SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo: Nº 060 Sucre, 28 de febrero de 2009

Expediente: Santa Cruz 79/07

Partes: Ministerio Público c/ Richard Rivero Parada y otra

Delito: Tráfico de sustancias controladas y complicidad

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VISTOS: el recurso de casación interpuesto el 9 de marzo de 2007 (fojas 88 a 90) por Doly Sofía Urzagaste Romero, impugnando el Auto de Vista 14/07 emitido el 6 de febrero del miso año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Rivero Parada y la recurrente por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y complicidad.

CONSIDERANDO: que el proceso de referencia concluyó con la sentencia número 26/2006 de 15 de abril (fojas 61 a 66) pronunciada por el Tribunal de Sentencia número 4 de la ciudad de Santa Cruz que declaró a Doly Sofía Urzagaste Romero autora y responsable de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena de diez años de presidio en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz. El co-imputado Richard Rivero Parada fue declarado absuelto, al considerar que la prueba aportada por el Ministerio Público era insuficiente. En apelación restringida, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 6 de febrero de 2007 (fojas 81 a 83) declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto por la recurrente Doly Sofía Urzagaste Romero contra la sentencia pronunciada en el juicio oral.

Que contra lo dispuesto en el Auto de Vista la misma imputada interpuso el recurso que es caso de autos, sosteniendo que el decisorio del Tribunal de Apelación adolecía de una adecuada fundamentación, por cuanto: 1) No obstante sostener que la sentencia estaba debidamente fundamentada, no le explicó la observación realizada sobre las exclusiones probatorias, entre ellas, la ilegal inclusión y consideración de prueba que no fue ofrecida en la acusación pública como la cadena de custodia, acta de secuestro y pesaje de cocaína; tampoco consideró que el informe toxicológico no cumplió con las normas del artículo 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal al igual que el narcotest que no observó la previsión del artículo 333 del mismo cuerpo legal; 2) No se pronunció sobre su alegación de que la sentencia se basó en hechos inexistentes que figuran como hechos probados en la valoración de la prueba, tales como la afirmación de que fue arrestada en la Unidad de Conciliación con 68 gramos de sustancias controladas, ya que nunca se determinó que la sustancia con la que fue encontrada esa controlada. Esos vicios determinan se deba anular el Auto de Vista y disponer se dicte nueva sentencia en este caso absolutoria a su favor.

Invoca en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos 258/02, 523/04, 102/04, 287/99 y 72/03, referidos a la valoración de la prueba y Auto de Vista 176/2004 de 24 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Pri8mera de la Corte Superior del Distrito Judicial De Santa Cruz, que habría anulado totalmente la sentencia y dispuesto la reposición del juicio.

CONSIDERANDO: que el derecho a recurrir de un fallo es la garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía. Busca proteger el derecho de defensa otorgado durante el proceso otorgando la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios que contiene errores que ocasionarán perjuicio indebido a los intereses de una persona.

El recurso previsto por la legislación para cumplir con estas exigencias debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho. En ese sentido el juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal.

En nuestra legislación la apelación restringida cumple esos requisitos y materializa el derecho a recurrir. El recurso de casación, en cambio, si bien en un sentido amplio constituye también un medio de impugnación que la ley concede a las partes, con la finalidad de que la Corte Suprema de Justicia, en su sala correspondiente, resuelva, en base a derecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo dictado en el caso concreto impugnado, con otro dictado por las Salas Penales de la Corte Suprema o las Salas Penales de las Cortes Superiores, lo que significa que conforme a la configuración procesal el recurso de casación es un medio de defensa al que pueden acceder las partes pero que tiene una finalidad exclusiva que permite a la Corte Suprema desarrollar una labor de unificación de criterios, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a los litigantes y eventualmente conforme la jurisprudencia desarrollada por esta Corte podrá eventualmente ante la omisión del Tribunal de Apelación reparar la vulneración de un derecho fundamental.

CONSIDERANDO: que dentro de ese contexto limitativo de la competencia y la n del recurso de casación esta Corte ha establecido criterios que deben tomarse en consideración a los defectos de la admisibilidad del recurso:

A tiempo de interponer el recurso de apelación restringida contra la sentencia de primera instancia debe acompañar los Autos de Vista o Autos Supremos, cuya aplicación pretende. De igual modo cunado en el recurso de casación se impugne el Auto de Vista pronunciado por el tribunal que resolvió la apelación restringida.

Precisar los hechos fácticos correspondientes a los Autos de Vista y/o Autos Supremos que se citan o acompañan como precedentes contradictorios, que deben ser análogos al caso en el que pretenden se aplique igual entendimiento.

Se establezca, cuál es la aplicación que se pretende.

Las exigencias descritas tienen la finalidad de que el Tribunal que conoce el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál es la contradicción que encuentra y cuál considera que debe ser el criterio aplicado. Pues, una tarea así, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso, imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de la celeridad procesal.

CONSIDERANDO: que en ese orden, el recurso interpuesto por la recurrente incumple las exigencias descritas, pues los Autos Supremos y el Auto de Vista invocados como precedentes contradictorios no tienen los mismos supuestos fácticos que su caso, menos explicó cual es la contradicción existente entre la resolución impugnada y los precedentes invocados y cual es la interposición que considera deba aplicarse. Por otro lado también incumplió con el requisito de oportunidad en la presentación del recurso de casación, puesto que lo hizo fuera del término previsto por ley, ya que fue notificada personalmente con el Auto de Vista que impugna el 2 de marzo de 2007 a horas 17:41 habiendo interpuesto el recurso de casación a horas 11:50 del 9 del mismo mes y año, de ahí que el recurso deducido, en estricta observancia de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, debe ser declarado inadmisible.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fojas 88 a 90 interpuesto por Doly Sofía Urzagaste Romero, impugnando el Auto de Vista emitido el 6 de febrero de 2007 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz contra la recurrente y Richard Rivero Parada.

Regístrese, hágase saber y devuélvase

Firmado: Dr. José Luis Baptista Morales

PRESIDENTE DE LA SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Firmado: Dr. Héctor Sandoval Parada

MINISTRO DE SALA PENAL SEGUND

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Abog. Sandra Magalí Mendivil Bejarano

SECRETARIA DE CÁMARA DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA