TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 131/2012-RA

Sucre, 19 de junio de 2012

Expediente : La Paz 59/2012

Parte acusadora : Ministerio Público, Juan Lucrecio Mamani Argandoña y Gaby

Cruz de Mamani

Parte imputada : Julia Macdonal Aliaga, Agustina Remedios Machicado

Aruquipa

Delito : Estafa


RESULTANDO

Por memoriales presentados el 1 y 4 de junio de 2012, cursantes de fs. 1028 a 1039 y de fs. 1047 a 1052, Julia Macdonal Aliaga y Agustina Remedios Machicado Aruquipa, respectivamente, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10/2012 de 20 de marzo, cursante de fs. 866 a 869 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público, Juan Lucrecio Mamani Argandoña y Gaby Cruz de Mamani contra las recurrentes por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación del Ministerio Público cursante de fs. 12 a 16 y la acusación particular de fs. 21 a 24 de Juan Lucrecio Mamani Argandoña y Gaby Cruz de Mamani y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 13/2011 de 2 de junio, que cursa de fs. 637 a 648, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, declaró a las imputadas Julia Macdonal Aliaga y Agustina Remedios Machicado Aruquipa, autoras de la comisión del delito tipificado y previsto por el art. 335 del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión a cada una, más multa de doscientos días equivalente a Bs. 2.- (dos bolivianos) por día multa, más daños civiles y costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia. Asimismo, dispone absolución en cuanto al delito de Estelionato a favor de las imputadas.

b) Contra la mencionada Sentencia, las imputadas formularon recurso de apelación restringida, conforme se tienen de las actuaciones de fs. 654 a 656 vta. y 748 a 753 vta. Respectivamente; asimismo, el Auto de Vista 10/2012 de 20 de marzo, que cursa de fs. 866 a 869 vta. de obrados, declaró improcedentes los recursos y consiguientemente confirmó la Sentencia 13/2011 de 2 de junio.

c) Notificadas las imputadas Julia Macdonal Aliaga y Agustina Remedios Machicado Aruquipa el 25 y 28 de mayo de 2012, respectivamente, conforme la diligencia cursante a fs. 877 de obrados, interpusieron los recursos de casación 1 y 4 de junio de 2012 respectivamente, que es motivo de autos.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

De los memoriales de los recursos, se extraen los siguientes motivos:

II.1. Recurso de casación de Julia Macdonal Aliaga

La recurrente señala que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuó sin competencia, por emitir el fallo de apelación restringida fuera de plazo, lo que constituye defecto absoluto, citando los arts. 3.7 y 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) e invoca el Auto Supremo 703 de 24 de noviembre de 2004.

Refiere que, el Auto de Vista impugnado, en su parte dispositiva es totalmente incongruente, confuso y contradictorio, porque no individualiza ni mucho menos especifica cual de las imputadas o las dos juntas inobservaron los arts. 407, 408 y 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Que para el hipotético caso que la recurrente hubiese inobservado tales disposiciones, debió aplicarse el art. 399 del CPP, señalando defecto absoluto que vulnera el art. 169 inc. 3) del referido Código e invocando al respecto, los Autos Supremos 97 de 18 de febrero de 2004, 271 de 12 de mayo de 2004 y 93 de 17 de febrero de 2004.

Indica que, la Sala Penal Segunda, le privó del derecho de fundamentar su apelación, en desconocimiento del art. 411 del CPP, invocando al respecto, el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004.

Señala que, no tomó en cuenta los defectos valorativos de la prueba testifical que la recurrente hizo conocer en su recurso de apelación, vulnerando el debido proceso, la seguridad jurídica, valoración de la prueba y la legalidad de sus derechos y garantías constitucionales. Invoca la Sentencia Constitucional 0957/2004-R de 17 de julio.

Denuncia que, ni el Tribunal de Sentencia ni el Tribunal de apelación, aplicaron correctamente el término de la prescripción, porque según la recurrente, el inicio de la prescripción fue el 18 de abril de 2006, y venció a la media noche de 18 de abril de 2011, porque las supuestas víctimas tenían el plazo de cinco años para deducir la acción penal correspondiente. Que el Tribunal de Sentencia debió aplicar los arts. 30, 31 y 32 del CPP. Por otra parte, que la Sala Penal Segunda no se ajustó a lo previsto en los arts. 27, 29, 30, 31 y 32 del referido Código, vulnerando su derecho al debido proceso, celeridad, "seguridad jurídica", legalidad y derecho a la defensa. Señala como doctrina legal inaplicada por el Tribunal de Sentencia, la consignada en el Auto Supremo 142 de 17 de marzo de 2008 y refiere las Sentencias Constitucionales "150472005-R" (sic); 0101/2004-RDI; 0102/2004-RDI; 0778/2005-R; 0101/2006-R y 0792/2005-R.

Continúa con la exposición de agravios, señalando que el Tribunal de Sentencia no hizo una correcta valoración de la prueba, ni fundamentó la sanción penal en cuanto a agravantes y atenuantes, que no fundamentó la adecuación del delito de Estafa y tampoco sus elementos constitutivos, violando sus garantías constitucionales al debido proceso, a la legalidad,




al derecho a la defensa, a la igualdad procesal y seguridad jurídica. Refiere que el Tribunal de Sentencia debió aplicar el art. 124 del CPP. Cita como defectos de Sentencia el art. 370 incs. 1), 4) y 6) del referido Código, y cita los arts. 115.I, 116.I, 117.I y III de la CPE e invoca el Auto Supremo "20011-Sala Penal-1-616" (sic), la Sentencia Constitucional 0404/2010-R de 28 de junio, los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 95 de 6 de marzo de 2006, "200111-Sala PENAL-1-616" (sic), 562 de 1 de octubre de 2004 y 223 de 28 de marzo de 2007.

Indica que, el fiscal procedió de oficio y sin control jurisdiccional al ampliar el plazo de la investigación preliminar, lesionando el art. 54 inc. 1) del CPP y art. 169 inc. 1) e invoca la Sentencia Constitucional 0972/2002-R de 13 de agosto.

Refiere que el Tribunal de Sentencia se arrogó competencia para criminalizar un incumplimiento de contrato. Que, el hecho objeto de la acusación particular no existió, no constituye delito o que la imputada no participó en él. Señala que el debido proceso es un derecho fundamental de orden público y de cumplimiento obligatorio. Cita los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, art.11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 8 y 9. Señala como normas que el Tribunal de Sentencia debió aplicar, el art. 120.I, 122, 117.I y III de la CPE, art.46 del CPP. Indica que el Tribunal de Sentencia incurrió en defecto absoluto previsto en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP y cita el art. 370 incs. 1), 4), 5) y 6) de la referida Ley Adjetiva Penal. Señala como doctrina legal inaplicada por el Tribunal de Sentencia, los referidos en los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006, "200008-Sala Penal-1-310"(sic), "280/04 y otros"(sic), las Sentencias Constitucionales "1714/2003-R de3 25 de noviembre"(sic) y "1376/-04-R de 25 de agosto"(sic)

II.2. Recurso de casación de Agustina Remedios Machicado Aruquipa

Señala que, el Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre los puntos expresamente solicitados, como la errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia y la defectuosa valoración de la prueba, hechos que la recurrente refiere como defectos absolutos al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, existiendo falta de fundamentación del citado Auto de Vista. Indica también, que transgredió el art. 124 del CPP y el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, indicando que debe anularse dicho Auto de Vista, y cita el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006.

Denuncia que, ni la sentencia ni el Auto de Vista impugnado realizan una correcta configuración del ilícito de Estafa, porque los hechos no se subsumen o encuadran en la condición sine quanon de engaños o artificios, contradiciendo los Autos Supremos 235 de 27 de junio de 2002, 238 de 23 de septiembre de 2011 y transcribe parte del Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007. También refiere que se infringe el principio de legalidad al

no efectuar una adecuada subsunción de los hechos al derecho, y cita los Autos Supremos 349 de 28 de agosto de 2006 y "200712043" (sic).

Indica que, hay falta de fundamentación del Auto de Vista en su afirmación que realiza de que "la fundamentación de la sentencia es correcta" (sic), argumentando que no hace referencia en qué normas jurídicas respalda su afirmación sobre la Sentencia, señalando la recurrente que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) y art. 124 del CPP, puesto que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución y cita el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006. Y, refiriéndose a esta Sentencia, indica que no cumple con los requisitos del art. 360 del CPP, por cuanto omite señalar: lo que hizo Remedios Machicado; cómo adquiere el juzgador conocimiento de los hechos; las disposiciones legales que vulneró la imputada y cuáles sus consecuencias así como la explicación del por qué, el juzgador no realizó una valoración de las pruebas de manera integral, señalando que la valoración debe estar plasmada con su respectiva fundamentación, lo que no acontece con la Sentencia. Al respecto, cita los arts. 359, 173 y 124 del CPP. También cita el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006. Transcribe partes de los Autos Supremos 379 de 26 de septiembre de 2005, 444 de 15 de octubre de 2005 y 393 de 28 de septiembre de 2005. Finalmente cita los Autos Supremos "280/2004 y otros" (sic) y 144 de 22 de abril de 2006.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte
, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar





los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Conforme se tiene señalado, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de dos requisitos, uno de forma y otro de fondo; constituyendo el primero el plazo para su interposición y el segundo la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.


IV.1. Con relación al recurso de casación de
Julia Macdonal Aliaga

En el caso de autos, se constata que la recurrente, cumplió con el primer requisito


de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que el
25 de mayo de 2012, fue notificada con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 1 de junio de 2012; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley.

Con relación al primer motivo especificado en el punto 1 del acápite II.1 del presente Auto Supremo, la recurrente señala que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuó sin competencia, por emitir el fallo de apelación restringida fuera de plazo, habiendo invocado y fundamentado el Auto Supremo 703 de 24 de noviembre de 2004, cumpliendo así con lo previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que corresponde declarar su admisibilidad.

Respecto al segundo motivo referido a que el Auto de Vista impugnado en su parte dispositiva, es totalmente incongruente, confuso y contradictorio, porque no individualiza ni mucho menos especifica cual de las imputadas o las dos juntas inobservaron los arts. 407, 408 y 416 del CPP. Que para el hipotético caso que la recurrente hubiese inobservado tales disposiciones, debió aplicarse el art. 399 del CPP, señalando defecto absoluto que vulnera el art. 169 inc. 3) del CPP e invocando al respecto, los Autos Supremos 97 de 18 de febrero de 2004, 271 de 12 de mayo de 2004 y 93 de 17 de febrero de 2004. Que, con relación a este motivo cumple lo previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que corresponde declarar su admisibilidad.

Con relación al tercer motivo, referido que la Sala Penal Segunda, le privó del derecho de fundamentar su apelación, en desconocimiento del art. 411 del CPP, invocó el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, cumpliendo asimismo con los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que corresponde declarar su admisibilidad.

Respecto al cuarto motivo de su recurso, que refiere que no tomó en cuenta los defectos valorativos de la prueba testifical que la recurrente hizo conocer en su recurso de apelación, la recurrente invoca la Sentencia Constitucional 0957/2004-R de 17 de julio, que de conformidad al art. 416 del CPP, no constituye precedente contradictorio, correspondiendo declarar la inadmisibilidad por este motivo.

Referente al quinto motivo, que denuncia que ni el tribunal de sentencia ni el tribunal de apelación, aplicaron correctamente el término de la prescripción, fundamentando sus agravios, normas que el tribunal de Sentencia debió aplicar, invocó el Auto Supremo 142 de 17 de marzo de 2008, al igual que varias Sentencias Constitucionales. Con relación al Auto Supremo invocado, la recurrente no ha explicado ni fundamentado la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente citado. Por otra parte, las Sentencias Constitucionales invocadas por la recurrente, no constituyen precedentes contradictorios de conformidad al art. 416 del CPP, por lo que en consecuencia, corresponde declarar su inadmisibilidad.

Con relación al sexto motivo, referido a que el tribunal de sentencia no hizo una correcta valoración de la prueba, ni fundamentó la sanción penal en cuanto a agravantes y atenuantes, que no fundamentó la adecuación del delito de Estafa y tampoco sus elementos




constitutivos, la recurrente invoca la Sentencia Constitucional 0404/20110-R de 28 de junio, los Autos Supremos "507, de octubre de 2007" (sic); 214 de 28 de marzo de 2007, 95 de 6 de marzo de 2006, "200111-Sala Penal-1-616"(sic), 562 de 1 de octubre de 2004, 223 de 28 de marzo de 2007. Con relación a la Sentencia Constitucional invocada, no constituye precedente de conformidad al art. 416 del CPP, por lo que no corresponde ingresar a su análisis. Por otra parte, la recurrente no ha señalado la fecha completa del Auto Supremo 507, habiendo hecho referencia sólo al mes y año, por lo que el análisis de fondo del presente motivo, sólo podrá ser circunscrito en los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 95 de 6 de marzo de 2006, 200111-Sala Penal-1-616, 562 de 1 de octubre de 2004, 223 de 28 de marzo de 2007, que cumpliendo asimismo con los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que corresponde declarar su admisibilidad.

Referente al séptimo motivo que señala que el fiscal procedió de oficio y sin control jurisdiccional al ampliar el plazo de la investigación preliminar, invoca una Sentencia Constitucional, que no constituye precedente contradictorio de conformidad al art. 416 del CPP, por lo que en consecuencia, corresponde declarar su inadmisibilidad.

Con relación al octavo motivo que indica que el Tribunal de Sentencia se arrogó competencia para criminalizar un incumplimiento de contrato, la recurrente invocó y fundamentó los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006, "200008-Sala Penal-1-310" (sic), "280/04 y otros" (sic), las Sentencias Constitucionales "1714/2003-R de3 25 de noviembre" (sic) y "1376/-04-R de 25 de agosto" (sic). Con relación a las Sentencias Constitucionales invocadas, no constituyen precedentes de conformidad al art. 416 del CPP. Por lo que corresponde ingresar al fondo de ésta problemática, sólo con relación a los Autos Supremos 280/04, 144 de 22 de abril de 2006, 200008-Sala Penal-1-310, pues se dio cumplimiento a los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo declarar su admisibilidad.

IV.2. Con relación al recurso de casación de Agustina Remedios

Machicado Aruquipa

En el caso de autos, se constata que la recurrente, cumplió con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que el 28 de mayo de 2012, fue notificada con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 4 de junio de 2012; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley.

Referente a lo denunciado por la recurrente en sentido de que:

Respecto al primer motivo, señala que el Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre los puntos expresamente solicitados, como es la errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia y la defectuosa valoración de la prueba; la recurrente, si bien, simplemente citó el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006; sin embargo, al denunciar vulneración a sus derechos y garantías fundamentales, lo cual en

su criterio constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, corresponde a éste Tribunal, bajo el supuesto de flexibilización, abrir su competencia y resolver lo que en derecho corresponde, por lo que el presente motivo deviene en su admisibilidad.

Con relación al segundo motivo, indica que ni la Sentencia ni el Auto de Vista impugnado realizan una correcta configuración del ilícito de Estafa, porque los hechos no se subsumen o encuadran en la condición sine quanon de engaños o artificios invocando los Autos Supremos 235 de 27 de junio de 2002, 238 de 23 de septiembre de 2011 y transcribe parte del Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007. Por otra parte también refiere que se infringe el principio de legalidad al no efectuar una adecuada subsunción de los hechos al derecho, y cita los Autos Supremos 349 de 28 de agosto de 2006 y "200712043" (sic), Autos Supremos últimos que no han merecido por parte de la recurrente una explicación ni fundamentación de la posible contradicción entre el Auto de Vista y estos precedentes citados, por lo que no corresponde su análisis con relación a estos Autos Supremos. Por otra parte, los Autos Supremos 235 de 27 de junio de 2002, 238 de 23 de septiembre de 2011 y 21 de 26 de enero de 2007, no han sido invocados en su recurso de apelación, conforme lo exige el art. 416 del CPP, y considerando que los actos ilegales denunciados se hubiera originado en primera instancia, la recurrente tenía la obligación de invocar precedentes contradictorios ya en su recurso de apelación restringida, conforme la norma citada, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad con relación a este motivo, puesto.

Respecto al tercer motivo, refiere que hay falta de fundamentación del Auto de Vista en su afirmación que realiza de que "la fundamentación de la sentencia es correcta" (sic) argumentando que no se hace referencia en qué normas jurídicas respalda su afirmación sobre la sentencia, puesto que ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución. Al respecto, la recurrente sólo citó el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006; sin embargo, al denunciar vulneración a sus derechos y garantías fundamentales, lo cual en su criterio constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, corresponde a este Tribunal, bajo el supuesto de flexibilización, abrir su competencia y resolver lo que en derecho corresponde, por lo que el presente motivo deviene en su admisibilidad.

Referente al cuarto motivo que indica que el juzgador no realizó una valoración de las pruebas de manera integral, señalando que la valoración debe estar plasmada con su respectiva fundamentación, lo que no acontece con la Sentencia. Al respecto, invoca los Autos Supremos 379 de 26 de septiembre de 2005, 444 de 15 de octubre de 2005 y 393 de 28 de septiembre de 2005, citando también los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006, 280/2004 y 144 de 22 de abril de 2006, Autos Supremos últimos que no han merecido por parte de la recurrente una explicación ni fundamentación de la posible contradicción entre el Auto de Vista y estos precedentes citados, por lo que no corresponde su análisis con relación a estos Autos Supremos. Por otra parte los Autos Supremos 379/2005, 444/2005 y 393/2005, no han sido invocados en su recurso de apelación, conforme lo exige el art. 416 del CPP, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad con relación a este motivo.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por:Julia Macdonal Aliaga, sólo con relación a los motivos primero, segundo, tercero, sexto y octavo; y, de Agustina Remedios Machicado Aruquipa, sólo en lo que respecta al primer y tercer motivo.

En cumplimiento del art. 418 del CPP, en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 10/2012 de 20 de marzo, cursante de fs. 866 a 869 vta. y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Presidenta Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario Sala Cristhian Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA