SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 255 Sucre, 17 de octubre de 2011

Expediente: Cochabamba 229/2006

Partes: Julio Humberto Valenzuela González C/ Luis Oni Torres Gómez-Ortega.

Delito: Extorsión.

Ministro Relator: Ramiro José Guerrero Peñaranda


VISTOS: el recurso de nulidad y casación interpuesto el 31 de agosto de 2006 por Julio Humberto Valenzuela González (fojas 964 a 969), impugnando el Auto de Vista emitido el 22 de abril del mismo año por la Sala Penal Tercera del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 947 a 949) en el proceso seguido por el recurrente contra Luis Oni Torres Gómez-Ortega con imputación por el delito de extorsión.

CONSIDERANDO: que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes datos:

1.- El 19 de marzo de 2001, Julio Humberto Valenzuela González, en la ciudad de Cochabamba, planteó en sede del Ministerio Público querella contra Luis Oni Torres Gómez-Ortega con imputación por comisión del delito de extorsión, señalando que éste cometió tal delito cuando en el mes de julio del año 2000 inició contra su persona una acción penal por hurto de motoniveladoras, cargadoras, retroexcavadoras, dosificadoras de hormigón, camiones hormigoneros, grúas, compactadoras, volquetas, jeeps, camionetas, changadoras, formaletas, y más de cien otros ítems (fojas 46 a 49).

2.- Sustanciada en atención a esa querella la correspondiente causa con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, el Juez Sexto de Partido en lo Penal a cargo del caso dictó sentencia el 29 de enero de 2004 declarando al imputado absuelto de culpa y pena respecto a dicho delito, aplicando a ese efecto la disposición contenida en el numeral 1) del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal de 1972 por existir en relación a ese caso solamente prueba semiplena, pues correspondió otorgar ese carácter al proceso que con imputación por comisión del delito de hurto fue iniciado por Luis Oni Torres Gómez-Ortega contra Julio Humberto Valenzuela González, y concluyó en la fase de Segunda Instancia con sentencia que, modificando la calificación original de hurto, condenó a éste a la pena de dos años y dos meses de reclusión por el delito de apropiación indebida (fojas 880 a 884).

3.- El querellante impugnó esa sentencia mediante recurso de apelación en el que expuso que resulta inexplicable la decisión contenida en ella, pues, estando claro que el delito de extorsión halla su perfeccionamiento en la presión ilegítima que se ejerce sobre voluntad ajena para constreñirla y conseguir que se haga algo indebido, el imputado fue autor de tal comportamiento al acusarlo de hurto con el propósito de obligarlo a desistir de una acción penal iniciada anteriormente contra él con imputación por comisión de los delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación indebida y estelionato (fojas 888).

4.- También impugnó esa sentencia el procesado, con presentación en su recurso de apelación de un petitorio en sentido de que se proceda a la revocatoria de esa sentencia absolutoria, y se emita en su reemplazo otra con el carácter de declarativa de inocencia, pues la sentencia condenatoria impuesta al querellante como autor del delito de apropiación indebida por el Juez de Primera Instancia fue confirmada por el Tribunal de Alzada con Auto de Vista de 30 de abril de 2005, lo cual demuestra que la acusación planteada para los fines de esa acción penal no significa extorsión sino pleno ejercicio del derecho a velar por un interés legítimo (fojas 935 a 937).

5.- Ante esos recursos de apelación, el Tribunal de Alzada, mediante el Auto de Vista mencionado en el rubro, revocó la mencionada sentencia señalando que durante la sustanciación de la causa no hubo prueba alguna contra el imputado, y, por ello, en su reemplazo, emitió otra con declaratoria de inocencia, que tuvo como fundamento un criterio según el cual el querellante Julio Humberto Valenzuela González no demostró que, al haber Luis Oni Torres Gómez-Ortega planteado una acción penal contra su persona, no actuó en ejercicio legítimo de un derecho, sino que tuvo como propósito simplemente el de amedrentarlo para lograr que no prosiga un juicio anterior incoado contra el mismo Luis Oni Torres Gómez-Ortega por los delitos de estafa, abuso de confianza y apropiación indebida.

6.- El recurso de nulidad y de casación que es motivo de autos fue presentado con los siguientes argumentos: a) El juicio por hurto que contra su persona planteó Luis Oni Torres Gómez-Ortega, que concluyó en segunda instancia con sentencia condenatoria por el delito de apropiación indebida, no tuvo otro propósito que el de lograr, mediante amenaza de reclusión, el desistimiento de otro proceso que él le inició por comisión de los delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación indebida y estelionato, razón por la cual es indudable que tal hecho tiene el carácter de extorsión porque pretende "que se haga o deje de hacer alguna cosa" como señala el artículo 333 del Código Penal; b) Tal motivación no fue captada por el Tribunal de Alzada que, debido a esa circunstancia, emitió su fallo con infracción de las disposiciones contenidas en los numerales 1) y 2) del artículo 296 del Código de Procedimiento Penal de 1972 que hacen referencia al quebrantamiento de formas procesales y a violación de ley sustantiva en la decisión de la causa, y con infracción igualmente de las disposiciones contenidas en los numerales 1), 3) y 4) del mismo Código por aplicación incorrecta, interpretación errónea y calificación equivocada de los hechos, lo cual implica que debe apreciarse como probada la impugnación a ese Auto de Vista tanto por la vía de nulidad como por la de casación.

7.- Respecto a ese planteamiento, la Fiscal representante del Ministerio Público, en su requerimiento de 11 de diciembre de 2006, manifestó que corresponde casar el Auto de Vista impugnado y mantener subsistente la sentencia de primera instancia, porque la decisión del Juez Sexto de Partido en lo Penal, al absolver de culpa y pena al procesado por existencia de sólo prueba semiplena, se basó en una adecuada valoración de los datos del proceso, y que, al contrario, la decisión del Tribunal de Alzada no estuvo debidamente fundamentada (fojas 974 a 975).

CONSIDERANDO: que por el examen efectuado se llega a las siguientes conclusiones:

Primera.- Se pudo apreciar que entre Julio Humberto Valenzuela González y Luis Oni Torres Gómez-Ortega hubo procesos con acusaciones mutuas, que se tramitaron por separado, y tuvieron origen en el derecho de cada quien de hacer prevalecer sus legítimos intereses.

Segunda.- Respecto a uno de esos procesos, en que el acusado es Julio Humberto Valenzuela González, éste retribuyó la imputación respectiva sosteniendo que tal planteamiento constituye comisión del delito de extorsión.

Tercera.- El mencionado proceso concluyó en segunda instancia con sentencia condenatoria por el delito de apropiación indebida, lo cual, aunque no consta que tal sentencia este ejecutoriada, constituye un punto de referencia para colegir que la iniciación de esa acción penal no debe interpretarse como un acto de extorsión.

Cuarta.- Por ello resulta correcto el criterio del Tribunal de Alzada que apreció que, si al cabo de proceso se demuestra que la acusación fue infundada, ello puede dar lugar a una acción recriminatoria pero no a un proceso por extorsión.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando la regla contenida en el numeral 2) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, en desacuerdo con el requerimiento fiscal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julio Humberto Valenzuela González impugnando el Auto de Vista emitido el 22 de abril de 2006 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso seguido por el recurrente contra Luis Oni Torres Gómez-Ortega con imputación por comisión del delito de extorsión.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Secretaria de Cámara: Sonia Acuña Valverde (S.L.)

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA