SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo: Nº 197 Sucre, 13 de agosto de 2008

Expediente: Cochabamba 119/07

Partes: Ministerio Público y Hortensia Fernández c/ Justo Cahuana Cuizara

Acusación y denuncia falsa

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VISTOS: el recurso de casación de fojas 222 a 227 vuelta interpuesto por Justo Cahuana Cuizara contra el Auto de Vista Nº 02370/2007 de 28 de febrero de 2007 de fojas 184 a 185 vuelta, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso penal que siguen el Ministerio Público y Hortensia Fernández contra Justo Cahuana Cuizara por el delito de acusación y denuncia falsa.

CONSIDERANDO: que el imputado Justo Cahuana Cuizara, por memorial de fojas 255 a 256, pide al Supremo Tribunal que se declare la extinción de la acción penal, apoyado en los artículos 5, 133, 27 inciso 10) del Código de Procedimiento Penal y Sentencias Constitucionales número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004, 0033/2006-R, 1036/2002.R y Auto Supremo de fecha 14 de junio de 2006 signado con el número 252 de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Que para declarar la extinción de la acción penal es necesario tomar en cuenta los parámetros expuestos por la Sentencia Constitucional Nº 0101/04 de 14 de septiembre de 2004 y la Sentencia Constitucional Nº 0079/04 de 29 de septiembre de 2004 que establecen que el órgano jurisdiccional debe analizar, en términos objetivos y verificables, los orígenes o motivos de la dilación del proceso y señalan, además, que la extinción de la acción penal solo puede determinarse cuando se constate que la no conclusión del proceso en el plazo máximo establecido por la legislación vigente es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida a los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado.

Que el Ministerio Público, a través del requerimiento cursante de fojas 261 a 268, considerando la extinción de la acción penal, manifestó que el Ministerio Público, conforme consta del cuaderno procesal, no ha realizado ningún acto de dilación del proceso, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser atribuido a la parte acusadora como se pretende, puesto que no existe ninguna actuación dilatoria en el Ministerio Público.

Que los Tribunales que tuvieron a su cargo tanto la etapa preparatoria como el juicio oral, simplemente cumplieron con su deber de llevar a cabo el proceso, observando estrictamente las normas adjetivas vigentes, no habiendo realizado actos dilatorios de ninguna naturaleza, que se pueda atribuir para declarar la extinción por duración máxima del proceso.

Que en lo que concierne a la actuación del imputado manifiesta, que se puede advertir que se han planteado situaciones diversas como la apelación formulada de fojas 158 a 162 vuelta, contra la sentencia de 8 de noviembre de 2004, fojas 151 a 153, la solicitud de obrados de fojas 179 a 180, el recurso de casación de fojas 222 a 227 y vuelta interpuesto contra el Auto de Vista de 28 de febrero de 2007 fojas 184 a 185 vuelta, dichos recursos planteados por el imputado han sido manifiestamente dilatorios, precisamente formulados sin fundamento fáctico, probatorio ni jurídico, cuya única finalidad es precisamente, dilatar el proceso para intentar la extinción por duración máxima del proceso.

Que la impetrante citó la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de fecha 14 de septiembre de 2004 que define los fundamentos de la acción penal, concluyendo que procede la extinción cuando la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, no es atribuible al imputado o procesado, disponiendo que el Juez o Tribunal del proceso se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de su otorgamiento, de oficio o a petición de parte. Sentencia complementada por Sentencia Constitucional número 0079/2004 de 29 de septiembre de 2004 que establece que no habrá lesión al derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos señalados en el Código de Procedimiento Penal, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa, el imputado por el exceso de previsión inherente a todo ser humano provoca la dilación del proceso, debiendo asumir la consecuencia de sus actos; no correspondiendo en solicitud de extinción de la acción penal planteada por Justo Cahuana Cuizara de fojas 255 a 256, por ser la dilación del proceso atribuible al imputado.

CONSIDERANDO: que de la revisión minuciosa de los datos del proceso se evidencia que no existen justificativos para la extinción de la acción penal, ya que la actuación del imputado hizo que el proceso lleve más de tres años, no siendo atribuibles ni al Ministerio Público mucho menos al órgano jurisdiccional que se sujetaron al cumplimiento de la ley; por otra parte, si bien el impetrante, pide la extinción de la acción penal, no señala puntualmente los supuestos hechos dilatorios, establecidos en el AC Nº 79/04 de 29 de septiembre de 2004, que dice: "Quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar que la mora procesal, más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada".

Por lo expuesto, líneas arriba, no es viable la solicitud de extinción de la acción penal, a favor del imputado.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las consideraciones precedentes y con la concurrencia del doctor Teófilo Tarquino Mújica Ministro de la Sala Penal Primera, convocado al efecto en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad al artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público de fojas 261 a 268, declara NO HABER LUGAR A LA EXTINCIÓN de la acción penal del presente proceso, debiendo proseguirse con el trámite de la causa.

Primer Relator: Ministro José Luis Baptista Morales es disidente con la presente resolución, estuvo por la extinción de la acción penal.

Segundo Relator: Ministro Héctor Sandoval Parada

Regístrese y hágase saber.

Firmado: Héctor Sandoval Parada

MINISTRO DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Teófilo Tarquino Mújica

MINISTRO DE SALA PENAL PRIMERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ante mi: Abog. Sandra Mendívil Bejarano

SECRETARIA DE CÁMARA- SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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Expediente: Cochabamba 119/07

Proyecto Ministro Disidente

 

VISTOS: la solicitud de extinción de la acción penal interpuesta mediante memorial de 30 de noviembre de 2007 (fojas 255 a 256) por Justo Cahuana Cuizara, con referencia al proceso penal seguido contra el recurrente por el Ministerio Público y por Hortensia Fernández Rodríguez con imputación por comisión del delito de acusación y denuncia falsa.

CONSIDERANDO: que la solicitud de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1.- Justo Cahuana Cuizara, miembro del Consejo Municipal de Capinota, Provincia Capinota del Departamento de Cochabamba, inició querella criminal contra Hortensia Fernández Rodríguez, también integrante del mismo Consejo Municipal, con imputación por comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes. 2.- Habiendo concluido esa acción con decisión de sobreseimiento, se inició proceso contra Justo Cahuana Cuizara a querella de Hortensia Fernández Rodríguez por acusación y denuncia falsa. 3.- Ese segundo proceso tuvo como resultado que se condene al imputado a la pena de privación de libertad de un año y seis meses y que, luego, se le otorgue el beneficio de perdón judicial (fojas 151 a 153). 4.- La sentencia respectiva, ante recurso de apelación restringida que interpuso Justo Cahuana Cuizara, fue confirmada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 184 a 185 vuelta). 5.- El Auto de Vista confirmatorio fue igualmente impugnado por éste mediante recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2007 (fojas 222 a 227), que fue admitido en esta Sala Penal Segunda por Auto de 11 de septiembre de ese año (fojas 233 a 234).

Que el impetrante presentó su petitorio sosteniendo que, de conformidad a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, el primer acto del proceso incoado contra él está constituido por la declaración que prestó ante un representante del Ministerio Público el 11 de agosto de 2004 (fojas 2) y que, habiendo desde entonces transcurrido más de tres años, es aplicable la regla contenida en el artículo 133 del indicado Código que establece que todo proceso debe tener una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento salvo el caso de rebeldía.

Que al respecto, el representante del Ministerio Público, mediante requerimiento de 17 de diciembre de 2007 (fojas 261 a 268) emitió criterio en sentido de que se rechace esa pretensión por haber el imputado sido autor de actos dilatorios consistentes en la presentación de recurso de apelación restringida de fojas 158 a 162, de una solicitud de nulidad de obrados de fojas 179 a 180 y del recurso de casación de fojas 222 a 227, razón por la cual debe aplicarse la aclaración efectuada por la Sentencia Constitucional número 101 de 14 de septiembre de 2004 que establece que no habrá lesión al derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos señalados en el Código de Procedimiento Penal, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa, el imputado, por un exceso de previsión inherente a todo ser humano, provoca la dilación del proceso.

Que efectuado el respectivo análisis, se concluye que los recursos de apelación restringida, solicitud de nulidad de obrados y recurso de casación presentados por el impetrante son recursos legítimos previstos por la Ley y ninguno de ellos puede ser calificado como un exceso o ánimo malicioso de lograr la dilación de un proceso que concluyó con sentencia que, en realidad, resultó favorable al recurrente pues, después de haberle impuesto la sanción de un año y seis meses de privación de libertad, le otorgó el beneficio de perdón judicial.

Que realizado el correspondiente cómputo de plazos a partir del 2 de septiembre de 2004 en que se notificó al impetrante con la imputación formal (fojas 7 vuelta), se colige que dicho proceso debió concluir el 2 de septiembre de 2007 según lo expresamente determinado sobre el particular por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 261 a 268, aplicando la disposición contenida en el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso con referencia a la causa seguida por el Ministerio Público y por Hortensia Fernández Rodríguez contra Justo Cahuana Cuizara con imputación por comisión del delito de acusación y denuncia falsa, debiendo en consecuencia archivarse obrados.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado: José Luis Baptista Morales

PRESIDENTE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA