TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 154/2012-RA

Sucre, 10 de julio de 2012

Expediente : Cochabamba 55/2012

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Erasmo Zeballos Montaño y Eduardo Marras Alejandro

Delito : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO

Por memorial presentado el 2 de abril de 2012, cursante de fs. 238 a 239, Eduardo Marras Alejandro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 6 de marzo de 2012, cursante de fs. 225 a 228, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Erasmo Zeballos Montaño, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación formal de fs. 3 a 6 vta., presentada por el Ministerio Público y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 15/2011 de 11 de agosto de 2011, leída íntegramente el 15 del mismo mes y año, que cursa de fs. 168 a 176 vta., el Tribunal de Sentencia de Aiquile del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a los imputados Erasmo Zeballos Montaño y Eduardo Marras Alejandro - ahora recurrente -, autores del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, siendo condenados a la pena privada de libertad de doce años; además, de trescientos días multa a razón de 0,50 centavos de boliviano por día, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de sentencia.

Contra la mencionada Sentencia, ambos imputados conforme las actuaciones que cursa de fs. 198 a 199 vta. y 212 a 213 vta., formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista de 6 de marzo de 2012, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedentes ambos recursos y en sujeción del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dictó nueva Sentencia declarando al recurrente autor del delito de transporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio y una multa de trescientos días multa a razón de 0,50 centavos de boliviano por día, a ser cancelada durante el cumplimiento de condena, con costas a favor del Estado averiguables en ejecución de sentencia.

Notificado el ahora recurrente el 29 de marzo de 2012, conforme la
diligencia cursante a fs. 230, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 2 de abril del mismo año.

DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso se extraen los siguientes motivos:

1) Se expresa que por Sentencia de 15 de agosto de 2011, fue condenado a la pena de doce años por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y siendo apelada la determinación, el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista impugnado, declaró parcialmente procedente la apelación por incurrir la Sentencia en el defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, siendo declarado autor de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas en base al principio iura novit curia y condenado a la pena de diez años; es decir, que se procedió a la recalificación del delito en vulneración del principio de inmediación y contradicción, puesto que de acuerdo al ordenamiento penal, ya no existe la doble instancia, por lo que el Tribunal de alzada, no puede valorar la prueba que ha sido producida y valorada en juicio oral por el Tribunal de Sentencia; empero, el Tribunal ad quem procedió a la recalificación del delito y al hacerlo valoró la prueba producida en primera instancia lo que constituye un defecto absoluto y un desconocimiento del art. 407 del CPP, pues correspondía en todo caso el reenvío de la causa para la celebración de un juicio por otro tribunal.

2) Por otra parte el Tribunal de alzada, respecto a la reclamada valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, señalaron simplemente que dentro del ordenamiento, no existe la doble instancia y que por lo tanto no podían volver a valorar la prueba, sin indicar si existe o no ese defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, dejando en el vacío sin pronunciarse al respecto, constituyendo este hecho un defecto absoluto, tal cual establece el art. 169 inc. 3) y art. 173 ambos del CPP, pues la Sentencia de 15/2011, incurrió en el referido defecto, al condenarlo por un delito que no cometió, existiendo por lo tanto defectos absolutos que no pueden ser convalidados.

REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con
diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos




establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se precisara precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita
que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se
convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los

requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la resolución
que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos".

Efectuada esta precisión, se tiene del análisis de los actuados procesales, que si bien el recurso de casación fue interpuesto por el imputado Eduardo Marras Alejandro dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, no cumple con los demás requisitos formales por las razones que se pasan a detallar.

En el presente recurso de casación, el imputado se limita a cuestionar la decisión del Tribunal de alzada de recalificar jurídicamente su conducta de Tráfico de Sustancias Controladas conforme lo estableció el Tribunal de Sentencia, al delito de Transporte de Sustancias Controladas; y, a alegar que no existiría pronunciamiento sobre la existencia o no de valoración defectuosa de la prueba, sin invocar precedente alguno; por ende, sin cumplir con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el citado art. 417 del CPP, sin que esa omisión quede suplida con la invocación de la existencia de supuestos defectos absolutos; lo que significa que, la forma inadecuada de formular el recurso por parte de Eduardo Marras Alejandro, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el mismo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con precedentes contradictorios, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.

En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el incumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación sometido al presente análisis, por lo cual deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 238 a 239, formulado por Eduardo Marras Alejandro.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.