SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 012 Sucre, 25 de enero de 2010

Expediente: Cochabamba 163/07

Partes: Ministerio Público c/ Félix Soliz Claros

Delito: Tráfico de Sustancias Controladas

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VISTOS: la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, presentada por Félix Solíz Claros el 23 de octubre de 2008 (fojas 374 a 375), en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, tipificado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, los antecedentes, y:

CONSIDERANDO: que el imputado Félix Solíz Claros señaló que el proceso penal seguido en su contra se inició el 4 de junio de 2005, habiendo transcurrido desde entonces más de tres años, razón por la cual el plazo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal se encuentra vencido, correspondiendo en consecuencia la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Que absolviendo el traslado dispuesto por providencia de 27 de octubre de 2008 (fojas 376), el representante del Ministerio Público manifestó que el imputado realizó actos tendientes a dilatar el proceso a fin de beneficiarse con la probable extinción de la acción penal, señaló también que, los delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas son de lesa humanidad, por consiguientes constituyen una amenaza para la salud, la seguridad ciudadana y la existencia misma de la humanidad, razón por la cual solicitó rechazar la extinción incoada.

CONSIDERANDO: que el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, vencido el cual, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.

Que la tramitación del proceso dentro un plazo razonable es una de las garantías internacionalmente reconocidas a las personas, así lo prevé expresamente el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por nuestro Estado mediante Ley número 1430 de 11 de febrero de 1993. Respecto al "plazo razonable", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a su vez la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptó la teoría del "no plazo", en virtud a la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuando no, ya que no es posible cuantificarlo en días, semanas, meses o años, por lo que cualquier plazo legal establecido o precisado por el ordenamiento interno de los Estados, no tiene carácter vinculante para establecer la razonabilidad o no de la duración de un proceso, porque no es posible establecer criterios abstractos para determinar ese plazo. En consecuencia corresponderá hacer un análisis acerca de lo razonable a la luz de los hechos producidos en cada caso.

Que por ello se entiende que el plazo de duración máxima del proceso, previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, constituye un parámetro objetivo, a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y el Auto Complementario 0079/2004-ECA día 29 del mismo mes y año. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.

Que la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso.

Que la garantía de juzgamiento en plazo razonable, pretende proteger al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado. Por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.

Que en el caso de autos, de los datos que cursan en obrados se establece que conforme dispone el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, el proceso se inició el 4 de junio de 2005 (fojas 1), no existiendo ningún antecedente respecto a la actividad procesal desarrollada durante la etapa preparatoria, motivo por el cual este Tribunal se ve imposibilitado de analizar la razonabilidad del tiempo en que esa etapa se desarrolló.

Que el Ministerio Público presentó acusación el 30 de diciembre de 2005 (fojas 5 a 8 vuelta), en cuyo mérito el 3 de enero de 2006 la causa radicó en el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de Cochabamba (fojas 10), el imputado ofreció prueba el 16 de enero de ese año (fojas 18 y vuelta), el 30 de ese mes y año se dictó el Auto de Apertura de juicio oral y se señaló audiencia para el 24 de marzo de 2006 y, finalizó el 28 de marzo de ese mismo año con la emisión de la sentencia condenatoria que fue leída íntegramente el 31 de ese mes y año. Contra esa resolución el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fojas 260 a 263 vuelta), en cuyo mérito el 18 de mayo de 2006 el proceso se remitió al Tribunal de Apelación que emitió el Auto de Vista el 10 de mayo de 2007 (fojas 338 a 339 vuelta) por el cual declaró la improcedencia del recurso de apelación deducido por el imputado. Resolución recurrida en casación por el imputado (fojas 352 a 356 vuelta), en mérito a ello los antecedentes fueron recibidos en este Tribunal el 25 de junio de 2007 (fojas 359), sin que hasta la fecha se hubiera emitido la resolución correspondiente.

Que de los antecedentes ampliamente expuestos se evidencia que, el plazo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal venció el 4 de junio de 2008, momento en el que el expediente se encontraba radicado en esta Corte Suprema de Justicia en mérito al recurso de casación interpuesto por el recurrente y, a la espera de la emisión del fallo correspondiente. La etapa del juicio oral, desde la radicatoria de la acusación hasta la emisión de la sentencia, tuvo una duración de dos meses y veinticinco días, plazo en el que no se observa ninguna dilación indebida; desde la remisión de antecedentes al Tribunal de Apelación hasta la emisión del Auto de Vista, transcurrió aproximadamente un año, plazo que en criterio del propio recurrente, se justifica en razón la recarga procesal, no siendo evidente que esa demora sea atribuible a actuaciones indebidas del órgano jurisdiccional ni del Ministerio Público.

Que el plazo transcurrido desde la recepción de la causa en este Tribunal de Casación, no puede ser considerado per se como indebido, toda vez que la excesiva carga procesal existente en las Salas Penales de este Supremo Tribunal, motiva la demora en la emisión de la resolución del recurso de casación.

Que si bien es cierto que en la tramitación de la presente causa se excedió el plazo máximo de duración del proceso, empero la dilación no puede ser considerada como indebida, razón por la cual no resulta evidente la vulneración de la garantía del imputado a ser juzgado dentro un plazo razonable.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación del Ministro Ángel Irusta Pérez, de la Sala Penal Primera, aplicando lo dispuesto por los artículos 27-10) y 133 del Código de Procedimiento Penal, declara NO HABER LUGAR a la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, debiendo proseguirse con la tramitación de la causa hasta su conclusión.

Regístrese y comuníquese.

Firmado:

Ministro José Luis Baptista Morales

Ministro Ángel Irusta Pérez

Ante mí: Abog. Sandra Mendívil Bejarano.

SECRETARIA DE CÁMARA DE LA SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA