SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 184 Sucre, 30 de junio de 2011

Expediente: La Paz 111/2006

Partes: CAISA Y FORTALEZA C/ Shirley Karin Barrenechea Manrique, María Condori Cuellar.

Delito: Manipulación informática, asociación delictuosa, falsedad ideológica y otros.

Ministro relator: José Luis Baptista Morales.


VISTOS: los recursos de casación planteados entre el 13 de octubre de 2005 y el 27 de enero de 2006 por el representante de la Compañía Americana de Inversiones S.A. (CAISA), Agencia de Bolsa, y Administradora del Fondo Común de Valores "Fortaleza", en su condición de querellante (fojas 2172 a 2177), y por Shirley Karin Barrenechea Manrique (fojas 2181 a 2186) y Mirna Manrique de Barrenechea (fojas 2193 a 2203) en calidad de procesadas, impugnando todos ellos el Auto de Vista emitido el 12 de agosto de 2005 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz (fojas 2160 a 2165) en el proceso seguido por dicha Empresa contra las mencionadas procesadas y contra María Russena Rivas Monroy, Robert John Jiménez Jiménez y María Condori Cuellar con imputaciones distintas a cada uno de ellos que, en conjunto, hacen referencia a los delitos de manipulación informática, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida.

CONSIDERANDO: que los antecedentes de los recursos de referencia corresponden al siguiente detalle:

1.- El 13 de junio de 2000, Rosario Célida Hinojosa de Acebey, en la ciudad de La Paz, en sede policial, presentándose como empleada del Fondo Financiero Privado "Fortaleza", sentó denuncia señalando que una persona aún no identificada, exhibiendo una cédula de identidad cuya falsedad fue comprobada por diferencias de foto y firma respecto a los datos bancarios registrados, intentó retirar una determinada suma de dinero de la cuenta correspondiente a la verdadera titular de la indicada cédula de identidad, María Raquel García de Humérez. Por ello, solicitó que se proceda a la investigación pertinente para los fines legales respectivos (fojas 4). Iniciada la correspondiente investigación, se detectó que la fotografía al pie de la cual figura el número de cédula de María Raquel García de Humérez corresponde a María Condori (fojas 23).

2.- Según el informe presentado al término de la investigación efectuada al respecto, los hechos denunciados se produjeron según el siguiente detalle: a) Shirley Karin Barrenechea Manrique, Auxiliar de Caja en la Empresa Fortaleza, hizo figurar a su amiga María Russena Rivas Monroy con derecho a segunda firma para desenvolvimiento de la cuenta abierta a nombre de María Raquel García de Humérez, y, con ese procedimiento, lograron ambas el retiro de la suma de $us. 4.000.-, parte del cual se depositó en la cuenta de Mirna Manrique de Barrenechea, madre de la indicada Cajera; b) Luego, María Russena Rivas Monroy, indujo a María Condori Cuellar a que se haga sacar una fotografía de tamaño "carnet" con el número registrado en la cédula de identidad de Raquel García de Humérez; c) Utilizando esa fotografía, Robert Jhon Jiménez Jiménez, novio de Shirley Karen Barrenechea Manrique, obtuvo una cédula que lleva todos los datos que corresponden a Raquel García de Humérez con excepción de fotografía y huellas digitales; d) Con ese documento, en el cual se estampó la firma falsificada de Raquel García de Humérez, María Condori Cuellar retiró la suma de $us. 600.- y, al día siguiente, cuando intentó sacar $us. 5.000.- fue detenida debido al hecho de que la documentación falsa fue detectada por otra Cajera (fojas 427 a 438). Sobre la base de ese informe, el Agente Fiscal asignado a ese caso presentó en sede judicial imputaciones formales contra Shirley Karin Barrenechea Manrique por comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsedad ideológica y abuso de confianza; contra Mirna Manrique de Barrenechea por asociación delictuosa y apropiación indebida; contra Robert Jhon Jiménez Jiménez por asociación delictuosa, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida; contra María Russena Rivas Monroy por asociación delictuosa y apropiación indebida, y contra María Condori Cuellar por asociación delictuosa, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida (fojas 439 a 440).

3.- En mérito a tales datos, el Juez de la Instrucción a cargo de ese caso dispuso el 5 de agosto del año 2000 la apertura de Sumario contra las personas mencionadas en dicho requerimiento (fojas 44 a 45), y el representante legal de la entidad Administradora del Fondo Común de Valores "Fortaleza" formalizó querella ese mismo día contra todos ellos (fojas 444 a 448). Iniciada en consecuencia la indicada causa con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, la fase de Sumario concluyó con Auto Final de la Instrucción el 24 de diciembre de 2001 que, decretando sobreseimiento provisional a favor de Mirna Manrique de Barrenechea, dispuso el procesamiento de los otros imputados con los detalles que a continuación se señalan: a) Contra Shirley Karin Barrenechea Manrique por asociación delictuosa, falsedad ideológica y manipulación informática; b) Contra Robert Jhon Jiménez Jiménez, María Russena Rivas Monroy y María Condori Cuellar por asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado (fojas 825 a 828).

4.- Tramitado el Plenario, el Juez de Partido al que le correspondió el conocimiento de tal causa dictó sentencia el 24 de octubre de 2003, la cual contiene las siguientes decisiones: a) Declaró a Mirna Manrique de Barrenechea autora del delito de apropiación indebida y la condenó a la pena de un año y seis meses de reclusión, absolviéndola de culpa y pena respecto al delito de asociación delictuosa; b) Declaró a Shirley Karin Barrenechea Manrique autora de los delitos de manipulación informática, asociación delictuosa y falsedad ideológica, y la condenó a la pena de cinco años de reclusión; c) Declaró a Robert Jhon Jiménez Jiménez autor de los delitos de asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado y lo condenó a la pena de cinco años de reclusión; d) Declaró a María Russena Rivas Monroy autora de los delitos de asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado y la condenó a la pena de cinco años de reclusión; e) Declaró a María Condori Cuellar autora de los delitos de asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado y la condenó a la pena de cuatro años de reclusión; f) A todas las personas sancionadas les impuso además la obligación de pago de costas y reparación de los daños causados (fojas 2037 a 2082). Esa sentencia fue impugnada mediante recursos de apelación por la entidad querellante y por Mirna Manrique de Barrenechea, Shirley Karin Barrenechea Manrique, Roberto Jhon Jiménez Jiménez y María Russena Rivas Monroy.

5.- El representante de la Empresa Administradora del Fondo Común de Valores "Fortaleza" impugnó esa sentencia con criterio expuesto en sentido de que debía sancionarse a Mirna Manrique de Barrenechea no solamente por el delito de apropiación indebida sino también por asociación delictuosa, y que correspondía disponer un aumento de pena respecto a los otros procesados por concurso real (fojas 2087).

6.- Mirna Manrique de Barrenechea sostuvo que no se demostró durante la sustanciación de la causa que las sumas depositadas en su cuenta provenían de los hechos ilícitos denunciados, pues ella probó con abundante documentación el origen legítimo de todos y cada uno de los depósitos por ella efectuados, (fojas 2097 a 2104).

7.- Shirley Karin Barrenechea Manrique dijo que, sin su conocimiento, fue su novio Robert Jhon Jiménez quien captó de la computadora que ella utilizaba los datos correspondientes a la cuenta de María Raquel García de Humérez, y que ella no tuvo participación alguna en la falsificación de la cédula de identidad de esa señora (fojas 2120 a 2122).

8.- Robert Jhon Jiménez Jiménez manifestó que sin prueba alguna se lo condenó como autor del delito de asociación delictuosa, pues él no se puso de acuerdo con nadie para cometer delitos. Señaló que su relación con Shirley Karin Barrenechea Manrique fue únicamente la propia de su noviazgo; que conocía a María Russena Rivas Monroy por ser la esposa de un amigo suyo llamado Marcelo Rocha Pérez, y que no tuvo trato alguno con María Condori Cuellar (2132 a 2133)

9.- María Russena Rivas Monroy, reiterando cuanto expuso durante la sustanciación de la causa, dijo que fue Jiménez quien la obligó a sacar dineros del Banco Fortaleza y que, cuando ella pretendió dejar de actuar de ese modo, él le pidió que consiga para ese efecto a otra persona. Por tal motivo, ella solicitó la ayuda de María Condori Cuellar. Explicó que se vio obligada a actuar así por extrema necesidad debido al hecho de haber quedado sola con dos niños a criar (fojas 2137 a 2139).

10.- Estando la causa en ese estado, Shirley Karin Barrenechea Manrique y María Russena Rivas Monroy, mediante memoriales presentados por separado, invocando la regla establecida por el nuevo Código de Procedimiento Penal sobre duración por un lapso máximo de cinco años de las causas sustanciadas con el anterior sistema procesal, solicitaron que se proceda a la extinción de la respectiva acción penal (fojas 2139A y 2149 a 2152).

11.- Ante los incidentes planteados y los recursos de apelación interpuestos, el Tribunal de Alzada, en el Auto de Vista mencionado en el rubro, después de rechazar las peticiones de extinción de la acción penal aclarando que la larga duración de ese proceso se debió a las actitudes dilatorias de los procesados, expuso en detalle en la parte enunciativa, en calidad de fundamento de su resolución, los criterios válidos para sanciones condenatorias respecto a todos y cada uno de los procesados, y, sobre esa base, confirmó la sentencia de primera instancia con las siguientes modificaciones: a) Declaró a Mirna Manrique de Barrenechea autora de los delitos de apropiación indebida y asociación delictuosa y la condenó a la pena de tres años de reclusión; b) Disminuyó a tres años de reclusión la sanción impuesta a María Russena Rivas Monroy, absolviéndola de culpa y pena respecto al delito de apropiación indebida; c) Declaró a María Condori Cuellar autora solamente del delito de uso de instrumento falsificado, condenándola por ello a la pena de tres años de reclusión, absolviéndola de culpa y pena respecto al delito de asociación delictuosa.

12.- El representante de la Empresa Administradora del Fondo Común de Valores "Fortaleza" hizo en su recurso de casación una especial mención acerca del caso concerniente a Mirna Manrique de Barrenechea. Al respecto, señaló que ella no pudo probar que todas las sumas depositadas en grandes cantidades en las dos cuentas que tenía abiertas en el Fondo "Fortaleza" provenían de actividades lícitas, pues, al contrario, quedó claro que permitió que su hija deposite determinados montos en las cuentas de ella.

Agregó que, según el estudio cuidadoso realizado de las cuentas de madre e hija, se demostró que el comportamiento de esa persona no tuvo el carácter de simple culpa por negligencia o debilidad, sino que fue resultado de una actitud que se manifestó con todos los elementos propios del dolo.

Manifestó que por el conjunto indiscutible de pruebas aportadas durante el Plenario, es indudable que esa persona cometió no solamente el delito de apropiación indebida y el de asociación delictuosa, sino, también, los delitos de falsedad material e ideológica, manipulación informática y estafa.

Expresó que el Tribunal de Alzada no realizo una adecuada valoración de las pruebas en cotejo con la legislación sustantiva y, por ello, incurrió en interpretación errónea del artículo 132 del Código Penal que describe con claridad en qué consiste el delito de asociación delictuosa.

También señaló que no se interpretó correctamente, en relación al comportamiento de todos los procesados, el sentido propio de los artículos 198 y 199 del Código Penal que describen las conductas correspondientes a los delitos de falsedad material y falsedad ideológica.

Añadió que igualmente se pasó por alto, en relación a todos ellos, la parte del Código Penal en torno a delitos de nueva incorporación introducidos por los artículos 363 bis y 363 ter sobre manipulación informática y sobre alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

Como un tema absolutamente excluido en todas las apreciaciones, hizo referencia al delito de estafa descrito por el artículo 335 del Código Penal, el cual, en su opinión, fue cometido por Shirley Karin Barrenechea Manrique y por su madre.

Finalmente hizo hincapié en el hecho de que no se tomó en cuenta, con relación a ninguno de los casos, la regla contenida en el artículo 45 del Código Penal que sanciona con la pena del delito más grave a quien con una sola acción u omisión viola diversas disposiciones legales.

13.- Shirley Karin Barrenechea Manrique, citando el artículo 31 de la Constitución Política del Estado y los artículos 86 y 297 del Código de Procedimiento Penal de 1972, afirmó que el Tribunal de Alzada incurrió en actos anulables pues perdió competencia debido al hecho de no haber pronunciado el respectivo fallo en el plazo fijado para el efecto, y, además, por no haber declarado extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso con clara infracción de la regla establecida al respecto por el nuevo Código de Procedimiento Penal en su Disposición Transitoria Tercera.

14.- Mirna Manrique de Barrenechea, sostuvo que el Tribunal de Alzada emitió su fallo sin previo estudio minucioso de los datos del proceso, pues ignoró el claro criterio expuesto por el Fiscal asignado al caso quien, respecto a la sindicación contra ella, afirmó que no existían suficientes indicios de culpabilidad como para someterla a proceso, y desconoció totalmente un informe pericial según el cual no fue ella quien firmó la papeleta de retiro de la suma de $us 15.000.-.

CONSIDERANDO: que efectuado el examen pertinente, se llegó a las siguientes conclusiones:

Primera.- Las sanciones condenatorias impuestas a los procesados en el caso de autos hacen referencia a los delitos de asociación delictuosa, manipulación informática, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida. La calificación inicial de los hechos delictivos efectuada al término del Sumario en el Auto de Procesamiento, puede variar en las siguientes fases como consecuencia de la valoración de las pruebas de cargo y descargo aportadas durante el Plenario. Corresponde en consecuencia, sobre la base de ese criterio, para los fines de la resolución que al respecto corresponda, proceder al análisis de esos hechos delictivos en relación a cada una de las personas involucradas en ellos.

Segunda.- El delito de asociación delictuosa tipificado por el artículo 132 del Código Penal hace referencia al hecho de asociarse para cometer delitos. Ello implica un acuerdo de voluntades de cuatro o más personas para realizar un determinado acto de carácter ilícito. Tal circunstancia ha sido comprobada, más allá de duda razonable, respecto al comportamiento de Shirley Karin Barrenechea Manrique, Robert Jhon Jiménez Jiménez, María Russena Rivas Monroy y María Condori Cuellar, cada uno de los cuales, para los fines de un plan previamente elaborado, se hizo cargo de una determinada actividad concreta, como quedó demostrado por el hecho de haber permitido Shirley Barrenechea, Cajera en la institución denominada "Fortaleza", que su novio Robert Jiménez extraiga de la computadora a cargo de ella los datos de una usuaria que luego fueron utilizados por él para falsificar la cédula de identidad respectiva con la fotografía de María Condori, quien, por ese medio, retiró dinero de la cuenta elegida para la sustracción convenida; añadiéndose a todo ello la participación de María Russena Rivas Monroy que, inducida a ese propósito por Shirley Barrenechea, sacó dinero de la cuenta de la misma usuaria como si estuviera autorizada a ese fin. No se percibió señal alguna que permita colegir que Mirna Manrique de Barrenechea, madre de Shirley Barrenechea, fue parte de esa asociación delictiva.

Tercera.- El delito de manipulación informática, según la descripción contenida en el artículo 363 bis del Código Penal, consiste en lograr la transferencia de datos informáticos que conduzcan a un resultado incorrecto ocasionando de ese modo una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero. Ese acto fue cometido por Shirley Barrenechea cuando logró, introduciendo datos falsos en su computadora, que María Russena Rivas figure fraudulentamente como firma autorizada para el manejo de la cuenta corriente de otra persona. No se ha demostrado que se recurrió a manipulación informática para obtención de los datos que fueron utilizados para falsificar una cédula de identidad, pues esos datos no fueron obtenidos por ese procedimiento sino, simplemente, por transcribir tales puntos de referencia de la computadora a un papel, lo cual, si bien efectivamente no corresponde a manipulación informática, es un comportamiento que se encuentra tipificado como delito por el artículo 363 ter de dicho Código con la denominación de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y el cual contiene una descripción según la cual comete ese delito el que, sin estar autorizado, se apodera de datos almacenados en una computadora. Ese delito fue cometido por Robert Jiménez en forma conjunta con Shirley Barrenechea.

Cuarta.- El artículo 199 del Código Penal describe el delito de falsedad ideológica como un acto por el cual se hacen insertar declaraciones falsas en un instrumento público verdadero. Se demostró, más allá de duda razonable, que Robert Jiménez adquirió una cédula de identidad verdadera en blanco, y que, en ella, hizo que se inserten datos falsos. Igualmente, más allá de duda razonable, cometió también ese delito María Condori al permitir que su fotografía y sus huellas digitales figuren como pertenecientes a otra persona en dicha cédula de identidad falsa. María Russena Rivas fue quien indujo a María Condori a cometer ese delito, siendo por ello autora intelectual del mismo.

Quinta.- Se demostró igualmente, más allá de duda razonable, que María Condori Cuellar cometió el delito de uso de instrumento falsificado consistente, según lo descrito por el artículo 203 del Código Penal, en hacer uso a sabiendas de un documento falso o adulterado.

Sexta.- De conformidad a lo descrito en el artículo 345 del Código Penal, el delito de apropiación indebida consiste en no restituir bienes ajenos habidos en tenencia legítimamente. Se atribuyó la comisión de ese delito a Mirna Manrique de Barrenechea, madre de Shirley Barrenechea. No se demostró que ella fue autora de ese tipo de delito, pues no hubo prueba alguna que acredite que recibió dinero u otros efectos en calidad de depósito, por comisión, administración o cualquier otro título. Se calificó con ese carácter, erróneamente, el hecho de haberse descubierto que su hija Shirley depositó en una cuenta bancaria de ella sumas de dinero sustraídas dolosamente de la cuenta de otra persona. Por los datos que constan en el proceso, se puede apreciar que ella no logró desvirtuar esa afirmación. Por tal motivo, aunque la conducta de esa persona no corresponde al tipo delictivo de apropiación indebida, es indudable que ella cometió el delito de receptación tipificado por el artículo 172 del Código Penal, consistente en el hecho de guardar u ocultar cosas provenientes de delitos. Además, actuó como cómplice de su hija para la comisión del delito de apoderamiento de lo ajeno, adecuando así su conducta a la tipificación mencionada en el artículo 23 del Código Penal.

Séptima.- En atención a que el conjunto de hechos delictivos mencionados afectó al patrimonio de terceros, el representante de la entidad querellante manifestó extrañeza por el hecho de que no se haya calificado y sancionado tal comportamiento como comisión del delito de estafa. Analizado ese tema, cabe señalar que los delitos de esa naturaleza sólo se cometen mediante engaños y artificios que inducen a la víctima a adoptar erróneamente una decisión que le causa perjuicio. Aunque evidentemente los actos que dieron motivo al proceso afectaron al patrimonio de terceros, no fueron precisamente realizados por medio del comportamiento descrito como estafa por el artículo 335 del Código Penal, sino que tuvieron el carácter de apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, lo cual es calificado como hurto por el artículo 326 del Código Penal, que incluye a sumas de dinero en el concepto de "cosa", pues, doctrinalmente, se califica como tal a todo objeto corporal susceptible de poseer un valor. Resultó probado más allá de duda razonable que tal hecho delictivo fue cometido por todos los que se asociaron precisamente para cometer ese delito, con la complicidad de Mirna Manrique de Barrenechea, pues las operaciones bancarias a través de retiros y depósitos se convierten luego en dinero efectivo.

Octava.- El representante de la entidad querellante sostuvo que correspondía aplicar al caso de autos la regla sobre concurso real que hace referencia a la pluralidad de actos independientes establecida por el artículo 45 del Código Penal. Tal criterio no es el adecuado al asunto en cuestión, pues el mencionado concurso real se presenta únicamente cuando con designios independientes se cometen dos más delitos, lo cual no sucedió cuando se produjeron los hechos motivo del proceso pues ellos se originaron en un designio único consistente en apoderamiento de dineros depositados en cuenta ajena en una entidad bancaria.

Novena.- No son admisibles los argumentos con los que Shirley Karin Barrenechea Manrique planteó la nulidad del Auto de Vista emitido respecto a su caso por el Tribunal de Alzada, pues ninguno de ellos está contemplado a ese efecto en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal de 1972.

Décima.- La fundamentación contenida en el recurso de casación presentado por Mirna Manrique de Barrenechea es válida únicamente acerca de la imputación correspondiente al delito de apropiación indebida, que no enerva la correspondiente a los delitos de receptación y complicidad.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones con la participación de la Presidenta de la Sala Penal Primera Ministra Ana María Forest Cors, aplicando la regla contenida en el numeral 3) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 2221 a 2225, CASA EN PARTE el Auto de Vista emitido el 12 de agosto de 2005 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz en el proceso seguido por dicha Empresa contra las mencionadas procesadas y contra María Russena Rivas Monroy, Robert John Jiménez Jiménez y María Condori Cuellar con imputaciones distintas a cada uno de ellos que, en conjunto, hacen referencia a los delitos de manipulación informática, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida, y deliberando en el fondo, emite al respecto las siguientes decisiones: a) Declara a Shirley Karin Barrenechea Manrique autora de los delitos de asociación delictuosa, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y hurto, tipificados, respectivamente, por los artículos 132, 363 bis, 363 ter y 326 del Código Penal, condenándola por ello a la pena de cinco años de reclusión en el Centro Femenino de Orientación de Obrajes de la ciudad de La Paz más costas al Estado y a la parte civil y reparación del daño causado; b) Declara a Robert Jhon Jiménez Jiménez autor de los delitos de asociación delictuosa, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, falsedad ideológica y hurto, tipificados, respectivamente, por los artículos 132, 363 ter. 199 y 326 del Código Penal, y, por ello, lo condena a la pena de cinco años de reclusión en el Panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz más costas al Estado y a la parte civil y reparación del daño causado; c) Declara a María Russena Rivas Monroy autora de los delitos de asociación delictuosa, falsedad ideológica y hurto, tipificados, respectivamente, por los artículos 132, 199 y 326 del Código Penal, y, por ello, aplicando las reglas para fijación de la pena contenidas en los artículos 37, 38 y 40 del mencionado Código, le impone la pena de tres años de reclusión en el Centro Femenino de Orientación de Obrajes de la ciudad de La Paz más costas al Estado y a la parte civil y reparación del daño causado; d) Declara a María Condori Cuellar autora de los delitos de asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y hurto, tipificados, respectivamente por los artículos 132, 199, 203 y 326 del Código Penal, y, por ello, aplicando las reglas para fijación de la pena contenidas en los artículos 37, 38 y 40 del mismo Código, le impone la pena de tres años de reclusión en el Centro Femenino de Orientación de Obrajes de la ciudad de La Paz más costas al Estado y a la parte civil y reparación del daño causado; e) Declara a Mirna Manrique de Barrenechea autora del delito de receptación tipificado por el artículo 172 del Código Penal y del delito de complicidad para la comisión del delito de hurto según lo tipificado por los artículos 23 y 326 de dicho Código, y, por ello, aplicando las reglas para fijación de la pena contenidas en los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal, le impone la pena de tres años de reclusión en el Centro Femenino de Orientación de Obrajes de la ciudad de La Paz más pago de costas al Estado y a la parte civil y reparación del daño causado.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministra: Ana María Forest Cors

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA