SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 093/2012-RA Sucre, 9 de mayo de 2012

Expediente: Pando 5/2012

Partes: Ministerio Público y Felipa Carmela Apaza Roldán c/ Aquiles Vélez Rojas

Delito: Abuso Deshonesto


RESULTANDO

El recurso de casación, cursante de fs. 57 a 58 vta., suscrito por Jesús Mamani Ventura, abogado patrocinante de Aquiles Vélez Rojas, quien no firmó el referido memorial, mediante el cual impugna el Auto de Vista de 7 de marzo de 2012, que cursa de fs. 47 a 50, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Felipa Carmela Apaza Roldán contra el imputado, por la comisión del delito de Abuso Deshonesto previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).

I. ANCECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:

1.- A consecuencia del requerimiento conclusivo emitido por el Ministerio Público en contra de Aquiles Vélez Rojas, por la comisión del delito de Abuso Deshonesto, en el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Pando, se desarrolló el juicio oral, público y contradictorio, que concluyó con el pronunciamiento de la Sentencia condenatoria cursante de fs. 14 a 20 y vta., mediante el cual se declaró a Aquiles Vélez Rojas, culpable de la comisión del delito de Abuso Deshonesto previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de seis años.

2.- Contra la citada Sentencia, el imputado Aquiles Vélez Rojas por memorial cursante de fs. 23 a 26 vta., interpuso recurso de apelación restringida; remitido el proceso ante el ad quem, ese Tribunal dictó el Auto de Vista de 7 de marzo del 2012, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación en consecuencia confirmó la Sentencia impugnada.

II. DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que en materia penal es de carácter personalísimo, que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 394 del Código de Procedimiento Penal (CPP) cuando señala en forma precisa que: "el derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley"; de esta norma se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en un juicio penal, el sujeto procesal que hubiera sufrido algún agravio, entre estos están el imputado, la parte acusadora, la víctima y en su caso el defensor público quien no requiere de mandato conforme dispone el art. 109 del CPP, por ello corresponde precisar que el abogado patrocinador particular
carece de facultad para interponer recursos en representación de su defendido, esto porque la defensa en material penal es personalísima.

Conforme está precisado, el abogado particular carece de legitimidad activa para interponer recursos en representación de su defendido, esto por no ser la persona directamente afectada con los supuestos agravios que contendría el Auto de Vista recurrido, al respecto el Tribunal Constitucional al precisar la legitimidad activa concluyó afirmando que: "...corresponde al afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna" (Sentencia Constitucional 0134/2002-R de 20 de febrero). Por su parte la Corte Suprema con respecto a la legitimidad activa y al derecho de recurrir preciso lo siguiente: "el derecho de recurrir corresponde a quien le sea expresamente permitido por ley, y no estándole permitido ejercer ese derecho al abogado patrocinador, como en la especie se pretende..." (Auto Supremo 349 de 17 de junio de 2009).

III. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

Del análisis de los actuados procesales se evidencia, que el recurso de casación cursante de fs. 57 a 58 vta., ha sido suscrito y presentado por el abogado particular Jesús Mamani Ventura, señalando que lo realiza "por el impetrante como abogado defensor", invocando para ello el art. 400 del CPP; al respecto corresponde precisar que el mencionado abogado en su condición de defensor particular no tiene facultad, menos legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en proceso penal, la norma invocada refiere a la representación sin mandato que ostenta el defensor público conforme se desprende del art. 109 del CPP; en esa virtud habiéndose desconocido lo dispuesto por el art. 394 del citado Código, el presente recurso deviene en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Aquiles Vélez Rojas cursante de fs. 57 a 58 vta., que fue suscrito por Jesús Mamani Ventura, abogado particular del imputado.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidenta: Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala: Cristián G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA