SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No. 6 Sucre, 26 de enero de 2007

DISTRITO: La Paz

PARTES: Luís Wilson Chávez Aranda c/ María Ilse Rodríguez de

Aguirre.

Giro de cheque en descubierto.

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VISTOS: el recurso de casación interpuesto por María Ilse Patricia Rodríguez de Aguirre (fojas 126 a 128 vuelta), contra el Auto de Vista Nº 283/2005 de 12 de octubre de "2003"(sic) dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de acción privada seguido por Luis Wilson Chavez Aranda contra la recurrente por el delito de cheque en descubierto, sus antecedentes y;

CONSIDERANDO: que el Juez de Sentencia Penal Nº 2 de la ciudad de La Paz declaró a la recurrente autora del delito de cheque en descubierto (artículo 204 Código Penal), imponiéndole la pena de 3 años y 8 meses de reclusión, y multa de 30 días a razón de Bs. 3 por cada día, con costas (fojas 37 a 40). Contra dicha resolución la acusada condenada interpuso recurso de apelación restringida (fojas 41), el que fue resuelto por Auto de Vista 182/03, declarando improcedente el recurso, la notificación de dicha resolución fue anulada por efecto de la Sentencia Constitucional 1424/2004-R, recurriendo de casación la imputada (fojas 94 a 97), recurso resuelto por Auto Supremo 232 de 26 de julio de 2005 (fojas 107 a 108) disponiendo que se otorgue a la recurrente el plazo establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, para subsanar omisiones en el recurso incoado; cumplido ello el Tribunal a quo dictó el Auto de Vista 283/2005 de 12 de octubre de "2003" (fojas 118 a 119), contra dicha resolución la imputada deduce recurso de casación (fojas 126 a 128 vuelta) que fue formalmente admitido por Auto Supremo 295 de 22 de agosto de 2006.

CONSIDERANDO: que la recurrente afirma que, el Auto de Vista incurre en falta de fundamentación violando el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal en el segundo considerando numeral 2) con relación a la determinación de la pena, afirmando el a quo, que se aplicó correctamente el artículo 37 del Código Penal, por lo que contraviene también el Auto Supremo Nº 166/2004 que obliga a la explicación detallada de que el acto imputado se subsume en una norma general prohibitiva, sin embargo el artículo 37 del Código Penal no es una norma general prohibitiva, sino una norma de obligatorio cumplimiento a los efectos de la determinación de la pena, la denominada censura de la pena, actividad posterior a la subsunción penal que refiere la recurrente, no existiendo contradicción fáctica con el precedente invocado, careciendo de fundamento este motivo.

CONSIDERANDO: que la recurrente también acusa, que de conformidad al artículo 123 concordante con el artículo 370 inciso 9) de la Ley 1970 las resoluciones judiciales indefectiblemente deberán expresar la fecha en que son expedidas puesto que este fundamento es parte del principio de legalidad y que sin embargo de estas disposiciones el Auto de Vista señala como fecha de expedición "12 de octubre de 2003" lo que significa que su recurso se resolvió dos años antes de interponer su recurso de apelación restringida, que por otro lado el Auto de Vista impugnado se refiere a un memorial de "i de octubre de 2005" no existe el día "i" de octubre.

La inclusión de fechas evidentemente erróneas en el Auto de Vista impugnado, es una acción defectuosa debido a la interferencia de una cadena de pensamientos inconscientes que se conoce también como lapsus, constituyéndose en un error justificable de redacción y totalmente subsanable; empero, se advierte que la referencia a un año o día equivocado, no ha alterado el curso del decisorio ni afecta sustancialmente a la estructura del razonamiento en el expresado, por tanto no constituye un defecto de relevancia constitucional que merezca mayores consideraciones, quedando convalidado conforme a la previsión del numeral 3) del artículo 170 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: que la recurrente continua refiriendo que el a quo en el tercer considerando de la resolución impugnada inciso 1) valora la prueba ofrecida y producida dentro del juicio, contradiciendo el Auto Supremo 373 de 22 de junio de 2004. De la lectura del Auto de Vista impugnado se puede establecer que en ningún momento se ha valorado la prueba producida en el juicio, no siendo evidente la denuncia de la recurrente.

CONSIDERANDO: que también acusa, pese a que su abogado en el recurso de apelación restringida de fojas 41 señaló que "seguramente haré la relación pormenorizada y fundamentada de agravios todo de conformidad a lo estatuido en el artículo 408 y siguientes del Procedimiento Penal", la Corte de alzada no señalo la audiencia de fundamentación oral, violando el artículo 16 inciso II y IV, vulnerando su derecho a ser oída lo que constituye un defecto absoluto tal cual lo define el artículo 169 inciso 3) del adjetivo penal, contradiciendo el Auto Supremo 47 de 28 de enero de 2003. El precedente invocado no hace referencia alguna a la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, no existiendo contradicción fáctica con el Auto de Vista impugnado, además de considerar que ni en el recurso de apelación restringida (fojas 41) ni el memorial de subsanación (fojas 114 a 116 vuelta) se ha hecho solicitud expresa de audiencia de fundamentación oral, omisión de la recurrente que no puede ser reparada por este recurso, no encontrándose violación a derechos sobre este particular.

CONSIDERANDO: que la recurrente denuncia, que el Auto de Vista incurre en falta de fundamentación ya que no explica porqué, cómo, qué elemento de hecho, o cuáles normas son las que sustentan su criterio de que no existió violación procesal, sólo hace una transcripción de las normas del artículo 204 del Código Penal, en tal sentido la Corte de alzada viola la doctrina legal aplicada establecida por el Supremo Tribunal en el Auto Supremo Nº 562/2004 que ha prohibido taxativamente la falta de fundamentación de las resoluciones.

El Auto Supremo invocado resuelve un proceso en el que existía una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación en el Auto de Vista no habiéndose pronunciado respecto a todos los puntos apelados, detectándose defectos absolutos que ameritaban pronunciamiento aún de oficio. La recurrente reclama en su recurso de apelación restringida que no se ofrecieron como prueba ni el cheque (objeto de la litis), ni la carta notariada, afirmando que ninguna de las pruebas fueron ofrecidas de conformidad al artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, el Auto de Vista impugnado solo hace referencia al cheque más no se pronuncia sobre otros elementos probatorios que hubieran sido introducidos en el juicio indebidamente, siendo su pronunciamiento incompleto y contradictorio a la doctrina legal establecida en el precedente invocado, pues dicha omisión se constituye en un defecto absoluto (artículo 169 inciso 3) al implicar una vulneración al derecho de la defensa, y al debido proceso de la imputada.

CONSIDERANDO: que se acusa como defecto absoluto del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, que la resolución recurrida inobserva el principio de congruencia al señalar que si bien se denuncian vulneración de normas procesales y sustantivas empero no se hubiera expresado cual la aplicación que se pretendía, lo que sería falso pues se reclamó la aplicación de los Autos de Vista 562/04 de 1 de octubre de 2004 y 307/03 de junio de 2003, aspecto reconocido por el a quo en el primer considerando, lo que sería contradictorio con el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto de 2003, la resolución impugnada no se circunscribió a los puntos de la apelación restringida y no hace análisis fundamentado de los mismos.

El precedente contradictorio invocado señala sobre el principio de congruencia en los recursos que "El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación." El Auto de Vista impugnado señala en el numeral 5 del último considerando que la recurrente "si bien denuncia la vulneración de normas procesales y sustantivas transcribiendo los textos correspondientes, empero no expresa cual es la aplicación que pretende, consiguientemente, no cumple con el artículo 408; primera parte de la Ley 1970", determinación errónea del a quo, puesto que al haberse otorgado al recurrente el plazo del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y presentado el respectivo memorial sin haber sido observado en su contenido por la Corte de alzada, obliga a la misma a pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, no pudiendo ampararse en defectos formales a objeto de eludir dicho pronunciamiento, ya que el Tribunal de alzada al admitir el recurso de apelación restringida debió ingresar al fondo del asunto de acuerdo a los artículos 413 con relación al artículo 398 y 407 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: que la recurrente reclama que el a quo basó su resolución en que "no hubiera adjuntado precedente contradictorio alguno ni anuncia su presentación una vez conocido el Auto de Vista, lo que significa que no dio cumplimiento al artículo 416, segunda parte del Código de Procedimiento Penal" (sic. Auto de Vista); al respecto cabe dejar sentado que no es requisito para la apelación restringida la invocación de precedentes contradictorios, menos que estos sean acompañados al recurso, por otra parte el artículo 416 referido a la casación no puede ser aplicado por el Tribunal a quo al carecer de competencia para conocer dicho recurso.

CONSIDERANDO: que de este análisis y valoración se determina que el Tribunal a quo no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, al no haber emitido una resolución conforme exige las normas previstas, lo que implica violación al debido proceso y al derecho a la defensa del imputado recurrente, garantizado por el artículo 16 inciso 2) Constitucional y artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE.-

Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.

Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación.

Que el Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, actividad expresamente prohibida por el artículo 396 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista impugnado y determina que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.

Para fines del artículo 420 del Código adjetivo citado, remítase por Secretaría de Cámara fotocopias del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores del país, para que por intermedio de cada Presidente se haga conocer a los Jueces Penales del Distrito Judicial correspondiente la presente resolución.

RELATOR: MINISTRO DR. ZACARIAS VALERIANO

RODRIGUEZ

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

 

Fdo. Dr. Bernardo Bernal Callapa

Dr. Zacarias Valeriano Rodríguez

Sucre, veintiséis de enero de dos mil siete.

Proveído.- Abog. Ximena L. Mendizábal Hurtado -Secretaria de Cámara