TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 231/2012-RRC

Sucre, 28 de septiembre de 2012

Expediente : Cochabamba 71/2012

Parte acusadora : Ministerio Público y Janette Marisol Ontiveros

Sahonero

Parte imputada : Franz Roy Ustariz Cardona

Delito : Estafa

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


RESULTANDO

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2012, cursante de fs. 247 a 250 vta., Franz Roy Ustariz Cardona, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 5 de junio de 2012, que cursa de fs. 237 a 239 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Janette Marisol Ontiveros Sahonero contra el recurrente, por el delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

La Jueza Cuarta de Partido en lo Penal Liquidadora del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 22 de julio de 2003, cursante de fs. 216 a 217 vta., que declaró al recurrente Franz Roy Ustariz Cardona, autor del delito de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del CP, imponiéndole la sanción de tres años y cinco meses de reclusión, con costas a favor del Estado y de la parte civil, así como daños civiles averiguables en ejecución de sentencia. Apelada la decisión por la defensora de oficio del imputado conforme fluye de la actuación de fs. 220, mediante Auto de Vista de 5 de junio de 2012, que cursa de fs. 237 a 239 vta. de obrados, fue confirmada la Sentencia apelada, siendo notificado el recurrente el 27 de julio de 2012; circunstancia que motivó a que el 3 de agosto del mismo año, interponga el recurso de casación que ahora se analiza.

I.2. Motivos del recurso

Del memorial cursante de fs. 247 a 250 vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

Si bien el Tribunal de apelación se esmeró en justificar su Resolución, no asignó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba de cargo conforme lo estipulado por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque no tomó en cuenta que en la época de los hechos se encontraba en compañía de una persona de nacionalidad rusa, con el objeto de realizar negocios, para conformar una sociedad o alquiler de naves aéreas a la empresa "Prospección Sísmica Petrolera" instalada en la ciudad de Santa Cruz, demostrando las relaciones de negocios que mantenía con personas de nacionalidad rusa y que el contrato que suscribió con la querellante jamás formó parte de un actuar malicioso ni con simulaciones tendenciosas.

Efectuada esa precisión, señala como primer precedente contradictorio la Resolución contenida en Labores Judiciales de 1978, página 149, señalando que fue la querellante quien conociendo en su condición de secretaria sobre sus negocios con personas de nacionalidad rusa, le pidió directamente ingresar en ellos, no existiendo de su parte ninguna simulación o dolo, menos engaño o mala fe, motivo por el cual la querellante se comprometió a entregar $us.8.000.- (ocho mil dólares estadounidenses), conforme fuera corroborado con el documento de sociedad suscrito entre ambos.

El segundo precedente contradictorio invocado es el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, enfatizando el recurrente que el Tribunal de alzada al dictar la Resolución no efectuó una valoración de la futura constitución de sociedad relativa a servicios de helicópteros que se encontraba encaminada, pues existían las conversaciones verbales como los contactos rusos para la provisión de aeronaves, por lo que no existió elemento doloso y menos la tipificación del art. 335 del CP.

Invoca como tercer precedente contradictorio el Auto Supremo 83 de 8 de marzo de 2002, señalando que para la firma del contrato con la empresa rusa, las negociaciones duraron como tres meses para luego pedir a la querellante que haga entrega del resto del dinero comprometido que alcanzaba a la suma de $us.3.000.- (tres mil dólares estadounidenses); sin embargo, la querellante se negó a entregar el monto pactado, siendo el motivo por el cual no pudo viajar a Rusia y firmar el contrato con la empresa; además, que el Auto de Vista impugnado, no tomó en cuenta las previsiones de los arts. 360 inc. 2) y 124 del CPP.

Añade que no se demostró que hubiera actuado en forma dolosa o de mala fe, porque existe la escritura pública de entrega de dinero con cargo de una futura constitución de sociedad, en cuyo mérito la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, al ser de ultima ratio; lo contrario, significaría incurrir en franca violación de los derechos consagrados en el art. 16 de la norma constitucional, de observancia preferente por mandato del art. 228 -se asume de la Constitución Política del Estado abrogada- y art. 5 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), tal como señala el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005; además, de vulnerarse el art. 568 del Código Civil (CC), al estar demostrado en forma fehaciente que existió una relación estrictamente de carácter civil conforme las previsiones del art. 787 del Código de Comercio (Ccom); y desconocer los arts. 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (Lapacop) y 1466 del CC, razones por las cuales no puede dictarse sentencia condenatoria en su contra y menos la improcedencia de su recurso de apelación.

 

 

Como último precedente invoca las Sentencias Constitucionales 546/2004-R de 12 de abril y 757/2003.


I.3. Petitorio

El recurrente impetró la admisión del presente recurso al asumir estar demostrado el incumplimiento de los requisitos esenciales que debe contener el Auto de Vista.

I.4. Requerimiento Fiscal

Mediante requerimiento cursante de fs. 258 a 259, el representante del Ministerio Público, requirió por la declaratoria de improcedencia del recurso interpuesto, bajo el argumento de haber sido formulado fuera del término previsto por el art. 303 del Código de Procedimiento Penal de "1973" (sic) y por citar disposiciones legales que no corresponden al proceso en trámite.

II. ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:

a) El 13 de junio de 2000, Janette Marisol Ontiveros Sahonero, interpuso querella contra el recurrente Franz Roy Ustariz Cardona (fs. 3 a 4 vta.), que determinó el pronunciamiento del Auto Inicial de la Instrucción de 15 de junio de 2000 (fs. 5 vta.), que ordenó se organice instrucción penal por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP.

b) El 9 de enero de 2002, se emitió el Auto Final de la Instrucción que dispuso el procesamiento del recurrente por el delito atribuido (fs. 55); en cuyo mérito, tramitado el plenario de la causa, el 22 de julio de 2003, la Jueza Cuarta de Partido en lo Penal Liquidadora del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió Sentencia condenando al recurrente a la pena de tres años y cinco meses de reclusión por la comisión del delito de Estafa (fs. 216 a 217 vta.).

c) El 30 de julio de 2003, la defensora de oficio del recurrente interpuso recurso de apelación (fs. 220), que fundamentado ante el Tribunal de alzada (fs. 233 a 234), fue resuelto mediante Auto de Vista de 5 de junio de 2012 (fs. 237 a 239 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.

III. RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Previamente es menester señalar que la primera Disposición Final del Código de Procedimiento Penal vigente, establece que entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todas las causas que se inicien a partir del 31 de mayo de 2001; es así, que en aplicación de tal normativa, la extinta Corte Suprema de Justicia, por Circular 37-1 de 12 de noviembre de 2001, instruyó que todas las causas ingresadas a los despachos judiciales hasta el 30 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas con el régimen procesal anterior y que todas las denuncias o querellas en trámite en la Policía Técnica Judicial o Fiscalía, anteriores a la vigencia plena del actual Código de Procedimiento Penal y que ingresen a los despachos judiciales después del 31 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas de acuerdo al nuevo sistema procesal penal. Incluso la Sentencia Constitucional 0812/2003-R de 17 de junio, precisó que: "...de la línea jurisprudencial emergente de la interpretación de la Primera Disposición Final de la Ley 1970, se extrae claramente que la iniciación de la causa se da cuando se dicta el Auto Inicial de la Instrucción, pues antes de ello, no se puede hablar del inicio de la misma..." (negrillas añadidas).

En el caso que se examina, se evidencia que en mérito a la querella formulada por Janette Marisol Ontiveros Sahonero, el 15 de junio de 2000, se emitió el Auto Inicial de la Instrucción conforme se tiene de la actuación que cursa a fs. 5 vta., por el cual se dispuso se organice instrucción penal contra el recurrente por el delito previsto y sancionado por el art. 335 del CP, por lo que identificado el acto que dio inicio a la presente causa, efectuado con anterioridad al 31 de mayo de 2001, corresponde aplicarse las normas del Código de Procedimiento Penal de 1972, no siendo por lo tanto pertinente tramitar ni apoyar solicitud alguna con las normas del régimen procesal vigente.

Efectuada esta precisión, se tiene de antecedentes que el recurso de casación fue presentado dentro del término de diez días previsto por el art. 303 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), habida cuenta que siendo notificado con el Auto de Vista impugnado el 27 de julio de 2012, el recurrente formuló su recurso el 3 de agosto del presente año; sin embargo, teniendo en cuenta el marco legal al cual se halla sujeto, se tiene que el recurso se funda y ampara erróneamente en disposiciones legales contenidas en los arts. 124, 173 y 360 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal vigente, que resulta inaplicable al caso de autos e incluso denotando la confusión en la que incurre el recurrente, procede a la invocación de precedentes contradictorios, dejando constancia que en cumplimiento a lo establecido por el art. 417 del CPP, adjunta copia del recurso de apelación restringida.

Por otra parte, el recurrente se limita a invocar la vulneración de otras disposiciones legales, como los arts. 335 del CP, 568 y 1466 del CC, 787 del Ccom y 6 de la Lapacop, sin efectuar la debida motivación razonada de la forma en que han sido vulneradas y cómo deberían ser aplicadas, ni fundamenta en cuál de las causales de casación previstas por el art. 298 del CPP.1972 apoya su pretensión; consecuentemente, se tiene que el recurso deducido por el imputado Franz Roy Ustariz Cardona, no cumple con los requisitos procesales exigidos por el art. 301 del CPP.1972; anómala situación que al ser una limitante conduce al Tribunal Supremo de Justicia, a dar aplicación al art. 307 inc. 1) del citado Código, por lo que el recurso deviene en improcedente.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo en parte con el requerimiento fiscal cursante de fs. 258 a 259, con la atribución conferida por el art. 9 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación del art. 307


inc. 1) del CPP.1972, declara IMPROCEDENTE el recurso planteado por
Franz Roy Ustariz Cardona, que cursa de fs. 247 a 250 vta. de obrados.

egístrese, hágase conocer y devuélvase.