SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 052/2012-RA Sucre, 2 de abril de 2012

Expediente: La Paz 23/2012

Partes: Ministerio Público e Isabel Durán de Iturri c/ Timoteo Valero Palma y Wilmer Gaflet Valero Quispe

Delito: Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado

RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de enero de 2012, de fs. 474 a 478, Timoteo Valero Palma, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 72/2011 de 30 de noviembre (fs. 455 a 459), dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Isabel Durán de Iturri en su contra, por la presunta comisión de los delitos Falsedad Materia de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado previstos en los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

1.- El Ministerio Público e Isabel Durán de Iturri, presentaron acusación formal contra la ahora recurrente, señalando que José Limachi Mamani, con engaños logró convencerla para comprar un vehículo, a cuyo efecto solicitó un préstamo de dinero en la suma de $us. 6.000.- (seis mil dólares estadounidenses) al "Banco Sol", dicha adquisición se realizó a nombre de Hugo Ramiro Limachi Quispe, garantizando el crédito la empresa denominada "Dura Gas" de la cual la querellante es administradora, y con la finalidad de que el referido vehículo distribuya gas licuado y con las ganancias pague el crédito obtenido, es así que inicialmente lo pactado se estaba cumpliendo a cabalidad; sin embargo, en el "mes de mayo" el camión desaparece, además no entrego el valor de ciento treinta garrafas que llevó para su distribución, y luego de las averiguaciones del caso se enteró que el vehículo había sido desmantelado por completo para proceder a reacondicionar otro motorizado, con esos antecedentes menciona que durante la etapa preparatoria se logró evidencia consistente en una minuta, por la cual Timoteo Valero Palma transfiere dicho motorizado en virtud al poder Nº 95/2007, que le otorgó Salomé Mary Nina Tarqui, a favor de Wilmer Gaflet Valero Quispe, el 17 de marzo de 2009, hechos por los cuales, y luego del juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, dictó Sentencia condenatoria contra el ahora recurrente (fs. 365 a 371 vta.) declarándolo autor de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y uso de Instrumento Falsificado, condenándole a la pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses de reclusión; además de ser absuelto del delito de Falsedad Material.

2.- Contra la mencionada Sentencia, el ahora recurrente formuló recurso de apelación restringida cursante de fs. 395 a 399, siendo resuelto por Auto de Vista 72/2011, que declaró la improcedencia tanto del recurso de interpuesto por el ahora recurrente como el recurso interpuesto por la acusadora particular, y en consecuencia confirmó la Resolución impugnada.


3.-
Notificado el imputado el 22 de diciembre de 2011, conforme la diligencia cursante a fs. 460 de obrados, interpuso el recurso de casación que es motivo del presente análisis.

DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

El recurrente, en los numerales 1, 2 y 3 de su recurso denuncia que, se vulneró el art. 163 del CPP, referido a que la notificación con la primera Resolución, deberá ser notificada personalmente, además se vulneró el art. 164 del mismo Código, ya que nunca fue notificado legalmente ni personalmente en su domicilio con la acusación formal, particular ni con el Auto de apertura de juicio, tal cual establece el art. 343 del CPP, habiéndose enterado extraoficialmente que su proceso se sorteó y radicó en el Tribunal Tercero de Sentencia, cuando los plazos para asumir defensa habían precluido; al respecto, señala que en la diligencia de notificación con la acusación, firma como testigo de actuación Omar Mamani con CI Nº 4981779; (fs. 52), sin embargo, por informe de la Dirección de Identificación Personal, (fs. 115), se establece que dicho número de cédula de identidad no le pertenece al mencionado testigo de actuación, de lo que se infiere (según señala) que el mencionado testigo no existe y sus datos son falsos, por lo que señala que el Oficial de Diligencias incurrió en los delitos de falsedad material y otros, además la diligencia hubiera sido efectuada en un domicilio que no le corresponde, por lo que denunció estos hechos al Tribunal, instancia que rechazó su incidente de nulidad, habiendo realizado reserva de apelación que fue concedida, por lo que considera que quedó en indefensión y se vulneró la seguridad jurídica y el debido proceso; al respecto, no citó precedente contradictorio alguno.

 

En el numeral 4 y 5 de su recurso, denuncia la violación de los arts. 1 y 3 del CPP, porque hubiera sido condenado a cuatro años y seis meses sin haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, porque quedó en indefensión ya que los miembros del Tribunal no fueron imparciales, por cuanto lo procesaron sin haber presentado sus pruebas de descargo, como tampoco valoraron las pruebas de cargo que fueron "alteradas"; además, señala que se vulneró el art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque no fue oportuna y efectivamente protegido por los miembros del Tribunal en el ejercicio de sus derechos al debido proceso.

Finalmente, bajo el inciso b de su memorial de casación titulado "Respecto a la no valoración de las pruebas de cargo" (sic), realiza una relación de los antecedentes del derecho propietario del vehículo que dio origen al proceso y los documentos de transferencia referidos al mismo, cuestionando su valoración por parte del Tribunal y cuestionando también de manera general la autenticidad de los mismos. En otro punto, el recurrente también efectúa observaciones respecto al testimonio de poder otorgado por Enrique Iturri, para el inicio del proceso señalando que el mismo fue otorgado para el Tribunal Segundo y no para el Tercero de Sentencia, permitiendo que pese a este vicio la acusadora siga el juicio. Finalmente señala que,
haciendo una correcta revisión de los antecedentes, quien debía ser denunciado, imputado, acusado y condenado, era Hugo Ramiro Limachi Quispe, y no su persona, quien fue el que se subrogó la deuda con el Banco Sol, por ello considera que Isabel Durán de Iturri, indujo en error al Ministerio Público y al Tribunal de Sentencia para que lo imputen, acusen y condenen.

REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; empero, "El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos" (Rosa Pascual - Los recursos en el Código de Procedimiento Penal Boliviano); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

 

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.

ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

 

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

En el caso presente, de la revisión de los antecedentes, se tiene que si bien el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; sin embargo, el recurrente no citó ningún precedente contradictorio y como consecuencia de dicha falencia, peor aún no existe explicación en absoluto en términos claros y precisos respecto a la posible contradicción que pudiera existir con el Auto de Vista impugnado, lo que pudiera permitir enmendar posibles errores y omisiones cometidas por dicho tribunal, pues el recurrente se limitó a reiterar de manera idéntica los motivos de su apelación restringida, tal es asi que en los numerales 1,2 y 3; y bajo el inc. b), si bien denuncia que no fue notificado personalmente, y que en la diligencia de notificación firma un testigo falso y la falta de valoración de las pruebas de cargo; empero, no cumplió con el art. 416 del CPP, conforme se desarrollo el acápite III. inc. ii) del presente Auto Supremo, lo que impide a este Tribunal decretar la admisibilidad del recurso e ingresar al análisis del referido recurso.

Además; si bien simplemente menciona una supuesta vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso, señalando que fue oído en juicio oral y público, quedando en indefensión porque los miembros del Tribunal no fueron imparciales; empero, no explicó en absoluto el resultado dañoso que pueda emerger de ese defecto, ni mucho menos las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; pues, como se tiene expresado simplemente se limitó a manifestar que dichos derecho hubieran sido vulnerados, por ello tampoco es posible a este Tribunal, admitir el recurso, en uso del supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permitiría abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal.


De lo expuesto, se establece que corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el recurrente, ello en razón a los fundamentos expresados.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Timoteo Valero Palma, cursante de fs. 474 a 478.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidenta: Mag. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Secretario de Sala: Cristián G. Miranda Dávalos

ALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA