SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo: Nº 142 Sucre, 6 de junio de 2008

Expediente: Chuquisaca 1/06

Partes: Orión Conley Allen

Revisión Extraordinaria de Sentencia

Ministro Relator: José Luis Baptista Morales

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VISTOS: el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, que fue admitido para los efectos del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal mediante Auto Supremo número 173 de 12 de junio de 2006 (fojas 19 a 20) por esta Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se interpuso, a través de apoderado, por Orión Conley Allen el 22 de diciembre de 2005 (fojas 11 a 12 vuelta), con referencia a la resolución pronunciada el 5 de agosto de 2004 (fojas 2 a 5 vuelta) por el Tribunal de Sentencia de las Provincias Hernando Siles y Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, que condenó al recurrente a la pena de cinco años de presidio por comisión del delito de lesión seguida de muerte tipificado por el artículo 273 del Código Penal, con fijación de pena según la modificación introducida a dicho artículo por la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003, la cual adquirió la calidad de sentencia ejecutoriada por Auto número 6/2004 emitido el 2 de septiembre de 2004 por el Juez Técnico del mencionado Tribunal de Sentencia.

CONSIDERANDO: que el proceso concluyó con sentencia ejecutoriada tuvo origen el los siguientes antecedentes:

1.- Los esposos Orión Conley Allen y Patricia Sorrel, agricultores, ambos estadounidenses, radicados en la Comunidad de El Tunal de Huacareta, por carecer de hijos propios adoptaron a algunos niños de la región, huérfanos o abandonados por sus padres, entre los cuales tenían a su cargo a una niña registrada como Lilian Allen Sorrell.

2.- Según el requerimiento presentado por el Ministerio Público para los fines de juicio penal, el día 21 de agosto de 2003, cuando la mencionada niña tenía diez meses de edad, su padre adoptivo, por el hecho de no admitir ella la ingestión de alimentos, la desnudó y la flageló con varillas de plástico ocasionando poco después su fallecimiento.

3.- El autor del hecho se presentó voluntariamente ante la policía manifestando que "por no haber escuchado la palabra de Dios y haber cometido el delito es que quiere sufrir las consecuencias de haber sido bastante fuerte con la niña Lidia quien fue adoptada por haber sido ella abandonada por sus padres"

CONSIDERANDO: que el recurso que es caso de autos fue presentado con los siguientes argumentos:

1.- La pena impuesta de cinco años de presidio se basó en la disposición contenida en la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), de corta duración, pues fue derogada muy poco después por la ley 2625 de 22 de diciembre del mismo año 2003, razón por la cual, en la fecha de emisión de esa sentencia (5 de agosto de 2004), no era ya aplicable la norma que impuso para el delito de lesión seguida de muerte la pena máxima de cinco años de privación de libertad sino la de cuatro que figura en el artículo 273 del Código Penal que, debido al indicado último cambio introducido, estuvo vigente nuevamente para entonces.

2.- Por ello, el Tribunal Supremo debe anular esa sentencia y dictar otra que reduzca la pena impuesta a cuatro años de privación de libertad, aplicando las siguientes disposiciones legales: a) El primer parágrafo del artículo 4 del Código Penal que dice: "Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella"; b) El segundo parágrafo del mismo artículo 4 del Código Penal que dice: " Si la Ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta a la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable"; c) El artículo 421 del Código de Procedimiento Penal que, bajo el numeral 5), dispone que procede el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas " cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna".

CONSIDERANDO: que analizados objetivamente los hechos que motivaron el proceso, se concluye que la calificación de lesión seguida de muerte, que tiene como sanción la pena máxima de cuatro años según lo determinado por el artículo 273 del Código Penal vigente, fue absolutamente errónea, pues una acción consistente en flagelar a una criatura de diez meses de edad hasta ocasionar su muerte por negarse a recibir alimento, no puede ser apreciada sino como asesinato, con la sola posibilidad de inimputabilidad si se hubiera demostrado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Código Penal, que correspondía declarar exento de pena al autor del hecho por haberse comprobado que en ese momento padecía de enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia.

Que pese a ese razonamiento es, lamentablemente, imposible proceder a una nueva calificación por tratarse de un proceso que cuenta con sentencia ejecutoriada y, además, porque, de conformidad a lo establecido por la primera parte del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, una resolución impugnada por el imputado o, en el caso de autos, por el ya condenado, no puede ser modificada en su perjuicio.

Que en consecuencia, de conformidad a las reglas sobre validez temporal de la Ley Penal, fijadas claramente por el artículo 4 del Código Penal, no se puede prescindir de la siguiente

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

"Un acto delictivo sólo puede ser castigado con determinada pena cuando ésta se halla fijada por la Ley con anterioridad a la ejecución del hecho. Surge al respecto un serio problema de interpretación si la ley vigente en el momento en que se cometió el delito es distinta a la que rige a la fecha de pronunciamiento de sentencia, pues, si se aplica la ley vigente en el momento del hecho, el juzgamiento se produce con sujeción a normas derogadas y, al contrario, si se resuelve un proceso aplicando la ley nueva, se adoptan decisiones sobre la base de una ley que no existía cuando tales hechos se cometieron. Dicha dificultad de apreciación está resuelta por el principio que señala que la ley penal más benigna tiene efecto retroactivo.

En los casos en los cuales la ley más benigna es la que estuvo vigente en el momento del hecho, no se toma en cuenta la agravación surgida por la promulgación de la nueva. Se entiende por ley más benigna la que produce en el caso concreto el resultado más favorable para el autor".

Que en el caso de autos, si bien corresponde inexcusablemente aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 4 del Código Penal, coincidentes con la doctrina legal establecida, resulta, para efectos menos injustos, que el condenado Orión Conley Allen se encuentra privado de libertad por un lapso próximo a los cinco años porque, a los cuatro que se computan a partir del 5 de agosto de 2004 en que se dictó la sentencia revisable, debe añadirse el tiempo transcurrido desde el 27 de agosto de 2003 en que fue recluido bajo detención preventiva a la iniciación del proceso.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando las disposiciones contenidas en el artículo 4 del Código Penal y en el numeral 5) del artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, con sujeción a la regla contenida en el numeral 2) del artículo 424 del mismo Código, ANULA la Sentencia dictada el 5 de agosto de 2004 por el Tribunal de Sentencia de la Provincias Hernando Siles y Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Orión Conley Allen con imputación por el delito de lesión seguida de muerte tipificado por el artículo 273 del Código Penal y, deliberando en el fondo, manteniendo en cuanto al tipo de delito cometido la calificación efectuada en la resolución anulada, DISPONE QUE LA PENA DE CINCO AÑOS QUE LE FUE IMPUESTA SE REDUZCA A CUATRO.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Firmado: José Luís Baptista Morales

PRESIDENTE DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Héctor Sandoval Parada

MINISTRO DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Ante mi: Abog. Sandra Mendívil Bejarano

SECRETARIA DE CÁMARA- SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA