TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 132/2012-RA

Sucre, 20 de junio de 2012

Expediente : Potosí 29/2012

Parte acusadora : Ministerio Público y Melaneo Mamani Jancko

Parte imputada : Luís Alfredo Mamani Calcina y otros

Delito : Asesinato


RESULTANDO

Por memoriales presentados el 25 y 30 de mayo de 2012, de fs. 453 a 461 vta., 467 a 471 y 473 a 477 vta., Melaneo Mamani Jancko, Luís Alfredo Mamani Calcina y Raúl Víctor Saavedra Yucra, respectivamente, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 13/2012 de 10 de mayo, cursante de fs. 423 a 435, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Melaneo Mamani Jancko contra Luís Alfredo Mamani Calcina, Gonzalo Flores Pumari, Juan Carlos Flores Flores, Juana Ana Calcina Belén y Vladimir Tórrez Chambi, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Complicidad, Parricidio y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 252, 23, 253 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación pública de fs. 11 a 13 vta. y 18 a 23 vta. y acusación particular formulada por Melaneo Mamani Jancko de fs. 31 a 38 vta.; y, desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 04/2011 de 10 de agosto, que cursa de fs. 240 a 253, el Tribunal de Sentencia de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del Distrito de Potosí, declaró a los imputados: a) Luís Alfredo Mamani Calcina, autor de la comisión del delito de Parricidio tipificado por el art. 253 del CP, imponiendo la pena de treinta años de prisión sin derecho a indulto; b) Raúl Víctor Saavedra Yucra, culpable de la comisión del delito de Asesinato sancionado por el art. 252.1 y 2 del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; c) Juan Carlos Flores Flores y Juana Ana Calcina Belén, autores del delito de complicidad en el Asesinato, siendo sancionados con la pena de quince años de reclusión; y, d) Vladimir Tórrez Chambi, autor del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP, imponiendo una sanción de dos años de reclusión.

Contra la mencionada Sentencia, los imputados Juana Ana Calcina Belén, Raúl Víctor Saavedra Yucra y Luís Alfredo Mamani Calcina, así como el acusador particular Melaneo Mamani Jancko, formularon recurso de apelación restringida conforme consta en las actuaciones de fs. 468 a 476 vta., 480 a 496 vta., 499 a 507 y 510 a 514 de obrados respectivamente, siendo resuelto por Auto de Vista 47/2011 de 21 de diciembre, de fs. 327 a 334 vta., que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo que cursa de fs. 409 a 415 vta.

En observancia de la determinación asumida por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, se emitió el Auto de Vista 13/2012 de 10 de mayo, que cursa de fs. 423 a 435, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente el recurso en parte y deliberando en el fondo, revocó parcialmente la Sentencia impugnada, absolviendo de pena y culpa a la imputada Juana Calcina Belén por el delito de asesinato en grado de complicidad, manteniendo en lo demás firme y subsistente la Sentencia recurrida.

Notificados el acusador particular Melaneo Mamani Jancko el 18 de mayo de 2012 y los imputados Luís Alfredo Mamani Calcina y Raúl Víctor Saavedra Yucra el 23 del mismo mes y año, conforme las diligencias cursantes de fs. 436 y 437 de obrados, interpusieron los recursos de casación que son motivo de autos el 25 y 30 de mayo de 2012, respectivamente.

II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

De los memoriales que cursan de fs. 453 a 461 vta., 467 a 471 y 473 a 477 vta., se extraen los siguientes motivos de los recursos de casación:

II.1. Recurso de casación del acusador particular Melaneo Mamani

Jancko

Sostiene que el Tribunal de Alzada, no cumplió con la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 49/2012, pronunciado en mérito a una apelación restringida planteada con anterioridad en la presente causa, pues a través de la Resolución ahora impugnada, se incurrió nuevamente en un error ya doloso de declarar procedente en parte el recurso de apelación interpuesto por las partes y revocar parcialmente la Sentencia absolviendo de pena y culpa a la imputada Juana Ana Calcina Belén por el delito de Asesinato en grado de Complicidad, cuando objetivamente se demostró que fue su persona que colaboró antes y posterior a la comisión del hecho.

Transcribiendo parte del Auto Supremo 639 de 20 de octubre de 2004, refiere que el recurso de casación por el carácter erga omnes, demanda que la doctrina legal aplicada sea cumplida en forma obligatoria, aspecto que no ha sido estimado por el Tribunal inferior, por lo que corresponde al Supremo Tribunal en granítica interpretación teleológica de la norma prevista en el art. 420 del CPP y en tributo al respecto de la doctrina legal aplicada, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.

La resolución impugnada vulneró el principio de congruencia, pues de su parte formuló recurso de apelación por la inadecuada calificación del hecho al tipo penal respecto al imputado Vladimir Torrez Chambi, quien debió ser condenado por el delito de Complicidad de Asesinato, pues sabía que los coimputados planificaron la muerte de su hijo y se demostró objetivamente que fue quien inclusive desenterró el cadáver ayudando a trasladar el cuerpo de su hijo a una movilidad para luego ser botado en el camino carretero de "Challapata" y alegar posteriormente que fue asaltado, enfatizando que en el caso sub lite existió una promesa anterior; sin embargo, el Tribunal de Alzada, en la parte resolutiva de la Resolución impugnada declaró procedente en parte y deliberando en el fondo revocó




parcialmente la Sentencia; es decir, se admitió su recurso y fue declarado procedente en parte, lo que implica que se le dio la razón de que existió una inadecuada calificación del hecho, pero no se pronunció respecto al motivo de su recurso, lo que contradice el Auto Supremo 108 de 31 de marzo de 2005, aclarando que la doctrina de esta Resolución menciona que si a una persona se le acusa por un hecho, en el cual se describe una relación fáctica y el Tribunal de Sentencia por un hecho distinto a la acusación como en el caso sub lite existe incongruencia.

El Auto de Vista recurrido de casación, se basó en hechos no acreditados conforme el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la decisión de absolver a Juana Ana Calcina Belén, pues destacando las extremos que hubiesen sido demostrados en juicio y previa mención del Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, señala que se consideran defectos absolutos cuando en la resolución sea Sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, defecto que se inscribe en el art. 370 inc. 5) en relación al art. 169 inc. 3) ambos del CPP.

II.2. Recurso de casación del imputado Luís Alfredo Mamani Calcina

i) Menciona que, el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta que fue sometido a un juicio con pruebas ilegalmente introducidas a juicio, ya que en la audiencia conclusiva, solicitó la exclusión probatoria de la prueba material, pero ésta no fue exhibida ni sometida a contradicción para poder pronunciarse sobre la licitud o ilicitud de la prueba, aclarando que si bien con posterioridad se pretendió exhibir la prueba material, formuló su rechazo porque el momento procesal ya había transcurrido operándose la preclusión; sin embargo, en forma por demás arbitraria y a la fuerza, la Jueza Cautelar introdujo la prueba que posteriormente fue utilizada en el juicio.

El Tribunal ad quem razonó que la prueba material evidentemente no fue exhibida en el momento procesal y que la suspensión de la audiencia conclusiva trastocó el principio de continuidad, porque en la próxima audiencia se puso en consideración la prueba material, pese a haber pasado el momento procesal en respeto al principio de preclusión, que fue fundamentado en la apelación restringida citando varias Sentencias Constitucionales; es decir, en todo momento afirmó que la prueba material fue introducida en forma ilegal y arbitraria, por lo que correspondía su exclusión por la Jueza de Instrucción en la audiencia conclusiva conforme manda el art. 325 del CPP, máxime si esa prueba fue utilizada en forma indebida para ser condenado, incurriéndose en el ámbito del defecto de la Sentencia prevista en el art. 370 inc.4) del CPP, citando como precedentes los Autos Supremos 272 de 4 de mayo de 2009, 241, 444 de 15 de octubre de 2005, 100 de 24 de marzo de 2005, 97 de 1 de abril de 2005,

enfatizando que en el desarrollo del proceso existe un sin número de vicios de nulidad absolutos que son insalvables.

 

Refiere que, se incurrió en defecto absoluto, pues la Sentencia se pronunció sin razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración escasa de la prueba, añadiendo que el Tribunal de Alzada llegó a la conclusión respecto a su supuesta participación en el hecho, transcribiendo simplemente el tenor íntegro de la fundamentación del a quo; sin embargo, revisando el acta de juicio y el acta de audiencia conclusiva, se puede establecer que no existe prueba alguna que le incrimine ni que su persona hubiera planificado el hecho, lo que constituye defecto absoluto; añadiendo que el Tribunal a quo sólo se basó en una autoincriminación de uno de los coimputados que de acuerdo al adjetivo penal no tiene validez. Señala como precedente contradictorio el Auto Supremo 97 de 1 de abril de 2005, enfatizando que al haberse transcrito en forma inextensa las conclusiones del tribunal a quo existe contradicción, ya que el juicio desde su inicio está plagado de vicios de nulidad insalvables que caen en el ámbito de la nulidad.

Menciona que, no se respetó sus derechos y garantías constitucionales, porque la Jueza de Instrucción, respecto al instituto de abandono de querella, dejó firme y subsistente la querella con relación a todos los imputados excepto con relación a Juana Ana Calcina; obrar, que de acuerdo al Tribunal ad quem, fue conforme a ley, lo que resulta totalmente aberrante porque no es posible admitir que para unos Melaneo Mamani sea querellante y para otros no lo sea; sin embargo, en el juicio actuó en forma indebida como parte querellante cuando en los hechos abandonó su querella por previsión del art. 292 del CPP.

Por otra parte, con relación al cómputo del plazo establecido en el art. 325 del CPP, en la audiencia conclusiva sus pruebas fueron presentadas fuera del plazo de cinco días establecidos en la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, operándose el abandono de querella sancionado por el art. 292 del CPP; empero, se asumió el criterio de que el plazo para la presentación de prueba es un plazo común y no personal, invocando como precedente el Auto Supremo 179, las Sentencias Constitucionales 1208/2003-R de 26 de agosto y 1748/2003-R de 1 de diciembre.

II.3. Recurso de casación del imputado Raúl Víctor Saavedra Yucra

Acusa defecto absoluto sancionado por el art. 169 inc.3) del CPP, por violación de su derecho a la defensa, justo y debido proceso, merced a la mala aplicación del instituto de abandono de querella, que siendo planteado en la audiencia conclusiva, fue rechazado ilegalmente por la Jueza Cautelar, razón por la cual interpuso recurso de apelación incidental para que la autoridad superior aplicando la ley disponga el abandono de la querella, habiendo solicitado a la Jueza la tramitación del recurso conforme a derecho, recordando que la Ley 007, fue promulgada con la finalidad de mejorar la eficacia del proceso penal en base a la aplicación efectiva de los principios de oralidad, continuidad, inmediación y publicidad y las garantías constitucionales; empero, el Tribunal de Alzada efectuó una errónea interpretación de la norma procesal prevista en el art. 325 del CPP, considerando que el plazo señalado por esa norma es común cuando en




realidad es personal, que corre a partir de la notificación a cada imputado o a cada parte del proceso; de modo que la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada da lugar más bien a una retardación de justicia y dilación del proceso, contrario a la teleología de la Ley 007.

Citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 272 de 4 de mayo de 2009 y 241, enfatiza que una vez que fueron expuestos los defectos absolutos en la apelación restringida en forma pormenorizada, debidamente fundamentada y con prueba, el Tribunal ad quem, existiendo defectos absolutos simplemente debió aplicar la ley y anular las actuaciones porque afectan la esencia del procesamiento.

Alega defecto de la sentencia porque se basó en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, reiterando los mismos argumentos expuestos por el coimputado Luís Alfredo Mamani Calcina respecto a esta temática, aclarando que en apelación restringida invocó como precedentes el Auto Supremo 237 de 7 de marzo de 2007, además de citar el Auto Supremo 179.

Acusa defecto absoluto sancionado por el art. 169 inc.3) del CPP, por violación al debido proceso, porque la apelación incidental sobre la Resolución de abandono de querella fue diferida para el juicio oral; empero, en el juicio no fue resuelta, sino en forma ilegal se resolvió en la apelación restringida. Sobre esta particular, señala que en el juicio solicitó al Tribunal de Sentencia resuelva el incidente de abandono de querella porque no era posible hacer participar a un sujeto que por mandato de ley abandonó su querella; empero, el citado Tribunal manifestó que no era de su competencia resolver la apelación incidental, dejando intervenir como querellante a Melaneo Mamani en contra de la ley.

Con este antecedente, el Tribunal de Alzada, asumió que mediante Auto de 24 de mayo de 2011, la jueza cautelar dejó firme y subsistente la querella con relación a todos los imputados excepto con relación a Juana Ana Calcina Belén, obrando conforme a ley; sin embargo, no se explica con razonamiento lógico ni siquiera jurídico, que el querellante asuma esa calidad para un imputado y no para la imputada, lo que es jurídicamente inaceptable, porque se crea un fenómeno jurídico que no está permitido por ninguna disposición legal, señalando que en la apelación restringida invocó como precedente el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005.

Denuncia que la sentencia se basó en hechos inexistentes no acreditados y se incurrió en defectuosa valoración de la prueba y que el tribunal ad quem pudo determinar que evidentemente muchas pruebas no fueron tomadas en cuenta como una frazada, la "MP-6"; a todo esto se suma la prueba ilegalmente utilizada en su contra, no existiendo más prueba que la autoincriminación de Juan Carlos Flores Flores, que por mandato constitucional y el adjetivo penal está prohibido; lo que implica, que no existe prueba suficiente que determine su participación en el hecho, empero fue condenado a una sanción drástica, sin tomarse en cuenta su edad y las

circunstancias y que otra persona mayor de edad, Juan Carlos Flores, que condujo de un centro poblado a un lugar despoblado tiene una sanción benigna, por lo que no existió una correcta valoración de la prueba, citando como precedentes los Autos Supremos 97 de 1 de abril de 2005, 5 de 21 de enero de 2007, 8 de 26 de enero de 2007 y 444 de 15 de octubre de 2005, por lo que se puede concluir que la resolución dictada por el tribunal de alzada incurre en contradicción con los Autos Supremos referidos, solicitando expresamente se aplique el Auto Supremo 100 de 24 de marzo de 2005.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos




por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se tiene señalado, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de dos requisitos, uno de forma y otro de fondo; constituyendo el primero el plazo para su interposición y el segundo la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.

En el caso de autos, se constata que los recurrentes cumplieron con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que pronunciada la Resolución impugnada, el acusador particular y los imputados fueron notificados el 18 y 23 de mayo de 2012, presentando los recursos de casación el 25 y 30 del mismo mes y año, respectivamente; es decir, dentro del plazo de los cinco días que les otorga la ley.

Con relación al requisito de fondo se tiene que el recurso de casación presentado por el acusador particular contiene tres temáticas descritas ampliamente en el acápite II.1. de la presente resolución, fundamentando con precisión que el Auto de Vista impugnado no cumplió con la doctrina legal establecida en un Auto Supremo pronunciado con anterioridad en la presente causa, lo que resulta contradictorio con el Auto Supremo 639 de 20 de octubre de 2004; que se vulneró el principio de congruencia en contradicción al Auto Supremo 108 de 31 de marzo de 2005; y, que la decisión del Tribunal de Alzada de absolver a la coimputada se basó en hechos no acreditados en contradicción con el Auto Supremo 479 de 8 de

diciembre de 2005; lo que implica, el cumplimiento de los requisitos de fondo para la admisión de su recurso.

Similar entendimiento resulta aplicable al recurso del imputado Luís Alfredo Mamani Calcina, que plantea en su recurso varios aspectos relativos a la concurrencia de defecto en la Sentencia por la introducción ilegal a juicio de prueba que no fue sometida a contradicción, al pronunciamiento de la Sentencia sin razones ni criterios sólidos vinculado a la decisión del Tribunal de Alzada de basar su decisión en una autoincriminación que según sostiene no tendría validez; así como a la indebida participación del querellante en el juicio pese al abandono de querella y a la interpretación del Tribunal de alzada respecto al plazo previsto por el art. 325 del CPP; extremos que irían en contradicción con los Autos Supremos identificados en el acápite II.2 de la presente resolución.

Respecto al recurso de casación formulado por Raúl Víctor Saavedra Yucra, al igual que el anterior imputado, refiere fundadamente la existencia de defectos absolutos vinculados al abandono de querella, al pronunciamiento de la Sentencia basada en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, a la definición adoptada en la causa respecto a un presunto abandono de querella y a la defectuosa valoración de la prueba, invocando varias resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo como precedentes contradictorios, destacando los aspectos referidos a las cuestiones planteadas.

Por lo expuesto, los recursos intentados cumplen con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo cual devienen en admisibles, aclarándose sin embargo que la labor de contraste a tiempo de resolverse el fondo de la causa, no abarcarán las Sentencias Constitucionales invocadas, al no constituir precedentes contradictorios, conforme lo ha sostenido de manera uniforme este Tribunal.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación de fs. 453 a 461 vta., 467 a 471 y 473 a 477 vta.,interpuestos por Melaneo Mamani Jancko, Luís Alfredo Mamani Calcina y Raúl Víctor Saavedra Yucra, respectivamente; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 13/2012 de 10 de mayo, cursante de fs. 423 a 435 y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miaranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA