TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 176/2012-RA

Sucre, 31 de julio de 2012

Expediente : La Paz 65/2012

Parte acusadora : Ministerio Público, María del Carmen Escóbar Rodrigo de Alcázar

Parte imputada : Víctor Quisbert Miranda

Delito : Estafa


RESULTANDO

Por memorial presentado el 30 de abril de 2012, cursante de fs. 329 a 331 vta., Víctor Quisbert Miranda, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 70/2011 de 28 marzo, cursante de fs. 321 a 326, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por María del Carmen Escobar Rodrigo de Alcazar contra el ahora recurrente, por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

I.1. María del Carmen Escóbar Rodrigo de Alcázar, sostiene en su acusación particular cursante de fs. 40 a 42, que en el mes de marzo del año 2000, entregó la suma de $us. 8.000.- (ocho mil dólares estadounidenses) al acusado, para que éste realizara trámites en la Dirección General de Impuestos Internos, en razón a la fiscalización de que era objeto la empresa "OFICOM", de la que fue Gerente General, dinero sonsacado mediante engaños y el suterflugio de los trámites, quien le manifestó que esos problemas los solucionaría en el tiempo más breve posible dada su experiencia profesional, quien además, se hizo pasar por profesional Auditor Financiero y Contador General; transcurrido el tiempo, no obtuvo la solución esperada, al contrario, se emitió un pliego de cargo por la suma de Bs. 800.000.- (ochocientos mil bolivianos). Continúa señalando que, todo resultó ser falso, y que el dinero fue sonsacado mediante engaños, induciéndola en error para lograr beneficio económico indebido; con dichos antecedentes fácticos, se desarrolló el juicio oral, y a la conclusión del mismo, el Juez Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Sentencia condenatoria contra Víctor Quisbert Miranda (fs. 250 a 259), declarándolo autor del delito de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y tres meses de reclusión, y multa de ciento cincuenta días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, más costas averiguables en ejecución de Sentencia.

 

I.2. Notificadocon la mencionada Sentencia, Víctor Quisbert Miranda, interpuso el recurso de apelación restringida conforme cursa de fs. 282 a 292 vta., siendo resuelto dicho recurso mediante el Auto de Vista 70/2011 de 28 de marzo (fs. 321 a 326), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por el que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia.

I.3. Contra el mencionado Auto de Vista, el acusado Víctor Quisbert Miranda, interpuso el recurso de casación que cursa de fs. 329 a 331 vta., que es motivo de autos.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

II.1. Como antecedentes, el recurrente efectúa una reseña de los fundamentos de la acusación particular presentada en su contra, y rememora las declaraciones efectuadas por los testigos de cargo: Carlos Alcázar Guzmán y Marco Antonio Pinto Fariñas; así también, señaló que el Juez de Sentencia asumió su intervención en los hechos sucedidos como consecuencia de la notificación y fiscalización parcial que se originaron en la administración Tributaria, por lo que al haber recibido la suma de $us. 8.000.- (ocho mil dólares estadounidenses), se estableció que tuvo la intención de obtener para sí un beneficio económico indebido, haciendo incurrir en error a la víctima mediante engaños o artificios.

II.2. En el acápite V (Fundamentación Jurídica) del memorial de casación, el recurrente, en doce numerales, realiza una relación procesal de la causa y de la prueba de cargo y descargo presentada, y concluye señalando que en base a dicha relación de la prueba, la Sala Penal Tercera, estableció que no tiene competencia para revalorizar la prueba, por lo cual declaró la improcedencia de su recurso y confirmó la Sentencia.

II.3. Finalmente, bajo el subtítulo "Conclusión y Petitorio Legal", el recurrente señaló que existió un "...error in procedendo que constituyó el fundamento del recurso de apelación restringida pero que fue inobservado y sobre el cual no se pronunció la Sala Penal Tercera..." (sic); continúa señalando, que en relación a la prueba, no se le ha dado un valor correcto, como establece la sana crítica y la doctrina penal aplicable, "...incurriendo en errónea aplicación de la ley sustantiva y fundamentalmente de la prueba literal y las propias declaraciones testificales de cargo, correlacionadas con la falta de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva, así como la inobservancia de las normas sustantivas civiles..." (sic), a continuación, se limitó a citar los arts. 8.2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referidos al debido proceso y el derecho a recurrir, según expresa el recurrente.

 

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).





En este contexto, el
art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función, que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración


de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ahora bien, luego del análisis correspondiente, en el acápite II de la presente Resolución, se consignó todos los argumentos expuestos por el recurrente, respecto a los cuales corresponde verificar el cumplimiento o no del requisito llamado de fondo; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas:

Así, de la revisión del recurso y las denuncias contenidas en el mismo, este Tribunal concluye:

Que, el recurrente, no identificó ni fundamentó debidamente los motivos que considera, le causan agravios, esta conclusión es emergente del análisis de su recurso, en el que de manera general se limitó a efectuar una reseña histórica del proceso y la mención de sus antecedentes, así también de la prueba de cargo y descargo, también de manera general denunció errónea aplicación de la ley sustantiva, sin especificar, menos fundamentar, respecto a la misma, también denunció falta de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva; empero, sin explicar en qué consiste dicha incongruencia; es decir, no existe una adecuada expresión de agravios por parte del recurrente, como tampoco invocó precedente contradictorio alguno, y por esa causa, tampoco existe una explicación en términos claros y precisos, respecto a cuál la posible contradicción que pudiera existir con los fundamentos del Auto de Vista impugnado, requisitos ineludibles para decretar la admisibilidad del mismo, así se ha establecido en la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, por lo que el recurso de casación interpuesto por Víctor Quisbert Miranda, resulta inadmisible.

Por otra parte, el recurrente en el otrosí de su recurso señaló: "Hago presente que a momento de interponer el recurso de apelación restringida he ofrecido precedentes contradictorios que viabilizan el presente recurso de casación..." (sic); con esta constancia, el recurrente pretende eludir su responsabilidad y obligación claramente establecida en la norma procesal penal, que ha sido explicada en el acápite III. de la presente Resolución, referida a la obligación de la invocación del precedente contradictorio y fundamentalmente, a efectuar una explicación en términos claros y precisos, sobre la presunta o posible contradicción existente entre el precedente y el Auto de Vista impugnado, obligación que fue totalmente inobservada por el recurrente, lo que impide a este Tribunal abrir la posibilidad de ingresar en forma posterior al análisis de fondo del recurso.

De lo expuesto, se establece que el recurso de casación interpuesto por el recurrente, no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del CPP para su admisión, correspondiendo declarar su inadmisibilidad, ello en razón a los fundamentos expresados.





Conforme al art. 115.II de la CPE y art. 3.7 de la LOJ, el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones, mandato expreso que ha sido absolutamente incumplido en el caso de autos, puesto que por decreto de 3 de mayo de 2011 (fs. 332) se dispuso la remisión del recurso de casación ante este Tribunal, decreto que fue notificado a las partes el 17 de mayo del mismo año (fs. 333); empero, el oficio de remisión fue elaborado casi un mes después, y finalmente, el expediente fue recepcionado en Sala Plena de este Tribunal recién el 19 de julio de 2012; es decir, más de un año después de haberse dispuesto la remisión del mismo, lo que evidencia el incumplimiento extremo del plazo establecido en el art. 417 del CPP; consecuentemente, se dispone la remisión de fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes al Consejo de la Magistratura, a objeto de que se establezcan las responsabilidades del caso.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el artículo 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Víctor Quisbert Miranda, cursante de fs. 329 a 331 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.