SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 34 Sucre, 27 de enero de 2007

DISTRITO: Chuquisaca.

PARTES: Paulino Taboada Cruz y otros c/ Nelly Loard Zuazo y otros.

Nulidad de Venta.

RELATOR: MINISTRO DR. BERNARDO BERNAL CALLAPA.

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VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fojas 326 a 329, deducido por Felipe Albis Buezo en representación de Paulino Taboada Cruz, apoderado de Juan Taboada Llalli; Julia Copa Avendaño, apoderada de Paulino Súbelza Copa, Esteban Albis Buezo, Pedro Albis Buezo, Felipe Sánchez, Luciana Peña de Sánchez, Roberto Bejarano Serrudo y Margarita Paz de Bejarano, contra el Auto de Vista Nº 225 de 29 de septiembre de 2003, cursante de fojas 320 a 322 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de venta instaurado por los recurrentes contra Nelly Lord Zuazo, Luisa Lord de Ledezma, Nicolás Arancibia Borda, Junta de Adjudicatarios del Cerro de Potosí (COMIBOL), representada por Freddy Iglesias Zuleta, Juan Medinacelli Suárez y Antonio Pérez Vallejos, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso de referencia, el 30 de abril de 2003, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la capital pronunció la sentencia de fojas 295 a 296 vuelta, declarando probada la demanda ordinaria de fojas 113 a 118 e improbada la excepción de falta de acción y derecho planteadas de fojas 227 a 231 vuelta, disponiendo -en consecuencia- la nulidad y ausencia de valor legal de la transferencia realizada por Efraín Negrón, registrada en folio 142 vuelta, Nº 278 del Libro 2° de Propiedades de la Capital, de 27 de septiembre de 1982, reconociendo el derecho propietario de los demandantes sobre los terrenos objeto del litigio, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la referida partida, respecto de las superficies mencionadas en la demanda. Sin costas.

Deducida la apelación por el representante de la Junta de Adjudicatarios de terrenos en Sucre de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí (fojas 300 a 302 vuelta), la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 225 de 29 de septiembre de 2003, revocó la sentencia apelada deliberando en el fondo declaró improbada la demanda. Por otro lado, confirmó el Auto interlocutorio Nº 63 de 5 de agosto de 2002, cursante a fojas 270 vuelta, sin costas.

En virtud al fallo aludido, los demandantes, a través de su representante legal, formularon recurso de casación en la forma y en el fondo.

En el primero, denunciaron la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, porque el ad quem se pronunció sobre puntos que no fueron objeto de apelación; así, señalan que el Tribunal de segunda instancia consideró y resolvió la apelación formulada contra el Auto de fojas 270 vuelta, no obstante que dicho recurso carecía de la fundamentación requerida; contrariamente a este hecho, el referido Tribunal no se pronunció sobre la apelación interpuesta de fojas 243 a 244, que contaba con la debida exposición de agravios conforme a procedimiento. Asimismo, acusan que la resolución de Vista impugnada, al revocar la sentencia de primera instancia, resulta ultra petita, puesto que los demandados no solicitaron la revocatoria de dicho fallo en su recurso de apelación. Por otro lado, alegaron que los demandados no opusieron "la excepción de autoridad de cosa juzgada" (sic), por lo que el Tribunal de apelación no podía pronunciarse de oficio sobre la misma.

En el segundo, recurso de casación en el fondo, denunciaron la "violación de los artículos 549 inciso 1), 489, 490, 546, 547 y 584 del Código Civil" (sic), porque cuando los esposos Bejarano anularon el poder de A.Guadalupe Valdez de Arancibia, no existia la cosa (terreno) para efectuar la transferencia a favor de los demandados, consiguientemente no existía el objeto del contrato de venta. De igual manera, indicaron que no se tuvo en cuenta lo determinado en los Autos Supremos Nº 203 de 11 de septiembre de 2000 y Nº 112 en el que se determinó que los títulos de los demandados tienen valor legal, circunstancia que se cumplió a través de la presente demanda.

Concluyeron solicitando se anulen obrados y se pronuncie un nuevo Auto de Vista o, caso contrario, se case dicha resolución declarando la improcedencia de la alzada por que no existe exposición de agravios y se declare probada la demanda.

CONSIDERANDO: Que, resolviendo el recurso en base a las infracciones acusadas, corresponde señalar que:

I. Respecto del recurso de casación en la forma: de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia de este Tribunal, es pertinente precisar que a efectos de determinar la nulidad de un proceso se debe tener en cuenta principios esenciales como el de especificidad o legalidad, en cuya virtud rige la máxima "pas nullité sans texte" (no hay nulidad sin ley específica que la establezca). Es decir, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; ella debe ser expresa, específica y debe estar prescrita por ley.

Otro de los presupuestos esenciales para la procedencia de la declaración de nulidad de un acto procesal, es el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullité sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio). En virtud a este requisito, no es dable admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma; por ello, el litigante que invoca el vicio formal debe probar que le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad.

De igual modo, para viabilizar la declaratoria de nulidad, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que los actos viciados o supuestamente viciados, se consolidan si no se los ataca en tiempo oportuno, precluyendo con ello el derecho a solicitar la nulidad del procedimiento conforme al artículo 258.3) del Código de Procedimiento Civil, al establecer que en el recurso de nulidad no es permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del Código adjetivo civil.

Ahora bien, en el caso sub lite, los principios anteriormente descritos no fueron considerados en el recurso de casación en la forma para solicitar la nulidad de obrados, de tal modo que no se advierte infracción alguna con relación a las normas invocadas, máxime si se considera que el ad quem resolvió el recurso de alzada en el marco del artículo 236 del adjetivo civil, norma que delimita los alcances de la competencia de dicho Tribunal. Consiguientemente, el Tribunal Supremo considera que no existe mérito para disponer la nulidad de obrados alegada. Se declara así. II. Sobre el recurso de casación en el fondo: Antes de resolver las denuncias formuladas respecto del recurso de casación en el fondo, es preciso señalar que este Tribunal, resolviendo la acción extraordinaria interpuesta por Freddy Cuellar Grass contra el Auto de Vista Nº 9 de 30 de enero de 2003, pronunciado por la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de nulidad de venta seguido por el mencionado Freddy Cuellar Grass, contra la Junta de Mineros Adjudicatarios de la Empresa Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí determinó a través del Auto Supremo Nº 57 de 29 de marzo de 2005, que:

1).- El inmueble motivo del litigio originalmente pertenecía a Martín Salazar Cardozo, quien vende a los esposos Francisco Bejarano y Encarnación Cardozo de Bejarano una extensión de 7 has. (70.000 mts2 ), ubicado en el ex fundo Las Delicias de Sucre, de los cuales los esposos Bejarano Cardozo ceden gratuitamente a favor del Municipio de Sucre una extensión de 28.479,15 mts2, destinado a calles y áreas verdes.

2).- Que los nombrados esposos demandan la nulidad del poder Nº 153 de 19 de junio de 1975, supuestamente conferido a Guadalupe Valdéz, por ante la Notaria de Fe Pública Dra. Carmela Zuazo, con el fundamento de que ellos no han firmado dicho poder que además adolece de deficiencias, ni tampoco han autorizado la venta de 6 has de terreno. Este proceso ciertamente concluyó declarando nulo el poder, mediante Auto Supremo Nº 64 de 26 de marzo de 1993 y por lógica consecuencia nulas las ventas realizadas con dicho mandato.

3).- La escritura pública Nº 139/92 de 26 de mayo de 1992, acredita que los esposos Bejarano Cardozo e hijos, transfieren en favor de Freddy Cuellar Grass la extensión de 6 hectarias del mismo inmueble, que según la demanda está registrado en Derechos Reales, Nº 349 del Libro Primero de Propiedades el 29 de mayo de 1992, así acredita la certificación, lo cual confiere al actor legitimación activa para intervenir en este proceso; quién incluso logra a su favor posesión judicial.

4).- Que Guadalupe Valdez con el Poder Nº 153, transfiere del mismo inmueble 4 has. en favor de los hermanos Nicolás y Arnold Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord Zuazo, vale decir, a cada uno de ellos una extensión de 10.000 mts2, (que suman un total de 40.000 mts2), como acreditan las certificaciones expedidas por Derechos Reales, quienes con dicho derecho propietario confieren poder a Humberto Barrón Gumiel y Óscar Araujo Llanos facultando transferir el inmueble, los que a su vez contraviniendo los artículos 811 II y 818 II ambos del Código Civil, sustituyen el Poder Nº 75 de 15 de marzo de 1978 a favor de Efraín Negrón Torres y Guadalupe de Arancibia mediante otro Poder Nº 22 de 16 de enero de 1979, con este último Poder, Efraín Negrón transfiere a favor de la Junta de Adjudicatarios representados por Freddy Iglesias, Juan Medinaceli y Antonio Pérez, la extensión de 50.000 mts2, quienes a su turno tomaron posesión judicial como consta del acta de fojas 140 de obrados.

5).- Que, la Junta de Adjudicatarios, dentro la demanda de declaratoria de mejor derecho y reivindicación ha obtenido a su favor el Auto Supremo Nº 112 de 8 de mayo de 2000 que casando el Auto de Vista declara probada la demanda; sin embargo, no es menos cierto que en la segunda parte del tercer considerando, hace constar que, al no haberse declarado expresamente la nulidad de la escritura pública Nº 199 de 27 de mayo de 1982, en proceso contradictorio, ésta tiene fuerza probatoria -prosigue más adelante- en tanto no sea demandada en la vía ordinaria, conforme manda el artículo 546 del Código sustantivo de la materia. Esta resolución como puede apreciarse solo otorga derecho de carácter espectaticio, ante una eventual acción de nulidad, como que ha sido planteada en el presente proceso.

6).- Que, si bien los demandados amparan su derecho propietario en los Autos Supremos Nº 122 de 10 de abril de 1987 y Nº 112 de 8 de mayo de 2000, de los cuales el primero cursante de fojas 116 a 118 vuelta, dentro el proceso de reivindicación y entrega de inmueble seguido por la Junta de Adjudicatarios contra Francisco Bejarano y esposa, declara válido el Poder Nº 153 de 19 de Junio de 1975, por no haberse demostrado la falsedad material e intelectual de dicho instrumento y otorga validez con facultades de transferir. En cambio el segundo Auto Supremo que corre de fojas 164 a 166 vuelta, del juicio de mejor derecho y reivindicación seguido también por la Junta de Adjudicatarios contra Felipe Albis Buezo y otros, en su parte saliente (del tercer Considerando) expresa que el Auto Supremo Nº 64 de 26 de marzo de 1993, si bien declara la nulidad del Poder Nº 153 de 19 de junio de 1975, dentro otro proceso seguido por Francisco Bejarano y esposa contra Guadalupe Valdez, donde no han intervenido la Junta de Adjudicatarios y por lo tanto en aplicación del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, no les alcanza sus efectos y mantiene válida la escritura Nº 199 de 27 de mayo de 1982; pero también agrega en la última parte del mismo tercer considerando que, los demandados no han reconvenido por la nulidad de la escritura Nº 199, sino solamente por usucapión, haciendo constar además que no se puede cancelar el título de los Adjudicatarios mientras no sea declarada nula conforme manda el artículo 546 del Código Civil.

7).- Que, los Autos Supremos que se hizo referencia en el anterior punto, incluyendo el Nº 58 de 2 de febrero de 1994 (fojas 191 a 192), fueron pronunciados por una parte, no estando aún demostrada la nulidad del Poder Nº 153 y, por otra, porque en dichas acciones no fueron parte los Adjudicatarios, a los efectos de las resultas que ha derivado la resolución de nulidad de dicho poder; pero tampoco puede desconocerse el Auto Supremo Nº 203 de 11 de Septiembre de 2000 que corre de fojas 256 a 257, pronunciado dentro el proceso de nulidad de ventas seguido por el ahora actor contra Guadalupe Valdez de Arancibia, Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma, Nelly Lord Zuazo, Julio Sandoval y otros, proceso que ha concluido declarando nulos los instrumentos que sustentan dichas ventas y, por lo tanto, sin valor legal los títulos de los nombrados compradores.

Así analizado el proceso, se puede concluir con referencia a los tres puntos que motivan el recurso en el fondo, descritos en el anterior considerando, que al haberse declarado nulo y sin valor el Poder Nº 153 de 19 de junio de 1975, supuestamente conferido por Francisco Bejarano y esposa a favor de Guadalupe Valdez de Arancibia y, en consecuencia, nulas la ventas efectuadas por la nombrada; por lo mismo sin valor legal el título de propiedad de Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma, Nelly Lord Zuazo, de donde emerge la tradición del derecho propietario de la Junta de Adjudicatarios, por el principio de retroactividad previsto por el artículo 547 del Código Civil, también carece de valor legal el título de estos últimos, porque ciertamente es contrario al orden público, máxime si por imperio del artículo 553 del Código Civil, "el contrato nulo no puede ser confirmado". Ante tal situación, se llega al convencimiento de que el Auto de Vista incurre en indebida aplicación y errónea interpretación de las normas ya expuestas, así como no ha apreciado ni valorado la prueba aportada de acuerdo a lo previsto por el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del sustantivo civil, correspondiendo, en tanto exista error in judicando, aplicar la preceptiva señalada por los artículo 271 numeral 4) y 274 en relación al artículo 253 del Código adjetivo de la materia".

CONSIDERANDO: Que, los fundamentos hasta ahora expuestos respecto del derecho propietario del inmueble objeto del litigio, eximirían a este Tribunal de efectuar mayores consideraciones al respecto, pues la controversia suscitada respecto de él ha sido dirimida a través del Auto Supremo anteriormente glosado; empero, es menester hacer las siguientes precisiones:

I. De la revisión de los antecedentes que informan el proceso, se advierte que la presente demanda versa sobre la nulidad de venta de un lote de terreno ubicado en la zona Las Delicias de la ciudad de Sucre, efectuada a favor de Nelly Lord Suazo, Luisa de Ledezma, Nicolás Arancibia y la Junta de Adjudicatarios del Cerro de Potosí, representada por Freddy Iglesias Zúleta Juan Medinacelli Suárez y Antonio Pérez Vallejos.

II. A través del Auto Supremo supra anotado y la prueba acumulada en el presente proceso, se establece que la tradición del derecho propietario de la Junta de Adjudicatarios de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí, emerge de la transferencia realizada por Guadalupe Valdéz de Arancibia ha Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord Zuazo, todos ellos demandados en el presente proceso,

III. De igual modo, se ha determinado en el Auto Supremo Nº 57 de 29 de marzo de 2005, que al haberse declarado nulo el poder Nº 153 de 19 de junio de 1975, supuestamente conferido por Francisco Bejarano y su esposa a favor de Guadalupe Valdéz de Arancibia, es nulo y sin valor legal, en cuyo mérito se declararon nulas las ventas que efectuó ésta a favor de los ahora demandados.

En definitiva, los títulos de propiedad emergentes de las transferencias realizadas por Guadalupe Valdez de Arancibia ha Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord Zuazo, que a su vez transfirieron el lote de terreno a la Junta de Mineros Adjudicatarios, carecen de valor legal en virtud a lo dispuesto por los artículos 546 y 547 del Código Civil, aspecto que no fue adecuadamente compulsado por el Tribunal de alzada que revocó la sentencia de primera instancia, siendo evidente la vulneración de los preceptos invocados en el recurso de casación, en cuyo mérito y en consideración del principio de igualdad jurídica ante la ley, tratándose de un hecho dirimido que goza de la calidad de cosa juzgada, corresponde a este Tribunal fallar de acuerdo a lo previsto por los artículos 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con intervención del Presidente y Ministro de la Sala Penal Primera Dr. Carlos Jaime Villarroel Ferrer, convocado al efecto, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial, CASA el Auto de Vista de fojas 320 a 322 vuelta, y deliberando en el fondo, mantiene subsistente la sentencia de primera instancia, salvando los derechos de los demandados a la vía llamada por ley.

RELATOR: MINISTRO DR. BERNARDO BERNAL

CALLAPA.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Bernardo Bernal Callapa

Dr. Zacarías Valeriano Rodríguez

Dr. Carlos Jaime Villarroel Ferrer

Sucre, veintisiete de enero de dos mil siete.

Proveído.- Abog. Ximena L. Mendizábal Hurtado -Secretaria de Cámara-