TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 187/2012-RA

Sucre, 8 de agosto de 2012

Expediente : Santa Cruz 55/2012

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Julio César Rojas López

Delitos : Robo Agravado


RESULTANDO

Por memorial presentado el 11 de julio de 2012, cursante de fs. 318 a 320, Julio César Rojas López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 99 de 10 de noviembre de 2011, cursante de fs. 310 a 311 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación pública de fs. 161 a 165 y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 13/2011 de 22 de julio, que cursa de fs. 279 a 289, el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Julio César Rojas López, autor y culpable del delito de Robo Agravado, tipificado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, siendo condenado a la pena de diez años de presidio, así como al pago de costas.

b) Contra la mencionada Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida a través del memorial de fs. 294 a 295, siendo declarado admisible e improcedente mediante Auto de Vista 99 de 10 de noviembre de 2011, que cursa de fs. 310 a 311 vta. de obrados, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmó la Sentencia impugnada.

Notificado el recurrente el 6 de julio de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 313 de obrados, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 11 del mismo mes y año.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial que cursa de fs. 318 a 320, se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:

En el Auto de Vista se asumió que su personalidad como autor era evidente, que habría alegado una absolución por un delito anterior, sin ser acreditada por ningún elemento de convicción y que el tribunal inferior aplicó la norma a cabalidad; empero, sostiene que estas aseveraciones simplemente son
enunciativas, pues para que la calificación sea correcta tiene que adecuarse

al hecho, sin que en el caso presente se haya demostrado fehacientemente que su persona sea autor del delito, toda vez que no existen pruebas testificales y la víctima indicó que su presencia en la audiencia de juicio fue por el coimputado Richard Jiménez al ser quien le apuntó con un arma de fuego.

El Tribunal de Alzada, concluyó que el inferior fundó la Sentencia condenatoria ante tres hechos probados y demostrados, sin que exista duda alguna, sino suficientes pruebas para generar convicción de que estuvo inmerso en la acción delictiva de robo agravado; sin embargo, indica que esta conclusión vulneró sus derechos fundamentales al no haberse considerado el art. 370 inc. 3) con relación al art. 329, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues el Tribunal de alzada no efectuó una correcta valoración de las actuaciones procesales del tribunal inferior; por el contrario, convalidó defectos absolutos, vulnerando su derecho a la defensa técnica y efectiva.

Además, el Tribunal de Alzada se limitó a indicar que la Sentencia se basó en hechos ciertos, sin fundamentar en forma precisa cuáles serían esos hechos, al no existir una relación circunstanciada que pueda corroborar que fue el autor material del hecho atribuido, ya que la prueba testifical de cargo no es relevante y no produce elementos trascendentales que conduzcan a la averiguación de la verdad, porque los testigos señalaron como autor del delito a Richard Jiménez; por lo tanto, sostiene que no se dio cumplimiento a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R, ni al art. 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que establecen que los fallos emergentes de los recursos "debe ser expresa, clara, legítima y lógica" (sic); sin que en el caso presente, el Tribunal de alzada haya valorado lo observado por la defensa en apelación; por el contrario, justificó los fundamentos del Tribunal inferior, ingresando en la causal de casación prevista en el art. 413 con relación al art. 169 inc. 3) del CPP.

Añade que, el Tribunal de alzada no dio cumplimiento al art. 370 inc. 6) del CPP, porque consideró que las pruebas fueron legalmente introducidas y valoradas por el juez inferior, sin considerar que el testigo y víctima Orlando Roca Balcázar manifestó que su presencia en el juicio no era precisamente para incriminarlo sino a Richard Jiménez; además, que ese Tribunal no consideró que los medios incorporados al proceso debían ser valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica; en consecuencia, el Tribunal de alzada al considerar que se obró con sujeción a procedimiento, vulneró las reglas establecidas en el art. 370 inc. 6) con relación a los arts. 200 y 350 del CPP, ingresando en la causal de casación por defectuosa valoración de prueba, vulnerando las reglas de la sana crítica, cuando debió haber realizado un examen prolijo de todo el proceso, a objeto de evitar fallas procesales que perjudiquen el normal desarrollo del proceso en instancias superiores; y, al no haberlo hecho, infringió el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC) que sanciona con nulidad estos actos y el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Por último, agrega que la Sentencia de segunda instancia, debe referirse
expresamente a los puntos apelados; empero, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre todos los puntos expuestos en su memorial de apelación




y en el de fundamentación, resultando por lo tanto incompleta la Resolución dictada, vulnerándose los derechos a la defensa, a la "seguridad jurídica" y a las reglas del debido proceso, así como normas de cumplimiento obligatorio tal como establecen los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 6) del CPP y señalan las Sentencias Constitucionales 0207/2004-R, "136972001-R", 934/2003-R y "75772003". Además, cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 258 de 22 de julio de 2002, 523 de 20 de septiembre de 2004, 103 de 20 de febrero de 2004, 12 de enero de 2002, 287 de 26 de octubre de 1999 y 72 de 3 de febrero de 2003.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado Código, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del

recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga

procesal para el recurrente de efectuar la
debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisara precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del citado art. 417 del CPP, que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos".

Efectuada esta precisión, se tiene del análisis de los actuados procesales, que si bien el recurso de casación fue interpuesto por el imputado Julio César Rojas López, dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, no cumple con los demás requisitos formales por las razones que se pasan a detallar.

En el presente recurso de casación, el recurrente plantea distintas temáticas cuestionando la decisión del Tribunal de alzada de declarar improcedente el recurso de apelación restringida, sin cumplir con la carga procesal de exponer en que consiste la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por alguna de las Salas Penales del Tribunal Supremo, en los términos exigidos por el citado art. 417 del Código Procesal de la materia, pues en el "Otrosí 1" del memorial de recurso, se limita a citar en calidad de precedentes contradictorios, seis Resoluciones




emitidas por este Tribunal sin exponer fundadamente como correspondía, cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado; es más, al plantear algunos motivos, hace referencia a varias Sentencias Constitucionales, incluso algunas de ellas incorrectamente citadas, sin tomar en cuenta que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia emitida por este máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, no constituyen precedentes de acuerdo a lo establecido en el art. 416 del CPP.

Por otra parte, destaca en el recurso sometido a análisis, la falta de fundamentación de parte del recurrente, en cuanto a su denuncia de una supuesta omisión de fundamentación en el Auto de Vista recurrido, teniendo en cuenta que la omisión en la que incurre el imputado en la formulación del recurso de casación, no puede ser reemplazada con la mera invocación de que se hubieran vulnerado derechos o garantías constitucionales, al advertirse que el recurrente denuncia que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre todos los puntos expuestos en la apelación, sin identificar con precisión cuáles fueron los motivos que no merecieron pronunciamiento de parte del tribunal de apelación, omisión que de modo alguno puede ser suplida de oficio por este tribunal.

Por último, es menester señalar que a la inobservancia de técnica recursiva por parte del recurrente, se suma la indebida mención de normas procesales que resultan inaplicables a la tramitación de la presente causa, como el art. 90 del CPC, la invocación incorrecta de una supuesta causal de casación prevista en el art. 413 del CPP, cuando esta norma regula las formas de resolución del recurso de apelación restringida y la formulación de una petición ajena a la naturaleza, fines y formas de resolución del presente recurso, habida cuenta que este Tribunal no tiene la posibilidad de casar el Auto de Vista impugnado y declarar la absolución como pretende erróneamente el recurrente.

Es así, que al constatarse que el recurso incumple con los requisitos para su admisión, resulta inviable la apertura de competencia de este Tribunal, siendo en consecuencia inadmisible el recurso interpuesto, conforme al art. 417 párrafos segundo y tercero del CPP.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 318 a 320, interpuesto por Julio César Rojas López.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.