SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 141 Sucre, 24 de mayo de 2011

Expediente: La Paz 69/2006

Partes: Maclovia Marcia Aliaga Surculento C/ Juan C. Álvarez Miranda y Hugo A. Luna Orozco.

Delito: Uso de instrumento falsificado, estelionato, hurto, falsedad ideológica y otros.

Ministro relator: José Luis Baptista Morales.


VISTOS: el recurso de casación presentado el 23 de diciembre de 2005 por Juan Carlos Álvarez Miranda (fojas 969 a 972), impugnando el Auto de Vista emitido el 14 de noviembre de ese año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz (fojas 965 a 966), en el proceso seguido contra el recurrente a querella de Maclovia Marcia Aliaga Surculento con imputación por comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado, estelionato y complicidad para la comisión del delito de hurto y contra Hugo Adolfo Luna Orozco por comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, violación de correspondencia y papeles privados, hurto y estelionato.

CONSIDERANDO: que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes datos:

1.- Entre los días 9, 18 y 21 de julio de 1997, Maclovia Marcia Aliaga Surculento, comerciante, propietaria de una Empresa Importadora de maquinaría y equipos para minería, denominada SOCOGAL, presentó denuncias en sede policial y ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz, señalando que un lote de llantas especiales para vehículo con pala cargadora que importó su Empresa fue retirado a nombre de ella, utilizando documentación falsa, por Juan Carlos Álvarez Miranda, Agente Despachador de Aduana y transportado en camión desde Arica a La Paz por Osvaldo Choque. Manifestó que la información correspondiente a ese envío fue obtenida mediante violación de correspondencia y falsificación de firma por Hugo Adolfo Luna Orozco, representante de una Empresa cuya sigla es COMERBOL, quien actuó de ese modo con la cooperación de su empleada Soledad Galdos (fojas 1 a 2 y 4 a 5).

2.- Al término de la investigación respectiva, el Fiscal de Materia representante del Ministerio Público presentó el 16 de febrero de 1998 imputación formal solamente contra Hugo Adolfo Luna Orozco y contra Juan Carlos Álvarez Miranda por comisión de los delitos mencionados en el rubro (fojas 158). Se inició sobre esa base la sustanciación de la indicada causa con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, en mérito al Auto de Procesamiento emitido por el Juez de la Instrucción el 24 de agosto del año 2000 (fojas 428 a 430).

3.- Concluida la fase de Plenario el Juez de la causa dictó sentencia el 11 de diciembre de 2003, la cual contiene las siguientes decisiones: a) Declaró a Hugo Adolfo Luna Orozco autor de los delitos de violación de correspondencia y papeles privados, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, hurto y estelionato, y lo condenó por ello a la pena de siete años y seis meses de reclusión más multa y pago de costas y daños; b) Declaró a Juan Carlos Álvarez Miranda autor de los delitos de uso de instrumento falsificado y estelionato más complicidad para la comisión de delito de hurto, y, por ello, lo condenó a la pena de cinco años de reclusión más multa y pago de costas y daños (fojas 869 a 874).

4.- Juan Carlos Álvarez Miranda impugnó esa sentencia mediante recurso de apelación en el que sostuvo su plena inocencia señalando que, en su condición de Agente Despachador de Aduana, consideró de buena fe como legítimos los documentos que para internación de llantas le presentó Hugo Adolfo Luna Orozco, quien durante la sustanciación de la causa reconoció su culpabilidad y reparó los daños de orden económico causados a la querellante (fojas 879).

5.- Ante ese recurso de apelación, el Tribunal de Alzada, mediante el Auto de Vista mencionado en el rubro, confirmó la sentencia impugnada sosteniendo que existe plena prueba que demuestra que Hugo Adolfo Luna Orozco violó la correspondencia de la Empresa SOCOGAL y falsificó luego la firma de la representante de esa Empresa para endosar a su propio favor el correspondiente manifiesto marítimo, todo ello con la complicidad de Juan Carlos Álvarez Miranda.

6.- El recurso de casación que es motivo de autos fue presentado por Juan Carlos Álvarez Miranda con los siguientes argumentos: a) Admitiendo de buena fe como válida la documentación presentada por Hugo Adolfo Luna Orozco para internación de un lote de cuarenta llantas para vehículo de pala cargadora, suscribió con él un contrato de prestación de servicios y, luego, cuando fue recibida la indicada mercadería, aceptó de éste un conjunto de quince de esas llantas en calidad de pago por tal servicio y por deuda pendiente respecto a una importación anterior consistente en cocinas, lo cual no puede ser calificado como acto de complicidad para la comisión del delito de hurto ni tampoco como comisión del delito de estelionato; b) Al haber actuado como despachador de aduana no utilizó ningún documento público falso, pues el certificado de embarque ("Bill of Landing") no reúne los requisitos que para otorgar ese carácter exige el artículo 1287 del Código Civil, circunstancia que hace que no esté probada la acusación que se le hizo en sentido de haber cometido ese tipo de delito; c) No se procedió a la lectura de las actas del debate, lo cual es causa de nulidad.

CONSIDERANDO: que efectuado el análisis pertinente, se llega a las siguientes conclusiones:

Primera.- El criterio expuesto por el recurrente en sentido de no ser causal suficiente para condenar el hecho de haber vendido las quince llantas que recibió de parte de Hugo Adolfo Luna Orozco en calidad de pago por sus servicios como Despachador de Aduana, fue percibido como carente de valor por el Tribunal de la causa, porque en el documento respectivo (fojas 100) se menciona que las indicadas llantas pertenecían a la querellante y no al que se presentó como importador de ellas. Sobre ese punto, el Tribunal de Alzada percibió que el Juez de la causa calificó adecuadamente ese hecho como estelionato pues, efectivamente, de conformidad a lo determinado por el artículo 337 del Código Penal, comete ese tipo de delito quien vende bienes ajenos como si fueran propios, pues se comprobó que tales llantas fueron vendidas por el recurrente sin ser éste el propietario de ellas. Por la misma razón, fue correcta la apreciación que se hizo en sentido de que tal comportamiento constituye un acto de complicidad para la comisión del delito de hurto.

Segunda.- Durante la sustanciación de la causa se demostró que la documentación destinada a la Empresa de la querellante fue entregada por error al personal de la Empresa de Hugo Adolfo Luna Orozco, como consecuencia del hecho de estar instaladas ambas casas comerciales en un mismo edificio. Esa circunstancia fue utilizada por el mencionado Hugo Adolfo Luna Orozco para falsificar la firma de la querellante en los documentos destinados al retiro en Aduana de la mercadería que ella importó. Se comprobó que Juan Carlos Álvarez Miranda, quien visitó a Hugo Adolfo Luna Orozco para cobrarle por servicios prestados para importación de cocinas, sabiendo perfectamente que las llantas mencionadas en esos documentos pertenecían a la señora Aliaga, sugirió que la indicada deuda pendiente se le pague con parte de esa mercadería, lo cual sin duda alguna fue adecuadamente percibido como delito de uso de instrumento falsificado tipificado por el artículo 203 del Código Penal. Ese delito se comete cuando a sabiendas se hace uso de un documento falso público o privado.

Tercera.- No es convincente el argumento expuesto por el recurrente en sentido de haber el Juez de la causa infringido el principio de publicidad por el hecho de no haberse dado lectura a las actas del Debate, pues, el Tribunal de Alzada comprobó que, habiéndose realizado las respectivas audiencias con pleno cumplimiento del indicado principio de publicidad, tal punto no fue señalado por el impetrante en la fase de conclusiones.

Cuarta.- La decisión adoptada por el Tribunal de Alzada fue producto de una apreciación correcta de todo lo actuado en la fase de primera instancia, que lleva al convencimiento de haber sido emitida la respectiva sentencia sobre la base de plena prueba, más allá de duda razonable.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando la regla contenida en el numeral 2) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 990 a 991, declara INFUNDADO el recurso de casación planteado Juan Carlos Álvarez Miranda impugnando el Auto de Vista emitido el 14 de noviembre de 2005 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz en el proceso seguido contra el recurrente y contra Hugo Adolfo Luna Orozco a querella de Maclovia Marcia Aliaga Surculento con imputación por comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y estelionato más complicidad para la comisión del delito de hurto, contra el segundo por comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, violación de correspondencia y papeles privados, hurto y estelionato.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA