TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 218/2012-RA

Sucre, 14 de septiembre de 2012

Expediente : Tarija 7/2012

Parte acusadora : Ministerio Público y Daniela Alandia Acuña

Parte imputada : Jhonny Villarroel Siles

Delito : Violación

RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de julio de 2012, cursante de fs. 252 a 254 vta., Jhonny Villarroel Siles, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 02/2012 de 3 de julio, cursante de fs. 245 a 247, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Daniela Alandia Acuña contra el recurrente por el delito de Violación, previsto y sancionado por el párrafo primero del art. 308 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación pública cursante de fs. 4 a 5 vta., presentada por el Ministerio Público y acusación particular que cursa de fs. 11 a 12 de obrados; desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 44/2011 de 27 de octubre, que cursa de fs. 210 a 218, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, provincia Gran Chaco del Distrito Judicial de Tarija, falló declarando a Jhonny Villarroel Siles, ahora recurrente, autor y culpable del delito de Violación, previsto y sancionado en el primer párrafo del art. 308 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión.

b) Contra la mencionada Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida conforme fluye de la actuación cursante de fs. 223 a 228, siendo resuelto por Auto de Vista 02/2012 de 3 de julio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia apelada.

 

c) Con el referido Auto de Vista, el recurrente fue notificado el 16 de julio de 2012, conforme la diligencia que cursa a fs. 243 vta, interponiendo el recurso de casación el 20 del mismo mes y año, que es motivo de autos.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial de fs. 252 a 254 vta., se extraen los siguientes motivos:

1) El Auto de Vista recurrido no cumplió con su función de control de legalidad, vulnerando el derecho al debido proceso, pues omitió pronunciarse sobre las observaciones expuestas en el recurso de apelación restringida, de ese modo no resolvió el tercer agravio, referido a la contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de la Sentencia apelada, señalando que no se indicó el derecho vulnerado, ni se fundamentó debidamente. Con estos argumentos y afirmando que la situación le imposibilitaba pronunciarse sobre el agravio declaró sin lugar el recurso. Accionar que en criterio del recurrente constituye defecto absoluto y contradice el Auto Supremo 494 de 15 de noviembre de 2005, pues el Tribunal de alzada no cumplió con su labor de guardián del principio de legalidad, negándose a ingresar al análisis de fondo de los agravios, arguyendo falta de fundamentación del recurso, cuando por mandato del Auto Supremo de referencia estaba en la obligación de oficio de subsanar y corregir el procedimiento, ante la existencia de vulneración de sus derechos y garantías.

2) Por otra parte, la Resolución de alzada carece de fundamentación al no contener argumentos fácticos y jurídicos sólidos que respondan a las observaciones realizadas en el recurso, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva, vulnerando el principio tantum devolum apellatum y el deber de fundamentación. Contradiciendo la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 6 de 26 de enero y 657 de 6 diciembre, ambos de 2007 y 176 de 26 de abril de 2010.

3) Asimismo, la Resolución impugnada sobre el reclamo de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, en sus puntos III.2.1 y III.2.2 lejos de verificar el agravio, realizó una relación de los elementos de prueba incorporados al juicio oral y una nueva valoración de los mismos, otorgándoles valor probatorio, lo que no esta permitido al no existir una segunda instancia y determinó que no era evidente que el Tribunal de juicio hubiera incurrido en una defectuosa valoración de la prueba, de ese modo declaró sin lugar el agravio. Que lo referido contradice los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005, 69 de 20 de marzo de 2006 y 16 de 26 de enero de 2007.

Por lo expuesto, solicitó que una vez cumplidas las formalidades de ley, se admita el recurso planteado y se dicte resolución determinando la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista, conforme lo dispone el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico


que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, este Tribunal de manera excepcional ha establecido supuestos de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia y están referidos a aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, habida cuenta que el recurrente fue notificado el 16 de julio de 2012, con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 20 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley.

Con relación al requisito de fondo, el recurrente plantea tres motivos: el primero relativo a una supuesta contradicción en la Sentencia entre la parte considerativa con la dispositiva que no fuera reparada por el Tribunal de alzada, alegando una supuesta falta de fundamentación del recurso, accionar que sostiene vulnera el debido proceso y constituye defecto absoluto. Invoca el Auto Supremo 494 de 15 de noviembre de 2005, que establece la obligación de oficio de subsanar y corregir el procedimiento máxime cuando se evidencia vulneración de derechos y garantías constitucionales, por lo que este Tribunal considera pertinente ingresar al análisis de fondo respecto a esta temática, al haber cumplido con los requisitos de flexibilización al haber realizado una explicación de las circunstancias fácticas, la identificación del derecho vulnerado y el agravio sufrido.

Respecto al segundo motivo, el recurrente alega que el Auto de Vista 02/2012 de 3 de julio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no resolvió el total de las observaciones realizadas en el recurso de apelación, por lo que no dio una respuesta fáctica a los puntos apelados, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva, vulnerando el principio tantum devolum apellatum y el deber de fundamentación. Contradiciendo la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 6 de 26 de enero y 657 de 6 diciembre, ambos de 2007 y 176 de 26 de abril de 2010, relativos a la obligación que tiene el Tribunal de alzada, de fundamentar respecto a cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, cumpliendo con las exigencias de admisibilidad previstas por el art. 416 del CPP.



Finalmente, respecto al tercer motivo referido a que el Tribunal de apelación debiendo resolver la observación de la defectuosa valoración de la prueba en la que incurrió el Tribunal de juicio, realizó una relación de los elementos de prueba incorporados al juicio oral y una nueva valoración de los mismos, otorgándoles valor probatorio, lo que no está permitido al no existir una segunda instancia contradiciendo los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005, 69 de 20 de marzo de 2006 y 16 de 26 de enero de 2007, también ha cumplido con las exigencias establecidas por el citado art. 416 de la Ley Adjetiva Penal.

Por lo expuesto, el recurso intentado cumple con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo cual deviene en admisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 252 a 254 vta., interpuesto por Jhonny Villarroel Siles. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 02/2012 de 3 de julio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cursante de fs. 245 a 247 y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.