TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 205/2012-RA

Sucre, 28 de agosto de 2012

Expediente : Oruro 21/2012

Parte acusadora : Ministerio Público y Alfonso Guadama Sánchez

Parte imputada : Rosse Mary Alvarado Sánchez

Delito : Homicidio por Emoción Violenta


RESULTANDO

Por memoriales presentados el 9 y 13 de agosto de 2012, cursantes de fs. 226 a 235 vta. y 257 a 264, Alfredo Santos Canaviri, Fiscal de Materia y Alfonso Guadama Sánchez, acusador particular, respectivamente, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18/2012 de 28 de mayo, que cursa de fs. 195 a 210, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Rosse Mary Alvarado Sánchez, por el delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a las acusaciones pública y particular, presentadas por el Ministerio Público y Alfonso Guadama Sánchez, respectivamente, y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 04/2012 de 27 de enero, que cursa de fs. 121 a 133 vta., el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, aplicando el "Sistema de Desvinculación Condicionada" declaró a la imputada Rosse Mary Alvarado Sánchez, autora y culpable del delito de Homicidio por Emoción Violenta, tipificado por la primera y segunda parte del art. 254 del CP, imponiéndole la pena de siete años de reclusión y el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia.

b) Contra la mencionada Sentencia, el Fiscal de Materia formuló recurso de apelación restringida con la adhesión del acusador particular, conforme fluye de las actuaciones de fs. 137 a 144 vta. y 148 a 161, respectivamente, siendo resueltos por Auto de Vista 18/2012 de 28 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador público y la adhesión del acusador particular.

c) Con el Auto de Vista citado, los ahora recurrentes fueron notificados el 1 y 3 de agosto de 2011, respectivamente, conforme las diligencias de fs. 211 y 212, interponiendo los recursos de casación que son motivo de autos el 9 y 13 del mismo mes y año.

 

II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

De la revisión de los memoriales cursantes de fs. 226 a 235 vta. y 257 a 264, se extraen los siguientes motivos de los recursos de casación:

II.1. Recurso de Alfredo Santos Canaviri, Fiscal de Materia

En la tramitación del juicio oral la imputada ofreció como perito en Psicología, a Mabel Vivian Chavarria Moblán, para que exponga y aclare la pericia practicada en la etapa preparatoria. El Ministerio Público al amparo del art. 207 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ofreció como consultor técnico a Alejandra Castro Cordero, Psicóloga de la "U.A.V.T.", dependiente del Ministerio Público, para que presencie la declaración de la perito, la interrogue y asesore al Ministerio Público; empero, su solicitud fue declarada improcedente porque el Tribunal de Sentencia consideró que sólo ingresa un consultor técnico cuando se practican pericias en el juicio oral, inobservando la previsión del segundo párrafo del citado art. 207 de la norma adjetiva. Agravio reclamado en la apelación restringida, pues la pericia y la declaración de la perito fueron base fundamental de la Sentencia; sin embargo, el criterio del Tribunal de Sentencia fue reiterado por el Tribunal de apelación que además sostuvo que el consultor técnico debió ser ofrecido en la acusación, lo que no es evidente en aplicación de lo dispuesto por el art. 341 del CPP. Al haberse rechazado el consultor técnico el Ministerio Público quedó en indefensión por no poder contar con un profesional de la especialidad que pueda asesorar e interrogar directamente a la perito.

La Sentencia en el punto denominado motivos de derecho, en su numeral 3 afirmó que la prueba producida no demostró que el hecho juzgado constituya Asesinato, al contrario se llegó al convencimiento de que el hecho se adecuaba al tipo penal de Homicidio por Emoción Violenta, invocando al efecto el sistema de desvinculación condicionada, trajo a colación el Auto Supremo 101 de 25 de marzo de 2008. Añadió que para la calificación del delito de Homicidio por Emoción Violenta debe contarse con indicios suficientes para establecer el estado psíquico del sujeto activo del delito, habida cuenta que corresponde al juzgador determinar que la emoción violenta le hizo perder el pleno dominio de los frenos inhibitorios. La acusada alegó la atenuación al delito de Homicidio por Emoción Violenta, correspondiéndole demostrar esos elementos en juicio y, no solamente basarse en el informe psicológico y la declaración de la perito como aconteció con el Tribunal de juicio, que además omitió su deber de asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana critica justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las que otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida conforme determina el art. 173 del CPP.

Sobre la indebida valoración de la prueba sostiene que la Sentencia hace ver que la acusada fue gravemente agredida, argumento que se contradice con el certificado médico forense, producto del


reconocimiento médico legal que le fuere practicado a la imputada pocas horas después del hecho que determinó un impedimento de siete días, que de acuerdo a nuestra legislación constituye lesión leve, aspecto que no fue debidamente valorado. El mismo fallo sostiene también que la imputada buscó ocultarse en la cocina, lo que no condice con la realidad probatoria, ya que en la inspección del lugar de los hechos, se estableció que había facilidades para que la imputada escape hacia afuera y pida auxilio, pero ello no ocurrió, más bien la acusada recogió el arma punzo cortante de la mesa del comedor y volvió al dormitorio para victimar a su esposo. La Sentencia también sostiene que el esposo continuo golpeando a la imputada en la cocina y ésta por la desesperación agarró un cuchillo con el que lo hirió y éste salió corriendo de la sala y comenzó a desvanecerse, afirmación que no coincide con la realidad probatoria de las fotografías tomadas en el registro del lugar del hecho, advirtiéndose que encima de la mesa habían varios objetos de vidrio que estaban intactos, entendiendo que cuando hay agresión existe algún destrozo. Tampoco es evidente la afirmación de que la víctima hubiera salido corriendo de la sala y empezó a desvanecerse, ya que el desvanecimiento fue en el dormitorio, donde se encontró abundantes manchas de sangre. En la sala ni en la cocina se encontraron manchas de sangre, estos aspectos se encuentran establecidos en el registro del lugar del hecho, las placas fotográficas y planimetría que se adjunta, además de la inspección y reconstrucción efectuada en la etapa preparatoria, corroboradas por la declaración del investigador en el juicio, elementos que tampoco fueron valorados. Por otra parte, según el relato de la acusada ante la Psicóloga, habría estado alcoholizada, pero no existe ningún elemento probatorio que lo corrobore, más bien, la declaración de los testigos Alfonso Guadama Sánchez, Carlos Guadama Barrios y Lizet Julieta Escobar Zambrana, que en forma coincidente afirman que la imputada, la víctima y la madre de la víctima consumieron sólo ocho botellas de cerveza, de ahí que no se puede deducir el grado alcohólico de la imputada. Más bien, respecto a la víctima se incorporó el informe pericial de toxicología, que en su conclusión estableció la presencia de alcohol en su sangre en una concentración de "2.0 g/l". Conclusión que no fue tomada en cuenta.

 

Añadió que no se valoró la declaración del médico forense que estableció que la herida que ocasionó la muerte a la víctima tenía una profundidad de 13 cm., habiéndose requerido de una fuerza mayor para atravesar de la cara anterior a la posterior. Que no se encontró evidencia de forcejeo, lo que descarta la tesis de la acusada de que la propia víctima se hubiera causado la lesión. Si bien, la acusada alegó que producto del forcejeo la víctima le agarró la mano dejándole dos equimosis en la falange distal aspecto asumido en la Sentencia; sin embargo, esa afirmación no tiene base probatoria, porque no existe la lesión ya que el médico forense señaló que esas equimosis fueron causadas con posterioridad al hecho.

El Tribunal de apelación sostuvo que en el recurso de apelación restringida que presentó, no hizo mención a las reglas de la sana crítica y más bien pretendió se ingrese a una valoración o revalorización de la prueba. Aclaró que en su recurso efectuó un detalle de argumentos enunciando los medios de prueba, con la finalidad de que se pueda determinar que el Tribunal de Sentencia hizo una defectuosa valoración de la prueba; es decir, que no valoró correctamente los medios de prueba. Respecto a la afirmación de que no hizo mención a la vulneración de las reglas de la sana critica no es evidente, incluso en su fundamento transcribió el art. 173 del CPP.

Finalmente, afirmó que de la confrontación de los fundamentos del recurso de apelación restringida y del Auto de Vista impugnado, se establece que no se respondió a los argumentos establecidos como agravios, simplemente se argumentó de que en la Sentencia se desarrollaron fundamentos que dan respuesta en forma precisa a su apelación, lo que no es evidente.

El Tribunal de Sentencia incurrió en una errónea calificación del hecho al tipo penal de Homicidio por Emoción Violenta, que constituye una figura atenuada del Homicidio y la razón de esa atenuación reside en la influencia que tiene la conmoción del ánimo sobre su posibilidad de mantenerse en pleno gobierno de sus frenos inhibitorios frente a las incitaciones de la acción homicida. En el caso, según la Sentencia dos serían los posibles factores que hubieran causado la emoción de la acusada, la discusión y la agresión, lo que la Sentencia no especificó es, a qué tipo de discusión se refirió el informe psicológico. Con relación a la agresión el mismo informe refiere (extractado de la sentencia) "...el esposo de la acusada se abalanza hacia ella, golpea su cabeza contra la pared, le arrastra hacia el otro extremo de la cama, la golpea con las rodillas, donde le golpea un golpe en los genitales..."; empero, al respecto lo que el Tribunal de Sentencia no valoró es el certificado médico forense que establece un impedimento de siete días para la acusada, lo que en nuestra legislación penal constituye lesión leve. Según la Sentencia, las agresiones habrían causado la disminución de los frenos inhibitorios de la acusada, lo que en su criterio no era coherente, si bien toda agresión era reprochable empero, si el médico forense determinó que las agresiones tuvieron como resultado lesiones leves, en esa circunstancia no podía disminuirse el poder de los frenos inhibitorios. De la propia declaración contradictoria de la acusada se colige que la discusión no fue la causa de la emoción violenta, por lo que no puede explicar de dónde sacó el Tribunal de Sentencia o en qué medio de prueba se fundó la calificación de Homicidio por Emoción Violenta, pues de la prueba del proceso el hecho cometido por la referida es asesinato. El razonamiento del Auto Supremo 48 de 22 de marzo de 1982, hace entender que, si existen elementos de prueba que determinen que la conducta del autor se encuadra en la comisión del delito de Homicidio y el hecho de que el autor sea cónyuge de la víctima, determina la figura agravada de Asesinato, previsto en el inc. 1) del art. 252 del CP. A ello debe sumarse que la prueba presentada que no fue valorada correctamente, demostró la actitud de la acusada de menosprecio a la vida de su esposo, por


cuanto pudiendo escaparse de la supuesta agresión no lo hizo, más bien agarró el cuchillo y fue donde su esposo para asestarle la puñalada, con absoluto dolo, por la profundidad de la herida que requería de una fuerza mayor y su trayectoria que dañó un órgano vital y para colmo impidió que los vecinos auxiliaran al herido. Todos estos elementos no fueron valorados para realizar la correcta calificación del hecho.

Invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 11/2012 de 5 de abril y los demás referidos en el recurso de apelación restringida.

II.2. Recurso de Alfonso Guadama Sánchez, acusador particular

El Tribunal de apelación realizó aclaración en sentido que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional como legal no existe doble instancia, por lo que no estaba facultado a revisar cuestiones de hecho del debate del juicio oral, criterio sustentado en diversa doctrina legal que ha sufrido modulaciones como la contenida en los Autos Supremos 328 de 29 de agosto de 2006, 251/05 de 22 de julio, entre otros; sin embargo, el mismo Tribunal no realizó una compulsa racional del proceso valorativo del Tribunal de Sentencia respecto a las pruebas desfiladas en el juicio, sino que valoró por sí mismo todo el debate, todo el juicio, todas las actas ni siquiera se limitó a las pruebas que ofreció en su recurso de adhesión, generado contradicción con los precedentes relativos a la valoración de la prueba y la labor que sobre el particular debe desarrollar el Tribunal de apelación, convirtiéndose en una suerte de segunda instancia sin debate ni explicación de si esa su actuación está en correspondencia con la nueva normativa de la Ley del Órgano Judicial. Desde ese punto de vista, no sólo se justifica la procedencia de su recurso que se ajusta a la previsión del art. 416 del CPP, sino que el Auto de Vista recurrido contiene violaciones al debido proceso, en cuanto a la tutela judicial efectiva y ejercicio de la defensa consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus dos parágrafos, lo cual constituye un defecto absoluto no convalidable que no requiere invocación o consigna de precedente, basta ver el quebrantamiento de normas precisas de la Constitución y la ley, como lo dispone el art. 169 inc. 3 del CPP.

El Auto de Vista impugnado, se decanta por la naturaleza del recurso adhesivo y acudiendo a la cita de la SC 0001/2012 de 13 de marzo, pretende hacer valer que la adhesión no es propiamente una apelación, sino una acción de apoyo al recurrente principal, por lo que no eran admisibles posiciones contrapuestas. En el caso, como su adhesión contenía criterios contrapuestos al recurso del Ministerio Público, resultaba inadmisible, pese a ello, el Tribunal de apelación indicó que consideraría sus fundamentos. Aclaró que la Sentencia a la que se hace referencia no es un caso análogo y que la adhesión no implica asumir las ideas o criterios del recurrente al cual se adhiere, en este sentido el Auto Supremo 534 de 17 de noviembre de 2006, señaló que la adhesión se refiere al ejercicio del derecho de interponer la apelación contra el fallo impugnado. Añade, que la contradicción de la determinación le genera inseguridad jurídica, ya que se ingresó al análisis de fondo de su recurso adhesivo cuando se dijo que era inadmisible, este hecho no fue alegado por nadie y por lo mismo no tuvo la oportunidad de invocar precedente contradictorio, por lo que en el ejercicio de su derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva invocando como precedente el citado Auto Supremo 534, cuya doctrina legal aplicable contradice abiertamente el razonamiento del Tribunal ad quem, por ello solicita tomar en cuenta lo siguiente:

Uno de los aspectos importantes del recurso adhesivo de apelación restringida, fue el concerniente a la tesis de la desvinculación condicionada que no es de aplicación arbitraria por sola voluntad del Tribunal juzgador, sino que está sometida a un control previo de las partes, pues debe ponerse de manifiesto la perspectiva de cambio de tipo. El Tribunal de apelación no expone razonamiento alguno sobre su observación y se limitó a afirmar que las partes conocían de antemano la posibilidad de cambio de tipo. Lo que significa que el Tribunal de alzada examinó el acta de juicio desde la misma fundamentación, cuando nadie alegó este punto, careciendo de competencia para examinar cuestiones de hecho si el recurso es de puro derecho, ante su reclamo el Tribunal de apelación sostuvo que consintieron y permitieron que se generen los defectos o vicios en el procedimiento, cuyo saneamiento debió ser solicitado en su oportunidad, conforme lo previene el art. 407 del CPP, formulando el recurso de reposición y en caso de rechazo debió realizarse la reserva pertinente para considerarse en una posible apelación restringida, al no haberse obrado de ese modo la irregularidad fue convalidada, por lo que su reclamo carecía de fundamento. La afirmación del Tribunal de apelación es errada y contradictoria, puesto que no podía advertirse en el curso del juicio oral la previsibilidad del cambio de tipo, tampoco existió acto concreto que hubiera sido puesto a su conocimiento para impugnarlo, el cambio de tipo se efectuó a tiempo de emitirse la Sentencia, en cuyo decisum el Tribunal de Sentencia determinó la aplicación del sistema de desvinculación condicionada para efectuar el cambio de tipo. Aclaró que en la apelación adhesiva acusó un error de juicio (no de procedimiento), vinculado al cambio de tipo penal y a la vez constitutivo de un defecto de la Sentencia que no requiere de protesta previa de saneamiento o reserva de recurrir.

Otro aspecto, importante en el tema de la desvinculación condicionada, es que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro contradice el Auto de Vista11/2012 de 5 de abril, pronunciado por su Sala homologa,


donde en un caso similar resolvió igual cuestionamiento, expresando que para que proceda el cambio de tipo debe advertirse a las partes sobre la previsibilidad del cambio, de no hacerlo así constituye una actuación arbitraria. Este precedente contradictorio, corrobora y fortifica los precedentes citados en la apelación adhesiva como son los Autos Supremos 340 de 28 de agosto de 2006, 314 de 25 de agosto de 2008 y 101 de 25 de marzo de 2008, sin perjuicio de que los razonamientos del Tribunal ad quem es una suma de defectos absolutos per se que no requieren de precedentes, por vulneración de preceptos constitucionales y legales.

Por lo dicho, afirma que el Auto de Vista impugnado, al no responder su planteamiento realizado en el recurso adhesivo cometió un defecto absoluto que no requiere de precedente contradictorio. De ese modo quebranta los alcances de la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la defensa de donde emerge el derecho a recurrir, consagrados por los arts. 115.I y II y 180 de la CPE.

El Auto de Vista recurrido, abunda en consideraciones acerca de la declaración de la perito Mabel Viviana Chavarria Mobán, reconociendo la necesidad de un consultor técnico cuando admite que sus conclusiones podían ser refutadas por otra prueba técnica, revisó todo el expediente y todas las actas del juicio oral además hace un acopio de diversa información generada en el juicio y no relacionada en la Sentencia, realizando de ese modo una nueva valoración de la prueba, convirtiendo la alzada en una segunda instancia, sin explicar si para ello aplicó la nueva normativa de la Ley del Órgano Judicial que garantiza la doble instancia, o ésta es una manera singular y novedosa de aplicar dicha "otra" instancia, sin razonamiento respecto a negar que exista segunda instancia.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

a) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

b) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

c) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncia la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no


susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica como ha establecido esta Sala teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia, referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de los actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos dentro del marco prescriptivo de los arts. 416 y 417 del CPP, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden constitucional.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisara precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la Resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del segundo párrafo del citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos...".

En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que ambos recursos fueron interpuestos dentro del plazo previsto por la norma procesal penal.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos formales, debe realizarse el análisis de cada uno de los recursos, por separado:

En el caso del acusador público Alfredo Santos Canaviri, Fiscal de Materia, en su recurso efectúa tres observaciones: i) La primera observación está referida al hecho de que al haberse rechazado al consultor técnico ofrecido de su parte en errónea aplicación del art. 207 del CPP, se lo dejó en indefensión, puesto que no pudo contar con un profesional que lo asesore e interrogue directamente a la perito. Al acusar la vulneración del derecho a la defensa, para su admisibilidad es necesario establecer si las sub reglas establecidas como supuestos de flexibilización del recurso de casación fueron observadas. En el caso, el recurrente no detalló con precisión la restricción o disminución de su derecho a la defensa ni explicó el resultado dañoso emergente del defecto ni las consecuencias procesales con connotación en el orden constitucional; ii) En la segunda observación efectúa varios cuestionamientos a la Sentencia respecto a la calificación del hecho y la valoración de la prueba, del mismo modo lo hace respecto al Auto de Vista recurrido, sin aclarar cuál la contradicción de éste con el Auto Supremo 101 de 25 de marzo de 2008, citado como precedente contradictorio; y, iii) La tercera observación referida nuevamente a la errada calificación del hecho como Homicidio por Emoción Violenta; empero, omite establecer cuál la contradicción del Auto de Vista impugnado con las Resoluciones judiciales invocadas como precedentes: Auto de Vista 11/2012 y el Auto Supremo 48 de 22 de marzo de 1982, Resoluciones de las que si bien destaca lo que entiende como parte relevante, no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el citado artículo 417 del CPP, por lo que, al haberse planteado en forma inadecuada el recurso por parte del representante del Ministerio Público, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el mismo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con los precedentes contradictorios invocados, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.

 

Con relación al recurso formulado por Alfonso Guadama Sánchez, acusador particular, se tiene que el recurrente refiere tres puntos en su apelación:

Por una parte, acusa la concurrencia de defectos absolutos y una interpretación inadecuada de lo que debe entenderse por valoración o compulsa del proceso valorativo de las pruebas conforme a los precedentes contradictorios invocados y los propios defectos en sí que no requieren de precedentes. Con respecto a la inadecuada interpretación de lo que debe entenderse por valoración o compulsa del proceso valorativo de las pruebas, si bien invoca precedente contradictorio, no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el art. 417 del CPP. Respecto a la concurrencia de defecto absoluto, como se tiene establecido no basta su invocación sino que además debe precisar la restricción o disminución del derecho o garantía y las consecuencias procesales que tengan connotación en el orden constitucional lo que en el caso no se cumplió.

El recurrente hace referencia a la contradicción en que incurrió el Tribunal de apelación respecto a su adhesión al recurso de apelación del Ministerio Público, porque en principio se considera inadmisible pero posteriormente se ingresó a su análisis. Admite que no tuvo la oportunidad de invocar un precedente contradictorio, por lo que al amparo del ejercicio a la defensa y la tutela judicial oportuna invoca en el recurso de casación el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 534 de 17 de noviembre de 2006 que considera abiertamente contradictorio al Auto de Vista impugnado. Añade que sin embargo de ingresar a analizar el fondo de su recurso adhesivo, el Auto de Vista recurrido, no resolvió los planteamientos del mismo, incurriendo en defecto absoluto que no requiere de precedente contradictorio al existir vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la defensa. Señala que es posible exigir precedente


contradictorio cuando la vulneración surge a tiempo del fallo y no antes, lo que implica que tampoco puede exigirse la reserva de saneamiento o la reserva de recurrir. Finalmente acusa la vulneración de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva porque el Tribunal de apelación no resolvió su recurso como aparece en el recurso adhesivo, pidiendo se anule la Resolución impugnada y deliberando en el fondo se emita doctrina legal aplicable que establezca que no es posible exigir un precedente contradictorio cuando la vulneración surge a tiempo del fallo y no antes, lo que implica que tampoco puede exigirse reserva de saneamiento o reserva de recurrir. Conforme a la síntesis realizada, se puede establecer que el fundamento del punto analizado y su conclusión, son contradictorios; sin embargo, entendiéndose que lo que en definitiva se acusa es la vulneración de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva, al efecto conforme las sub reglas establecidas por este Tribunal para los supuestos de flexibilización del recurso por defectos absolutos, el recurrente tiene el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden constitucional, que en el caso no ha acontecido.

El recurrente observa el Auto de Vista impugnado por abundar en consideraciones sobre la declaración de la perito Mabel Viviana Chavarria Mobán, haber revisado todo el expediente y las actas del juicio oral, haber acopiado diversa información generada en el juicio y no relacionada en la Sentencia, realizando una nueva valoración de la prueba, acusando también la vulneración de la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la defensa consagrados en el art. 115.I y II de la CPE. De ese modo, una vez más se alega como fundamento del recurso casación la vulneración de derechos y, como se ha establecido para los supuestos de flexibilización el recurrente debió cumplir con su obligación de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicar el resultado dañoso emergente del defecto y las consecuencias procesales que tengan connotación de orden constitucional, que en el caso tampoco ha sido cumplido.

 

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación cursantes de fs. 226 a 235 y 257 a 264, formulados por el Fiscal de Materia, Alfredo Santos Canaviri y el acusador particular Alfonso Guadama Sánchez, respectivamente.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

 

SALA PENAL SEGUNDA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLVIA