SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 50/2014

Sucre, 5 de marzo de 2014

EXPEDIENTE: Tarija 250/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Pedro Alejo Cruz

DELITO: tráfico de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Pedro Alejo Cruz (fs. 122 a 124), impugnando el Auto de Vista Nro. 62 emitido el 11 noviembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 119 a 121), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 46/2010 de 24 de diciembre, declarando al imputado Pedro Alejo Cruz absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Contra la citada Sentencia, el representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 141), que fue resuelta por Auto de Vista Nro. 62/2013 de 11 de noviembre, que declaró “CON LUGAR” el recurso, disponiendo en consecuencia anular la Sentencia impugnada y la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, originando con ello el recurso de casación que se examina, presentado por el imputado Pedro Alejo Cruz, en fecha 25 de noviembre de 2013.

Pedro Alejo Cruz, fue notificado con el Auto de Vista Nro.  62/2013, el 21 de noviembre (fs. 127 vta.), interponiendo recurso de casación el 25 del mismo mes y año.

CONSIDERANDO II:  (Motivo del recurso de casación)

Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 358/2013 de 13 de diciembre, el recurso de casación fue admitido de manera excepcional para atender la siguiente denuncia:

El imputado Pedro Alejo Cruz presenta recurso de casación denunciando que en el “Considerando III.1” del Auto de Vista, el Tribunal de Alzada revalorizó prueba, para lo cual transcribe lo siguiente: “pone énfasis y refiere el Tribunal Supremo es clara en destacar que es atribución privativa del tribunal sentenciador la valoración de la prueba quien la recibe y valora a partir del ejercicio del principio de inmediación, en juicio oral, público y contradictorio; razón por la cual el tribunal de alzada circunscribe su labor a determinar si en dichos razonamientos el ad quo se apega a la lógica y experiencia y si ha existido corrección en el proceso intelectivo correspondiente, situación que no se evidencia en la sentencia impugnada, debiéndose considerar que no obstante se aportó prueba testifical, material y documental por parte del Ministerio Público, quien diera cuenta de una conclusión intelectiva diferente a la arribada por el tribunal (condena) que pronunció una sentencia absolutoria; sin considerar que demostró: que la sustancia encontrada era cocaína que se encontraba en un ambiente a cargo del acusado, que no es creíble la versión del mismo en el que sustenta el tribunal el juicio de absolución, en tanto y en cuanto no es lógico que alguien deje a un lado un bolsón con tres envoltorios de cocaína en consideración al valor que ostenta y por otro lado que el acusado haya decidido guardar el bolsón con los tres envoltorios cubiertos con cinta másquin sin cuestionar a quien supuestamente le dejó que se trata, ni tampoco probó la existencia de dicha persona, vulnerando las reglas de lógica, la experiencia y sentido común, siendo claro que existe en la sentencia impugnada una defectuosa valoración de la prueba. No se describe cual el valor probatorio positivo o negativo que el tribunal otorga a cada uno de los elementos de prueba incorporados a juicio, no se compulsa los medios probatorios entre sí, no existe una valoración integral de la prueba. (transcripción neta del auto de vista) (sic). Al respecto, el recurrente afirma, que el fundamento jurídico por el cual el Tribunal de Alzada anuló la Sentencia, contradice las diferentes Sentencias Constitucionales (no identifica resolución alguna), además de lo expresado por el propio “T.D.J.” (sic), cuando señaló que no se puede revalorizar las pruebas, que sin embargo el Tribunal de Alzada lo hizo en el considerando de referencia, vulnerando el debido proceso al realizar una defectuosa valoración; añade que la decisión de anular la Sentencia debe encontrarse expresamente fundamentada, indicando cuál fue el derecho vulnerado en procedimiento, de qué manera se hizo la defectuosa valoración de la prueba, donde está el error, que se señale cuál fue el artículo que se afecto.

Resalta que, lo más llamativo en el Auto de Vista es que se dijo que no puede revalorizarse la prueba, pero que en su fundamento expresó: “Que no es creíble la versión del imputado que alguien le dejó el bolsón con cocaína, en consideración al valor comercial.

Que no es creíble que el acusado haya decidido guardar el bolsón sin cuestionar de que se trata, ni tampoco probó la existencia de dicha persona” (sic). Sostiene que los fundamentos del Tribunal de Alzada, son una intromisión (revalorización) en las pruebas, que si bien no manifiesta qué pruebas, -dice- la lógica común permite entender que se refiere al conjunto de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sumando a ello que indica que no se describió en la Sentencia el valor positivo o negativo a cada medio de prueba incorporado al juicio.

Reiteradamente sostiene que la intención del Tribunal de Alzada fue anular una Sentencia sin que exista motivo alguno, con lo que vulneró Sentencias Constitucionales, por revalorizar la prueba, aspecto que contraviene los principios de inmediación de la prueba y oralidad, infringió los artículos 172, 204, 207, 213, 280, 329, 333, 249 y 359 del Código de Procedimiento Penal; además de los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral. 

En mérito a lo expuesto, solicitó se admita el recurso planteado y se dicte resolución determinando la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado y se confirme la Sentencia justa pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba; conforme lo dispone el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO III: (Verificación de vulneración de principios y normativa por revalorización de prueba)

Que el análisis del presente recurso de casación se circunscribirá al Auto Supremo de Admisión Nro. 358/2013 de 13 de diciembre, admitido de manera excepcional para verificar si efectivamente hubo revalorización conjunta de la prueba aportada por el Ministerio Público y si con ello se afectaron los principios y la normativa legal aplicable en la resolución del recurso de apelación.

Inicialmente, es preciso hacer hincapié que, sobre la revalorización de la prueba, el Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003, estableció que: “(…) de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente” (sic).

En el caso de autos, se verifica que el Tribunal de Sentencia determinó que la acción dolosa del acusado Pedro Alejo Cruz, no fue demostrada en forma fehaciente, señalando que “evidentemente el bolsón donde se encontró la sustancia controlada él lo recibió en guarda de un Sr. Que llegó a su tienda y le compró tres garrafas y le dijo que iba a volver en la tarde, pero no volvió, sin embargo refiere que no sabía que contenía ese bolsón y por eso lo guardó” (sic); asimismo refirió, que la declaración de los testigos de cargo no fueron uniformes, ni precisa que no existió ningún testigo que pudiera dar certeza a ese Tribunal sobre la forma como realmente fue encontrada la sustancia controlada secuestrada, finalizó afirmando que la prueba testifical de cargo resultó contradictoria; por lo que concluyó que, “en mérito a los fundamentos expuestos corresponde dar aplicabilidad al PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO (sic). 

Al respecto, el Tribunal de Alzada en el CONSIDERANDO III del Auto de Vista impugnado, señaló que: “…no es creíble la versión del mismo en el que sustenta el tribunal el juicio de absolución, en tanto y en cuanto no es lógico que alguien deje por un lado un bolsón con tres envoltorios de cocaína en consideración del valor comercial que ostentan y por otro lado que el acusado haya decidido guardar el bolsón con los tres envoltorios cubiertos de cinta másquin sin cuestionar a quien supuestamente lo dejó de que se trata; ni tampoco se probó la existencia de dicha persona; vulnerando las reglas de la lógica, la experiencia y sentido común, siendo claro que existe en la sentencia impugnada una defectuosa valoración de la prueba” (sic).

En relación a lo señalado, el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, sobre la valoración, refiere que: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”.

En el caso de autos, este Tribunal Supremo de Justicia, admitió el presente recurso de casación por la vía excepcional, únicamente para verificar si efectivamente hubo revalorización conjunta de la prueba aportada por el Ministerio Público y si con ello se afectaron los principios y la normativa señalada por el recurrente; al respecto, no se evidencia que el Auto de Vista impugnado haya revalorizado prueba, haciendo en cambio, un control del iter lógico; teniendo en ese sentido competencia para pronunciarse no solo sobre la apelación o no de la ley sustantiva, sino también sobre el cumplimiento de los requisitos de validez contenidos en el artículo antes referido, y en ese marco verificar si el Tribunal de Sentencia rigió el acto de valorización armónica y conjunta de la prueba a sus reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.

Por lo expuesto y efectuado el análisis respectivo, éste Tribunal Supremo no advierte la denuncia de revalorización conjunta de la prueba.

POR  TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pedro Alejo Cruz (fs. 122 a 124), impugnando el Auto de Vista Nro. 62 emitido el 11 noviembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 119 a 121), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

                 Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano