SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 164 Sucre, 3 de junio de 2011

Expediente: Oruro 13/2006

Partes: Alcaldía Municipal de Corque C/ Pascual Sánchez Mamani y Marilú Delma Morales Gamboa.

Delito: Suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos.

Ministro relator: José Luis Baptista Morales


VISTOS: el recurso de casación presentado el 5 de septiembre de 2005 por Pascual Sánchez Mamani (fojas 1134 a 1137), impugnando el Auto de Vista emitido el 25 de junio del mismo año por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro (fojas 1128 a 1129), en el proceso seguido a querella del Alcalde Municipal de Corque contra el recurrente y contra Marilú Delma Morales Gamboa con imputación por comisión de los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, y contra Oscar Callejas Monje por suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos.

CONSIDERANDO: que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes datos:

1.- El 18 de julio de 2000, en la ciudad de Oruro, en sede policial, Eulogio Huarachi Quispe, Alcalde Municipal de Corque, Provincia Carangas del Departamento de Oruro, sentó denuncia contra Oscar Callejas Monje con imputación por comisión del delito de incumplimiento de contratos, manifestando que éste, en su condición de responsable de la Empresa RECAM, faltó completamente a su compromiso de ejecución de obras según lo estipulado en dos contratos suscritos, respectivamente en 1996 y en 1997 (fojas 1). Con anterioridad a esa denuncia, el 5 de febrero de 1999, Pascual Sánchez Mamani, quien en esa fecha era el Alcalde Municipal de Corque, presentó ante el Ministerio Público una denuncia en el mismo sentido, aclarando que el primero de esos dos contratos hizo referencia a la construcción de campos deportivos y el segundo a construcción de la Casa Comunal (fojas 2).

2.- Al término de la investigación respectiva, el representante del Ministerio Público presentó el 5 de mayo de 2001 una imputación formal contra el empresario Oscar Callejas Monje por comisión de los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos, y contra Pascual Sánchez Mamani y Marilú Delma Morales Gamboa, ambos funcionarios del mencionado Municipio de Corque, por comisión de los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica (fojas 66).

3.- Sustanciada sobre esa base la indicada causa con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, el Juez a cargo del caso dictó sentencia el 31 de enero de 2005 con las siguientes decisiones: a) Declaró a Oscar Callejas Monje autor de los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos, condenándolo por ello a la pena de tres años de reclusión más costas y pago de daños civiles; b) Declaró a los funcionarios municipales Pascual Sánchez Mamani y Marilú Delma Morales Gamboa autores de los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, condenando a cada uno de ellos a la pena de dos años de reclusión más costas y pago de daños civiles (fojas 1071 a 1078).

4.- Contra esa sentencia Pascual Sánchez Mamani interpuso recurso de apelación el 14 de marzo de 2005, expresando que se infringió la disposición contenida en el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal de 1972 sobre apreciación de la prueba, pues no se demostró durante la sustanciación de la causa que él, en su condición de Alcalde, suscribió contratos lesivos al Estado ni fue culpable de conducta antieconómica (fojas 1096 y 1116 a 1118).

5.- Ante la impugnación de referencia, el Tribunal de Alzada, mediante el Auto de Vista mencionado en el rubro, confirmando la apreciación sobre comisión de los hechos que fueron motivo del encausamiento, modificó en cuanto a fijación de las penas el fallo impugnado, e impuso la sanción de cinco años de reclusión a cada uno de los tres procesados.

6.- Como consecuencia de ese fallo se presentó el recurso de casación que es motivo de autos, el cual fue expuesto con los siguientes argumentos: a) Constituyen causales de nulidad la falta de firmas en el acta de denuncia sentada en sede policial por Eulogio Huarachi Quispe, su propia declaración en esa fase sin la presencia de un abogado suyo ni de agentes del Ministerio Público, la falta de firma del representante del Ministerio Público en los documentos correspondientes a las Diligencias de Policía Judicial, la falta de notificación al Ministerio Público con algunos actuados judiciales, el hecho de que él en su condición de imputado no fue notificado ni con la denuncia ni con el Auto Inicial de la Instrucción y la circunstancia de haberse efectuado las distintas citaciones y notificaciones con infracción de las reglas establecidas a ese efecto por el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal de 1972; b) Constituyen causales de casación el rechazo de su solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, y la inadecuada valoración de pruebas, pues no se demostró que el contrato firmado por él cuando fue Alcalde de Corque resultó lesivo al Estado, ni tampoco que tuvo el carácter de conducta antieconómica el hecho de pretender que la empresa constructora cumpla lo estipulado en ese contrato.

CONSIDERANDO: que por el análisis efectuado se llegó a las siguientes conclusiones:

Primera.- Carecen de valor los argumentos presentados en torno a causales de nulidad, pues el mismo recurrente subsanó los errores que menciona cuando prestó en la fase del Plenario su declaración confesoria por una parte, por otra el entendimiento jurisprudencial sobre el tema en cuestión no permite en la etapa de recursos censurar los vicios de nulidad anteriores a la confesión y por ello mismo tampoco pueden examinarse las faltas u omisiones de aquella estación del proceso, pues las diligencias del sumario como preparatorias de un proceso no constituyen un verdadero juicio.

Segunda.- Las solicitudes de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso pueden ser rechazadas por los Jueces de conformidad a lo aclarado por la Sentencia Constitucional Nº 101 de 14 de septiembre de 2004, cuyo análisis no corresponde ser dilucidado dentro del recurso de casación ya que el mismo constituye una excepción cuyo trámite y resolución (incidental) es diferente al recurso de casación; por otra parte el entendimiento jurisprudencial que emerge de la Sentencia Constitucional Nº 1716 de 25 de octubre de 2010 señaló que el Tribunal de Casación carece de competencia para resolver las solicitudes de extinción de la acción penal, entendimiento que se hace extensible a los procesos substanciados con el Código de Procedimiento Penal de 1972.

Tercera.- Examinados los dos contratos para ejecución de obras, suscrito uno de ellos el 10 de diciembre de 1996 (fojas 11 a 13) y el otro en fecha 16 de julio de 1997 (fojas 23 a 26), entre el empresario Oscar Callejas Monje, el Alcalde de Corque, Pascual Sánchez Mamani, y Marilú Delma Morales Gamboa, Oficial Mayor de ese Municipio, no se percibió en ellos cláusula alguna con el carácter de acuerdos lesivos al Estado.

Cuarta.- Los dos funcionarios municipales procesados causaron daño económico al Estado por acción y omisión, pues, con referencia a lo previsto en el primer contrato (campo de fútbol, pista de atletismo, fosa de saltos y graderías), se comprobó que, vencido el plazo respectivo para la ejecución de tales obras sin avance alguno apreciable, no sólo efectuaron por cuenta del Municipio de Corque pagos calificados como improcedentes a favor del contratista, sino que, además, suscribieron un segundo contrato con el mismo empresario para construcción de la Casa Municipal de Corque, con referencia al cual también efectuaron pagos apreciados luego como indebidos porque, ante notorio incumplimiento del contrato por parte del responsable de la Empresa Constructora, tales pagos carecían de justificativo.

Quinta.- Por lo expuesto, se colige que el fallo emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro en relación a las acusaciones planteadas contra los dos funcionarios del Municipio de Corque, fue correcto únicamente acerca de la imputación por comisión del delito de conducta antieconómica, pero no respecto a la acusación por comisión del delito de suscripción de contratos lesivos al Estado, y correcto también sólo acerca del delito de incumplimiento de contratos respecto a las acusaciones contra el empresario Oscar Callejas Monje.

Sexta.- La determinación de la pena aplicable a cada delito deberá estar circunscrita dentro de los límites legales del tipo penal en concreto, al efecto el artículo 37 del Código Penal establece las reglas de dosimetría para su determinación: la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito y el artículo 40 del mismo compilado legal las atenuantes generales.

En el caso particular el ilícito penal de incumplimiento de contrato se encuentra sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, siendo la pena media del delito dos años de privación de libertad, base sobre la cual corresponde en autos incrementar el quantum en un grado pues la naturaleza de la acción y el daño al patrimonio del Estado causado con la acción fue de tal naturaleza que tiene mayor trascendencia sobre las circunstancias atenuantes respecto al autor del hecho Oscar Callejas Monje.

En relación al delito de conducta antieconómica se encuentra sancionado con pena privativa de libertad de uno a seis años siendo la pena base del delito tres años y seis meses, que en el caso particular respecto a Pascual Sánchez Mamani y Marilú Delma Morales Gamboa, corresponde disminuir medio grado, resultando la pena de tres años de privación de libertad proporcional al hecho motivo de su juzgamiento y posterior condena tomando en cuenta las circunstancias previstas en los artículos 37 y 38 del Código Penal, pues la gravedad del hecho y el daño causado al patrimonio del Estado constituyen circunstancias que forman parte de los elementos constitutivos del tipo penal.

Séptima.- En autos si bien no existe recurso de casación de parte de los procesados Oscar Callejas Monje y Marilú Delma Morales Gamboa, el recurso de casación presentado por Pascual Sánchez Mamani, favorece a los procesados nombrados correspondiendo aplicar el efecto extensivo a favor de los mismos conforme a la permisión establecida en el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación del Ministro de la Sala Penal Primera Jorge Monasterio Franco, aplicando la regla contenida en el numeral 3) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 1148 a 1149, CASA EN PARTE el Auto de Vista emitido el 25 de junio de 2005 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro en el proceso seguido por el Alcalde Municipal de Corque, Provincia Carangas del Departamento de Oruro, contra Oscar Callejas Monje, Pascual Sánchez Mamani y Marilú Delma Morales Gamboa con imputación por comisión de delitos contra la economía nacional, y, deliberando en el fondo, absuelve de culpa y pena a Pascual Sánchez Mamani, a Marilú Delma Morales Gamboa y a Oscar Callejas Monje con referencia a la comisión del delito de suscripción de contratos lesivos al Estado tipificado por el artículo 221 del Código Penal; declara que los dos primeros fueron autores del delito de conducta antieconómica tipificado por el artículo 224 del mismo Código; declara a Oscar Callejas Monje autor del delito de incumplimiento de contratos tipificado por el artículo 222 del mismo Código, y, en consecuencia, condena a cada uno de ellos a la pena de tres años de reclusión a cumplirse en las Cárceles de la ciudad de Oruro, más costas y pago de la responsabilidad civil averiguables en ejecución de sentencia,

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministro: José Luis Baptista Morales

Ministro: Jorge Monasterio Franco

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA