SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 009 Sucre, 10 de enero de 2011

Expediente: Cochabamba 131/2005.

Partes: Ministerio Público c/ Rimer Arebalo, Toribio Saravia Vera y Erasmo Saravia Vera.

Delito: Tráfico de sustancias controladas.


VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Rimer Arébalo el 12 de octubre de 2004 (fojas 244 a 245) impugnando el Auto de Vista emitido el 18 de diciembre de 2003 (fojas 241) por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido contra el recurrente y contra Toribio y Erasmo Saravia Vera a instancias del Ministerio Público, con imputación por el delito de tráfico de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: que a los fines de la resolución que corresponda en la vía de previo y especial pronunciamiento, decidir si es aplicable al presente caso la previsión contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, sobre duración máxima de procesos tramitados con sujeción al sistema procesal anterior, o la regla de excepción a que hace referencia la Sentencia Constitucional Nº 101 de 14 de septiembre de 2004, de oficio corresponde pronunciarse sobre el particular, a cuyo efecto se cuenta con los siguientes antecedentes:

1.- El proceso penal se inició el 26 de enero de 2001 con el Auto de Apertura de Proceso (fojas 71). Luego de la fase del juicio oral, concluyó en primera instancia con sentencia de 27 de agosto de 2002 (fojas 218 a 219), que declaró a Toribio Saravia Vera, Erasmo Saravia Vera y Rimer Arébalo, autores del delito de tráfico de sustancias controladas, condenándolos a la pena de once años de presidio.

2.- Ante recurso de apelación presentado por Rimer Arébalo (fojas 229), el Tribunal de Alzada pronunció el Auto de Vista que confirmó la sentencia de primera instancia. Esta resolución dio origen al recurso de casación que es motivo de autos, en cuyo mérito la causa radicó en la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto de 2005 (fojas 255).

CONSIDERANDO: que de la revisión de los antecedentes del proceso penal se evidencia la existencia de actos que de manera objetiva se plasman en dilatorios y originados por los procesados y a saber: 1. Durante la sustanciación del proceso penal los procesados volcaron toda su atención al trámite de la cesación de su detención preventiva en desmedro de la realización de las audiencias del debate, tal es así que el Juzgado de Sustancias Controladas tuvo que tramitar tres solicitudes de cesación de la detención preventiva con los incidentes posteriores a la aplicación de medidas sustitutivas a esa detención, trámites que provocaron demoras en la realización del proceso en su etapa de juicio. Por otra parte la defensa interpuso recursos de apelación contra el Auto de Apertura del Proceso, contra la resolución que denegó la cesación de detención preventiva, recursos que al ser resueltos de manera desfavorable a los procesados trasluce el afán dilatorio de su presentación los cuales provocaron demoras en la resolución final del caso. 2. Que los ilícitos comprendidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas constituyen delitos de lesa humanidad por las implicancias del mismo ya que no sólo atentan a la salud pública, sino también a la seguridad ciudadana y la propia seguridad del Estado, más aún si tomamos en cuenta que en el caso presente se incautó 9320 gramos de cocaína en estado seco, es decir, más de nueve kilos de sustancias controladas, y pesa en contra de los procesados una condena de once años de privación de libertad. 3. Se debe tomar en cuenta también a los efectos del cómputo del término máximo de duración del proceso, el periodo comprendido a las vacaciones judiciales correspondientes a nueve años, 25 días por gestión que se deben descontar, es decir 225 días, desde el inicio del proceso penal al presente. 4.- La demora en la resolución de la causa en este Supremo Tribunal, se origina en la sobrecarga de casos para resolución y las reiteradas acefalías en las salas que han sido la constante al presente, ocasionando el retraso en el despacho normal de causas en plazos razonables, circunstancias últimas que de ninguna manera pueden ser atribuidas al Órgano Judicial ni al Ministerio Público. 5.- En definitiva la no conclusión del proceso en el plazo máximo fijado por el Código de Procedimiento Penal, no es atribuible a omisiones indebidas del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, sino a la conducta dilatoria de los procesados que en exceso de previsión y vislumbrando una probable extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, han realizado actos dilatorios desde el inicio del proceso penal y en la interposición del recurso de casación con el propósito único de prolongar la ejecutoria de la sentencia; razón por la cual corresponde aplicar la doctrina constitucional sobre el tema, expuesta en la Sentencia Constitucional Nº 101 de 14 de septiembre de 2004 y su Auto Complementario Nº 79 de 29 de septiembre del mismo año, que establecen lineamientos específicos para tal fin posibilitando sin embargo, la prosecución de la causa cuando la demora comprobada resulta de actos dilatorios ejecutados por el imputado.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación de la Ministra Ana Maria Forest Cors Presidenta de la Sala Penal Primera, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 256 a 258, declara NO HA LUGAR A LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso con referencia a la causa sustanciada, debiendo en consecuencia proseguir el trámite hasta su conclusión.

Regístrese y hágase saber.

Firmado:

Ministro: Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministra: Ana Maria Forest Cors

Secretaria de Cámara: Valeria Auad Sandi

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

 

 

 

 

SALA PENAL SEGUNDA

MINISTRO DISIDENTE: Sucre, 10 de enero de 2011

Cochabamba 131/2005.

Partes: Ministerio Público c/ Rimer Arebalo, Toribio y Erasmo Saravia Vera.

Delito: Tráfico de sustancias controladas.


VISTOS: el recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2004 por Rimer Arébalo (fojas 244 a 245), impugnando el Auto de Vista emitido el 18 de diciembre de 2003 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 241) en el proceso penal seguido contra su persona y contra Toribio Saravia Vera y Erasmo Saravia Vera con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuenta con los siguientes datos:

1.- El proceso de referencia, tramitado con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, tuvo comienzo el 26 de enero de 2001 con Auto de Apertura (fojas 71) y, al término de la sustanciación respectiva, concluyó con sentencia de 27 de agosto de 2002 (fojas 218 a 219) que, declarando a los tres procesados autores del delito que les fue atribuido, condenó a cada uno de ellos a la pena de once años de presidio.

2.- Dicha sentencia, en grado de apelación, fue confirmada por el Tribunal de Alzada, lo cual dio origen a la presentación del mencionado recurso de casación que radicó en la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto de 2005 (fojas 255) sin haberse emitido desde entonces la resolución final respectiva.

3.- Habiendo correspondido de acuerdo a turno según orden cronológico ingresar al examen de ese recurso, se percibió que, debido al hecho de haber transcurrido más de nueve años desde el inicio de tal causa, debe optarse por una decisión basada en alguna de dos posibilidades, consistente la una en extinguir la acción penal por vencimiento de términos, y caracterizada la otra por resolver la prosecución de la causa en vía de excepción.

4.- La primera de las dos opciones tiene como base la regla establecida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, que señala que las causas tramitadas bajo el anterior sistema deben concluir en el plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de publicación de dicho Código, hecho que se produjo el 31 de mayo de 1999, y que, por ello, dispone que los administradores de justicia, después de constatar el cumplimiento de ese término sin que se encuentre ejecutoriada la sentencia emitida, están obligados a declarar, de oficio o a petición de parte, la extinción de la acción penal y a ordenar en consecuencia el archivo de obrados.

5.- La segunda opción surge de la aclaración contenida en la Sentencia Constitucional Nº 101 de 14 de septiembre de 2004, la cual manifiesta que excepcionalmente, se puede disponer que, después de vencido ese plazo, prosiga la sustanciación de una causa si la demora comprobada no tuvo origen en omisiones, descuido o negligencia de los administradores de justicia sino en actos de los procesados basados en los principios de defensa que por ello causan dilaciones, y, además, en factores tales como complejidad de la causa, número considerable de acusados, suspensión de plazos por vacaciones judiciales colectivas, y excesiva carga procesal.

6.- Efectuado el examen pertinente, se pudo apreciar que tal causa, iniciada en la fase de Sumario el 26 de enero de 2001, concluyó en la etapa de Plenario con sentencia de primera instancia el 27 de agosto de 2002. Durante la sustanciación de esa causa no se percibió actuación alguna de parte del recurrente y de los otros procesados que pudiera calificarse como factor de retraso, razón por la cual corresponde aplicar a ese caso la primera de las dos opciones mencionadas.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando la regla contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal sobre duración de las causas tramitadas con el anterior sistema procesal, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 256 a 258, de oficio, DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL correspondiente al proceso seguido por el Ministerio Público contra Rimer Arébalo, Toribio Saravia Vera y Erasmo Saravia Vera con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; y, en consecuencia, dispone el archivo de obrados y la cancelación de las medidas de orden cautelar que se hubieren impuesto a los procesados.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Presidente: José Luís Baptista Morales

SALA PENAL SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION