SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 49/2014

Sucre, 5 de marzo de 2014

EXPEDIENTE: Santa Cruz 11/2014

PARTES PROCESALES: José Ernesto Gutiérrez Rivero, Jorge Paz contra Dora Algarañaz Bejarano, Severino Gutiérrez Villca, Ernesto Guirandei Yarucari

DELITO: despojo, perturbación de posesión, alteración de linderos, usurpación agravada                                                                                                                                      

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por los acusados Dora Algarañaz Bejarano, Severino Gutiérrez Villca  y Ernesto Guirandei Yarucari (fs. 359 a 361), impugnando el Auto de Vista Nro. 238 emitido el 30 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 345 a 346), en el proceso penal seguido por José Ernesto Gutiérrez Rivero, Vicente Gutiérrez Rivero y Jorge Paz contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión, alteración de linderos y usurpación agravada, previstos y sancionados por los artículos 351, 352, 353 y 355 del Código Penal.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Juzgado de Sentencia de Portachuelo, provincia Sara del departamento de Santa Cruz, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro. 01/2013 el 17 de junio de 2013 (fs. 313 a 321), declarando a los imputados Dora Algarañaz Bejarano, Severino Gutierrez Villca y Ernesto Guirandei Yarucari, absueltos de pena y culpa por los delitos de perturbación de posesión y usurpación agravada, previstos en los artículos 353 y 355 del Código Penal y autores de los delitos de despojo y alteración de linderos, previstos y sancionados por los artículos 351 y 352 del Código Penal, imponiendo a la imputada Dora Algarañaz Bejarano, la pena de privación de libertad de tres años, concediéndole, en aplicación del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, el beneficio de suspensión condicional de la pena, previa acreditación de los certificados correspondientes y la inmediata desocupación del fundo de los querellantes; y a los coimputados Severino Gutiérrez Villca y Ernesto Guirandei Yarucari, pena privativa de libertad de tres años y cinco meses a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola).

Contra la citada Sentencia, los acusados Dora Algarañaz Bejarano, Severino Gutiérrez Villca y Ernesto Guirandei Yarucari, formularon recurso de apelación restringida (fs. 330 a 333), resuelto por Auto de Vista Nro. 238 de 30 de septiembre de 2013 (fs. 345 a 346), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que lo declaró improcedente.

Con el Auto de Vista referido, los recurrentes fueron notificados el 20 de noviembre de 2013 en su domicilio procesal (fs. 348.), formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 25 de noviembre de 2013 (fs. 359 a 361).

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 10/2014 de 12 de febrero, a efecto de verificar la presunta contradicción entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 58/2012 de 30 de marzo, y según el siguiente motivo:

El Tribunal de Apelación al pronunciar el Auto de Vista Nro. 238/2013, aplicó erróneamente la normativa procesal penal, concretamente el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, pues al advertir error de forma en el recurso de apelación restringida, debió ordenar se subsanen los errores advertidos, en el plazo de tres días, tal como establece la normativa precedentemente citada y no declararlo inadmisible e improcedente, sin previa opción de corrección. Transcribe la doctrina legal contenida en el Auto Supremo Nro. 58/2012 de 30 de marzo de 2012, invocado como precedente contradictorio, que refiere que, el Tribunal de Alzada debe verificar el contenido formal del recurso de apelación restringida y el cumplimiento de las exigencias legales para su interposición y consideración, además de hacer conocer al recurrente los defectos u omisiones de forma que se hubieran advertido, otorgándole el plazo de tres días para su corrección, en aplicación del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal; así, el Tribunal que advirtiendo los defectos formales, no conceda el plazo mencionado, contraviene lo dispuesto por los artículos 394 y 399 del Código de Procedimiento Penal y 115, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado, relativos a los artículos 8.2 inciso. h) de la Convención  Americana de Derechos Humanos, 14 numeral. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el marco del respeto al principio pro actione, y que el rechazo del recurso de apelación restringida, solo puede ser dispuesto cuando previamente se observó el defecto formal y se concedió el plazo legal para su subsanación, por lo que, solicitan se admita el presente recurso de casación, se deje sin efecto el Auto de Vista Nro. 238/2013, y disponga el pronunciamiento de una nueva resolución.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que el debido proceso, está entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.

Asimismo, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 394, busca garantizar, en forma efectiva, el debido proceso y dentro del mismo, el derecho de impugnar y recurrir de un fallo adverso por ante Tribunal Superior, garantía fundamental consagrada en  los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 8, numeral 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica, y por el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que definen el debido proceso como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

Por otro lado, el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, reconoce a toda persona el derecho a recurrir, debiendo las partes interponer los recursos en cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma que se determina en la normativa citada, tal cual se dispone en el artículo 396 inciso 3) del mismo cuerpo legal.

Doctrinalmente el derecho de las partes para impugnar y recurrir, es consecuencia directa de dos principios esenciales: el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional en Sentencia Constitucional Nro. 1044/03-R, precisó sobre la configuración del debido proceso, como uno de sus elementos, el derecho a la defensa, sobre el que se articulan las garantías judiciales mínimas a que se refiere el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, donde todos sus institutos, de alguna manera, se conectan y convergen con el derecho a la defensa.

Bajo ese marco normativo se analizará la denuncia de los recurrentes relativa a que el Tribunal de Apelación declaró inadmisible e improcedente el recurso de apelación restringida formulada argumentando errores de forma,  sin haber dispuesto previamente, se subsanen dichas omisiones en el plazo de tres días  tal como lo establece el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal.

El Auto Supremo Nro. 58/2012 de 30 de marzo, invocado como precedente contradictorio, emitió doctrina legal aplicable, en la que estableció que: “El examen de contenido formal del recurso de apelación restringida, como primer acto del Tribunal de Alzada, debe hacerse verificando si cada motivo y/o reclamo cumple con las exigencias legales para su interposición y consideración; en caso de que se advierta defecto u omisión de forma en alguno de sus motivos, el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de hacer conocer al recurrente ese aspecto, otorgándole el término de tres días computables a partir de su notificación para que amplié y/o corrija, bajo apercibimiento de rechazo del motivo o de la integridad del recurso cuando corresponda, ya que la finalidad del art. 399 del Código de Procedimiento Penal es justamente que el recurrente corrija, amplíe o aclare su recurso y así se abra la competencia del Tribunal para resolver el fondo, a los efectos de la congruencia y la pertinencia de la resolución.

En este entendido, el Tribunal de Alzada que en el análisis previo a la admisión del recurso, advirtiendo defectos formales, no conceda el plazo legal para que se subsanen, contraviene lo dispuesto por los arts. 394 y 399 del Código de Procedimiento Penal y los arts. 115, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado relativos a los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 num. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; esto en el marco del respeto al principio pro actione, pues si bien las formas exigidas por ley, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha observado el defecto formal y se ha concedido el plazo legal para que se subsane, lo contrario resulta atentatorio al debido proceso, más aún cuando a pesar de que se otorgó el plazo correspondiente para la subsanación de uno o varios motivos, cumplido el plazo y con el resultado, se ingrese al fondo del asunto y se declare la inadmisibilidad de uno de los motivos que no fue observado y en la parte dispositiva la improcedencia de dicho motivo, tornando la resolución en incongruente, pues toda resolución al margen de contener la suficiente fundamentación y motivación, debe también ser congruente en cuanto a su contenido, ya que ello importaría lesionar la garantía del debido proceso y los que éste a su vez subsume como los derechos a la defensa.” (sic); doctrina que no se aplicó en el caso de autos, toda vez  que, de la revisión del Auto de Vista impugnado en que, se evidencia que el Tribunal de Alzada, advirtió que el recurso interpuesto por los recurrentes, no tenía sustento legal, no establecía cual era la prueba que no fue legalmente considerada por el juzgador, tampoco establecía cual era la errónea aplicación de la norma sustantiva que denunciaban, ni realizaron una cita concreta de las normas penales vulneradas en las que amparan su recurso; sin embargo, dichas omisiones no fueron comunicadas previamente a los recurrentes, a efectos de que sean subsanadas, tal cual establece el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal. Así, los de Alzada  ignorando ese aspecto resolvieron directamente el recurso, desconociendo lo establecido por la norma precedentemente mencionada, y declarando improcedente el recurso interpuesto, omisión que importa defecto absoluto violatorio al debido proceso, que dejó en indefensión a los recurrentes, toda vez que no se les permitió subsanar o corregir los defectos aludidos, cuando era obligación del Tribunal de Apelación otorgar el plazo precedentemente señalado; resultando el Auto de Vista contradictorio al precedente invocado.

De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, establecer la siguiente:.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

El Tribunal de Alzada al advertir en el recurso de apelación restringida, omisiones o defectos de forma que incumplan con los requisitos exigidos en los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, deberá hacer conocer este aspecto al recurrente, precisando de manera clara y expresa las carencias de forma que se observan, para que el apelante corrija o amplié su recurso de apelación, a cuyo efecto se debe otorgar el plazo de tres días indefectiblemente, en previsión del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal; en ese entendido el Tribunal de Alzada no debe declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida con el fundamento de carencia de los requisitos de forma, sin que previamente se haya concedido al recurrente el plazo previsto en el artículo precedentemente citado, a fin de que el recurso de apelación restringida se encuentre libre de defectos, para que el Tribunal de Apelación se pronuncie sobre el fondo de los puntos impugnados; lo contrario vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que se constituye en defecto absoluto.

POR  TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los artículos 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 238 emitido el 30 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 345 a 346), en el proceso penal seguido por José Ernesto Gutiérrez Rivero, Vicente Gutiérrez Rivero y Jorge Paz contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión, alteración de linderos y usurpación agravada, previstos y sancionados por los artículos 351, 352, 353 y 355 del Código Penal; y, dispone que la indicada Sala Penal pronuncie nueva resolución de vista de acuerdo a la doctrina legal aplicable señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias legalizadas del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

                 Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano