SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 308 Sucre, 19 de marzo de 2009

Expediente: Cochabamba 45/08

Partes: Martha Yolanda Villarroel Céspedes c/ Humberto Claros Ureña y otra

Delito: Apropiación indebida y abuso de confianza

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VISTOS: VISTOS: la solicitud de extinción de la acción penal de fojas 153 a 154, dentro del proceso penal de conversión de acción pública a privada del delito de estafa y de acción privada por los ilícitos de apropiación indebida y abuso de confianza seguido por Martha Yolanda Villarroel Céspedes en representación de Santiago Macías Hinojosa contra los recurrentes.

CONSIDERANDO: que Humberto Claros Ureña y Ruth Rivera Linaja de Claros, mediante memorial de fojas 153 a 154, impetraron la extinción de la acción penal, citando los artículos 6º, 9º, 16 y 228 de la Constitución Política del Estado y 133 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que desde el inicio del proceso ha transcurrido abundantemente el plazo previsto por ley, sin que a la fecha la sentencia de primera instancia hubiera adquirido el valor material de cosa juzgada.

Que corrida en traslado la referida solicitud a la parte querellante a través de la providencia de fojas 156 de obrados y notificado a fojas 157, no respondió a dicha pretensión jurídica; por lo que corresponde a éste Tribunal resolverla, observando las normas del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia establecida en cuanto a este instituto jurídico.

CONSIDERANDO: que de los datos procesales adjuntos se tienen los siguientes aspectos:

1.- A fojas 3, por decreto de 28 de agosto de 2006 (fojas 3), el Juez Segundo de Sentencia de la ciudad de Cochabamba, admitió la querella formulada por Martha Yolanda Villarroel Céspedes en representación de Santiago Macías Hinojosa, radicando la misma, en contra de los ahora impetrantes, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de confianza, incursos en las sanciones de los artículos 335, 345 y 346 del Código Penal.

Notificados los imputados mediante orden instruida el 5 y 7 de septiembre de 2002 (fojas 9).

2.- Concluido el juicio oral, el operador de justicia, dictó la resolución de 19 de julio de 2003 (fojas 97 a 99 vuelta), por la que declaró a Humberto Claros Ureña y Ruth Rivera Linaja, autores de la comisión del delito de estafa, tipificado por el artículo 335 del Código Penal, condenándolos a cumplir la pena de tres años y tres meses de reclusión en la cárcel pública de San Sebastián, al pago de 150 días multa a razón de bolivianos dos por día y costas procesales; absolviéndolos de culpa y pena de la comisión de los ilícitos de apropiación indebida y abuso de confianza, contenidos en los artículos 345 y 346 del Código Penal.

Sentencia que fue objeto del recurso de apelación restringida y la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, cumpliendo el Auto Supremo número 219/2006 de 28 de junio de 2006 (fojas 134 a 136 vuelta), mediante el Auto de Vista de 24 de enero de 2008 de folios 141 a 143, declaró improcedentes las cuestiones planteadas en la apelación restringida de fojas 103 a 104 vuelta, confirmando a su vez la sentencia condenatoria de 19 de julio de 2003 (fojas 97 a 99 vuelta).

Auto de Vista contra el cual los imputados interpusieron el recurso de casación que corre a fojas 146 a 148 de obrados.

3.- Cabe mencionar que el tiempo dentro del cual transcurre un proceso puede sufrir cierto retraso, bajo estas circunstancias y para considerar la razonabilidad de su duración, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

La complejidad del caso

Qué es lo que está en juego para la víctima (el bien jurídico protegido)

La conducta de las autoridades administrativas, del representante del Ministerio Público y judiciales

Y la conducta de los encausados en la tramitación del proceso

En mérito a estos elementos referidos, se debe analizar caso por caso, atribuyendo importancia a la naturaleza de los hechos.

De ahí que las consideraciones pueden referirse tanto a cuestiones de hecho como de derecho, toda vez que el simple vencimiento del plazo máximo de duración del proceso no es suficiente para declarar sobre esa base la extinción de la acción penal respectiva, porque la extinción no es de hecho, sino de derecho.

4.- Asímismo cabe señalar que en el caso sub lite no existen violaciones al debido proceso, ni a los derechos y garantías de los imputados, que impliquen a su vez violación a la seguridad jurídica, proclamada en la Constitución Política del Estado, habiéndose cumplido con los presupuestos de legalidad, dentro del cual el plazo para la tramitación de la causa, se suspenden por 25 días calendario en forma anual por concepto de vacaciones judiciales y el retraso en este trámite, es sólo atribuible a la excesiva carga procesal existente en materia penal y no a negligencias u omisiones del órgano jurisdiccional; consecuentemente la citada petición, deviene en inviable.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme los artículos 27 numeral 10), 44 parte in fine y 133 del Código de Procedimiento Penal, dispone NO HA LUGAR A LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por duración máxima del proceso, haber dentro de la presente causa de acción privada seguida por Santiago Macías Hinojosa contra los solicitantes, por la presunta comisión de los delitos de estafa convertido a acción privada y apropiación indebida y abuso de confianza, estatuidos en los artículos 335, 345 y 346 del Código Penal, ordenando la prosecución del trámite hasta su conclusión.

Regístrese, hágase saber y devuélvase

Firmado: Dr. José Luis Baptista Morales

PRESIDENTE DE LA SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Dr. Héctor Sandoval Parada

MINISTRO DE LA SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Abog. Sandra Magalí Mendivil Bejarano

SECRETARIA DE CÁMARA DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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