SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 155 Sucre, 19 de mayo de 2010

Expediente: Santa Cruz 161/05

Partes: Ministerio Público, Maria Magdalena Arteaga y otras c/ Lucio Paz Roca.

Delitos: Abuso Deshonesto y corrupción agravada

Segundo Ministro Relator: Ramiro José Guerrero Peñaranda

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VISTOS: los recursos de casación planteados por el procesado Lucio Paz Roca y de Jorge Arturo Valverde Bravo, apoderado de las querellantes, ambos contra el Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y María Magdalena Arteaga y otras contra Lucio Paz Roca, por los delitos de abuso deshonesto y corrupción agravada, el Requerimiento Fiscal, la sentencia de Amparo Constitucional de 2 de octubre de 2004, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO: que como antecedentes de la presente causa se tiene que el Juez de Partido Segundo en lo Penal, luego de tramitar el plenario de la causa, pronuncia sentencia en el caso de autos en fecha 07 de junio de 2001 declarando al procesado Lucio Paz Roca, autor del delito de abuso deshonesto y corrupción agravada, condenándole a cumplir la pena de cuatro años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) y absolviendo de culpa y pena por el delito de violación en grado de tentativa, pero además le impone dos años de internación médico psiquiátrico en un centro asistencial psicológico psiquiátrico en calidad de medida de seguridad, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.

El 04 de febrero de 2003 la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, confirma la sentencia apelada, dejando sin efecto tan solo la medida de seguridad impuesta al procesado, resolución que es recurrida de casación por el procesado Lucio Paz Roca y el apoderado de las querellantes Jorge Arturo Valverde Bravo.

CONSIDERANDO: que los recurrentes interponen el recurso de nulidad o casación fundamentando los siguientes motivos:

Jorge Arturo Valverde Bravo, 1. Infracción del artículo 8 con relación al 308 del Código Penal, toda vez que durante el proceso demostró la existencia de la tentativa de violación al existir actos idóneos e inequívocos que dieron comienzo a la ejecución del delito y no se consumó por las condiciones particulares del lugar y las circunstancias propias de las características físicas del agresor y las víctimas que pudieron llamar la atención. 2. Infracción de los artículos 310, 312, 319, 108, 27, 38 del Código Penal y 85, 100, 242-8) del Código de Procedimiento Penal, argumentando que en el proceso de determinación de la pena no se tomó en cuenta las circunstancias que agravan los tipos penales por los cuales fue condenado el procesado, pero además sin especificar si la pena es de reclusión o presidio, incurriendo en la causal de nulidad prevista en el artículo 297-7) del Código de Procedimiento Penal. 3. Infracción de los alcances del artículo 108 del Código Penal en relación a la medida de seguridad, toda vez que no existe disposición legal alguna que señale que tales medidas no deben aplicarse cuando exista sentencia condenatoria. 4. Infracción de los artículos 85 y 290 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que la sentencia pronunciada en autos es irregular e incompleta y que el Auto de Vista al confirmar parcialmente la misma ha quebrantado dicha norma incurriendo en la causal de nulidad prevista en el artículo 297-7) del Código de Procedimiento Penal, para finalmente señalar la infracción del artículo 242-8) del Código de Procedimiento Penal, ya que el Auto de Vista no indica donde debe cumplir la condena impuesta al procesado, además de que la notificación al procesado no precisa la hora en la cual se ha efectuado, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal cuya inobservancia constituye causal de nulidad a tenor de los artículos 297-6) y 7) del Código de Procedimiento Penal.

Lucio Paz Roca, en su recurso de casación invoca como motivos del mismo: 1. Vulneración del principio de presunción de inocencia e infracción del artículo 13 del Código Penal e inobservancia del artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que el Auto de Vista otorgó el carácter de prueba plena a la declaración de un solo testigo que resultó siendo testigo de descargo al afirmar que no le constaba que Lucio Paz Roca, hubiera cometido los delitos que le imputaron, pero que además el informe médico forense señala la posibilidad de que la presencia de hongos y bacterias en los genitales de las menores se deba a humedad por descuido de las madres o de las empleadas domésticas manifestando finalmente que las declaraciones de las menores fueron destruidas o enervadas por la prueba de descargo. 2. Inobservancia y aplicación indebida de los artículos 133, 134, 135, 139 y 140 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo que no se demostró el cuerpo del delito, toda vez que la única prueba para demostrar el delito imputado es la prueba pericial, prueba que ha sido favorable a su defensa, premisas que fueron inobservadas en el proceso de apreciación de la prueba y que debe primar en los casos como los de autos la opinión especializada de los peritos.

