SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 096/2012-RA Sucre, 11 de mayo de 2012

Expediente: Santa Cruz 33/2012

Partes: Ministerio Público y Erwind Céspedes Gutiérrez y Herland Huarita Salvatierra c/ José Luís Escobar Márquez

Delito: Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito


RESULTANDO

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2012, cursante de fs. 493 a 497 vta., José Luís Escobar Márquez, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 02 de 17 de enero de 2012, cursante de fs. 481 a 485 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Erwind Céspedes Gutiérrez y Herland Huarita Salvatierra contra el recurrente por el delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 segunda parte del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) En mérito a la acusación formal de fs. 175 a 180 y acusación particular de fs. 186 a 190 vta., presentada por Erwind Céspedes Gutiérrez y Herland Huarita Salvatierra y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 14 de 26 de agosto de 2011, que cursa de fs. 356 a 373, el Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al recurrente José Luís Escobar Márquez, autor de la comisión del delito tipificado y previsto por el art. 261 segunda parte del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, con costas y daños civiles a calificarse en ejecución de sentencia. Determinando además su inhabilitación para conducir vehículos por el término de un año y cuatro meses.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado y el acusador particular Edwin Céspedes Gutiérrez formularon recursos de apelación restringida conforme se tiene de las actuaciones de fs. 411 a 414 vta. y fs. 425 427 vta. respectivamente, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista 02, que declaró admisible y procedente en forma parcial la apelación interpuesta por el acusador particular y deliberando en el fondo modificó la pena a cuatro años de reclusión e incrementó la medida de inhabilitación a dos años; además, declaró admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por el imputado.

c) Notificado el imputado el 3 de febrero de 2012, conforme la diligencia cursante a fs. 488 de obrados, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos el 6 del mismo mes y año.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación se extraen los siguientes motivos:

Se violaron los derechos fundamentales incurriéndose en procesamiento indebido y persecución ilegal, al no haberse dado cumplimiento al Auto de Vista de 7 de junio de 2011, del cual asumió conocimiento después de pronunciada la sentencia, que anuló obrados hasta el acto conclusivo para determinar sobre la existencia de prueba ilegal e ilícita que no puede ser convalidada y porque el tribunal de alzada no se pronunció sobre la referida resolución judicial, incurriéndose en defectos absolutos previstos en el art. 169.3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En el recurso de apelación restringida estableció tres motivos expresamente, sin embargo el Auto de Vista impugnado no se pronunció respecto a su denuncia de apreciación indebida de las pruebas porque la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados; por el contrario, el tribunal de alzada efectuó una apreciación antojadiza aumentando el quantum de la pena, sin tomar encuenta que el conductor de la motocicleta estaba ebrio e iba a 70 km/h.

Denuncia procesamiento indebido porque desde el primer momento y desde la etapa preparatoria reclamó, pidió investigación y solicitó se excluya la prueba de alcotest signada con el Nº 5, ya que fue obtenida de manera indebida porque el laboratorio "BIOZEMA" no estaba autorizado para realizar dicha prueba y como estableció la sentencia no tuvo la cadena de custodia; sin embargo, el Tribunal de Alzada sin existir inmediación valoró la prueba sabiendo que es ilícita; además que, en el juicio oral su persona llegó a demostrar que la supuesta víctima, Edwin Céspedes Gutiérrez estaba en estado de ebriedad y circulaba a gran velocidad, hechos que no fueron analizados por el tribunal de apelación, lo que implica una persecución indebida y procesamiento ilegal debido a que se obtuvo elementos de prueba sin seguirse los procedimientos de la norma adjetiva penal y sus peticiones no fueron atendidas, pese a que las expresó en la apelación pero el tribunal no resolvió conforme a derecho, por lo que correspondía la anulación del proceso conforme dispuso el Auto de Vista de 7 de junio de 2011 que no fue cumplido.

Pese a mencionar precedente contradictorio, el Tribunal de Alzada no se pronunció y no revisó que el Tribunal de Sentencia no aplicó correctamente el art. 261 del CP, ya que no valoró de manera correcta los hechos como la inobservancia del motociclista Edwin Céspedes Gutiérrez, de conducir su motorizado a más de 70 km/h, presentar litocis alcohólica y no existir informe técnico de tránsito, por lo que no podía ser condenado, citando al efecto al Auto Supremo 337 de 7 de junio de 2004, caso en el cual se declaró la absolución ante la ausencia de informe técnico.

La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa, pues el Tribunal de Apelación no cumplió su deber de revisar el recurso de apelación, menos valoró correctamente las pruebas puesto que no existe informe técnico por lo que no podía ser condenado, más cuando el testigo Miguel Salvatierra Algarañaz afirmó que el motociclista circulaba a mas de 70 km/h y la testigo Katerine Castro Landivar, así como la Historia Clínica, confirmaron la litosis alcohólica del querellante, aspectos que no fueron valorados correctamente en su conjunto.

Por último, el Tribunal de Alzada incurrió en otro error ad iudicando, al confundir la modificación de la sentencia con la modificación de la pena, habiendo obrado en el segundo supuesto con un criterio sesgado, arbitrario, ilegal y abusivo, sin considerar de que no es responsable penalmente, atendió al querellante, el pasajero desistió, el querellante tenía litosis alcohólica y que iba a más de 70 km/h, además de haber insertado mentiras en la resolución en cuanto a la actuación de la testigo Katerine Castro Landívar.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; y, c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, dentro del marco prescriptivo de los arts. 416 y 417 del CPP, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

Sometidos a análisis los antecedentes procesales, se establece que el recurso formulado por el imputado José Luís Escobar Márquez, fue interpuesto dentro del plazo establecido por ley, correspondiendo verificar si concurren los demás requisitos formales para su admisibilidad.

En ese sentido, se advierte que el recurrente plantea en el recurso varios temas centrales; el primero referido a la falta de pronunciamiento del tribunal de alzada respecto a un Auto de Vista que anuló obrados hasta el acto conclusivo, la falta de pronunciamiento de uno de los tres motivos de apelación restringida y la valoración por parte del tribunal de alzada de una prueba ilícita y la falta de consideración de aspectos fácticos que hubiesen generado una persecución indebida y un procesamiento ilegal, por lo que considerando, la necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, menos los que desconozcan principios sobre los cuales se halla fundamentado el propio sistema procesal penal, flexibilizando los requisitos del recurso de casación, corresponde abrir la competencia de este Tribunal de Justicia en forma extraordinaria para conocer el recurso interpuesto por la parte imputada y luego de verificar los fundamentos y las denuncias planteadas, resolver conforme a derecho.

En cuanto a las denuncias identificadas en los puntos 4, 5 y 6 del acápite II de la presente Resolución, este Tribunal asume que se hallan vinculados al precedente invocado por el recurrente, es decir al Auto Supremo 337 de 7 de junio de 2004, razón por la cual también corresponde un análisis de fondo a efectos de verificar si existe o no contradicción en los términos previstos por el art. 416 in fine del CPP, por lo que el recurso deviene en admisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 493 a 497 vta., interpuesto por José Luís Escobar Márquez; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 02 de 17 de enero de 2012, cursante de fs. 481 a 485 vta., y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado:

Presidenta: Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala: Cristián G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA