SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo: Nº 064 Sucre, 14 de marzo de 2008

Expediente: Santa Cruz 319/03

Partes: Lidia Leonor Garcia Vacaflor y otros c/ Eduardo Aponte.

Lesión seguida de muerte.

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VISTOS: la demanda de extinción de la acción penal de (fojas 435 a 436 vuelta) y el requerimiento de la Fiscalía General de la República de fojas 438 a 439 en el proceso penal seguido por Lidia Leonor García Vacaflor contra Eduardo Aponte Rivero por el delito de lesión seguida de muerte.

CONSIDERANDO: que el incriminado fue citado con el Auto Inicial de la Instrucción el 13 de julio de 1999 (fojas 72 vuelta). Luego, el 10 de noviembre de 1999 (fojas 149 a 150) se pronunció el Auto de Procesamiento. Radicado el proceso en el Juzgado de Partido Séptimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz el 17 de noviembre de 1999 (fojas 151 vuelta), se tramitó el juicio que culminó con la Sentencia de 27 de junio de 2002 (fojas 391 a 394), la cual condenó a Eduardo Aponte Rivero a cuatro años de reclusión por la comisión del delito de lesión seguida de muerte, tipificado por el artículo 273 del Código Penal y lo absolvió de culpa en pena respecto al delito de lesiones gravísimas tipificado por el artículo 270 del mismo Código.

Que interpuesto el recurso de apelación por el incriminado (fojas 397 a 405), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz aprehendió el conocimiento de la causa el 3 de enero de 2003 (fojas 408) y, el 25 de agosto del mismo año pronunció el Auto de Vista de fojas 415 a 415 vuelta que confirmó la sentencia impugnada que por tal circunstancia, con los argumentos expuestos en el memorial de fojas 417 a 423, Eduardo Aponte Rivero recurrió de casación mediante memorial que se recibió en esta Corte el 9 de diciembre de 2003 (fojas 427).

Que al Amparo de la Sentencia Constitucional número 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Eduardo Aponte Rivero demandó la extinción de la acción penal que es caso de autos mediante el memorial que, desde el 19 de octubre de 2005, se encuentra sin actividad procesal.

Que del estudio de actuados se evidencia que Eduardo Aponte Rivero hizo uso de los recursos conferidos por ley, lo que no significa que de su parte haya dilación dolosa de la causa, pues actuó de acuerdo a ley, principalmente en el marco de la garantía fundamental consagrada por el párrafo II del artículo 16 de la Constitución Política del Estado respecto a que el derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

Que desde la notificación al imputado con el Auto Inicial de la Instrucción de (fojas 65) el 13 de julio de 1999 a la fecha, han transcurrido más de ocho años sin haberse dilucidado la causa debido a factores inherentes a la función jurisdiccional, puesto que la fase de Instrucción duró cuatro meses y cinco días computados desde la fecha del Auto Inicial hasta la del Auto Final, contra lo previsto por el artículo 171 con relación al artículo 219 del Código de Procedimiento Penal. El plenario se tramitó en dos años, siete meses y diez días, mientras que la apelación interpuesta por el condenado se resolvió en siete meses y veintidós días y, finalmente, en estrados de esta Corte se encuentra desde el 27 de octubre de 2003 sin solución, lo que implica dilación atribuible a los órganos jurisdiccionales y, en alguna medida, al Ministerio Público, lo que conlleva infracción tanto del principio de celeridad como del derecho que tiene el imputado a ser juzgado en tiempo razonable, vulnerando así la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal que, de manera explícita, dispone que las causas tramitadas conforme al régimen procesal anterior deben concluir en el plazo máximo de cinco años computables a partir del 31 de mayo de de 1999 en que se publicó dicho Código.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL iniciada por Lidia Leonor García Vacaflor contra Eduardo Oponte Rivero con imputación por comisión del delito de lesión seguida de muerte, debiendo en consecuencia archivarse obrados y cancelarse las medidas jurisdiccionales impuestas contra el imputado.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

 

Firmado: Dr. José Luís Baptista Morales

PRESIDENTE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Dr. Ángel Irusta Pérez

MINISTRO DE SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Firmado: Ante mi: Abog. Jaime René Conde Andrade

SECRETARIO DE CÁMARA- SALA PENAL SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA