TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 144/2012-RA

Sucre, 2 de julio de 2012

Expediente : Cochabamba 49/2012

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Gueidy Valverde Pedraza y George Kalema Ntumba

Delito : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2012, cursante de fs. 245 a 247 vta., Gueidy Valverde Pedraza, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2011, cursante de fs. 226 a 229 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público contra el recurrente y George Kalema Ntumba por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 relacionado con el art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación formal cursante de fs. 5 a 8 vta., presentada por el Ministerio Público y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 09-AAD leída su parte resolutiva el 21 de julio de 2009, y de manera íntegra el 23 del mismo mes y año, que cursa de fs. 186 a 192, el Tribunal Segundo de Sentencia de Villa Tunari del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró al imputado Gueidy Valverde Pedraza autor y culpable del delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de trece años y el pago de dos mil días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más costas a favor del Estado.

b) Contra la mencionada Sentencia, el condenado formuló recurso de apelación restringida conforme se tiene de las actuaciones de fs. 213 a 216, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista de 29 de noviembre de 2011, que cursa de fs. 226 a 229 vta. de obrados, que declaró parcialmente procedente el recurso dictando nueva Sentencia declarando al recurrente culpable del delito de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008, condenándolo a cumplir la pena de diez años de presidio y mil días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, mas costas a favor del Estado.

Notificado el imputado el 18 de mayo de 2012, conforme diligencia cursante a fs. 460 de obrados, interpuso el presente recurso de casación el 25 del mismo mes y año, que es motivo de autos.

 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso se extraen los siguientes motivos:

El recurrente señala que el Tribunal de alzada no anuló la Sentencia pese que a tiempo de dar respuesta a la impugnación planteada por éste con relación al defecto absoluto previsto por el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), indicó al inicio de su fundamento, defectuosa valoración de la prueba, lo que demuestra defecto absoluto, el cual no es susceptible de convalidación, dando lugar a la nulidad total del juicio.

Añade que el Tribunal de primera instancia, excluyó del proceso la prueba literal codificada como "MP-21" relacionada al acta de aceptación y juramento de perito, por lo que los peritajes realizados por las funcionarias debían quedar sin valor legal. Que al haber sido excluido el peritaje, que determina que la sustancia a prueba corresponde o no a sustancias controladas, siendo la que establece la existencia o no del cuerpo del delito, y al haber sido excluida ya no existe prueba alguna, ni elemento por juzgar.

Refiere que el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado no realizó observación alguna con relación al dictamen pericial excluido del proceso, porque era ilegal; y, que debió anular la Sentencia de primera instancia para que nuevamente se sustancie el juicio ante otro tribunal.

En el referido recurso, se invocan los Autos Supremos 261 de 8 de agosto de 2006, "562/2004"(sic), 372 de 22 de junio de 2004, 322 de 28 de agosto de 2006, y 576 de 4 de octubre de 2004.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será




efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte
, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la Resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se tiene señalado, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de dos requisitos, uno de forma y otro de fondo; constituyendo el primero el plazo para su interposición y el segundo la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos precisos, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida, requisitos que

deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.

 

En el caso de autos, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que el 18 de mayo de 2012, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 25 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley.

En cuanto al segundo requisito, se puede evidenciar que el recurrente argumenta que el Auto de Vista impugnado señaló defectuosa valoración de la prueba lo que demuestra la existencia de defecto absoluto; ya que la prueba codificada como "MP-21", relacionada al acta de aceptación y juramento de perito fue excluido, por lo que los peritajes realizados por las funcionarias quedaron sin valor legal, siendo que dicho peritaje es el que determina que la sustancia a prueba corresponde o no a sustancias controladas, y al haber sido excluido del proceso, dejó de existir prueba alguna ni elemento por juzgar; que el Tribunal de alzada no realizó observación alguna con relación al dictamen pericial excluido del proceso, porque era ilegal; y, que debió anular la Sentencia de primera instancia, para que nuevamente se sustancie el juicio ante otro tribunal. Asimismo invocó los Autos Supremos 261 de 8 de agosto de 2006," 562/2004", 372 de 22 de junio de 2004, 322 de 28 de agosto de 2006 y 576 de 4 de octubre de 2004.

Sin embargo de la exposición realizada en el recurso de casación objeto del presente fallo, se puede evidenciar que el recurrente emitió señalar los preceptos que debieron aplicarse en contraposición a disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, las que no deben confundirse con su propia pretensión de la forma de resolución que espera del Tribunal de casación, de la que tampoco planteó disposición alguna, limitándose a citar los arts. "416, 417 y sgts., de la Ley 1970"(sic), sin expresar claramente su pretensión. Cabe además considerar es obligación del recurrente efectuar la debida fundamentación para la viabilización de su recurso, desde la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieron aplicarse y la solución pretendida, razones suficientes para declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación por incumplimiento de los requisitos previstos para su admisión.

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo cumplido el recurrente con el segundo requisito relativo al contenido de todos los elementos de un planteamiento de fondo, conforme se tiene expuesto en el acápite III inc. ii) del presente Auto Supremo, y conforme lo explicado en párrafo precedente, el presente recurso deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 245 a 247 vta. formulado por Gueidy Valverde Pedraza.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

ALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA