SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 047 Sucre, 10 de febrero de 2011

Expediente: Cochabamba 57/2005.

Partes: Ministerio Público c/ Carlos Roca Baudevin y otros.

Delito: Tráfico de sustancias controladas

Ministro relator: Ramiro José Guerrero Peñaranda.


VISTOS: los recursos de casación presentados por Carlos Roca Baudevin, el 19 de marzo de 2005 (fojas 788 a 790); de Side Ligerón Gómez, presentado el 22 de marzo de 2005 (fojas 794 a 795) y por la Defensora de Oficio Maribel Chirinos Lozada, el 28 de marzo de 2005 (fojas 797 a 798) contra el Auto de Vista de 22 de febrero del mismo año (fojas 776 a 778) emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público, contra Carlos Roca Baudevin, Side Ligerón Gómez, Damaris Daza Pérez y Raúl Montenegro Castedo, por delitos comprendidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: que a los fines de la resolución que corresponda en el fondo de la presente causa, se cuenta con los siguientes antecedentes:

1. La causa se inició por Auto de Apertura de proceso de 28 de febrero de 2000 (fojas 64) que dispuso la organización de proceso penal en contra de Carlos Roca Baudevin, Damaris Daza Pérez, Raúl Montenegro Castedo, por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación; proceso penal que fue ampliado por Auto de 20 de marzo de 2000 (fojas 67) en contra de Side Ligerón Gómez por los mismos delitos.

Luego de la fase del plenario la causa concluyó en primera instancia con sentencia de 21 de abril de 2004 (fojas 743 a 745) que declaró a Carlos Roca Baudevin, Damaris Daza Pérez, Raúl Montenegro Castedo y Side Ligerón Gómez, autores del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación y por ello fueron condenados a la pena de trece años y tres meses de presidio.

2. La Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, emergente del recurso de apelación presentado tanto por los procesados como por el Ministerio Público, emitió el Auto de Vista de 22 de febrero de 2005 (fojas 776 a 778), por el que confirmó la sentencia impugnada.

3. Contra el Auto de Vista los procesados presentaron a su turno Recurso de Casación, motivo de la presente resolución.

CONSIDERANDO: que Carlos Roca Baudevin, denunció la errónea aplicación de los artículos 48 de la Ley 1008 y los artículos 8, 20 23, 37 al 40 del Código Penal y 243 del Código de Procedimiento Penal por inadecuada valoración de los hechos.

Que su accionar no se adecua al tipo penal de tráfico de sustancias controladas pues en su conducta no concurren los elementos constitutivos del tipo penal, pues lo que correspondía sin que ello implique reconocer la comisión del delito era calificar el hecho en cuanto a su conducta como complicidad en tentativa de tráfico de sustancias controladas.

Que los tribunales de instancia no han resuelto el caso en función a la culpabilidad sino tan solamente tomaron en cuenta el resultado, en tal sentido al disponer su condena en base a simples indicios y confesiones han vulnerado derechos y garantías consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del Estado; artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente denunció la infracción de los artículos 37 al 40 del Código Penal cuyas circunstancias no han sido adecuadamente apreciadas por los tribunales de grado al establecer el quantum de la pena, solicitando finalmente casar el Auto de Vista recurrido declarando su absolución y en el hipotético caso nunca admitido se lo declare cómplice en el delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas.

Side Ligerón Gómez, denunció la violación del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, al no haber considerado el Tribunal de Alzada los fundamentos de su recurso de apelación atentando su derecho a la defensa, por una parte, por otra parte sostuvo la infracción del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 161 y 163-2) del Nuevo Código de Procedimiento Penal al haber corrido una sola notificación en tablero a los coprocesados, no figurando su nombre en la diligencia.

Denunció igualmente la infracción del artículo 135 del Código de Procedimiento Penal en la apreciación de la prueba al considerar que forzaron conclusiones para su condena en base a diligencias policiales que no fueron ratificadas, y vulnerando también el artículo 243 del mismo cuerpo legal pues no existe prueba plena respecto a su culpabilidad, solicitando anular obrados hasta el vicio más antiguo o en su mérito casar el Auto de Vista impugnado disponiendo su absolución.

Maribel Chirinos Lozada, Defensora de Oficio en representación de los procesados denunció la infracción del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal pues en autos no existe prueba plena en contra de los procesados, así como el quebrantamiento del artículo 135 del mismo cuerpo legal en la valoración de las diligencias de Policía Judicial al haber asignado a las mismas el valor de prueba preconstituida. De igual manera denunció también la infracción del artículo 8 del Código Penal pues consideró que no hubo resultado objetivo del delito, adecuando la conducta de sus patrocinados al tipo penal de tentativa para finalmente sostener que fueron vulnerados los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal en la determinación de la pena y no se tomó en cuenta el in dubio pro reo, solicitando casar el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO: que del examen de antecedentes la prueba producida en autos y contrastada la misma con los fundamentos del Auto de Vista impugnado, se tiene evidencia de haberse acreditado en autos los siguientes hechos:

La prueba de laboratorio es concluyente en sentido de que la sustancia encontrada en posesión de los procesados corresponde a base de cocaína y el acta de incautación y pesaje de la sustancia da cuenta de un peso total de 14.435 gramos de cocaína.

La información proporcionada por los procesados en oportunidad de sus declaraciones informativas permitió la posterior aprehensión del procesado Side Ligerón Gómez, en un operativo posterior realizado en la ciudad de Santa Cruz, quien fue identificado como uno de los propietarios de la sustancia incautada; es más Carlos Roca Baudevin y Damaris Daza Pérez, reconocieron haberse trasladado en el vehículo en el cual fueron aprehendidos desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba por encargo del procesado Side Ligerón Gómez. Carlos Roca Baudevin conocía perfectamente que el bolso de su vehículo contenía sustancias controladas pues afirmó que fue contratado para realizar servicios extra por la suma de doscientos dólares, manifestando además que ese mismo día Side Ligerón Gómez le había contado que la droga la obtuvo mediante un volteo a una mujer en la ciudad de Cochabamba.

La prueba de descargo presentada por los procesados tan sólo respondió a la conducta anterior de los mismos, en tal sentido no enervó ni desvirtuó de manera alguna la existencia del hecho y su responsabilidad en el mismo, concluyendo por ello que la conducta de los procesados se adecua a la norma penal descrita por el artículo 48 con relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley Nº 1008, cuyos elementos concurrentes que hacen al tipo penal atribuido han sido debidamente valorados por los tribunales de instancia, toda vez que la prescripción contenida en el último párrafo del artículo 48 de la Ley 1008 señala: "este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta Ley"; en tal sentido el inciso m) del artículo citado es taxativo al señalar: "se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de... poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar (...)", de donde se deduce que ha existido una correcta calificación de la conducta de los procesados en el tipo penal de tráfico de sustancias controladas por una parte, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido doctrina legal aplicable en relación al delito de tráfico de sustancias controladas, que a los efectos de la presente resolución que corresponde a una causa del sistema de liquidación resulta jurisprudencia indicativa en sentido de que no puede pretenderse que una conducta tipificada como delito en la Ley 1008 sea atenuada con la invocación del artículo 8 del Código Penal, pretendiendo se aplique el sustantivo penal conjuntamente la norma especial constituida por la Ley 1008; siendo este el marco doctrinal de inexcusable aplicación en la resolución de causas en las que se debaten cuestiones de derecho emergentes de la trasgresión a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

En relación al delito de asociación delictuosa y confabulación, el tipo penal exige la organización en grupo de dos o más personas para la comisión de delitos relacionados al narcotráfico tal cual acontece en autos, pues se tiene demostrado que fueron todos los procesados que actuaron de común acuerdo para el tráfico de sustancias controladas, con acciones antes y en el momento de ser aprehendidos, de ahí que es correcta la aplicación de esta norma en el proceso de subsunción.

Ciertamente nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo; sin embargo no existe prohibición alguna para que en determinadas circunstancias un imputado confiese la ilicitud de su acción o admita circunstancias auto-incriminatorias, cuya información tendrá que ser valorada de manera integral por los jueces de grado junto al resto de las evidencias del caso, tal cual acontece en autos, pues todas las declaraciones tanto informativas como confesorias han sido contrastadas y valoradas con el resto de las evidencias, sin que ello importe el quebrantamiento del derecho de no autoincriminación.

Con referencia a la observación que hacen los procesados a la calidad de la prueba relativa a las diligencias de policía judicial, es necesario señalar que las mismas han sido judicializadas durante el plenario de la causa mediante su lectura, acto procesal que no fue cuestionado por ninguno de los procesados tal cual se advierte del acta de fojas 739 a 740 de obrados, motivando ello a la valoración de la misma por parte del tribunal, arribando a la conclusión de que en el caso de autos existe prueba plena que justificó el pronunciamiento de sentencia condenatoria en contra de los procesados.

Respecto al quantum de la pena los tribunales de instancia a su turno para aplicar e imponer la sanción correspondiente consideraron y aplicaron las previsiones contenidas en los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal, no otra cosa significa la imposición de la pena mínima en relación al delito de tráfico de sustancias controladas cuyo mínimo legal es de diez años, pena a la cual se agregó un tercio más de la pena por previsión expresa del artículo 53 de la Ley 1008 relativo al delito de asociación delictuosa y confabulación.

En relación a la infracción del artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, del análisis exhaustivo de la resolución impugnada y en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente se evidencia que los tribunales de instancia han procedido a una correcta valoración de la prueba cuya actividad intelectiva fue desarrollada en apego a las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio, cuya atribución es de exclusiva incumbencia de los tribunales de grado por tal motivo incensurable en casación.

Finalmente respecto a la vulneración del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal al que hace referencia el procesado Side Ligerón Gómez, relativo a la falta de notificación con el requerimiento fiscal de fojas 765, ciertamente la diligencia es expresa en cuanto a los demás procesados y añade el término "y otro" refiriéndose al procesado Ligerón, pues es el único que no se encuentra expresamente señalado en la diligencia; sin embargo de ello el propio procesado en su memorial de fundamentación de su recurso de manera expresa impugna el merituado requerimiento fiscal, coligiéndose por ello que la diligencia de notificación cumplió su cometido que no era otro que el de hacer conocer al procesado los fundamentos del requerimiento fiscal, no siendo evidente por ello la vulneración de la norma legal citada, siendo además impertinente el haber relacionado la infracción denunciada con los artículos 161 y 163 numeral 2) del nuevo Código de Procedimiento Penal a las causas en liquidación como acontece en autos y finalmente los fundamentos del recurso de apelación del procesado Side Ligerón Gómez, dicen relación estrecha con los fundamentos establecidos en el recurso presentado a su favor por la defensora de oficio.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia impugnada obró en apego a la ley tanto en la calificación del hecho, la responsabilidad de los procesados y la pena determinada para cada uno de ellos, sin vulnerar norma legal alguna, menos las acusadas por los recurrentes, correspondiendo declarar infundados los recursos de casación.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, en aplicación del numeral 2) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 804 a 807 de obrados, declara INFUNDADOS los recursos de casación presentados por Carlos Roca Baudevin, Side Ligerón Gómez y Maribel Chirinos Lozada en representación de los procesados, contra el Auto de Vista de 22 de febrero de 2005 (fojas 776 a 778) emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público, contra Carlos Roca Baudevin, Side Ligerón Gómez, Damaris Daza Pérez y Raúl Montenegro Castedo, por delitos comprendidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luís Baptista Morales

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION