SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo: Nº 084 Sucre, 18 de marzo de 2008

Expediente: La Paz 259/03

Partes: Hilda Rivas de Cossío c/ Maria Quispe Vda. de Flores y Otros

Alteración de linderos y Perturbación de posesión.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez

****************************************************************************

VISTOS: el memorial de 3 de noviembre del año 2006, presentado por María Quispe Vda. de Flores, Demetria Flores Quispe y Modesta Flores Quispe, que cursa de fojas 602 a 605, por medio del cual interpusieron el recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 20 de septiembre del 2006 pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Hilda Rivas de Cossio contra las recurrentes por la comisión de los delitos de alteración de linderos y perturbación de posesión, tipificados por los artículos 352 y 353 del Código Penal.

CONSIDERANDO: que las recurrentes presentaron el recurso de casación con los siguientes argumentos: a) que el Auto de Vista recurrido no consideró que en el recurso de apelación presentado por la parte querellante no se cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, vale decir, que no se señaló las normas jurídicas que fueron inobservadas por el Juez inferior, ni tampoco se explicó cuales se aplicaron erróneamente; b) que el Auto de Vista no consideró que en juicio se demostró la inocencia de las imputadas, pues la querellante no demostró su posesión en el inmueble que reclama y tampoco la alteración de algún lindero o demarcación que se encuentre en su propiedad, por lo que no pudo demostrar la existencia de los delitos de perturbación de posesión ni de alteración de linderos; c) que en el Auto de Vista no se consideró que la querellante ofreció prueba ilícita e ilegal porque la misma fue obtenida violando los derechos y garantías constitucionales de las imputadas; d) que el tribunal de apelación incurrió en error de hecho y de derecho al sostener que el juez inferior realizó una defectuosa valoración de la prueba, toda vez que al no existir prueba de cargo licita el Juez no tenía nada que valorar; e) que el Auto de Vista impugnado no ha considerado que los imputados demostraron con plena prueba que son legítimos propietarios del terreno y que la querellante nunca estuvo en posesión del inmueble que reclama y que su supuesto título de propiedad es fraguado, por lo que no pudo demostrar su acusación en juicio.

Que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz pronunció el Auto de Vista de 20 de septiembre del 2006 (fojas 597 a 598 vuelta) y anuló totalmente la sentencia dictada por el Juez Tercero de Sentencia de la ciudad de La Paz y dispuso la reposición del juicio por otro juez con los siguientes fundamentos: 1) que el Juez a-quo a tiempo de dictar la sentencia absolutoria a favor de las imputadas realizó una defectuosa valoración de las pruebas producidas porque no tomó en cuenta las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, pues se limitó a citar en forma global las pruebas ofrecidas por las partes, estableciendo directamente sus conclusiones sin valorar todos y cada uno de los elementos de prueba, sin otorgarle o restarle credibilidad, de manera conjunta y armónica; 2) que la fundamentación de la sentencia fue insuficiente por cuanto el Juez de la causa no expresó los motivos de hecho y de derecho en los que sustentó su fallo; sólo hizo relación y enumeración de la prueba producida y judicializada sin otorgarle el valor y posterior motivación en la que hubiese podido apoyar su fallo; 3) que lo referido a la defectuosa valoración de la prueba y la insuficiente fundamentación de la sentencia constituyen vicios absolutos insalvables, no susceptibles de convalidación por implicar inobservancia de la ley adjetiva, los mismos que además constituyen defectos de la sentencia conforme establece el artículo 370 numerales 1) y 6) del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: que analizado el Auto de Vista recurrido y los argumentos expuestos por las recurrentes se establece que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz actuó dentro de la competencia que la ley le otorga con relación al recurso de apelación restringida, toda vez que dicho recurso al ser de puro derecho no le faculta al tribunal a realizar valoraciones de los hechos como lo solicitan las recurrentes, sino simplemente le corresponde al tribunal de apelación observar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sea esta sustantiva o adjetiva; en el caso de Autos se observa que el tribunal de alzada circunscribió el fallo precisamente a señalar que se observaba una defectuosa valoración de la prueba y una insuficiente fundamentación de la sentencia, aspectos que constituyen defectos de sentencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 370 numerales 1) y 6) del Código de Procedimiento Penal.

Que con relación a la valoración de la prueba, corresponde indicar que el tribunal de alzada realizó una adecuada fundamentación, toda vez que no ingresó a valorar cada uno de los elementos de prueba sino que lo que observó fue la actividad propiamente de la valoración, vale decir, si la misma se realizó de acuerdo a las reglas de la sana critica y de la recta razón, que a su vez comprende la reglas de la lógica y la experiencia común y en tal que el Juez de Sentencia de la ciudad de La Paz se limitó a citar las pruebas ofrecidas por las partes sin establecer el valor otorgado a cada una de ellas de manera individual y conjunta, aspecto que se vio además reflejado en la fundamentación misma de la sentencia, por cuanto el Juez de la causa no realizó la motivación del fallo, de manera que se pueda establecer cuales fueron las razones y fundamentos en los que sustentó la sentencia.

Que habiéndose admitido el recurso de casación debido a la posible concurrencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación que afectan a la garantía del debido proceso, conforme dispone el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, corresponde advertir que de la revisión del acta del registro del juicio se observa que una vez iniciado el mismo, éste no se ha realizado de manera continuada, sino que el mismo fue suspendido varias veces sin que dichas suspensiones se encuentren adecuadas a lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal referido a los motivos de suspensión del juicio oral. Al respecto corresponde subrayar que uno de los principios esenciales dentro del sistema procesal penal acusatorio resulta ser precisamente que en la etapa de juicio las actuaciones son continuas y concentradas, vale decir, que todos los actos necesarios para desarrollar el juicio se deben realizar en una misma audiencia (concentración) y que el debate no debe ser interrumpido (continuidad); con el principio de concentración se busca la realización del proceso en el menor tiempo posible; por ello se establece que iniciado el debate, éste debe concluir el mismo día, pero si ello no fuere posible, continuar durante el menor numero de días consecutivos; la importancia de los principios de concentración y continuidad del debate en los juicios orales y públicos radica en que éstos conforman los pilares fundamentales del proceso acusatorio, por cuanto garantizan que los elementos probatorios debatidos se mantengan en la memoria del juez sentenciador; en el caso de Autos al no haber observado el cumplimiento de dichos principios, el tribunal de alzada debió observar dicho incumplimiento; sin embargo estableciéndose que el Auto de Vista impugnado resolvió la reposición del juicio por otro Juez, resulta innecesario anular dicho fallo, correspondiendo simplemente recomendar la realización del nuevo juicio de acuerdo a las reglas previstas por el Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, aplicando el parágrafo segundo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido de fojas 602 a 605, condenando en costas a la parte recurrente conforme dispone el artículo 269 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase

Firmado: Dr. José Luís Baptista Morales

PRESIDENTE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Dr. Ángel Irusta Pérez

MINISTRO DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Ante mi: Abog. Jaime René Conde Andrade

SECRETARIO DE CÁMARA- SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA