, y por ende la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando dicha Sentencia fue modulada por la Sentencia Constitucional 0460/2011-R de 18 de abril, conforme a la explicación efectuada en la presente Resolución.

De acuerdo a lo fundamentado, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación no obró correctamente" (negrillas agregadas).

III.2. El principio de congruencia en el Código de Procedimiento Penal

En teoría general del proceso, el principio de congruencia configura una regla que condiciona la competencia de las autoridades judiciales, en sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado y probado por las partes. De este modo el juez, en la sentencia no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita). De ahí la necesidad de fijar desde el inicio el objeto del litigio.

En materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho a la defensa, constituyendo una garantía judicial esencial para el imputado.

En ese entendido la acusación dentro de un debido proceso penal debe tener en cuenta el derecho a la defensa. Los datos fácticos recogidos en la acusación, constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juez en sentencia. De ahí que el imputado tiene derecho a conocer, a través de una descripción detallada, clara y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el acusador o juzgador, sin que ello atente contra el derecho a la defensa, cuando se mantenga sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o denominado también principio de coherencia o de correlación entre la acusación y la sentencia, implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contempladas en la acusación.

Asumiendo este entendimiento el Código de Procedimiento Penal, de manera expresa hace referencia al principio de congruencia en el art. 362, cuando señala: "El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación".

Disposición legal que guarda coherencia con los arts. 342 y 348 de la misma norma procesal. Así el art. 342 del CPP, señala:

"El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación.

El auto de apertura del juicio no será recurrible.

La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal".

Finalmente, el art. 348 del referido Código, en cuanto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena. "Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al
imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código".

El desarrollo doctrinal del principio de congruencia no ha sido pacífico, existiendo tres posiciones: la primera, se funda en el principio iura novit curia; la segunda, contraria a la anterior, hace referencia a la prohibición de cambiar de tipificación al entender que existe unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia; y la tercera, que es una posición intermedia, que intenta conjugar el principio irua novit curia con el derecho a la defensa del imputado (desvinculación condicionada). Ahora bien, ha correspondido al Tribunal Constitucional de Bolivia (ahora Tribunal Constitucional Plurinacional) como máximo intérprete de la Constitución Política del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, que además tiene la obligación de uniformar la jurisprudencia, determinar la posición doctrinaria asumida en el tema.

III.3. Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia

Desde tiempo atrás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha estado orientada por el entendimiento vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo aclararse que este entendimiento ha sufrido modulaciones que también han sido consideradas por este Tribunal.

Debe mencionarse que la SC 0506/2005-R de 10 de mayo -pronunciada dentro de un proceso administrativo-, luego de hacer un recuento de las tres posiciones asumidas por la doctrina: la primera fundada en el principio iura novit curia, bajo la idea de que el juez conoce el derecho y, por lo tanto, en cuanto a la calificación jurídica, no está limitada por la acusación; la segunda contraria a la anterior hace referencia a la prohibición de cambiar de tipificación al entender que existe unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia, y por lo tanto el juez al estar vinculado a la acusación no puede variar de califa; y la tercera de la desvinculación condicionada, según la cual el juez, sin modificar los hechos contenidos en la acusación puede emitir sentencia por una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación; con la advertencia de que sólo será conforme a derecho si el juez o tribunal llena la exigencia de plantear la tesis a las partes para que se pronuncien sobre el error de la calificación jurídica advertida, de modo que éstas tengan oportunidad de fijar posición al respecto. Sobre las base de estas tres posiciones, el Tribunal Constitucional de Bolivia llegó a la conclusión que la teoría de la desvinculación condicionada -por la cual el juez o tribunal debe advertir al imputado sobre el cambio de calificación jurídica- "...guarda compatibilidad con las exigencias constitucionales del debido proceso, dentro de ellas, el derecho amplio e irrestricto a la defensa consagrado por el art. 16.II Constitucional, dado que expresa un equilibrio entre la eficiencia y la salvaguarda de los derechos...".

Sin embargo, este entendimiento fue modulado por la SC 0460/2011-R de 18 de abril, que entre sus fundamentos relevantes sostiene: "...el juzgador está sujeto a los hechos contenidos en la acusación y son éstos -a su vez- los que limitan el objeto del debate y la sentencia, no así, su calificación jurídica enfatizando que la congruencia recae sobre los hechos y la subordinación de estos a la ley; por lo tanto, las autoridades demandadas, al pronunciar el Auto Supremo 451, no infringieron norma ni cometieron acto lesivo alguno, se subordinaron al cumplimiento de la ley, luego de que advirtieron la comisión de un delito en los hechos que fueron materia de juicio seguido contra Marco Günter, mismo que -a juicio- ameritaba la materialización de la facultad punitiva del Estado, al tratarse de un ilícito de relevancia social y de orden público. Y es que con la congruencia entre la acusación y el fallo, no puede reducirse a la similitud meramente nominativa del delito, entre los hechos imputados de los establecimientos que de la sentencia, sino, recaer en los hechos que fueron objeto de persecución en el proceso penal, de modo que sus elementos esenciales se mantengan. Entendimiento que importa la modulación de la SC 506/2005-R de 10 de mayo, respecto a la aplicación del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, que discurre en relación al hecho y no así al tipo penal" (negrillas agregadas).

En concreto, la Sentencia Constitucional glosada precedentemente, modificó el entendimiento de la SC 0560/2005-R, adscribiéndose a la doctrina fundada en el principio iura novit curia, estableciendo sin embargo determinados límites a dicho principio: a) en virtud de la unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia, la autoridad juzgadora puede variar la calificación legal inicialmente efectuada, cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal; de modo que, no pueda calificarse de "sorpresiva" la modificación del tipo penal imputado pese a tener diferentes elementos constitutivos, versa sobre igual condicionamiento fáctico; b) tampoco puede variarse el tipo penal cuando difiera en sustancia con los hechos atribuidos; y, c) el cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal debe recaer necesariamente sobre delitos de la misma naturaleza.

Atendiendo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio, pronunciado por esta Sala, se adscribió a la doctrina fundada en el principio iura novit curia, con los límites establecidos en la ratio decidendi de la citada Sentencia Constitucional, dejando de lado la doctrina de la desvinculación condicionada, señaló lo siguiente: "...los Magistrados, Vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley; precepto legal incumplido por el Tribunal de apelación, puesto que dispuso la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal, sin que exista en el desarrollo del juicio y particularmente en la emisión de la Sentencia, irregularidad alguna, que amerite tal decisión, vulnerando de esta manera el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, precepto constitucional que guarda estrecha relación con la previsión contenida en el art. 120.I de la Ley Fundamental, que reconoce el derecho de tutela judicial efectiva, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas.

Estos derechos reconocidos a las partes quedan vulnerados cuando el tribunal de alzada al conocer y resolver un recurso de apelación restringida, deja sin efecto la Sentencia y dispone la reposición del juicio, en desconocimientos a los principios constitucionales, en este caso, la referida al principio de congruencia establecido en el art. 363 del CPP, por el cual ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, y la aplicación del principio iura novit curia, que exige que la congruencia se dé entre el hecho y la Sentencia, siempre que se trate de la misma familia de delitos, y con la debida fundamentación en cumplimiento del art. 124 del CPP.


Asimismo, se vulnera los derechos referidos, cuando el Juez o Tribunal de alzada fundamenta sus determinaciones en jurisprudencia constitucional que ha sido superada o modulada, lo que ciertamente aconteció con la SC 0506/2005-R, que sirvió de sustento al Tribunal de alzada para declarar la nulidad de la Sentencia, y por ende la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando dicha Sentencia fue modulada por la Sentencia Constitucional 0460/2011-R de 18 de abril, conforme a la explicación efectuada en la presente Resolución" (las negrillas son nuestras).

En este contexto, en aplicación de la doctrina basada en el principio iura novit curia y sus limitaciones, podemos establecer las siguientes conclusiones: 1) la provisionalidad de la calificación jurídica no vulnera el derecho a la defensa del imputado; 2) al imputado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse; 3) en lo que concierne al principio y la variación de la calificación jurídica respecto a la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los autores y participes con fundamento en la prueba desfilada, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve; y, 4) lo trascendental, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la variación de la acusación el imputado también pueda modificar su defensa, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tenga en cuenta los propios.

IV. Resolución del caso concreto

En el caso en análisis, este Tribunal abrió su competencia de manera excepcional amparado en los criterios de flexibilización, al advertir del contenido del recurso de casación formulado por Paulina Condori Castro que el Auto de Vista recurrido se apartó de la doctrina legal aplicable respecto al principio de congruencia y el principio de desvinculación condicionada que fue desarrollada en el Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio.

Efectivamente, el Auto de Vista impugnado como se tiene establecido en el acápite II.4 del presente Auto Supremo, sin pronunciarse respecto a los puntos apelados, en aplicación de la SC 0560/2005-R, identificó la existencia de un defecto absoluto insubsanable en la Sentencia, por cuanto la misma -dice- subsumió el hecho denunciado en una calificación jurídica distinta a la establecida en la acusación, incurriendo en incumplimiento de la condición exigida por la tesis de la desvinculación -llamada precisamente por ello- "condicionada", ya que no se advirtió a las partes del cambio de calificación, por lo que no se les dio la posibilidad de que éstasfijen y asuman una posición al respecto, lo que vulnera el derecho a la defensa de las acusadas y constituye además, una restricción al derecho de acceso a la justicia y vulnera el principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, previsto en el art. 362 del CPP, afectando el debido proceso. Fundamento con el que se declaró procedente el recurso de apelación restringida y, en su mérito se anuló la Sentencia 14/2011 de 30 de agosto, disponiendo la reposición del juicio ante el Tribunal de Sentencia llamado por ley, en observancia de la previsión contenida en el art. 413 de la Ley Adjetiva Penal.

Ahora bien, respecto al principio de congruencia conforme a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 166/2012-RRC, la posición doctrinal basada en el principio de la desvinculación condicionada ha sido modulada, aplicándose más bien el principio iura novit curia, en cuya virtud el juez o tribunal de juicio tiene amplias facultades para variar la calificación del tipo penal, siempre y cuando no se cambien los hechos objeto del proceso. Entendiendo que el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, discurre en relación al hecho y no así al tipo penal, por lo que no es exigible la advertencia que exige el principio de desvinculación condicionada para el cambio de calificación jurídica, siempre y cuando se respeten los límites establecidos para la aplicación del principio iura novit curia, desarrollados en la explicación de los criterios jurisprudenciales (delitos de la misma familia).

De acuerdo a lo señalado, este Tribunal concluye que el Tribunal de apelación al resolver el recurso de apelación restringida se apartó de la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo resolver los motivos del recurso de apelación restringida.

V. Doctrina legal aplicable

Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la "acusación" en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El "principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 20/2012 de 4 de junio, cursante de fs. 96 a 98 vta. de obrados, disponiendo que la Sala


Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva resolución conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrado Relator Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA