SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 138 Sucre, 5 de mayo de 2005

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Ministerio Público c/ Lina Solíz Rodríguez y otra.

Tráfico y transporte de sustancias controladas.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

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VISTOS: en casación los recursos de fojas 527 a 528 y vuelta y de fojas 532 a 534, el Auto de Vista de fojas 524 a 525, los antecedentes del proceso y los requerimientos de fojas 538 a 539, así como el de fojas 542 a 544, emitidos por la Fiscalía General de la República.

CONSIDERANDO: que habiendo instaurado el Ministerio Público acción penal contra Lina Solíz Rodríguez y Francisca Choque Huanaco por los delitos de tráfico y transporte de sustancias controladas, incursos en los artículos 48 y 55 de la Ley 1008 de 19 de julio de 1988, el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Cochabamba pronunció auto de apertura de proceso en fecha 30 de junio de 1999, (fojas 76), pronunciando sentencia cursante a fojas 494 a 496 de fecha 14 de marzo de 2002, declarando a Francisca Choque Huanaco autora del delito de transporte de sustancias controladas, conforme al artículo 55 de la Ley 1008, condenándole a sufrir ocho años de presidio, más quinientos días multa a razón de Bs 0,50 por día multa, además del pago de costas y reparación de daños y perjuicios a averiguarse en ejecución de sentencia. Respecto a la co-procesada Lina Solíz Rodríguez, la declaró absuelta de pena y culpa por existir contra ella sólo prueba semiplena de ser autora del delito de tráfico, incurso en el artículo 48 de la misma Ley, siendo insuficiente para condenarla, (fojas 497 Acta de Audiencia Pública de lectura y publicación de Sentencia). A fojas 498 Francisca Choque Huanaco interpuso recurso de apelación aduciendo que dicha resolución no se ajusta a los antecedentes y hechos del proceso, considerándola perjudicial a sus derechos y garantías, en cuya virtud impetró la concesión del recurso para ante el superior en grado. A fojas 505 a 506 apeló el Ministerio Público respecto a la absolución de Lina Solíz Rodríguez pidiendo la revocatoria de la sentencia recurrida y su condenatoria, opinando se le imponga diez años de presidio por ser autora del delito de tráfico de sustancias controladas.

Que concedidos los recursos, de conformidad a los artículos 285 y 122 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1008, respectivamente, la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Cochabamba, en cumplimiento del artículo 290 de la Ley Adjetiva de la materia, en fecha 4 de septiembre de 2002 emitió el Auto de Vista de fojas 524 a 525 confirmando en parte la sentencia apelada respecto a Francisca Choque Huanaco y revocando el mismo fallo con referencia a la sentencia absolutoria dictada a favor de Lina Solíz Rodríguez declarándola autora del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de diez años, lo que dio lugar a que ambas procesadas recurran de casación.

CONSIDERANDO: que las recurrentes Lina Solíz Rodríguez y Francisca Choque Huanaco recurren en casación, mediante memoriales de fojas 527 a 528 y vuelta y 532 a 534, impugnando el Auto de Vista cursante a fojas 524 a 525 dictado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Cochabamba, con el siguiente fundamento:

Lina Solíz Rodríguez a fojas 527 a 528 y vuelta acusa que después de que fue detenida sin ninguna orden, sin que se le hubiese encontrado ninguna droga, como se acredita a fojas 15 a 16, que los testigos de descargo presentados demuestran que el día en que, supuestamente, habría entregado la droga ella se encontraba en el colegio de sus hijos desde tempranas horas de la mañana hasta horas de la tarde, como también las certificaciones que se presentaron expedidas por el director del colegio de sus hijos, como las profesoras del curso de los mismos que desvirtúan la posibilidad de cualquier tipo de participación de su persona con Francisca Choque Huanaco. Que el Presidente y Vocales de la Sala Penal Segunda no hicieron una correcta valoración de las pruebas, existiendo errónea interpretación de las mismas, existiendo infracción a la ley sustantiva, solicitando se la declare absuelta de pena y culpa por no existir prueba plena en su contra, tal como lo determina el artículo 244 del código de Procedimiento Penal, debido a que en ningún momento, ni mediante ninguna prueba, se ha demostrado que ella hubiese sido la propietaria de la droga.

Acusa, asimismo, que la falta de ratificación de las diligencias policiales conlleva la inexistencia total de prueba de cargo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 134 y 238 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita que el Máximo Tribunal de Justicia realice una correcta valoración de las pruebas y que se confirme la sentencia apelada, ya que es inocente de todo cuanto se la acusa o, en su caso, se aplique el principio universal in dubio pro reo en su favor.

Francisca Choque Huanaco en su recurso de casación afirma que el día 1 de marzo del año 1999 fue detenida cuando se encontraba a bordo de un automóvil con destino a la ciudad de Cochabamba, en el que se encontró una bolsa de verduras que supuestamente era suya y que, en base a las declaraciones y otros informes, se hubiera establecido que existió otra persona, quien, aprovechando de su estado de embriaguez, hubiera colocado paquetes en la referida bolsa y que, posteriormente, se hubiera enterado de que se trataba de droga, que el delito de transporte es un delito de resultado que se consuma cuando se produce el resultado o, mejor dicho, cuando la sustancia controlada del lugar de origen llega a lugar de su destino, por lo que debe considerarse su conducta como tentativa y no como delito consumado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 del Código Penal, por lo que el tribunal de segunda instancia, al confirmar la sentencia de primera instancia, ha incurrido en las causales de casación previstas en los numerales 1), 3) y 4) del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal debido a que en el Auto de Vista recurrido no se ha aplicado correctamente lo previsto en el artículo 8 del Código Penal y tampoco se ha interpretado correctamente lo previsto en el artículo 55 de la Ley 1008, por lo que solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y calificando su conducta correctamente.

CONSIDERANDO: que de los datos del proceso se establece que en fecha 1 de marzo de 1999, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a la altura del puente Izozo, una patrulla de Umopar interceptó el vehículo tipo vagoneta con placa de circulación CRQ-573 encontrando en el mismo una bolsa de yute color blanca que, a su vez, estaba dentro de una bolsa de color verde cubierta con verduras, identificando a la dueña de dicha bolsa a Francisca Choque Huanaco, la misma que, en estado de ebriedad, estaría llevando la bolsa con droga y un aguayo, negándose se le revise la bolsa, procediéndose a la detención de la mencionada señora, quien afirmaba que una señora le había entregado los paquetes en Entre Ríos.

Que Lina Solíz Rodríguez es detenida por funcionarios policiales posteriormente a la detención de Francisca Choque Huanaco y que, si bien no portaba sustancia controlada alguna a momentos de su detención, fue sindicada por la co-procesada como propietaria de la droga, quien niega tal extremo afirmando que el día que supuestamente hubiese realizado tal entrega ella se encontraba en una reunión en la escuela de sus hijos hasta las 3 de la tarde, como lo acredita por declaraciones testificales y documentales, sin embargo de las pruebas de cargo producidas de fojas 1 a 72 (diligencias de policía judicial), acta de incautación de 8.740 gramos de droga, certificación expedida por la Felcn demostrativa de que la co-procesada Lina Solíz Rodríguez tendría otros procesos relacionados con la Ley 1008, que en tres oportunidades habría sido detenida por diferentes imputaciones, tal como se acredita de los certificados cursante a fojas 43, 44, 45 y 46 de antecedentes, por los que se establece que Lina Solíz Rodríguez fue detenida en fecha 9 de enero de 1995 portando una bolsa conteniendo 4.5000 gramos de cocaína, como también en fecha 2 de marzo de 1999 se realizó su detención con fines de investigación dentro del caso C-10/99 con la incautación de 8.840 gramos de cocaína en estado seco, pruebas que no fueron apreciadas ni valoradas por el a quo, como tampoco las diligencias de policía judicial cursante a fojas 64 a 69, papeleta de denuncias de Demetrio Molina, esposo de Francisca Choque Huanaco, cursantes a fojas 122 a 162, por las que se estableció la vinculación de las procesadas con los hechos ilícitos, estableciéndose que, contrariamente a lo aseverado por las recurrentes, el tribunal de alzada, al emitir el Auto de Vista de fojas 524 a 525 no ha incurrido en ningún error de hecho ni de derecho en su apreciación, tampoco a violado las disposiciones alegadas en los recursos de casación de fojas 527 a 528 y vuelta y 532 a 534 al confirmar la sentencia apelada de fecha 14 de marzo de 2002 en lo que respecta a la conducta de la co-procesada Francisca Choque Huanaco y, al revocar el mismo fallo con referencia a la sentencia absolutoria dispuesta en favor de la procesada Lina Solíz Rodríguez, declarándola autora del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 de la Ley 1008 por existir plena prueba en contra de ella, conforme lo establece el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, condenándola a la pena de diez años de presidio en la Cárcel Pública de la ciudad de Cochabamba, valorando correctamente las pruebas producidas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 135 del Procedimiento Penal, aplicando debidamente la ley especial penal, no existiendo causales de nulidad ni de casación en el Auto de Vista impugnado, por lo que devienen en infundado los recursos planteados.

El tribunal de casación, acorde con la doctrina contemporánea, ha emitido el Auto Supremo Nº 417 de 19 de agosto de 2003 y otros estableciendo una nueva línea jurisprudencial, arribando a la conclusión de que el delito de transporte de sustancias controladas, previsto por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, es de carácter formal y no de resultado y que el transporte de un lugar a otro, sin autorización legal, se halla penado por ley, quedando consumado en el momento en que se descubre o incauta la sustancia controlada, siendo indiferente si llegó o no a su destino, ni la distancia recorrida.

CONSIDERANDO: que en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004, la Fiscalía General de la República, mediante requisitoria de fojas 540, solicitó al Supremo Tribunal de Justicia la remisión del cuaderno procesal para pronunciarse, de oficio, en torno a la extinción o no de la acción penal en el caso de autos, en virtud a la merituada Sentencia Constitucional, mereciendo el requerimiento de fojas 542 a 544, por el que el representante del Estado y de la Sociedad opina por la inviabilidad de la extinción aludida por tratarse de ilícitos de lesa humanidad, argumentando además que hubiera existido por parte de las recurrentes actitudes dilatorias del proceso, que la "extinción de la acción penal" sólo puede ser conforme a la Constitución cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por la normativa procedimental citada es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida de los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado.

CONSIDERANDO: que del análisis de los datos del proceso, se evidencia que en el cuaderno procesal no se encuentran actuados procesales que sean violatorios de las garantías y derechos fundamentales de las procesadas o que hayan vulnerado las disposiciones legales aplicables en el proceso que impliquen, a su vez, violación a la seguridad jurídica y al debido proceso, principios consagrados en los artículos 7 inciso a) y 16-IV) de la Constitución Política del Estado, habiéndose cumplido con los presupuestos de legalidad, por lo que se llega a la conclusión de que no existen causas imputables al órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento de las procesadas o a la representación del Ministerio Público que puedan ser invocados como justificativos para la extinción de la acción penal, al contrario, se establecen actitudes dilatorias de las recurrentes en el proceso, como las ausencias a las audiencias efectuadas en el plenario de la causa, dando lugar inclusive a que se revocara el beneficio de libertad que le fuera concedido a la co-procesada Francisca Choque Huanaco.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución primera del artículo 59 de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con los requerimientos fiscales de fojas 538 a 539 y 542 a 544, determina NO HABER LUGAR a la extinción de la acción penal y declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos a fojas 527 a 528 y vuelta y de fojas 532 a 534 por las imputadas, con costas.

Relatora: Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Héctor Sandoval Parada

Dra. Rosario Canedo Justiniano

Sucre, cinco de mayo de dos mil cinco.

Proveído.- David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara.