SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 086/2012-RRC Sucre, 4 de mayo de 2012

Expediente: La Paz 25/2012

Partes: Ministerio Público c/ Milton Félix Navarro Márquez, Adolfo Ursus Herrera Soriano, Briseyda Patricia Paredes Ayaviri

Delito: Suministro de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2011, de fs. 849 a 854 vta., Milton Félix Navarro Márquez, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 191/2011 de 6 de octubre (fs. 836 a 841), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y otros, por la presunta comisión de los delitos de Suministro de Sustancias Controladas previsto en el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. DEL RECURSO DE CASACION

I.1. Antecedentes

I.1.1 De los antecedentes del proceso se establece que, en mérito a la acusación fiscal, el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 006/10 de 21 de octubre de 2010, declaró al imputado Milton Félix Navarro Márquez, autor de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho años de presidio, más el pago de mil días multas (sin especificar el valor por día multa), más el pago de costas a favor del Estado, a ser regulados en ejecución de Sentencia, y absuelto del delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto en el art. 48 de la Ley 1008.

I.1.2 Contra la mencionada Sentencia, Milton Félix Navarro Márquez, formuló recurso de apelación restringida conforme consta de fs. 793 a 802 vta., siendo resuelto por Auto de Vista 191/2011 de 6 de octubre, que declaró improcedente, manteniendo incólume la Sentencia 006/10, Resolución que es motivo del presente recurso.

I.1.1. Motivos del recurso

Del memorial del recurso de casación interpuesto por Milton Félix Navarro Márquez, como del Auto Supremo 056/2012-RA de 5 de abril, se extrae como único motivo a ser analizado en la presente Resolución, el siguiente:

El recurrente acusa defecto absoluto argumentando que, iniciado el juicio el 9 de junio de 2010, no se observó el principio de continuidad, debido a las reiteradas suspensiones de juicio, que en algunos casos se dieron por espacios superiores a los diez días que señala como límite el procedimiento penal, que hasta su conclusión el 21 de octubre de 2010, hubieran transcurrido siete años de proceso sin que exista una Sentencia de primera instancia, por lo que considera que se infringieron los arts. 334, 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que amerita la nulidad del juicio oral conforme señala el Auto Supremo "31" (lo correcto es 37) de 27 de enero de 2007, que desarrolló doctrina acerca del citado principio procesal, por lo que en su criterio correspondería la anulación del juicio oral por existencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación.

I.1.2. Petitorio

Solicita, que la "Corte Suprema de Justicia" (sic), anule el juicio oral y reenvíe a otro Tribunal, tal cual está prescrito en el art. 413 del CPP.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 056/2012-RA de 5 de abril, este Tribunal declaró ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el recurrente únicamente en relación al motivo expuesto precedentemente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:

II.1. De la acusación formal

Conforme a los antecedentes que cursa en el expediente, de acuerdo a la acusación formal (fs. 11 a 16) el Fiscal de Materia asignado al caso, menciona que funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontraron al recurrente junto otras personas, en inmediaciones de la zona del Prado, comercializando flagrantemente sustancias controladas, y al momento de su aprehensión, se le encontró en posesión de 5.6 gramos de cocaína y 12.7 gramos de marihuana, motivo por el cual, fue inmediatamente aprehendido y remitido a la Dirección de la FELCN, puesto a disposición del juez cautelar, que ordenó su detención preventiva para fines investigativos.

II.1. De la Sentencia

Conforme se evidencia de los datos del expediente, concluido el juicio oral el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, y en virtud a la prueba admitida, producida e incorporada al juicio, la que consideró suficiente para generar convicción en el Tribunal respecto a la responsabilidad de los imputados, declaró a Briseyda Patricia Paredes Ayaviri y Milton Félix Navarro Márquez, autores de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, por habérsele encontrado en posesión de 5.6 gramos de cocaína y 12.7 gramos de marihuana previsto y sancionado en el art. 51 de la Ley 1008, condenándolos a la pena de ocho años de presidio (fs. 781).

 

II.2. Apelación restringida y su Resolución

Notificado con tal determinación, Milton Félix Navarro Márquez, planteó apelación restringida de la Sentencia, entre otros motivos, el que corresponde ser analizado en la presente Resolución, referido a defecto absoluto vulneración a los principios de celeridad, continuidad y el debido proceso que garantiza una justicia gratuita, transparente y sin dilaciones, puesto que en el
desarrollo del juicio se produjeron un sin número de suspensiones por espacios de tiempo mayores a diez días, por lo que hasta la conclusión del juicio transcurrieron siete años de proceso sin que exista una Sentencia de primera instancia, por lo que considera que se infringieron los arts. 334, 335 y 336 del CPP, hechos que son contrarios a la doctrina legal desarrollada en el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, solicitando en aplicación del art. 413 del CPP, anulen totalmente la Sentencia 006/10 de 21 de octubre de 2010, y que la Corte Superior ordene la reposición del juicio por otro Tribunal (fs.802).

Radicada la apelación restringida por ante la Sala Penal Tercera, se emitió el Auto de Vista 191/2011 de 6 de octubre, por el que se declaró improcedente dicho recurso; consecuentemente, confirmó la Sentencia apelada, dicha Resolución tiene el siguiente fundamento: a) De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 336 de 4 de junio de 2004, el Tribunal Supremo estableció que no es suficiente invocar el precedente en el recurso de casación, sino que dicho precedente debe guardar similitud con el hecho objeto del presente proceso, debe existir explicación del sentido jurídico distinto y alcance de la norma sustantiva, extremos que no fueron cumplidos por el recurrente; b) En relación a la dilación del proceso, el Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, estableció doctrina legal aplicable, en sentido de que es posible suspender la audiencia de juicio oral únicamente por una vez y por un lapso no mayor a diez días, y que en los casos de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados; no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, así, en aplicación del principio de celeridad procesal, cuando pese a las suspensiones reiteradas no se presente dispersión de la prueba, el Tribunal de alzada podrá ingresar al análisis de fondo del recurso interpuesto, en el caso presente, si bien el juzgador realizó numerosas suspensiones y en algunos casos por más de diez días, "en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral" (sic), constituyendo en cierto modo actos dilatorios; empero, no es menos cierto que no se evidencia dispersión de pruebas, por lo que el Tribunal de alzada puede apartarse excepcionalmente en el caso concreto de la jurisprudencia señalada en mérito al principio de celeridad; y, c) Presentada la acusación formal el 7 de agosto de 2003, y luego de las dificultades en la conformación del Tribunal de Sentencia, habiéndose señalado audiencia para el 1 de febrero de 2005, la misma no se llevó a efecto por la inasistencia de los tres acusados, por lo que son declarados rebeldes, incluido el recurrente, siendo aprehendido el 18 de mayo de 2009, en circunstancias en que había sido sorprendido nuevamente en actividades ilícitas enmarcadas en la Ley 1008, según lo manifestado por el Fiscal del caso, lo que demuestra que el ahora recurrente "incurrió en conductas ilícitas" y no demostró en ningún momento su sometimiento al proceso, hechos que no son mencionados por el recurrente en su recurso.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

III.1. Del precedente contradictorio citado

El recurrente citó como precedente contradictorio el Auto Supremo "31" (lo correcto es 37) de 27 de enero de 2007, al que corresponde remitirnos a objeto del análisis establecido en el art. 419 del CPP:

El mencionado Auto Supremo fue citado por el recurrente, para fundamentar su denuncia en sentido de que el Tribunal de apelación, incurrió en defecto absoluto por vulneración de los principios de celeridad, continuidad y el debido proceso que garantiza una justicia gratuita, transparente y sin dilaciones, puesto que en el desarrollo del juicio se produjeron un sin numero de suspensiones por espacios de tiempo mayores a diez días, habiendo transcurrido siete años desde el momento de su detención sin que exista una Sentencia de primera instancia, por lo que considera que se infringieron los arts. 334, 335 y 336 del CPP; Con dicho antecedente, cabe señalar que el Auto Supremo "31" (lo correcto es 37) de 27 de enero de 2007, tiene como antecedente, entre otras denuncias, la contenida en su inciso 2) referida a la violación al principio de continuidad, toda vez que la audiencia de juicio se hubiera suspendido por 13, 18, 18, 15 y 23 días, por lo que también se habría vulnerado el principio de celeridad, denuncia que motivó que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, deje de lado las demás denuncias contenidas en el recurso, e ingrese directamente a resolver estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable:

"DOCTRINA LEGAL APLICABLE.-

Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.

Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.

Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nº 239, de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.


Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún mas grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.

De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto." (sic)

III.3. Análisis del caso planteado

Con los antecedentes hasta ahora citados, y por la característica de la denuncia o motivo del recurso que nos ocupa, conviene remitirse a las actas de audiencia que emergieron como resultado del desarrollo del juicio oral y público, ello, con carácter previo a ingresar al análisis de la presunta contradicción en que hubiera incurrido el Auto de Vista ahora impugnado por el recurrente, en relación al precedente contradictorio citado, así se tiene que:

a) Resulta evidente que la Acusación Fiscal en el presente caso fue presentada el 7 de agosto de 2003 (fs. 11 a 16), y que ante la imposibilidad de conformar el Tribunal segundo de Sentencia de el Alto, se dispuso la remisión del proceso al Asiento Judicial más próximo, que resultó ser el Tribunal de Sentencia de Achacachi (fs. 137), el que una vez conformado, señaló audiencia de juicio oral para el 1 de febrero de 2005, la que fue suspendida por inasistencia de los tres imputados, entre ellos el ahora recurrente (fs. 180 a 181), razón por la cual fueron declarados rebeldes por Auto de 1 de febrero de 2005 (fs. 182 a 183), disponiendo además se libren los mandamientos de aprehensión correspondientes.

En forma posterior, y ante la reiterada inasistencia de los jueces ciudadanos se procede a reconformar el Tribunal, conforme se evidencia del acta de 18 de noviembre de 2009 cursante de fs. 340 a 342.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión del ahora recurrente (fs. 361 y vta.), se establecen los siguientes hechos:

Conforme consta del acta de audiencia de prosecución de juicio oral de 21 de diciembre de 2009, la misma es suspendida por ausencia de un Juez ciudadano, por lo que el Presidente del Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, señaló nueva audiencia para el 18 de enero de 2010 (fs. 404 a 405).

Instalada la audiencia de juicio oral el 18 de enero de 2010, y ante la inasistencia del representante de Ministerio Público como del abogado del ahora recurrente se suspendió la audiencia y se señaló una nueva para el 28 de enero de 2010 (fs. 414 a415).

El día y hora indicado; es decir, el 28 de enero de 2010, nuevamente se procede a la suspensión de la audiencia de juicio oral, por la inasistencia del Fiscal asignado al caso, señalándose nueva audiencia para el 9 de febrero de 2010 (fs. 421 a 422).

Instalada la audiencia de 9 de febrero de 2010, la misma se desarrolló sin mayores inconvenientes, en esta oportunidad la coimputada Briseyda Paredes Ayaviri, planteó la extinción de la acción por duración máxima del proceso, y corrida en traslado, el Fiscal asignado solicitó la suspensión de la audiencia a objeto de examinar los antecedentes y responder al incidente, solicitud que fue atendida por el Tribunal, señalándose nueva audiencia para el 17 de febrero de 2010 (fs. 428 a 432).

Instalada la audiencia de 17 de febrero de 2010, se informó de la inasistencia de los tres procesados en razón a que no se hizo llegar la orden de salida por bloqueos existentes en la zona, además se verificó la inasistencia de un juez ciudadano, por lo que la audiencia es suspendida para el 1 de marzo de 2010 (fs. 433 a 434).

La audiencia señalada para el 1 de marzo de 2010, también fue suspendida por inasistencia del Fiscal, por lo que se señaló nueva audiencia para el 11 de marzo de 2010 (fs. 439 a 440).

El día y hora señalados, se procedió a instalar la audiencia de juicio oral, la que nuevamente fue suspendida por inasistencia de un juez ciudadano, señalándose nueva audiencia para el 19 y 25 de marzo de 2010 (fs. 451 a 452).

Instalada la audiencia de 25 de marzo de 2010, nuevamente es suspendida por inasistencia del Fiscal asignado al caso, lo que motivó que la abogada de la defensa reitere sus solicitud de sanción y asignación de otro Fiscal para el desarrollo del juicio, petición que es atendida por el Tribunal de Sentencia, señalándose nueva audiencia para el 2 de abril de 2010 (viernes santo) (fs. 502 a 503), que finalmente fue diferida para el 9 de ese mes y año, la que se desarrolló normalmente y en ella se declaró "improbada" la solicitud de extinción de la acción penal, y a su conclusión se señaló nueva audiencia para 16 de abril de 2010 (fs. 526 a 539).

Instalada la audiencia en la fecha señalada, la misma es nuevamente suspendida por inasistencia del Fiscal y un juez ciudadano, se suspendió la misma y se señaló nueva audiencia para el 26 de abril de 2010 (fs. 542 a 543).

El día y hora señalado, nuevamente se procedió a suspender la audiencia por inasistencia de los jueces ciudadanos, señalándose nueva audiencia para el 6 de mayo de 2010 (fs. 555 a 557).

Instalada la audiencia el 6 de mayo de 2010, nuevamente es suspendida por inasistencia del Fiscal asignado al caso, reiterando la abogada de la defensa su solicitud de asignación de otro Fiscal, por lo que el Tribunal de Sentencia señaló nueva audiencia para el 14 de mayo de 2010, y solicitó la reasignación de otro Fiscal (fs. 565 a 566).

La audiencia programada para el 14 de mayo de 2010, fue suspendida por inasistencia del presidente del Tribunal de Sentencia por problemas de salud, según se manifiesta en el acta de audiencia, dejando constancia que será el Presidente del Tribunal quien señale nueva audiencia cuando se restablezca a sus funciones (fs. 572 a 573).

Reinstalada la audiencia de juicio oral conforme se establece en el acta de 2 de

junio de 2010 (fs. 612 a 613), la misma es suspendida por inasistencia de un juez ciudadano, señalándose nueva audiencia para el 9 de junio de 2010.

El día y hora señalados, se instala y desarrolla la audiencia de manera normal produciéndose la declaración de los imputados, y a su conclusión, se señaló nueva audiencia para el 17 de junio de 2010 (fs. 673 a 680).

El 17 de junio de 2010, se suspende la audiencia en razón a la inasistencia de la coimputada Briseyda Patricia Paredes Ayaviri, señalándose nueva audiencia para el 25 de junio de 2010 (fs. 683 a 685), señalamiento que es dejado sin efecto por decreto de "21 de julio de 2010" (fs. 697), en razón a que dicha fecha se tenía señalada la vacación judicial, por lo que se fija nueva audiencia de juicio oral para el 30 de julio de 2010.

Reinstala la audiencia de juicio oral, conforme consta en el acta de fs. 707 a 709), y ante la inasistencia de testigos y peritos, se procedió a señalar nueva audiencia para el 20 de agosto de 2010.

La audiencia fijada para el 20 de agosto, también fue suspendida por la inasistencia de la Perito, por lo que se señaló nueva audiencia para el 27 de agosto y 2 de septiembre de 2010 (fs. 712 a 713).

Del acta de audiencia de 27 de agosto de 2010, se establece que se suspendió la audiencia por inasistencia de los Jueces ciudadanos (fs. 717 a 718).

Instalada la audiencia de 2 de septiembre de 2010, la misma es suspendida en razón a la inasistencia de la Jueza Técnica Celia Medrano Quevedo, por razones de salud, no obstante el pedido de la defensa de dar continuidad a la audiencia, señalándose nueva audiencia para el 10 de septiembre de 2010 (fs. 726 a 728).

El 10 de septiembre de 2010, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la que se produjo prueba testifical y a su conclusión, el Presidente del Tribunal señaló nueva audiencia de prosecución del juicio para el 17 de septiembre de 2010 (fs. 732 737).

Luego de una breve suspensión, se llevó a delante la audiencia de juicio oral de 17 de septiembre de 2010, en la que también se determinó la exclusión de la Jueza Técnica Celia Medrano Quevedo, además se produjo prueba testifical y a su conclusión el Presidente del Tribunal señaló nueva audiencia para el 24 de septiembre de 2010 (fs. 738 a 744).

Instalada la audiencia de 24 de septiembre, se suspende la misma por la inasistencia del abogado de la defensa, por lo que se señaló nueva audiencia para el 4 de octubre de 2010 (fs. 746 a 747).

La audiencia de 4 de octubre, fue suspendida por inasistencia del Fiscal, por lo que se señaló nueva audiencia para el 11 de octubre de 2010 (fs. 749 a 750).

La audiencia de 11 de octubre, también fue suspendida por la inasistencia de un juez ciudadano, señalándose nueva audiencia para el 21 de octubre de 2010 (fs. 754 a 755).

De la relación de los antecedentes expuestos, se establece que la audiencia de juicio oral fue suspendida de manera reiterada en más de veinticinco ocasiones, y en su gran mayoría por inasistencia del Fiscal asignado al caso y en muchas otras, por inasistencia de los Jueces ciudadanos.

Precisados los hechos, corresponde determinar si el Auto de Vista impugnado, es contradictorio al precedente citado, para ello, inicialmente conviene recordar que el fundamento de la apelación restringida está orientado a la denuncia de defecto absoluto por vulneración de los principios de celeridad, continuidad y el debido proceso que garantiza una justicia gratuita, transparente y sin dilaciones, en razón a un sin número de suspensiones de la audiencia de juicio oral y por espacios de tiempo mayores a diez días, infringiendo los arts. 334, 335 y 336 del CPP; además, denuncia que transcurrieron siete años desde el momento de su detención sin que exista una Sentencia de primera instancia; respecto a este motivo, el Tribunal de alzada con base en el Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, concluyó que si bien es posible suspender la audiencia de juicio oral únicamente por una vez y por el lapso no mayor a diez días, y que en caso de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados, no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, para "evitar dilaciones innecesarias en el proceso, de ahí que en los casos en los que a solicitud de partes, se suspende la audiencia del juicio oral por más de una vez, excepcionalmente, el Tribunal de alzada podrá ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de no restringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, por otra parte, deberá ingresar al análisis de fondo, cuando pese a las suspensiones reiteradas el Tribunal de apelación estime que no se produjo "dispersión de la prueba" y no sea necesaria la realización de un nuevo juicio" (sic); también fundamentó su decisión de improcedencia de la apelación restringida, señalando que si bien la acusación se presentó el 7 de agosto de 2003, ante el Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz; sin embargo, ante la imposibilidad de constitución del Tribunal por parte de los Jueces ciudadanos, el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia de Achacachi, donde finalmente se conformó Tribunal y se señaló audiencia de juicio oral para el 1 de febrero de 2005, la que no pudo efectuarse por la inasistencia de los tres imputados, por lo que fueron declarados rebeldes, y específicamente en el caso del ahora recurrente recién fue aprehendido en diciembre de 2009, reiniciándose las audiencias de juicio oral en diciembre de 2009, lo que acredita que el imputado no coadyuvó al desarrollo del juicio; así, con estos argumentos y principalmente, porque consideró que no existió dispersión de la prueba, el Tribunal de apelación declaró improcedente el recurso de apelación.

Ahora bien, el razonamiento expuesto en el Auto de Vista impugnado, que por cierto estuvo sustentando en la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, si bien, en términos de orden general es aceptable y razonable, el mismo, no condice y no es aplicable al caso de autos, afirmación categórica a la que llega este Tribunal, tomando en cuenta tres momentos o etapas en el juicio que es motivo de análisis que se detallan a continuación:

1) En el caso en análisis, se tiene que, inicialmente existió imposibilidad de conformar Tribunal a objeto de juicio correspondiente, ello se evidencia de que a pesar de la presentación de la acusación el 7 de agosto de 2003, recién se constituyó Tribunal el 31 de enero de 2005 (fs. 177 a 179); es decir, dos años después de presentada la acusación, lapso de tiempo que resulta extremada e injustificadamente prolongado al fin referido.

2) Por otra parte, también es evidente que ante la inconcurrencia de los tres imputados a la audiencia de juicio oral fijada para el 1 de febrero de 2005, el Tribunal de Sentencia emitió Resolución declarándolos rebeldes y disponiendo se libren los mandamientos de aprehensión correspondientes (fs. 180 a 183), situación que determinó la suspensión del juicio hasta la aprehensión de los mismos (con los efectos legales consiguientes), que en el caso del ahora recurrente se efectuó en diciembre de 2009, razón por la cual, el juicio fue interrumpido por más de cuatro años.

3) Un tercer momento del juicio, por decirlo de alguna manera, y que por su importancia a efecto de resolver la problemática en cuestión, es la que corresponde sea analizada en la presente Resolución, está referida al lapso de tiempo transcurrido desde la aprehensión del imputado y la iniciación del juicio oral, que de acuerdo al detalle expuesto en el inc. b) precedente, se inició con la audiencia de 21 de diciembre de 2009, y concluyó con la audiencia de 21 de octubre de 2010, en la que se dio lectura a la Sentencia 06/10, habiendo transcurrido exactamente diez meses, que se caracterizaron por las reiteradas suspensiones de audiencias, de las que se pudo evidenciar que, por una parte se realizaron suspensiones de audiencias al margen de los casos previstos en el art. 335 del CPP, y por otra, por espacios mayores a los diez días establecidos en el art. 336 del CPP; es decir, este Tribunal encuentra que se vulneró por doble partida el procedimiento y el debido proceso a que tienen derecho las partes, pues cabe recordar, que es deber del Estado garantizar este derecho fundamental de las personas, el cual tiene íntima relación con el derecho a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros principios que establece el art. 115.II de la CPE, derechos que además se encuentran consagrados no sólo en la Constitución Política del Estado, sino también en el Código de Procedimiento Penal, como no podía ser de otra manera, así se establece de sus arts. 329 y siguientes, de los que se extrae la voluntad clara del legislador, cuando de manera enfática habla de la continuidad del juicio oral, de la inmediación ininterrumpida de los Jueces y de todas las partes, de la oralidad, que entre otros fines, precisamente busca dar agilidad al desarrollo del juicio, por lo que puede afirmarse, que el principio de continuidad va directamente enlazado al de la oralidad del juicio, y en la búsqueda de garantizar estos principios, el legislador le otorgó facultades claras y precisas al juez o presidente del Tribunal para dirigir y ordenar la audiencia, además del poder disciplinario para hacer cumplir sus determinaciones; es decir, el juez o presidente del Tribunal, tiene el suficiente sustento jurídico, a objeto de ordenar y dirigir el juicio y las audiencias que lo conforman, a cuyo fin puede ordenar los actos necesarios e imprescindibles para garantizar su normal desarrollo y el ejercicio pleno del derecho al debido proceso y defensa de las partes.

En caso de ser necesaria la suspensión de la audiencia de juicio oral, en los casos determinados en el procedimiento, el lapso de tiempo de dicha suspensión no puede ser mayor de diez días como lo establece el art. 336 del CPP, pues ese es el límite legal que fijó el legislador, y ello tiene un sentido, que no es otro que la necesidad de que el juicio oral como las actuaciones en el efectuadas, estén garantizadas por una continuidad efectiva, a objeto de lograr no sólo la consumación del principio de continuidad del juicio oral, sino principalmente, para garantizar el cumplimiento del principio de inmediación, que comprende no sólo la relación directa de los miembros de un Tribunal con las partes y los medios de prueba, sino también que dicha inmediación no sea interrumpida por espacios de tiempo demasiados prolongados, que puedan tener una incidencia directa entre el contacto con las partes, elementos, pruebas y argumentos captados por los jueces en un determinado tiempo y el que podrán recordar y tener presente al momento de emitir una Sentencia, si es que existen de por medio prolongados lapsos de tiempo.

En cuanto al precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, y que sirvió de fundamento para la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación restringida, de su análisis se establece que la situación de hecho descrita, no es similar al caso presente, pues en el mismo se habla de la realización de dos juicios orales por reenvío, y que las suspensiones de audiencias no corresponden a la etapa del reenvío del juicio, y por otra parte, las suspensiones de audiencias fueron a solicitud de las partes, las que fueron atendidas para garantizar el derecho a defensa de las mismas, al contrario del caso analizado, en que las suspensiones de audiencias fueron por inasistencias injustificadas en su mayoría del Fiscal y de los jueces ciudadanos y técnicos, con la particularidad de que contrario a la solicitud que realizaron las partes en el caso del Auto Supremo 106, en el presente, la abogada de la defensa, de manera reiterada reclamó por las suspensiones de audiencias e insistentemente solicitó sanciones al Fiscal e incluso la reasignación de otro Fiscal para dar continuidad al juicio oral, por lo que este Tribunal concluye que la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, en que se fundó la declaratoria de improcedencia de la apelación restringida, no es aplicable al caso.

Así también, cabe señalar que el recurrente, en el caso presente está legitimado para denunciar la vulneración del principio de continuidad del juicio oral, en razón a que las suspensiones de la audiencias de juicio oral no son de su responsabilidad, además porque reclamó de manera reiterada al Tribunal, para que haga uso de sus facultades de ordenadoras y disciplinarias; consecuentemente, la denuncia de defecto absoluto por vulneración de los principios de celeridad y continuidad del juicio oral y su relación con el debido proceso, resultan evidente en la problemática analizada, y en razón a los fundamentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista ahora impugnado, efectivamente es contrario al precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo "31" (lo correcto es 37) de 27 de enero de 2007, doctrina que fue ratificada en otras Resoluciones posteriores como el Auto Supremo 422 de 18
de septiembre de 2009, y no condice en absoluto con el espíritu que el constituyente atribuyó a la norma constitucional, ni con la voluntad del legislador plasmada en el procedimiento penal.

No se afectan los principios de continuidad e inmediación cuando las suspensiones del debate, obedecen a situaciones surgidas en el mismo proceso, y no son cuestiones ajenas a las necesidades de la causa, y además cuando se efectúan para garantizar el derecho a la defensa de las partes.

Finalmente, este Tribunal no puede dejar de mencionar su extrañeza, por la manera displicente con que fue llevado adelante el juicio oral por parte del Presidente y los miembros del Tribunal de Sentencia, así como por las reiteradas inasistencias injustificadas a las audiencias en que incurrió el Fiscal asignado al caso, lo que ciertamente incidió de manera directa en el desarrollo del juicio oral, que debe ser tramitado con sujeción a los principios rectores que deben ser inexorablemente observados por los operadores de justicia, como los de inmediación y continuidad, más aún cuando el presente proceso, no es un caso complejo o con un número importante de sujetos procesales, pues cabe recordar que el proceso fue seguido por el Ministerio Público contra dos personas, siendo una de ellas el ahora recurrente a quien se le acusó de haber sido encontrado en su poder 5.6 gramos de cocaína y 12.7 gramos de marihuana, situación que determinó su detención preventiva.

 

III.4. Doctrina legal aplicable

El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", precepto constitucional que encuentra su desarrollo y consagración práctica en la estructura de nuestro sistema penal, que se caracteriza por la oralidad, integrada por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, sobre los cuales debe desarrollarse el juicio con la fundamentación tanto de la acusación como de la defensa, la introducción de la prueba, el alegato de las partes y en los plazos establecidos, el pronunciamiento de la Sentencia.

En cumplimiento al mencionado mandato constitucional, es facultad del órgano jurisdiccional, en uso de sus atribuciones, dirigir y velar por el desarrollo normal del juicio oral y las audiencias que lo conforman, a cuyo fin deberá ordenar los actos necesarios e imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen el mismo y el ejercicio pleno del derecho a defensa de las partes, consecuente con ello, entre otros aspectos, el legislador señaló expresamente los casos en que es posible suspender la audiencia de juicio oral, como también fijó un plazo máximo de suspensión de audiencias, que no puede ser mayor a diez días, y ello tiene un sentido, que no es otro que la necesidad de que el juicio oral como las actuaciones efectuadas, estén garantizadas por una continuidad efectiva, a efecto de lograr no sólo la consumación del principio de continuidad del juicio oral, sino principalmente, para garantizar el cumplimiento del principio de inmediación que comprende no sólo la relación directa de los miembros del Tribunal con las partes y los medios de prueba, sino también, que dicha inmediación no sea interrumpida por espacios de tiempo demasiados prolongados que puedan tener una incidencia directa entre los hechos y elementos captados por los Jueces en un determinado tiempo, y el que puedan recordar y tener presente en el momento cúspide de emitir una Sentencia, pues conforme a los principios de continuidad e inmediación del juicio oral, este debe desarrollarse de manera consecutiva para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes, y de manera inmediata emitirse sentencia.

De acuerdo a lo fundamentado, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación no obró correctamente.

 

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Milton Félix Navarro Márquez, cursante de fs. 849 a 854 vta., y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 191/2011 de 6 de octubre, debiendo el Tribunal de Alzada, previo sorteo y sin espera de turno, pronunciar nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida en la presente Resolución. Dando cumplimiento al art. 420 del CPP, remítase copias del presente Auto Supremo a todas los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, para que, por intermedio de cada Presidente, pongan en conocimiento de las Salas, Tribunales y Jueces Penales.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado:

Magistrada relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala: Cristián G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA