TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 192/2012-RA

Sucre, 14 de agosto de 2012

Expediente : Cochabamba 63/2012

Parte acusadora : Cresencio Soto Rojas y Delia Guzmán de Soto

Parte imputada : Alejandrina Zeballos de Ayala

Delitos : Estafa y otros


RESULTANDO

Por memorial presentado el 27 de julio de 2012, cursante de fs. 135 a 137, Alejandrina Zeballos de Ayala, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 6 de junio de 2012, cursante de fs. 116 a 120 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Cresencio Soto Rojas y Delia Guzmán de Soto contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Estelionato, Abuso de Confianza y Despojo, previstos y sancionados por los arts. 335, 337, 346 y 351 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación formal que cursa de fs. 2 a 3 vta., formulada por Cresencio Soto Rojas y Delia Guzmán de Soto y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia de 20 de diciembre de 2011, que cursa de fs. 82 a 86, el Juez de Sentencia Cuarto del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a la recurrente Alejandrina Zeballos de Ayala, autora y responsable de la comisión de los delitos de Estafa, Estelionato y Abuso de Confianza, previstos por los arts. 335, 337 y 346 del CP, condenándole a la pena de cinco años y seis meses de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios. Además, la absolvió por la comisión del delito de Despojo, previsto en el art. 351 del citado Código.

b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida conforme se tiene de la actuación que cursa de fs. 93 a 96, que fue declarado procedente en parte por Auto de Vista de 6 de junio de 2012, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que cursa de fs. 116 a 120 vta., de obrados. En consecuencia, emitió nueva Sentencia, declarando a la recurrente autora de los delitos previstos en los arts. 335 y 337 del CP, en concurso ideal, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, siendo absuelta por los demás delitos acusados.

Notificada la ahora recurrente el 24 de julio de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 121 de obrados, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 27 del mismo año.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación se extraen los siguientes motivos:

1) El Tribunal de alzada a tiempo de considerar la apelación restringida, asumió que la valoración de la prueba y las cuestiones de hechos eran de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia y concluyó que los defectos absolutos invocados al amparo del art. 370 incs. 8) y 11) del CPP no eran los pertinentes; sin embargo, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la norma sustantiva en la imposición de la pena, aquel Tribunal efectuó un razonamiento para concluir que la imputada era culpable y punible al haber afectado el patrimonio de los querellantes a través de una conducta dolosa. Sobre el particular, la recurrente sostiene que el Tribunal de alzada no consideró que en el documento privado de transferencia de lote de terreno rústico, se hizo constar que la documentación sobre el bien no estaba debidamente legalizada o registrada en Derechos Reales, por lo que esta expresión voluntaria, consentida, admitida y aceptada por los compradores no puede calificarse como acto doloso o engaño porque los acusadores sabían y tenían pleno conocimiento que la acusada no tenía registrada la titularidad sobre el terreno, lo que hace entrever que en la resolución impugnada, el Tribunal de alzada incurrió en contradicción en cuanto a la inconcurrencia de los elementos de los tipos penales de Estafa y Estelionato, siendo por lo tanto injustamente sancionada y condenada.

Por otra parte señala que, el Auto de Vista incurrió en una segunda contradicción, pues si bien constató que el Juez inferior no advirtió la pluralidad de delitos, menos la edad de la imputada, su ocupación, atenuantes y agravantes y que se impuso la pena más grave; incurrió en contradicción en cuanto al tiempo de la pena de reclusión de cuatro años, sin considerar circunstancias, personalidad de la autora, su conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que le impulsaron a delinquir y su situación económica y social, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales; pues en el hipotético caso que haya cometido los delitos de Estafa y Estelionato, la prueba documental codificada como "A-1", subsume la atenuación por la pluralidad de delitos hasta la mitad de la máxima pena de cinco años, por lo que le correspondería una pena menor a la impuesta en la nueva Sentencia condenatoria de cuatro años.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes



invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 CPP, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisara precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del citado art. 417 del Código Adjetivo de la materia que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos".

En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, pero no cumple con los demás requisitos para su admisión, pues la recurrente se limita a efectuar dos cuestionamientos concretos al Auto de Vista impugnado en el que se hubiera incurrido en contradicciones, sin observar la obligación inexcusable que tiene como sujeto procesal de cumplir con la invocación del precedente, necesario para determinar la contradicción jurídica y fundamentar la impugnación; pues se reitera la precisión de la contradicción jurídica es un requisito para que este tribunal admita el recurso de casación, a fin de que sobre esa base emita en el caso la doctrina legal aplicable. El incumplimiento de este requisito queda objetivamente evidenciado, no sólo en el contenido principal del memorial de recurso de casación en el que no se invoca ningún precedente, sino también en el Otrosí 1, donde la recurrente afirma acompañar como única prueba admisible la copia del recurso del apelación restringida en el que se invocó el precedente; cuando en todo caso debió invocarlo específicamente en el recurso sometido a análisis y establecer fundadamente la contradicción jurídica con la Resolución impugnada.

En consecuencia, la forma inadecuada de formular el recurso por parte de la imputada, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el mismo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con algún precedente contradictorio, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio, en cuyo mérito el recurso deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 135 a 137, formulada por Alejandrina Zeballos de Ayala.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.