Expuestos así los motivos de los recursos de casación se pasan a analizar y resolver los mismos en base a los siguientes argumentos legales:

1. Con referencia al recurso de casación de Jorge Arturo Valverde Bravo, apoderado de las querellantes, respecto al primer motivo relativo a la infracción del artículo 8 con relación al artículo 308 del Código Penal, el Auto de Vista impugnado confirma la absolución del procesado respecto a este delito, toda vez que la prueba producida durante la sustanciación de la fase del juicio no acredita la existencia de este hecho y la responsabilidad del procesado en el mismo, toda vez que conforme el mismo recurrente alega, el ambiente en el que se produjo el hecho que se juzga, vale decir el lugar, las circunstancias relativas a la presencia de niñas de corta edad, las características físicas y fisiológicas del presunto autor en relación a las víctimas habrían impedido que el procesado incurra en la consumación del tipo penal violación, por lo que, la ejecución de los actos no estaban encaminadas a consumar el delito de violación sino más bien concuerdan a las circunstancias descritas por el artículo 312 del Código Penal, toda vez que los actos libidinosos descritos en los hechos no fueron constitutivos de acceso carnal por lo que, el tribunal de alzada al confirmar la absolución del procesado respecto al delito de violación en grado de tentativa no ha vulnerado las disposiciones legales acusadas en el recurso por lo que, deviene en infundado el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el apoderado de las querellantes.

Con referencia al segundo motivo de casación de no haberse tomado en cuenta las circunstancias que agravan el delito en la determinación de la pena, es preciso puntualizar que la sentencia de primera instancia y el Auto de Vista a su turno, al confirmar la sentencia respecto a los delitos de abuso deshonesto y corrupción agravada no han infringido ninguna disposición legal, menos las citadas por el recurrente, toda vez que para la imposición de la pena, los jueces de instancia han aplicado correctamente las reglas de determinación de la misma tomando en cuenta las circunstancias agravantes como atenuantes respecto al accionar del procesado, en relación a los tipos penales respecto a los cuales declara la responsabilidad penal del procesado; es decir, corrupción agravada de menores y abuso deshonesto, en tal sentido la pena impuesta de cuatro años de reclusión responde a la graduación efectuada en función a los delitos por los cuales fue condenado el procesado. Finalmente respecto al motivo de nulidad en sentido de que la sentencia no hubiera determinado si la condena es de reclusión o presidio, la misma es expresa al determinar que se trata de pena de reclusión, por lo que, deviene en infundado el segundo motivo de casación.

Con referencia al tercer motivo de casación referida a la modificación de la sentencia en cuanto a la medida de seguridad se refiere, el Auto de Vista impugnado con mayor criterio legal deja sin efecto la misma, al considerar su inviabilidad por la condena de privación de libertad impuesta al procesado en sentencia; sobre el particular ciertamente las medidas de seguridad pueden ser aplicadas en casos concretos, pero es preciso puntualizar que las mismas adquieren trascendencia ante el juzgamiento de inimputables o semi imputables declarados así en el proceso por cuyo motivo inviabiliza el pronunciamiento de una sentencia condenatoria o la ejecución de la misma, o la aplicación de las medidas de seguridad contra reincidentes que han cumplido la condena que se les impuso, conforme establecen los artículos 80, 81 y 82 del Código de Procedimiento Penal, circunstancias que no se dan en el caso de autos, razones por las cuales deviene en infundado el motivo del recurso.

En relación al cuarto motivo del recurso de casación el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia de primera instancia, ha obrado correctamente, toda vez que el juez de primera instancia al apreciar y valorar la prueba en base a las reglas de la sana crítica, ha llegado a la conclusión de la existencia de prueba plena respecto a la existencia del hecho y la participación del procesado en el mismo, enmarcando la conducta del procesado en la responsabilidad por los delitos de abuso deshonesto y corrupción agravada de menores, no así respecto al tipo penal de violación en grado de tentativa, por una parte, por otra parte respecto a la falta de pronunciamiento respecto al delito de corrupción previsto en la sanción del artículo 318 del Código Penal, es preciso puntualizar que los Tribunales de Alzada no han soslayado su pronunciamiento sobre el particular, pues se tiene expresamente establecido que al procesado se le halló culpable del delito de corrupción agravada de menores previsto en la sanción del artículo 319 del Código Penal, ilícito que no es un tipo penal independiente al previsto en el artículo 318, sino más bien constituye circunstancias agravantes al tipo penal del artículo 318 del Código Penal, por lo que mal podría aplicarse a un caso concreto los dos tipos penales a la vez como erróneamente pretende el recurrente, o es corrupción simple, o es corrupción agravada, figura última por la que el procesado fue condenado.

Con relación a las causales de nulidad invocadas en el recurso relativas a la omisión del lugar donde debe cumplir condena el procesado en el Auto de Vista, es preciso recordar que la resolución impugnada confirma la sentencia apelada con la única modificación respecto a la medida de seguridad, entendiéndose por lo tanto la vigencia de la sentencia emitida en el caso de autos que sobre el particular señala el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) como el recinto penitenciario en que el procesado deberá cumplir la condena impuesta por una parte, por otra parte, el reclamo a la diligencia de notificación al procesado con el Auto de Vista, respecto a la omisión de la hora en que la diligencia fue realizada, no reviste mayor trascendencia sobre el caso de autos al haber presentado el procesado el recurso de casación dentro del término legal, siendo necesario recordar sobre el particular que lo rutinario en el proceso -refiriéndonos a los excesivos ritualismos vinculados a las causales de nulidad- tiene solo valor instrumental en tanto persigue ciertos objetivos técnicos y de justicia, por lo que la doctrina moderna tiende a concluir que la nulidad no puede ser pronunciada si el acto ha alcanzado la finalidad a que está destinado, en tal sentido deviene en infundado el último motivo del recurso de casación del apoderado de las querellantes.

2.- En relación al recurso de casación del procesado Lucio Paz Roca, respecto al primer motivo de su recurso, es decir la vulneración del principio de presunción de inocencia que importa la infracción del artículo 13 del Código Penal, pues afirma el recurrente que contrario al principio citado, se presumió su culpabilidad. Al respecto del análisis de los antecedentes existentes en obrados, se llega a establecer que la sentencia pronunciada en autos y confirmada en segunda instancia, constituye el resultado de todo lo probado durante la sustanciación de la fase del juicio oral, que si bien recogiendo los argumentos del recurrente, en tipos penales como el de autos no existen testigos del mismo por lo que debe primar la prueba científica, no es tan evidente tal afirmación, más aún en el contexto en que los hechos se desarrollaron, pues no se debe perder de vista que sí, existe información proporcionada por las víctimas del hecho, cuyo contenido no se puede soslayar, así como el informe de entrevista psicológica del menor Pablo Javier Parejas Pavisich y la información proporcionada por las querellantes, sumada a las documentales que fueron ratificadas durante la fase del juicio, resultando intrascendente al caso que se juzga la declaración del testigo Ribero Guardia, que afirma el recurrente ser más de descargo que de cargo al afirmar que no le constaba que el procesado haya cometido los delitos que le imputan, como tampoco es evidente que la declaración del médico forense Celso Cuellar, afirme su inocencia cuando este habló de posibilidades respecto a la presencia de hongos y bacterias en los genitales de las menores a otras razones ajenas a los tocamientos impúdicos, más aún si tomamos en cuenta la demora en la realización de estos exámenes, en tal mérito los acusadores han cumplido con la carga de la prueba encaminada a destruir el estado de inocencia que la Constitución y las leyes reconocen a favor del procesado, prueba que al considerar plena para el caso de autos motivó a los jueces de instancia a su turno declarar la culpabilidad del procesado y confirmar la misma en segunda instancia, en cuyo mérito el Auto de Vista al confirmar la sentencia de primera instancia no ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, mucho menos quebrantado el artículo 13 del Código Penal, por lo que deviene en infundado el primer motivo del recurso de casación del procesado.

Con relación al segundo motivo del recurso, es decir, la inobservancia y aplicación indebida de los artículos 133, 134, 135, 139 y 140 del Código de Procedimiento Penal, no es evidente que este tipo de delitos se demuestre sólo con peritajes conforme afirma erróneamente el recurrente. No se debe dudar la importancia de los peritajes en la acreditación de estos hechos, pero no es la única prueba que acredite su existencia soslayando toda la prueba producida por los acusadores que se resumen en los informes médicos forenses, las entrevistas psicológicas de gestión social, el informe de entrevista psicológica del menor Pablo Javier Parejas Pavisich, las declaraciones a través de instructivas juradas de las querellantes, el testimonio de la psicóloga Sandra Wojcikiewicz Silveria y los testigos de cargo que si bien no son testigos presenciales, son testigos indirectos cuyos testimonios confirman las versiones que salen de las entrevistas de las víctimas del hecho. La prueba pericial de descargo cuya finalidad tiende a enervar la de cargo, se limita a cuestionar y observar aspectos de forma en la obtención de información pero que de ninguna manera enervan la información obtenida sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado en el mismo, prueba que fue apreciada acertadamente por los tribunales de instancia conforme a las reglas de la sana crítica, en cuya virtud, se halla comprobado el cuerpo del delito al tenor del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, por lo que, el Auto de Vista al confirmar la sentencia apelada, no ha infringido las disposiciones legales acusadas por el recurrente, en tal sentido deviene en infundado el segundo motivo del recurso de casación.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la participación del Ministro Presidente de Sala Penal Primera Jorge Monasterio Franco, de acuerdo con el requerimiento Fiscal de fojas 485 a 486 del expediente repuesto, en aplicación del numeral 2) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal declara INFUNDADO el recurso de casación planteado por Jorge Arturo Valverde Bravo, e INFUNDADO el recurso deducido por el procesado Lucio Paz Roca, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Primer Ministro Relator: José Luis Baptista Morales (disidente),

Firmado:

Ministro Ramiro José Guerrero Peñaranda

Ministro Jorge Monasterio Franco

Ante mí: Abog. Sandra Mendívil Bejarano.

SECRETARIA DE CÁMARA DE LA SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Auto Supremo Nº 155 Sucre, 19 de mayo de 2010

Expediente: Santa Cruz 161/05

Partes: Ministerio Público, Maria Magdalena Arteaga y otras c/ Lucio Paz Roca.

Delitos: Abuso Deshonesto y corrupción agravada

Ministro Disidente

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VISTOS: la resolución emitida por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca el 2 de octubre de 2004 (fojas 542 a 543) que, ante una demanda de amparo constitucional planteada por Lucio Paz Roca, dejó sin efecto el Auto Supremo número 418 emitido por la entonces Sala Penal única de esta Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto de 2004.

CONSIDERANDO: que para los fines de la resolución que corresponda, se cuenta con los siguientes datos y puntos de referencia:

1.- El mencionado Auto Supremo que, debido a la indicada determinación quedó sin efecto, se emitió en grado de conocimiento de los recursos de casación interpuestos por el imputado Lucio Paz Roca y por el representante de los querellantes, Jorge Arturo Valverde Bravo, impugnando ambos el Auto de Vista pronunciado el 4 de febrero de 2003 (fojas 488 a 490) por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso seguido contra el mencionado Lucio Paz Roca a querella de María Magdalena Arteaga, Isolda Resurreiçao, Patricia La Fuente, Elizabeth Rivera, Ricardo Mojica Alvis y Roberto Cuadros Arenas con imputación por comisión de los delitos de abuso deshonesto, corrupción, y tentativa de violación de alumnas suyas de edades comprendidas entre los cinco y once años de edad.

2.- Según se explicó por el Tribunal de Garantías Constitucionales tal decisión de revocatoria tuvo origen en la circunstancia de haber apreciado que los hechos por los cuales se juzgó al imputado Lucio Paz Roca se produjeron antes de que entre en vigencia la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual que, bajo el número 2033, se promulgó el 29 de octubre de 1999, la cual, por haber aumentado las sanciones prescritas para ese tipo de delitos no debía aplicarse al caso en cuestión de conformidad a la previsión contenida en el artículo 4 del Código Penal sobre primacía de la Ley más favorable cuando la vigente en el momento de comisión del delito es distinta a la que rige cuando se emite el fallo.

3.- Se debe en consecuencia emitir un nuevo pronunciamiento acerca de los dos indicados recursos de casación, que fueron planteados impugnando la decisión del Tribunal de Alzada que, al confirmar la Sentencia de Primera Instancia, mantuvo la resolución en ella contenida en sentido de imponer al imputado la pena de cuatro años de reclusión por abuso deshonesto y corrupción agravada, más internación durante dos años en un Instituto Médico Psiquiátrico, absolución en cuanto al delito de tentativa de violación, y cancelación de las medidas de seguridad impuestas en primera instancia.

4.- El representante de las querellantes, Jorge Arturo Valverde Bravo, mencionó como infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 8, 27, 38, 108, 308, 310, 312 y 319 del Código Penal, concernientes al concepto de tentativa, y a fijación de sanciones penales en torno a los tipos delictivos de violación, abuso deshonesto y corrupción, con los siguientes argumentos: a) Durante el proceso se demostró que hubo tentativa de violación mediante actos idóneos e inequívocos que dieron comienzo a la ejecución del delito, el cual no llegó a consumarse debido al ambiente en que se produjeron los hechos que, por ser un lugar en el que se impartían clases de canto, los gritos y llantos en caso de una agresión física violenta hubieran llamado la atención del personal de servicio o de otras personas que se encontraban en la casa; b) Las penas impuestas respecto a los delitos de abuso deshonesto y corrupción de menores no están en proporción a la gravedad de los hechos consumados; c) No existe disposición alguna que señale que las medidas de seguridad no deben aplicarse cuando existe sentencia ejecutoriada.

5.- El imputado sostuvo que el Tribunal de Alzada transgredió las reglas expuestas en los artículos 134, 135, 139 y 140 del Código de Procedimiento Penal de 1972 sobre admisión y apreciación de la prueba, peritajes y reconocimientos médicos, con los siguientes argumentos: a) Se otorgó el carácter de plena prueba a la declaración de un solo testigo; b) Según el Informe de Médico Forense, la presencia de hongos y bacterias en las genitales de las menores pueden tener origen en humedad o en descuido de la madres o de las empleadas domésticas.

CONSIDERANDO: que efectuado sobre esas bases el análisis pertinente, se llega a las siguientes conclusiones:

Primera.- Se demostró más allá de toda duda razonable que el imputado cometió el delito de abuso deshonesto en niñas comprendidas entre los cinco y los once años de edad.

Segunda.- No se demostró que los actos cometidos por el imputado hubieran corrompido o pervertido a las víctimas de abuso deshonesto.

Tercera.- De conformidad a lo prescrito por el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal de 1972, fue correcta la decisión de absolución en cuanto a la imputación por comisión del delito de tentativa de violación, pues sobre ese hecho no hubo prueba plena.

Cuarta.- No habiéndose comprobado que hubo comisión de los delitos de corrupción de menores y de tentativa de violación por parte del imputado, debe procederse a la fijación de pena solamente por el delito de abuso deshonesto, con sujeción a las reglas de orden penal vigente en el momento de los hechos.

 

Quinta.- Las medidas de seguridad señaladas por el artículo 79 del Código Penal, son aplicables tanto a los inimputables como a los declarados autores de un delito, pues unas tienen por objeto una prevención especial respecto de quien presenta una indiscutible peligrosidad y, otras, constituyen medios de asistencia que procuran la readaptación del individuo.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, en aplicación de la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista recurrido, y, absolviendo al procesado de culpa y pena respecto a la comisión de los delitos de tentativa de violación y corrupción de menores, lo declara autor del delito de abuso deshonesto tipificado por el artículo 312 del Código Penal según el texto anterior a las enmiendas introducidas a ese artículo el 29 de octubre de 1999 por la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, condenándolo por ello a la pena de tres años de privación de libertad en el Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, e imponiéndole, bajo control del Juez de Ejecución Penal, la medida de seguridad de dos años de internación de carácter médico-psiquiátrico en un Centro Asistencial, el cual podrá ampliarse si los informes médicos se pronuncian en ese sentido, más el pago de costas, daños y perjuicios causados a la parte civil y al Estado, a calificarse en ejecución de sentencia.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado:

Ministro José Luis Baptista Morales