SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 243 Sucre, 29 de septiembre de 2011

Expediente: Cochabamba 123/2006

Partes: Ruth Norma Barrón Ortuño y otro. C/ Jaime Céspedes Camacho y otra.

Delito: Apropiación indebida y abuso de confianza.

Primer Relator: Ministro José Luis Baptista Morales

Segundo Relator: Ministro Ramiro José Guerrero Peñaranda


VISTOS: los recursos de casación interpuestos por Jaime Céspedes Camacho de 28 de abril de 2006 (fojas 1239 a 1240) y por Nancy Virginia Soriano Melgares de 9 de mayo de 2006 (fojas 1247 a 1248) impugnando el Auto de Vista de 5 de abril de 2004 pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 1211), en la demanda de calificación de daños civiles emergente del proceso penal ejecutoriado, por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, incoado por Ruth Norma Barrón Ortuño de Lora y José Celedonio Reynaga Domínguez contra los recurrentes.

CONSIDERANDO: que para los fines de resolver los recursos de casación opuestos por los impetrantes, se establecen los siguientes datos procesales:

1.- El Juez Primero de Partido en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba el 9 de noviembre de 1998, pronunció Sentencia condenatoria contra: a) Nancy Virginia Soriano Melgares, por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos en los artículos 345 y 346 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, al pago de costas al Estado y a la parte querellante, así como la responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia; y, b) A Jaime Céspedes Camacho, lo declaró autor de los delitos de cómplice y encubridor con relación a los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, que prevén los artículo 23, 171, 345 y 346 del referido Código Penal y con las mismas imposiciones de las sanciones determinadas a la procesada Nancy Virginia Soriano Melgares.

2.- Ejecutoriada la referida Sentencia, Ruth Norma Barrón Ortuño de Lora y José Celedonio Reynaga Domínguez, el 17 de mayo de 2001, demandaron que se proceda a la "Calificación y Ejecución de la Responsabilidad Civil", amparados en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal de 1972 y ratificando las pruebas documentales adjuntas al proceso contra Nancy Virginia Soriano Melgares y Jaime Céspedes Camacho.

3.- Concluido el trámite de la referida demanda, el Juez Primero de Partido en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba dictó Sentencia de 5 de marzo de 2002, mediante la cual, declaró "probada la demanda de calificación y ejecución de la responsabilidad civil", planteada por Ruth Norma Barrón Ortuño de Lora y José Celedonio Reynaga Domínguez, ordenando el pago de la responsabilidad civil en cuotas; bajo la modalidad siguiente:

a.- El pago del capital de $us. 31.926.36 (treinta un mil novecientos veintiséis 36/100 dólares americanos), así como el pago de intereses del 6% de acuerdo a lo instituido en el artículo 411 del Código Civil, a partir del 6 de diciembre de 1996, que corresponden a cinco años y cinco meses, que arrojan la suma de $us 9.675.- (nueve mil seiscientos setenta y cinco), sumadas ambas cifras, dan un monto de $us. 41.601.36.- (cuarenta y un mil seiscientos uno 36/100 dólares americanos).

b.- El mencionado monto de dinero $us 41.601.36, debe ser cancelado por parte de los demandados en forma solidaría y mancomunada, en diez cuotas mensuales de $us 4.160.- (cuatro mil ciento sesenta dólares americanos), ya sea en moneda americana o nacional.

c.- Asimismo, impuso el pago de costas a favor del Estado, con cargo a los sancionados, en la suma de Bs. 600.- (seiscientos bolivianos).

4.- Contra la mencionada Resolución las partes en contienda, formularon los recursos de apelación, Nancy Virginia Soriano Melgares a fojas 1059, Jaime Céspedes Camacho a fojas 1063 y José Celedonio Reynaga Domínguez, a fojas 1069; y el Tribunal de Alzada, a través del Auto de Vista de 5 de abril de 2004 (fojas 1211), confirmó en su integridad la Sentencia objeto de las apelaciones.

CONSIDERANDO: que en ese contexto e impugnando el referido Auto de Vista, los demandados opusieron los recursos de nulidad o casación en el orden siguiente:

I. Jaime Céspedes Camacho de fojas 1239 a 1240, alegó: que sin cumplir los requisitos señalados en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal de 1972, demandaron la reparación de los daños civiles, trámite en el que habría existido irregularidades procedimentales, tampoco se consideró la Jurisprudencia contenida en la Gaceta Judicial Nº 1312, página 116, en cuanto a que la condena se funda en la prueba producida en el trámite; que no se tomó en cuenta el documento de fojas 500, donde Nancy Virginia Soriano Melgares, lo exime de la responsabilidad penal y civil, por lo que, no se debió imponer en su contra, ninguna responsabilidad civil.

Que el Auto de Vista recurrido al efectuar una relación concisa de los antecedentes del proceso, dando validez al informe pericial arrimado a las Diligencias de Policía Judicial, hubiera conculcado su derecho a ser oído y juzgado de acuerdo a las normas, leyes y convenios vigentes.

Prosiguió reclamando que no se hubiera designado un perito dirimidor, además de indicar que los demandantes no tienen personería.

Finalizó, pidiendo que se case o anule la Sentencia y el Auto de Vista recurrido hasta fojas 742, para fines que se presente una nueva sentencia.

II. Por su parte, Nancy Virginia Soriano Melgares, de fojas 1247 a 1248, con similares argumentos del recurso de casación que precede, denunció que tanto la Sentencia de reparación de daños civiles y el Auto de Vista recurrido, no observaron los requisitos contenidos en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal de 1972, para admitir la demanda, que para calificar la responsabilidad civil, debió de haberse considerado la intervención de un perito dirimidor, que se dio validez al informe pericial efectuado en las Diligencias de Policía Judicial y desestimando el informe pericial que presentó de fojas 835 a 852, de ese modo se inobservó su derecho a ser oída y juzgada según las normas, leyes y convenios vigentes.

CONSIDERANDO: de la revisión del proceso y el análisis de los recursos de nulidad o casación formulados por los recurrentes, se tiene:

Que, no obstante que ambos impetrantes, denunciaron las supuestas vulneraciones de los artículos 50 del Código de Procedimiento Civil y 13 del Código Penal, los mencionados impetrantes no cumplieron con la carga procesal impuesta por los artículos 296 y 355 del Código de Procedimiento Penal de 1972, puesto que el recurso de casación, se asimila a una nueva demanda de puro derecho, en la que no se pueden considerar cuestiones de hecho, sino sólo la correcta o incorrecta aplicación del derecho, por consiguiente los solicitantes debieron necesariamente citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en que consiste la violación, falsedad o error, ya sea que se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma (nulidad) o ambos, de manera que en relación a los puntos impugnados el Tribunal Supremo abra su competencia e ingrese al análisis de fondo de los fallos observados, en este sentido, los motivos de procedencia para el caso del recurso de casación en el fondo se encuentran previstos por los incisos 1), 2) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 355 del Código de Procedimiento Penal de 1972 y para el caso del recurso de casación en la forma se hallan establecidos en los siete numerales del artículo 254 del mencionado texto adjetivo civil, normas jurídicas que contienen las causales de procedencia de los recursos de casación en el fondo y en la forma, respectivamente, y que fueron obviadas como se dijo líneas arriba, por los peticionarios en sus impugnaciones contra la Sentencia y el referido Auto de Vista ejecutoriados.

De este modo y dada la finalidad del citado artículo 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, que determina el rigor técnico del que debe estar investido el recurso de casación en el fondo y en la forma, por tanto, impone el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones formales sin cuya concurrencia es imposible tener acceso a la casación o nulidad, y están enmarcados fundamentalmente al contenido de los recursos mencionados, o en otros términos, se trata de elementos necesarios, cuya deficiencia u omisión se sanciona con la improcedencia, así la omisión del ritual sagrado descrito anteriormente, no es susceptible de ser suplido de oficio por el Máximo Tribunal de Justicia.

Razones por las cuales, los recursos interpuestos por los demandados, no cumplen con los requisitos establecidos por el predicho artículo 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que inviabiliza la procedencia de los mismos.

Por consiguiente, es de aplicación el numeral 1) del artículo 271 y el inciso 2) del artículo 272, ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación del Ministro Jorge Monasterio Franco, Presidente de la Sala Penal Primera, de conformidad a lo establecido en los artículos 271 numeral 1) y 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso por imperio del artículo 331 párrafo último del Código de Procedimiento Penal de 1972 y de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 1257 a 1258, declara IMPROCEDENTES los recursos de nulidad o casación deducidos por Jaime Céspedes Camacho y Nancy Virginia Soriano Melgares.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Firmado:

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministro: Jorge Monasterio Franco

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA

 

 

 

 

SALA PENAL SEGUNDA

MINISTRO DISIDENTE Sucre, 29 de septiembre de 2011

Expediente: Cochabamba 123/2006

Partes: Ruth Norma Barrón Ortuño y otro. C/ Jaime Céspedes Camacho y otra.

Delito: Apropiación indebida y abuso de confianza.

Primer Relator: Ministro José Luis Baptista Morales

Segundo Relator: Ministro Ramiro José Guerrero Peñaranda


VISTOS: los recursos de nulidad y casación presentados entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 2006 por Jaime Céspedes Camacho (fojas 1239 a 1240) y por Nancy Virginia Soriano Melgares (fojas 1247 a 1248), impugnando el Auto de Vista emitido el 5 de abril de 2004 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 1211), en el proceso seguido contra ambos recurrentes a demanda de representantes de la Federación Departamental de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, para liquidación de la responsabilidad civil al término de una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el proceso seguido contra ellos con imputación por comisión de los delitos de estafa y abuso de confianza.

CONSIDERANDO: que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes datos:

1.- El 25 de septiembre de 1996, en la ciudad de Cochabamba, en sede policial, Norma Barrón González, en su condición de representante legal de la Federación Departamental de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, sentó denuncia contra Nancy Soriano Melgares manifestando que ella recaudó dinero de maestros y maestras para un plan de construcción de viviendas que nunca se realizó, cometiendo así los delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de confianza (fojas 1).

2.- El 7 de octubre del mismo año, ante el Ministerio Público, la mencionada representante de la Federación Departamental de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con más de otros sesenta maestros y maestras, reiteró esa denuncia contra Nancy Soriano Melgares y la amplió contra Jaime Céspedes Camacho con los mismos cargos (fojas 66 a 69).

3.- Sustanciada la causa con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, al cabo de la fase del Plenario el Juez a cargo del caso, mediante pronunciamiento de 9 de noviembre de 1998, dictó la sentencia que contiene las siguientes decisiones: a) Declaró a Nancy Virginia Soriano Melgares autora de los delitos de estafa y abuso de confianza, condenándola por ello a la pena de tres años de reclusión más costas al Estado y a la parte civil; b) Declaró que Jaime Céspedes Camacho fue autor de los delitos de complicidad y encubrimiento con referencia a comisión de los delitos de estafa y abuso de confianza, condenándolo por ello a la pena de un año y seis meses de reclusión más costas y reparación del daño civil (fojas 660 a 663).

4.- Confirmada en grado de apelación a sentencia por Auto de Vista de 12 de febrero de 1999 (fojas 696 a 697), y ratificada en grado de casación por Auto Supremo de 25 de noviembre de 2000 (fojas 717 a 718), quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 2001 (fojas 720).

5.- Se inició a partir de entonces, por planteamiento de los representantes legales de los querellantes, un proceso contra Nancy Virginia Soriano Melgares y contra Jaime Céspedes Camacho para ejecución de la responsabilidad civil (fojas 742), que concluyó con sentencia dictada el 5 de marzo de 2002, la cual determinó que el monto que deben pagar los encausados por concepto de reparación del daño civil, en forma solidaria y mancomunada, corresponde a la suma de $us. 41.601.36, y, por costas al Estado, el monto de Bs. 600.- (fojas 1052 a 1053).

6.- Esa sentencia fue impugnada mediante recurso de apelación por Nancy Virginia Soriano Melgares y Jaime Céspedes Camacho, quienes manifestaron que la liquidación en ella establecida es incorrecta, pues desconoció la presentación de prueba documentada que demuestra que se devolvió a los querellantes un total de $us. 39.261.- y que el monto restante de $us. 1.261.- corresponde a los gastos comunes propios de la época en que se inició el proyecto de construcción de viviendas para el Magisterio de Cochabamba, siendo también inadecuado el monto fijado por concepto de costas al Estado (fojas 1096 a 1097).

7.- Ante ese planteamiento, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista de 5 de abril de 2004, confirmó la sentencia apelada sosteniendo que el fallo emitido por el Juez de Primera Instancia fue correcto debido al hecho de haberse basado en el Informe Pericial practicado en la fase de investigación en sede policial (fojas 1211), y, luego, manifestando que la parte demandada no interpuso recurso de casación en el plazo fijado a ese efecto, declaró ejecutoriada esa sentencia (fojas 1212 vuelta).

8.- Al respecto, el 25 de noviembre de 2004, Fanny Caballero Narváez, actuando como Defensora de Oficio de los demandados, solicitó la anulación de obrados por no haberse hecho conocer esa sentencia a sus patrocinados con sujeción a las reglas establecidas para fines de notificación, circunstancia que impidió que ejerciten su derecho a interposición del correspondiente recurso de casación (fojas 1229 a 1230), en atención a lo cual el Tribunal de Alzada, apreciando como válidos los argumentos expuestos en ese petitorio, anuló obrados el 21 de febrero de 2006 hasta la fase de notificación con tal sentencia (fojas 1236). Subsanado ese error de procedimiento con las notificaciones efectuadas el día 20 de abril y 8 de mayo del mencionado año 2006 (fojas 1237), los demandados interpusieron contra el Auto de Vista de 5 de abril de 2004 los recursos de casación mencionados en el exordio.

9.- Jaime Céspedes Camacho, en su recurso de casación, manifestó que el Juez no tomó en cuenta la declaración que consta a fojas 500, mediante la cual Nancy Virginia Soriano Melgares declaró que él no tiene ninguna cuenta pendiente con la organización y queda por ello exento de toda responsabilidad económica.

10.- De su parte, Nancy Virginia Soriano Melgares presentó su recurso de casación con los siguientes argumentos: a) El Juez de Primera Instancia basó su sentencia en el informe pericial presentado en sede policial en la fase prejudicial y no durante la sustanciación de la causa en la etapa del Plenario, sin cumplimiento de la regla sobre aceptación de la función de perito establecida en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil; b) Entre las pruebas de descargo se presentó un informe de otro perito, que muestra resultados diferentes a los de la parte adversa, razón por la cual correspondía, para una decisión adecuada en el marco de una actuación objetiva e imparcial, proceder a la designación de un tercer perito.

11.- La representante del Ministerio Público, mediante requerimiento de 13 de octubre de 2006, emitió criterio al respecto manifestando que, en su opinión, corresponde declarar improcedentes ambos recursos de conformidad a lo prescrito en el numeral 1) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (fojas 1257 a 1258).

CONSIDERANDO: que efectuado el examen pertinente, se llegó a las siguientes conclusiones:

Primera.- Si bien los Jueces en lo Penal, de conformidad a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 1972, tienen la atribución de conocer y resolver las demandas propias de la acción civil para reparación de los daños ocasionados por actos delictivos, la tramitación de ese tipo de causas debe realizarse con estricta sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil.

Segunda.- Tales normas no fueron adecuadamente aplicadas por el Juez de Primera Instancia pues, ante la existencia del informe pericial presentado por los procesados (fojas 838 a 852), distinto al expuesto por los querellantes (fojas 262 a 264), debía nombrar a un tercer perito según lo previsto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.

Tercera.- El Tribunal de Alzada no percibió esa omisión, ni advirtió que, durante la sustanciación de la causa, la defensa presentó pruebas que demuestran que Nancy Virginia Soriano Melgares devolvió a algunos dirigentes y socios de la Federación Departamental de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba las sumas que ellos depositaron con destino al plan de construcción de viviendas, razón por la cual se imponía sin duda al respecto una revisión de orden contable.

Cuarta.- Tampoco advirtió el Tribunal de Alzada que el Juez de la causa no tomó en cuenta la declaración que Nancy Virginia Soriano Melgares prestó en sentido de constar que Jaime Céspedes Camacho no recibió suma alguna de los maestros inscritos para participar en ese plan de vivienda.

Quinta.- En atención al hecho de no haberse aplicado en las dos instancias las reglas establecidas para conocer y resolver una demanda interpuesta para los fines de una acción civil, es evidente que el Auto de Vista impugnado se emitió sobre la base de infracción de disposiciones legales aplicables a ese caso.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, en desacuerdo con el requerimiento fiscal, aplicando la regla establecida en el numeral 4) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, ANULA OBRADOS hasta la fase de emisión de nueva sentencia, debiendo en consecuencia devolverse el expediente para los fines de nuevo fallo.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales.

SALA PENAL SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA