SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 119 Sucre 20 de abril de 2006.

DISTRITO: La Paz.

PARTES: Ministerio Público c/ Carlos Chuquimia Tusco, Valentina

Figueredo Fernández.

Tráfico de sustancias controladas

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

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VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Carlos Chuquimia Tusco y Valentina Figueredo Fernández de fojas 375 a 379, impugnando el Auto de Vista Nº 084/05 de 21 de Febrero de 2005 cursante de fojas 369 a 370 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra los recurrentes por la comisión del delito de tráfico, fabricación, asociación delictuosa y confabulación de sustancias controladas, incursos en la sanción de los artículos 47, 48, y 53 de la Ley 1008, sus antecedentes, y

CONSIDERANDO: que los actuados de instancia concluyeron con la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la localidad de Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, declarando a los imputados Valentina Figueredo Fernández y Carlos Chuquimia Tusco, absueltos de de la comisión de los delitos de tráfico, fabricación, de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, incursos en la sanción de los artículos 47, 48, y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, disponiendo la cesación de las medidas cautelares personales.

Elevada esta resolución en Recurso de Apelación Restringida formulado por Wálter Blanco Mérida, en su condición de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, la Corte Ad-quem considera que la sentencia absolutoria no realizó una cabal valoración de la prueba judicializada, ANULO totalmente la sentencia apelada, disponiendo el reenvío ante otro Tribunal para que pronuncie nueva sentencia.

Contra esta resolución los imputados Carlos Chuquimia Tusco y Valentina Figueredo Fernández, interpusieron el recurso de casación cursante de fojas 375 a 379, el que, por cumplir los requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 de la Ley Nº 1970, es formalmente admitido a través del Auto Supremo Nº 160 de 5 de mayo de 2005, (fojas 385 y vuelta), abriendo de esta manera la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal Segunda su competencia para el conocimiento y resolución del recurso de casación deducido, por los imputados recurrentes, concretizados en el desarrollo siguiente:

1.- Los recurrentes denuncian que el Auto de Vista de fojas 369 a 370, viola el artículo 6º del Código de Procedimiento Penal, por cuanto el Ministerio Público como acusador público no cumplió con la carga de la prueba y que el Tribunal de Alzada al disponer el reenvío del juicio ante otro Tribunal habría incurrido en una revalorización de la prueba.

2.- Refieren violación del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal en virtud a que los jueces ciudadanos han asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba presentados por el Fiscal, aplicando para el pronunciamiento de la sentencia la sana crítica por lo que el Tribunal de Apelación debió confirmar la sentencia apelada en lugar de anularla y disponer su reenvío.

3.- Finalmente denuncian la violación del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal en virtud a que la prueba aportada no fue suficiente como para generar en el Tribunal de Achacachi la convicción sobre la culpabilidad de los imputados. Señalan como precedentes contradictorios los Autos Supremos Números 335/2001 de 3 de julio de 2001; 398 de 25 de junio de 2001, Auto de Vista Nº 804/04 de 20 de diciembre de 2004, para en definitiva solicitar a este Tribunal dejar sin efecto la resolución recurrida haciendo constar en forma expresa que al haberles sido favorable la sentencia del Tribunal a-quo no hicieron uso del recurso de apelación restringida.

CONSIDERANDO: que del análisis de la exposición de los recurrentes y de la resolución del Tribunal de Apelación se llega a establecer que el Tribunal Ad-quem con la facultad que posee de modificar el fallo de primer grado previa valoración de la exposición de motivos de la apelación, asume la obligación de subsanar los errores así denunciados si no se ha procedido a una total y cabal valoración de la prueba presentada en el juicio oral público y contradictorio.

Que los datos del proceso determinan que los imputados absueltos Carlos Chuquimia Tusco y Valentina Figueredo Fernández, no desvirtuaron la evidencia de la existencia de precursores para la fabricación de cocaína tales como ácido sulfúrico amoniaco, líquido y ácido clorhídrico, objetos como, balanzas de pesaje, botellas de vidrio, palos, recipientes plásticos, etc., para finalmente establecer la existencia de 4 bolsas de nylon conteniendo 21 paquetes de sustancias controladas con características de cocaína, 3 bolsas con contenido blanquísimo, con similares características, en total se incautaron 27 bolsas conteniendo 24.484 kilogramos de la sustancia referida, por lo que se afirma que la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al haber pronunciado la resolución, ahora venida en casación ante este Tribunal ha dado cabal aplicación al artículo 413 párrafo primero del Código de Procedimiento Penal, pues los elementos concurrentes que hacen a los delitos atribuidos a los imputados no han sido debidamente valorados por el Tribunal encargado de sentenciar la causa, de donde se deduce que no ha existido una cabal valoración de la prueba, por lo que el fallo de primera instancia adolece de los defectos descritos en el artículo 370 5), 6), 8) y 11) del Código de Procedimiento Penal. Tampoco se tomó debida cuenta de la prescripción contenida en el último párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 1008 cuando señala "este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta ley".

CONSIDERANDO: que de lo expuesto se llega a establecer que el auto de Vista impugnado ha sido pronunciado en estricta sujeción a la Ley, debiendo en consecuencia someterse los hechos típicos y antijurídicos a un nuevo juzgamiento para la averiguación histórica de lo acontecido y de esta manera arribar a la verdad jurídica que en un adecuado análisis y valoración de los elementos probatorios tanto de cargo y descargo se proceda a pronunciar una justa sentencia. En ningún caso la determinación del Tribunal de Alzada implica revalorización o nueva valoración de la prueba, habiendo circunscrito sus actos únicamente a evidenciar la existencia de defectos procedimentales, que al ser estos insubsanables procedió correctamente a determinar se anule totalmente la sentencia absolutoria que cursa de fojas 302 a 314 de obrados.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con intervención del Dr. Jaime Ampuero García, Ministro y Presidente de la Sala Penal Primera, convocado al efecto, en uso de la atribución conferida por el artículo 59 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación del artículo 419 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuestos de fojas 375 a 379

RELATORA: MINISTRA DRA. ROSARIO CANEDO JUSTINIANO.

Regístrese hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre veinte de abril de dos mil seis

Proveído.- David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara

Sucre veinte de abril de dos mil seis