SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 109 Sucre, 30 de marzo de 2011

Expediente: Cochabamba 149/2005.

Partes: Ministerio Público c/ Estéban Arroyo Jaillita.

Delito: Tráfico de sustancias controladas.

Ministro relator: Ramiro José Guerrero Peñaranda


VISTOS: el recurso de casación de 15 de julio de 2005 interpuesto por Estéban Arroyo Jaillita (fojas 143 a 144), impugnando el Auto de Vista de 24 de junio del mismo año (fojas 139 a 141) pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: que finalizado el juicio oral, el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Cochabamba dictó Sentencia el 15 de agosto de 2003 (fojas 123 a 124), mediante la cual declaró a Estéban Arroyo Jaillita autor del delito de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa previsto en el articulo 48 de la Ley 1008 con referencia al artículo 8 del Código Penal, imponiéndole la pena de ocho años de presidio.

Que contra esa Sentencia interpusieron recursos de apelación Esteban Arroyo Jaillita y el Ministerio Público. El Tribunal de Alzada, por Auto de Vista de 24 de junio de 2005 (fojas 139 a 141), revocó la Sentencia apelada y, en su lugar, dictó otra que declaró a Esteban Arroyo Jaillita autor del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas previsto en el artículo 48 con referencia al 33 inciso m) de la Ley 1008, condenándolo a cumplir la pena de diez años de presidio.

Que impugnando el citado Auto de Vista, Esteban Arroyo Jaillita planteó el recurso de casación señalando que por el delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas se le impuso la pena de ocho años de presidio. Sin embargo, dicha calificación fue cambiada por el Auto de Vista recurrido y, por ello, fue condenado a diez años de presidio por el delito de tráfico ilícito de sustancias controladas en lugar de mantener la apreciación original bajo la cual se sustanció la causa.

CONSIDERANDO: que efectuado el análisis pertinente, se llegó a las siguientes conclusiones:

El Tribunal de Alzada, al revocar la sentencia condenatoria de 15 de agosto de 2003, no incurrió en vulneración del artículo 8 del Código Penal ni de las causales de casación establecidas en el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal de 1972, pues obró con criterio jurídico justo y con la facultad que le otorgan los artículos 135 y 290 del mismo cuerpo legal, debido a que estableció la existencia de plena prueba que amerita la condena del impetrante por el delito de tráfico ilícito de sustancias controladas, porque se demostró que fue sorprendido en posesión de 17.090 gramos de marihuana por los policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

El procesado sabía perfectamente que la marihuana es prohibida por ley. Su objetivo era comercializarla, aspecto que se acredita por la declaración informativa de Emiliana Mejía Ríos quien dijo "el señor Víctor Vargas Ríos acabó de entrar al cuarto diciéndome encontré comprador y que le entregue las bolsitas, ... aquí a la vuelta me están esperando". Consecuentemente, se demostró por las muestras físicas y el certificado de análisis de laboratorio que la muestra corresponde a "marihuana, Cannabis Sativa" (fojas 10). Los informes de 26 de junio de 2000 (fojas 1 y 6 a 7), el acta de incautación y pesaje de la marihuana (fojas 8), las placas fotográficas que ilustran la marihuana incautada (fojas 14 a 16) y el informe en conclusiones de las Diligencias de Policía Judicial (fojas 28 a 32) son elementos que constituyen plena prueba sobre la comisión del hecho sancionado, que constituye tráfico de sustancias controladas tipificado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas por haberse comprobado el cuerpo del delito de conformidad a lo que señala el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal del año 1972, que dice: "la base del juicio penal es la comprobación conforme a derecho, de la existencia de alguna acción u omisión punible. Se tendrá por comprobado el cuerpo del delito, cuando por cualquier medio legal se acrediten los elementos constitutivos del tipo, según lo describe la ley penal".

Carece de veracidad la denuncia de infracción del artículo 8 del Código Penal por vulneración del artículo 298 numerales 1), 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal de 1972 sobre errónea calificación de los hechos reconocidos en el fallo impugnado porque de los datos procesales se establece que el Tribunal de Alzada, al pronunciar el referido Auto de Vista, aplicó los artículos 242 y 243 del Código de Procedimiento Penal de 1972, en atención a que los medios probatorios aportados constituyen elementos de convicción sobre la participación del imputado en la posesión de 17.090 gramos de marihuana.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 153 a 156 aplicando el numeral 2) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido por Estéban Arroyo Jaillita impugnando el Auto de Vista de 24 de junio de 2005 pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA