SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 089 Sucre, 14 de marzo de 2011

Expediente: Cochabamba 71/2005.

Partes: Ministerio Público c/ Humberto Rojas Rodríguez, Adelaida Rojas Rodríguez y otros.

Delito: Tráfico de sustancias controladas.

Ministro relator: Ramiro José Guerrero Peñaranda.


VISTOS: los recursos de casación presentados por Humberto Rojas Rodríguez (fojas 606 a 607), Adelaida Rojas Rodríguez (fojas 611 a 614) y Juan Tarqui Challapa (fojas 618) contra el Auto de Vista de 3 de enero de 2002 (fojas 603 a 604) pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido contra los recurrentes y contra Máximo Ayala Barrientos, Mario Villa Quispe y Demetrio López Vásquez con imputación por comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: que a los fines de la resolución que corresponda, se cuenta con los siguientes antecedentes:

1.- Luego del trámite del Plenario, la causa concluyó en primera instancia con sentencia de 23 de marzo de 2001 (fojas 523 a 526) que declaró a Humberto Rojas Rodríguez y a Mario Villa Quispe, autores del delito de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa y asociación delictuosa y confabulación. Por ello fueron condenados a la pena de ocho años de presidio. Declaró a Máximo Ayala Barrientos y a Demetrio López Vásquez absueltos de pena y culpa en relación a los delitos por los que fueron juzgados. Declaró a Adelaida Rojas Rodríguez autora del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa y asociación delictuosa y confabulación, siendo condenada a la pena de cinco años y cuatro meses de presidio. Declaró a Juan Tarqui Challapa, autor del delito de encubrimiento y por ello fue condenado a la pena de cuatro años de presidio.

2.- El Ministerio Público y los procesados condenados, así como el tercerista Roberto Raúl Miranda presentaron recurso de apelación contra la sentencia. En tal razón la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba emitió Auto de Vista de 3 de enero de 2002 (fojas 603 a 604) con el que revocó la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto a la absolución de los procesados Máximo Ayala Barrientos y Demetrio López Vásquez, a quienes declaró autores de los delitos de complicidad de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa y asociación delictuosa y confabulación y por ello los condenó a la pena de cinco años y cuatro meses.

3.- Los procesados Humberto Rojas Rodríguez, Adelaida Rojas Rodríguez y Juan Tarqui Challapa, presentaron recursos de casación contra el Auto de Vista motivo de la presente resolución con los siguientes fundamentos:

a) Humberto Rojas Rodríguez denunció en su recurso la infracción del artículo 48 de la Ley 1008 pues consideró que los fallos son injustos e ilegales ya que sin argumento jurídico ni doctrinal, ha sido agravada su pena fundando en el volúmen de la droga incautada, agravante que considera lesiva, ilegal y arbitraria. De la misma forma denunció la infracción del artículo 55 de la Ley 1008 pues este tipo penal no admite como agravante el volúmen de la droga incautada, por tanto, no contempla la posibilidad de agravarse la pena contenida y enumerada en las resoluciones de instancia.

Denunció también la infracción de los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal al no haber sido tomadas en cuenta por el Auto de Vista ni en la sentencia de primera instancia.

b) Adelaida Rojas Rodríguez denunció la infracción del artículo 53 de la Ley 1008 que al haber sido erróneamente interpretado ocasionó la incorrecta calificación de los hechos pues ella en ningún momento cometió dicho delito ni tampoco poseyó droga en ningún inmueble de su propiedad.

Denunció también la infracción de los artículos 85, 135 y 242 del Código de Procedimiento Penal de 1972 pues los Tribunales de Instancia no hicieron una valoración cabal de los antecedentes del proceso ni de la prueba de descargo.

c) Juan Tarqui Challapa, sostuvo que en el caso de autos no se dan los elementos constitutivos y tipificantes del delito de encubrimiento pues el hecho no está claramente demostrado ya que él no tuvo ningún conocimiento del delito ni ayudó a nadie a eludir la acción de la justicia, ya que él sólo fue contratado como taxista por los procesados.

CONSIDERANDO: que del examen de antecedentes se concluye:

En relación al procesado Humberto Rojas Rodríguez se tiene plenamente acreditado como resultado de la actividad probatoria desarrollada en el Plenario de la causa, la existencia del hecho que fue calificado como tráfico ilícito de sustancias controladas en grado de tentativa y asociación delictuosa, así como su responsabilidad en el hecho pues fue aprehendido en posesión de la sustancia controlada incautada en el operativo de 24 de junio de 1999.

Además, en el bolsillo de su pantalón encontraron una balanza romana, evidencias que acreditan que el procesado pretendía comercializar de manera ilícita sustancias controladas. Junto a él los otros procesados fueron aprehendidos en flagrancia. De ahí que el Tribunal de Alzada al confirmar la resolución en cuanto a la conducta del procesado Humberto Rojas Rodríguez, procedió correctamente, pues respecto a la calificación de la conducta de tráfico ilícito de sustancias controladas el artículo 48 en relación al artículo 33-m) de la Ley 1008 dice: "se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de...... poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar (...)", de donde se deduce que existió una correcta calificación de la conducta del procesado en los alcances del artículo 48 en relación al artículo 33-m) de la Ley 1008. Sin embargo, en el caso particular, la conducta del procesado fue calificada como tráfico y no como transporte de sustancias controladas. Además la agravación del quantum de la pena no fue aplicada en función al volumen mayor de la sustancia incautada en el caso, sino al hecho de que la conducta del procesado también fue calificada como asociación delictuosa y confabulación, cuya pena importa el incremento al quantum de la misma en un tercio más de la pena principal conforme establece el artículo 53 de la Ley 1008.

No es evidente la vulneración de los artículos 37 al 40 del Código Penal, pues el Tribunal de Primera Instancia, en consideración a esas circunstancias, tomó como base para la determinación de la pena la mínima establecida para el delito de tráfico de sustancias controladas, que es de diez años de privación de libertad, siendo las dos terceras partes de la misma, seis años y seis meses, quantum al que debió añadir el Tribunal la pena prevista para el delito de asociación delictuosa y confabulación que es un tercio de la pena principal conforme prevé el artículo 53 de la Ley 1008, de lo que se infiere que el Tribunal de Primera Instancia al determinar la pena de ocho años de presidio, y el Tribunal de Alzada al confirmar la misma, no quebrantaron la leyes sustantivas acusadas por el impetrante.

En lo que hace al recurso de casación presentado por Adelaida Rojas Rodríguez, el tipo delictivo descrito por el artículo 53 de la Ley 1008 cuyo quebrantamiento se acusa, establece, como uno de los elementos constitutivos que hacen al tipo penal, el hecho de organizar un grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales de la Ley 1008 y en el caso particular de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, se establece con meridiana claridad la relación que existió entre los procesados. No otra cosa significa el hecho de haber sido aprehendidos de manera conjunta en el operativo de 24 de junio de 1999 por una parte. Por otra todas las actividades previas realizadas con anterioridad a su aprehensión denotan el común acuerdo con el que actuaron en el hecho motivo de su juzgamiento. Consecuentemente, Adelaida Rojas Rodríguez es declarada cómplice del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación.

En lo que hace al recurso de casación presentado por el procesado Juan Tarqui Challapa, quedó plenamente demostrado que éste conducía en calidad de chofer un vehículo de servicio público de taxi. En razón a esa actividad, el 24 de junio de 1999 fue contratado en vía pública para efectuar servicio de transporte por un grupo de cuatro personas. Quien habló con el chofer para este efecto fue la persona identificada posteriormente como Ramiro, tal cual se desprende de la declaración informativa policial prestada por Juan Tarqui Challapa y ratificada en su confesoria.

De la misma forma quedó plenamente demostrado que en el operativo efectuado por la FELCN en fecha 24 de junio de 1999, fueron aprehendidos en flagrancia Mario Villa Quispe, Máximo Ayala Barrientos y Humberto Rojas Rodríguez y junto a ellos el conductor del vehículo Juan Tarqui Challapa, por una parte; por otra parte los detalles del operativo efectuado por la FELCN dan cuenta que una vez que los procesados se percataron de la presencia policial intentaron darse a la fuga, logrando dicho propósito uno de los involucrados en el hecho identificado sólo con el nombre de pila "Ramiro", de donde resulta impropio imputar a Juan Tarqui Challapa de haber ayudado a alguno de los involucrados en el hecho a eludir la acción de la justicia, cuando estos fueron aprehendidos en flagrancia los unos y logrado huir del lugar y de la acción policial uno de los integrantes del grupo de nombre Ramiro, circunstancia última que motivó el juzgamiento del procesado Juan Tarqui Challapa, aunque él nada tuvo que ver en la huida de la persona individualizada como "Ramiro".

Que existe convicción plena de la relación circunstancial existente entre los procesados condenados por el hecho motivo de juzgamiento con Juan Tarqui Challapa, quien fue contratado para brindar un servicio de transporte de taxi desconociendo éste la ilicitud de las actividades de los procesados a quienes los conoció el mismo día de su aprehensión. No otra cosa significa lo afirmado expresamente por uno de los principales involucrados en el caso, Mario Villa Quispe, en oportunidad de prestar su declaración confesoria de fojas 150 dijo: "...Con referencia al taxista supongo que tampoco sabía porque siendo su trabajo el transportar gente con sus equipajes el fue tomado cuando estaba pasando por la calle".

Que desde el primer momento de su aprehensión, así como en su declaración informativa policial y ratificada en su confesoria, Juan Tarqui Challapa sostiene haber sido contratado para trabajar como taxista por el señor Ramiro Flores, quien resulta siendo cuñado del propietario del vehículo motorizado Roberto Raúl Miranda, este último con domicilio en la ciudad de Oruro; información que se encuentra respaldada por la actuación de fojas 557 que corresponde al recurso de apelación del tercerista, de donde resulta que los fundamentos que motivaron la condena del procesado Juan Tarqui Challapa, no hallan respaldo de prueba plena respecto a su conducta tal cual exige la previsión contenida en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal de 1972. Como consecuencia de todo ello resulta evidente el quebrantamiento del artículo 75 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

En relación al bien incautado, la confiscación a favor del Estado procede contra el propietario cuando éste toma parte en el delito o habiendo conocido su comisión no lo denunciare conforme establece la previsión contenida en el artículo 71-b) y párrafo tercero de la Ley 1008, exigencia normativa que no concurre en autos pues el propietario del vehículo no tomó parte en la comisión del hecho que se juzga, y ocurrió oportunamente ante las autoridades reclamando la devolución del bien incautado. El vehículo de referencia prestaba un servicio público de transporte de donde resulta que ni el propietario ni el conductor del vehículo estuvieron involucrados en el hecho motivo de juzgamiento.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación del Ministro de la Sala Penal Primera Jorge Monasterio Franco, en aplicación del numeral 3) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo en parte con el requerimiento fiscal de fojas 647 a 651, CASA parcialmente el Auto de Vista recurrido y declara a Juan Tarqui Challapa, absuelto de pena y culpa en relación al delito de encubrimiento, y dispone la devolución del bien incautado vehículo marca Toyota Corolla, con placa de control No ORB-893 a su legítimo propietario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 1008, quedando válido en lo demás el Auto de Vista impugnado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luis Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministro: Jorge Monasterio Franco

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA