TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 151/2012-RRC

Sucre, 5 de julio del 2012

Expediente : Oruro 15/2012

Parte Acusadora : Ministerio Público y Luís Fernando Cerezo

Silvestre

Parte Imputada : Miguel Ángel Valles Sempértegui y otros

Delito : Robo agravado

Magistrada Relatora : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO

Por memorial presentado el 29 de mayo del 2012, cursante de fs. 173 a 175 vta., Juan Carlos Miranda Quino, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 13/2012 de 23 de abril, cursante a fs. 133 a 137 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Luís Fernando Cerezo Silvestre contra el recurrente, Miguel Ángel Valles Sempértegui, Jaime Villegas Vargas y Teodoro Condori Poma, por el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACION

I.1. Antecedentes

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

Celebrada la audiencia de juicio, por Sentencia 19/2011 de 10 de noviembre, que cursa de fs. 69 a 80, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, dictó Sentencia condenatoria contra el recurrente y los demás imputados, declarando su autoría en la comisión del delito de Robo Agravado, tipificado en el art. 332.2 del CP, imponiéndoles la pena de cuatro años de presidio, más la imposición de costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado y de la víctima, averiguables en ejecución de sentencia.

Contra la mencionada Sentencia, Juan Carlos Miranda Quino, formuló recurso de apelación restringida conforme fluye de la actuación cursante de fs. 85 a 102, siendo resuelto por Auto de Vista 13/2012 de 23 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso y deliberando en el fondo confirmó la sentencia impugnada, con costas, motivando la interposición del recurso de casación por parte del imputado.

I.1.1. Motivos del recurso

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

El Tribunal de alzada declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida, sin considerar que la Sentencia carece de fundamentación fáctica, probatoria y legal; y, que no existe la concurrencia de los elementos

constitutivos del delito de Robo Agravado, al no haberse demostrado su participación en el hecho juzgado; aclarando que en la Sentencia en ningún momento se fundamentó cómo se produjo un apoderamiento de su parte, menos se indicó cómo, ni en que momento o en que circunstancias utilizó fuerza o violencia en las cosas, ya que su persona no se encontraba en el momento del supuesto hecho en el lugar referido; no bastando el señalamiento simple de que existe prueba suficiente, pues ello supone la vulneración de los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Añade que la Sentencia no se basó en hechos concretos, incluso la prueba testifical y documental incorporada al juicio, no condujeron a la verdad histórica ni material del hecho, por lo que se dictó una Sentencia injusta, incoherente y sin la debida fundamentación respecto a la situación de cada uno de los imputados.

La falta de fundamentación en la Sentencia, vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, pese a que la jurisprudencia estableció que toda resolución debe se fundamentada, como los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007, teniendo en cuenta que la exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, por lo que en los fallos emergentes de los recursos debe ser expresa, clara, legítima y lógica; empero, el Auto de Vista confirmó la Sentencia a través de una aseveración que contradice la doctrina legal aplicable, pues como tiene referido, la sentencia no tiene fundamentación; esto supone, que el tribunal de alzada efectuó una fundamentación inadecuada vulnerando también sus derechos a la "seguridad jurídica" y al debido proceso, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.

Agrega que la situación amerita que el Supremo Tribunal abra su competencia de oficio, con el objetivo de enmendar omisiones o errores procesales que afectan garantías, principios y derechos constitucionales, que ponen en riesgo el sistema procesal penal, conforme se estableció en el Auto Supremo 73 de 10 de febrero de 2004.

I.1.2. Petitorio

El recurrente solicita que se admita el recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 127/2012-RA de 18 de junio, cursante de fs. 184 a 185 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:

II.1. Celebrada la audiencia de juicio, por Sentencia 19/2011 de 10 de noviembre, que cursa de fs. 69 a 80, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, dictó Sentencia condenatoria contra el recurrente




y los demás imputados, declarando su autoría en la comisión del delito de Robo Agravado, tipificado en el art. 332.2 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de presidio, más la imposición de costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado y de la víctima, averiguables en ejecución de sentencia. Al respecto la citada Sentencia argumentó que el 22 de julio de 2009, a horas 20:00 aproximadamente, en el bien inmueble que se encuentra ubicado en la "calle 6 de agosto Nº. 33 esquina calle Campo Jordán entre Pasaje 'A' " de la ciudad de Oruro, se produjo un robo agravado donde los acusados Miguel Ángel Valles Sempértegui, Juan Carlos Miranda Quino, Jaime Villegas Vargas y Teodoro Condori Poma, procedieron a robar del interior del citado inmueble varios bienes muebles. Que los acusados prenombrados para cometer el Robo Agravado, utilizaron sus habilidades innatas, es así que uno de ellos es quién ingresa por una de las columnas de cemento y encuentra en el patio una "picota" sin mango, con el que violentaron la puerta de garaje rompiendo la chapa del mismo y posteriormente los cuatro acusados dentro del inmueble rompieron la chapa de ingreso a la sala de la casa logrando ingresar y apoderarse de varios objetos. Asimismo, que el referido inmueble se encontraba sin la presencia de la propietaria, que falleció el 21 del mismo mes y año.

II.2. Contra la mencionada Sentencia, el actual recurrente, formuló recurso de apelación restringida conforme la actuación de fs. 85 a 102, siendo resuelto por Auto de Vista 13/2012 de 23 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso y deliberando en el fondo confirmó la sentencia impugnada, con costas, con los siguientes argumentos: a) Que en el fallo se advierte los elementos del tipo penal que hacen al delito de Robo Agravado previsto en el art. 332.2 del CP; b) El fallo de primera instancia, cumple con los requisitos indispensables de la fundamentación, puesto que al margen de describir todos y cada uno de los elementos de prueba, explica qué es lo que se ha llegado a establecer con la misma, valorándola conforme describe el art. 124 y 173 del CPP; y, c) La fundamentación de la Sentencia es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos, que no se advierte vicios de sentencia.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS EN EL RECURSO

III.1. Contraste entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados.

En el caso presente, el recurrente sostiene en su recurso de casación, que el Auto de Vista contradice dos Resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo en primer término verificar sus fundamentos para luego ser contrastada con los expuestos en el Auto de Vista impugnado.

En ese sentido, del análisis del Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, se tiene que se refiere a un caso de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, que a los recursos de apelación restringida

planteada tanto por la parte imputada como la acusadora particular, el Auto de Vista los declaró improcedentes, motivando que la parte imputada interponga recurso de casación argumentando que el Tribunal de Alzada no absolvió todos los puntos apelados. Al respecto, el Tribunal Supremo advirtió
que el fallo de alzada, incurre en falta de fundamentación, señalando que el referido fallo por una parte, transcribe la relación de hecho del fallo del a quo, y por otra hace una relación probatoria y que de ninguna manera absuelve los puntos y agravios denunciados en los recursos de las partes, que su fallo no entró a resolver ninguna de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, sino que, tras reproducir en sus fundamentos, los motivos denunciados por la parte procesada y por la acusadora, reitera los motivos del juzgado de merito, olvidándose de las cuestiones que fueron alegadas en los recursos planteados. Su consiguiente doctrina legal aplicable, establece que: "...la exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales. También indica que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica".

Por su parte, el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, resuelve un caso de Peculado y Uso Indebido de Influencias, donde el Tribunal de Sentencia, absuelve de culpa y pena al imputado, motivando recurso de apelación tanto de parte del Ministerio Público como de la Alcaldía Municipal de Sucre, que es resuelto por el Tribunal de alzada que declara inadmisible el recurso planteado por el Ministerio Público e improcedente los motivos del recurso planteado por el referido Municipio, institución última que interpuso recurso de casación donde el Tribunal Supremo señaló que el Tribunal ad quem estando los hechos demostrados, debían subsumirse en los arts. 142 y 146 del CP, sin que esta apreciación ya realizada signifique revalorización de las pruebas; el Tribunal de Sentencia ha omitido fundamentar su Resolución 07/2006, porque no indica cuáles fueron los hechos probados y no probados y se concretan en hacer una relación de las pruebas de cargo y descargo; finalmente, en su doctrina legal aplicable señala que: "el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el Art. 1 de la Ley Nº 1970, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a la reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal".





III.2. Razonamientos sobre los fundamentos del recurso

En el caso de autos, el recurrente impugna el Auto de Vista, argumentando que la Sentencia carecería de la debida fundamentación y que no obstante este extremo, el Tribunal de Alzada, declaró improcedente el recurso de apelación restringida, pese a la existencia de jurisprudencia respecto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, por lo cual el Auto de Vista impugnado incurriría en contradicción con los precedente invocados consistentes en los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que a los motivos del recurso de apelación planteados por el recurrente, el Tribunal de Alzada dio respuestas ampliamente fundamentadas; así se tiene: a) Al planteamiento de que en la Resolución apelada concurrió el inc. 1) del art. 370 del CPP, por existir inobservancia o errónea aplicación del art. 332.2 de la Ley Sustantiva Penal, el Tribunal de Alzada respondió fundamentando que existe violación a la Ley por errónea aplicación de la norma Penal Sustantiva, cuando la Sentencia ha incurrido en una errónea calificación de los hechos, emergente de un inadecuado proceso de subsunción de los mismos al tipo penal, circunstancia que en el caso de autos no se presentó ya que la Sentencia se adecuó a los parámetros previstos en el tipo penal acusado y a los elementos de prueba producidos en el juicio oral. Llegó finalmente a la conclusión que el fallo cumplió con los requisitos indispensables de la fundamentación, puesto que al margen de describir todos y cada uno de los elementos de prueba, explicó qué es lo que ha llegado a establecer con la misma, valorándola conforme describe el art. 124 y 173 del CPP; asimismo, que la misma es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos, y que no se advierte vicios de sentencia; b) Con relación a que en la Sentencia existió concurrencia del defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP., el Auto de Vista dio respuesta argumentando que el Ministerio Público y la acusación particular pudo demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad de los acusados en la comisión del hecho ilícito en su condición de autores. Concluyó indicando que el fallo de primera instancia, cumplió con los requisitos indispensables de la fundamentación, puesto que al margen de describir todos y cada uno de los elementos de prueba, explicó qué es lo que se ha llegado a establecer con la misma, valorándola conforme describe el art. 124 y 173 del CPP; y, c) Finalmente, con relación al planteamiento de concurrencia del inc. 6) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada respondió señalando que el objetivo de los tribunales superiores, es verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo, se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, analizando si la motivación es expresa, clara completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica. Asimismo, argumenta que el fallo se basó en medios probatorios que se produjeron en el juicio, otorgándose valor a todos los medios probatorios y que el Tribunal de alzada no advirtió afirmaciones imposibles, hechos no ciertos, o que la prueba demuestre aspectos diferentes, por lo que el Tribunal de Sentencia valoró correctamente las pruebas dentro del marco de la regla de la sana crítica y prudente arbitrio. Y concluye señalando que la fundamentación de la Sentencia es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos, que no se advierte vicios de sentencia.


Dentro del examen comparativo con los precedentes invocados por el recurrente, se tiene que el Auto de Vista impugnado, al haber dado respuesta fundamentada a los agravios planteados por el imputado en su recurso de apelación restringida, no es contrario al Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, cuya doctrina legal aplicable, estableció que l
a exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, y que al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, indicando asimismo que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.

Asimismo este Tribunal deduce que el referido Auto de Vista por las razones expuestas, tampoco es contrario al precedente invocado por el recurrente consistente en el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, cuya Doctrina Legal Aplicable señaló que los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo. Al respecto, la ausencia de contradicción se evidencia cuando el Tribunal de alzada, procedió a realizar el análisis de la Sentencia, para finalmente concluir que el Tribunal de Sentencia valoró correctamente las pruebas dentro del marco de la regla de la sana crítica y prudente arbitrio.

En mérito a lo expuesto, no existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados por el recurrente, el presente recurso deviene en infundado.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 173 a 175 vta. interpuesto por Juan Carlos Miranda Quino.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.