SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 37/2014  

Sucre, 26 de febrero de 2014

EXPEDIENTE: Tarija 211/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Alberta Gallardo Quiroga, Cresencia Gallardo Quiroga

DELITO: tráfico de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la imputada Alberta Gallardo Quiroga (fs. 55 a 56), impugnando el Auto de Vista Nro. 40/2013 emitido el 19 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 52 a 54), en el proceso de acción penal pública seguido por el Ministerio Público contra Cresencia Gallardo Quiroga y la recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que el recurso de casación de referencia, tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Sustanciado el juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, que conoció esa causa, dictó Sentencia Condenatoria Nro. 37/2010 de 24 de julio (fs. 13 a 19), en contra de las imputadas Alberta Gallardo Quiroga y Cresencia Gallardo Quiroga por ser autoras de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas en grado de complicidad, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m), relativos al artículo 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, sancionándolas a la pena privativa de libertad de seis años, seis meses y seis días en la cárcel pública de Yacuiba, además del pago de 50 días multa a razón de Bs.1 por día, así como costas a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia, y la confiscación definitiva de los objetos secuestrados.

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por ambas imputadas (fs. 21 a 25), sin embargo, Cresencia Gallardo Quiroga, el 5 de noviembre de 2012 presentó memorial ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 37), renunciando al recurso de apelación restringida, solicitud que fue considerada por el Tribunal de Alzada que emitió el Auto de Vista Nro. 2/2012 (fs. 38) en el que resolvió aceptar el desistimiento, encontrándose a la fecha ejecutoriada la Sentencia únicamente con referencia a la prenombrada; en tanto que respecto a la coimputada Alberta Gallardo Quiroga, se emitió Auto de Vista Nro.40/2013 de 19 de septiembre de 2013, que declaró sin lugar al recurso, y confirmó la Sentencia; no consta en antecedentes notificación con el Auto de Vista a Alberta Gallardo Quiroga, mucho menos en la forma dispuesta por el artículo 163 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal, a pesar de ello la prenombrada interpuso recurso de casación en fecha 7 de octubre del año en curso, dando con ello origen al caso que es motivo de análisis de admisibilidad.

CONSIDERANDO II: (Motivo del recurso de casación)

Que el recurso de casación, fue admitido en los términos señalados en el Auto Supremo Nro. 311 de 24 de octubre de 2013, por el siguiente motivo:

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO:  En el que se acusa que el Auto de Vista vulnera el debido proceso y seguridad jurídica en su vertiente del artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y como único precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 200 de 24 de agosto de 2012; señala que la línea jurisprudencial sentada en el país estableció que el Tribunal de Alzada carece de competencia para revalorizar prueba producida en audiencia de juicio oral, que lesiona los principios de inmediación y contradicción “en su normativa del Art. 329 y 330 del C.P.P.-” (sic.), que el fin de la apelación restringida se sustrae únicamente al control de error de procedimiento y errónea aplicación de la Ley sustantiva; al respecto manifiesta que el Auto de Vista impugnado ingresó a apreciar y valorar prueba “al sostener en forma categórica en su considerando III.4: POR OTRO LADO DEBE TENERSE PRESENTE QUE EL PERSONAL DE LA FELCN ES PERSONAL ESPECIALIZADO QUE CONOCE EL OLOR, COLOR, TEXTURA DE LA MISMA, razón que no es suficiente manifestar que la sentencia se basa en hechos inexistentes” (sic.), interpretación que a decir de la recurrente, pone de manifiesto la revalorización de la prueba, dejando en indefensión en el contradictorio y la inmediación que son competencia del  tribunal que conoció la causa.

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción entre el Auto de Vista y el precedente contradictorio)

Que la recurrente invoca el Auto Supremo Nro. 200 de 24 de agosto de 2012, el cual, emerge de una denuncia de revalorización de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, señalando que el Tribunal de Alzada  revalorizo prueba, por lo cual el máximo Tribunal Supremo de Justicia, emitió doctrina legal, refiriendo la imposibilidad de los Tribunales de Alzada de revalorizar prueba.

Habiendo realizado un análisis del Auto Supremo invocado como precedente contradictorio corresponde remitirnos a los demás actuados procesales:

Auto de Vista impugnado: El Tribunal de Alzada respecto a la denuncia de violación al artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, señala: “respecto al segundo aspecto, no es evidente la afirmación de la recurrente por cuanto fue introducida a juicio el acta de prueba de campo, en cuyo resultado se señala que dio positivo para marihuana, habiendo valorado el ad quo que varios funcionarios policiales presenciaron tal procedimiento y que la prueba de campo que se efectúa en base a reactivos tiene valor legal; en ese sentido no se puede desestimar dicha circunstancia; por otra parte debe tenerse presente que el personal de la FECN, es personal especializado que conoce el olor, color, textura de la misma, razón por la que no es correcto manifestar que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, declarándose sin lugar el agravio.” (sic). 

Análisis de los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada: Cuando el Tribunal de Alzada revaloriza prueba, asigna un valor determinado a una prueba correspondiente, la cual modifica y trasciende en el resultado definitivo de la Sentencia impugnada, ahora bien el Tribunal de Alzada en el Considerando III. Punto III. 4 del Auto de Vista impugnado, da respuesta a la denuncia de apelación restringida referida a la denuncia de Sentencia basada en hechos inexistentes, por no haber tenido certeza que la sustancia controlada fuera marihuana; de la señalada respuesta se evidencia que el Tribunal de Alzada no incurren en revalorización de la prueba, ya que no asigna ningún valor a ninguna prueba, puesto que identifica que introducción del Acta de prueba de Campo, el resultado de la misma y la presencia de funcionarios policiales en el acto, fue valorada por el Tribunal de Sentencia, lo cual tendría un valor legal, y no podía desestimar dicha circunstancia; continua señalando el Tribunal de Alzada que el personal de la FELCN es especializado y conocería el olor, color y características de la marihuana, respuesta que se encuentra acorde a la denuncia expresada en apelación restringida y no determina un nuevo valor al adoptado por el Tribunal de Sentencia. Asimismo se tiene que el recurrente dentro del recurso de casación se limitó a denunciar revalorización del Tribunal de Alzada, sin identificar cual fue el nuevo valor asignado, de qué manera influyo y cambio el resultado ya adoptado en primera instancia.

Por lo anteriormente señalado se tiene que el Tribunal de Alzada no incurre en la violación denunciada, por ende no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado.  

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alberta Gallardo Quiroga (fs. 55 a 56), impugnando el Auto de Vista Nro. 40/2013 emitido el 19 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 52 a 54), en el proceso de acción penal pública seguido por el Ministerio Público contra Cresencia Gallardo Quiroga y la recurrente, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

                 Miguel Hurtado Zamorano.

ANTE MÍ.   Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano
































on relación al Auto Supremo Nº 200 de 24 de agosto de 2012, se tiene que el mismo, emerge de una denuncia de revalorización de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, emitiendo doctrina legal, por la cual señalan que el Tribunal de Alzada  revalorizo prueba, por lo cual el máximo Tribunal Supremo de Justicia, emitió doctrina legal, señalando la imposibilidad de los Tribunales de Alzada de revalorizar prueba.

Habiendo realizado un análisis del Auto Supremo invocado como precedente contradictorio corresponde remitirnos a los demás actuados procesales:

Auto de Vista impugnado.-

El Tribunal de Alzada respecto a la denuncia de violación al art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, señala: “respecto al segundo aspecto, no es evidente la afirmación de la recurrente por cuanto fue introducida a juicio el acta de prueba de campo, en cuyo resultado se señala que dio positivo para marihuana, habiendo valorado el ad quo que varios funcionarios policiales presenciaron tal procedimiento y que la prueba de campo que se efectúa en base a reactivos tiene valor legal; en ese sentido no se puede desestimar dicha circunstancia; por otra parte debe tenerse presente que el personal de la FECN, es personal especializado que conoce el olor, color, textura de la misma, razón por la que no es correcto manifestar que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, declarándose sin lugar el agravio.” (sic) 

Análisis de los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada.-

Cuando un Tribunal de Alzada revalorización prueba, asignar un valor determinado a una prueba correspondiente, la cual modifica y trasciende en el resultado definitivo de la sentencia impugnada, ahora bien el Tribunal de Alzada en el Considerando III. Punto III. 4 del Auto de Vista impugnado, en respuesta a la denuncia de apelación restringida referida a la denuncia de Sentencia basada en hechos inexistentes, por no haber tenido certeza que la sustancia controlada fuera marihuana, no incurren en revalorización de la prueba, puesto que identifica que introducción del Acta de prueba de Campo, el resultado de la misma y la presencia de funcionarios policiales en el acto, fue valorada por el Tribunal de Sentencia, por lo que tendría un valor legal, por lo cual no podía desestimar dicha circunstancia; continua señalando el Tribunal de Alzada que el personal de la FELCN es especializado y conocería el olor, color y características de la marihuana, concluye señalando sin lugar el agravio.  



Antes de dar respuesta a la problemática que es caso de autos, se debe tener presente cual es el entendimiento del máximo Tribunal de Justicia, respecto de la revalorización de la prueba, por lo cual






vimpugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal 







TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 200/2012-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2012

Expediente : Santa Cruz 47/2012

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputada : Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano

Arabiyu

Delitos : Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

RESULTANDO

Los recursos de casación interpuestos por Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano Arabiyu, cursantes de fs. 194 a 198 vta. y 201 a 207, respectivamente, mediante los cuales impugnan el Auto de Vista 62 de 10 de abril de 2012, que cursa de fs. 167 a 172, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

Marina Flores Villena, Fiscal de Materia, mediante requerimiento cursante de fs. 8 a 19, presentó acusación formal ante el Juzgado de Instrucción Mixto de Concepción, contra Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano Arabiyu, por la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, instancia donde se desarrolló la audiencia conclusiva conforme consta en el acta cursante de fs. 31 a 38 vta., para luego de concluida esta fase del proceso ser remitidos los antecedentes al Tribunal de Sentencia de Concepción, donde luego del desarrolló del juicio oral se dictó la Sentencia 06/2011 de 30 de junio, cursante de fs. 126 a 131, mediante la cual se declaró a los imputados, absueltos de culpa y pena de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, previstos por los arts. 48 y 76 de la Ley 1008.

Basilio Villca Characayo, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, por memorial cursante de fs. 134 a 135 vta., interpuso recurso de apelación restringida, el que por Auto de Vista 62 de 10 de abril de 2012, fue declarado procedente, consecuentemente se revocó totalmente la Sentencia absolutoria, y deliberando en el fondo, declaró al acusado Víctor Hugo Castedo Barba, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándole a cumplir la pena de quince años de presidio; y a Saturnino Arimendano Arabiyu, culpable de la comisión del delito de Complicidad en Tráfico de Sustancias Controladas, previsto en el art. 48 con relación al art. 76 de la Ley 1008, condenándole a cumplir la pena de diez años de presidio; además se les impuso la multa de 300 días a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por cada día y la confiscación definitiva a favor del Estado de la avioneta marca Cessna, modelo C.182, matrícula CP-1233.

I.1.1. Motivos de los recursos

De los recursos de casación, como del Auto Supremo 181/2012-R de 1 de agosto, se extrae los siguientes motivos:

Precisan que, el Tribunal de alzada, ante la advertencia del incumplimiento de requisitos esenciales de admisibilidad del recurso de apelación, dispuso que el Ministerio Público subsane los mismos, y cuando éste presentó el memorial pretendiendo subsanar la observación, solicitó audiencia de fundamentación oral, acto judicial que no se hubiera desarrollado, quebrantando el principio de inmediación en desconocimiento de lo dispuesto por el art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en contradicción al Auto Supremo 424 de 20 de octubre de 2006.

Afirman que, el Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación restringida sin dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos por el art. 408 del CPP, ya que en ninguna parte del recurso se precisa en qué cosiste el agravio, vulneración de norma o errónea aplicación y menos aún se señala cuál sería la interpretación correcta o la norma que considera que debió ser aplicada a tiempo de dictarse la Sentencia; ante esta falencia el Tribunal de alzada conminó al recurrente subsane su recurso, quien en vez de subsanar lo observado, presentó un nuevo recurso de apelación mediante el cual solicitó la nulidad del proceso por supuestos errores, y el ad quem, actuando ilegalmente en forma ultra y extra petita, anuló la Sentencia y procedió a dictar una nueva, revalorizando la prueba, valorando los hechos no probados o inexistentes, sobre una supuesta conducta antijurídica de los imputados, quebrantando el principio de inmediación e intangibilidad de la prueba y contraviniendo la línea jurisprudencial fijada por el Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008, sobre la prohibición al Tribunal de alzada, de cambiar la situación jurídica del estado de absuelto a condenado o viceversa; en esa misma línea se invoca los Autos Supremos 635 de 20 de octubre de 2004, 353 de 29 de agosto de 2006, 410 de 20 de octubre de 2006, 69 de 20 de marzo de 2006, 524 de 17 de noviembre de 2006, 196 de 3 de junio de 2005.

I.1.2. Petitorio

Los recurrentes solicitan que este Tribunal Supremo de Justicia, admita el recurso de casación y en el fondo dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista impugnado, dejando incólume la Sentencia de primera instancia.

I.2. Admisión del recurso

Mediante Auto Supremo 181/2012-RA de 1 de agosto, cursante de fs. 215 a 216 vta., este Tribunal declaró admisible los recursos de casación interpuestos por Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano Arabiyu.

 

 

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:

II.1. Desarrollo del juicio oral y Sentencia

El Ministerio Público, presentó acusación formal contra Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano Arabiyu, por la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, habiendo radicado el proceso en el Juzgado de Instrucción Mixto de Concepción, instancia en la cual se desarrolló la audiencia conclusiva.

Concluida esta actuación, se remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia de Concepción, donde concluido el juicio oral se dictó la Sentencia 06/2011 de 30 de junio, mediante la cual, ante el hecho de que el Ministerio Público no hubiera probado su acusación en juicio, porque la prueba aportada fue insuficiente para generar en ese Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal, por unanimidad se declaró a los imputados, absueltos de culpa y pena de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad previstos y sancionados por los arts. 48 y 76 de la Ley 1008.

II.2. Apelación restringida y su Resolución

Basilio Villca Characayo, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, mediante memorial cursante de fs. 134 a 135 vta., interpuso recurso de apelación restringida; manifestando que en el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público produjo suficientes elementos de prueba documental y pericial, que demostrarían la existencia de la cocaína y la participación de los imputados en el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas, prueba que no hubiera sido valorada por el Tribunal de Sentencia, vulnerando lo dispuesto por los arts. 178 y 363 del CPP; solicitando se revoque la Sentencia y valorando las pruebas de cargo, en el fondo se pronuncie Sentencia condenatoria contra los imputados Víctor Hugo Castedo Barba y a Saturnino Arimendano Arabiyu, condenándoles a sufrir la pena de ocho y cuatro años de reclusión, respectivamente.

Por memorial cursante de fs. 139 a 145, los imputados contestaron el recurso de apelación restringida, precisando que el mismo no cumple con lo dispuesto por los arts. 407 y 408 del CPP, además que el petitorio de revalorización de la prueba, vulnera flagrantemente los principios de igualdad jurídica, seguridad jurídica, debido proceso, competencia y tutela judicial efectiva, provocándoles indefensión, y que sería contrario a la doctrina establecida por los Autos Supremos 412 de 10 de octubre de 2006, 16 de 26 de enero de 2007, 423 de 20 de octubre de 2006 y 409 de 20 de octubre de 2006.

El cuaderno procesal fue remitido al Tribunal de alzada (fs. 153), el que por Auto de Vista 176 de 29 de diciembre de 2011 (fs. 156), ordenó al Fiscal recurrente cumpla con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP, bajo apercibimiento de darse aplicación a lo dispuesto por la última parte del art. 399 del referido Código.

Winter Hinojosa Téllez, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, por memorial cursante de fs. 158 a 159, ratificando el recurso de apelación restringida, solicitó se dicte Auto de Vista anulando totalmente la Sentencia absolutoria y se ordene la reposición del juicio por otro Tribunal; concluyó pidiendo en el Otrosí 2do de su memorial, se señale audiencia para fundamentar oralmente su recurso.

Por memorial cursante de fs. 161 a 163 vta., los imputados respondieron al memorial de ratificación del recurso, manifestando que el Fiscal recurrente no logró cumplir con lo dispuesto por el art. 408 del CPP, pues no se precisó ni especificó cuáles son los defectos absolutos o causales de nulidad; pidiendo se rechace la apelación sin mayor trámite.

Conforme la actuación de fs. 165, el 2 de abril de 2012, se sorteó la causa para su resolución.

El 10 de abril de 2012, se pronunció el Auto de Vista 62, por el cual se declaró admisible y procedente el recurso, revocando totalmente la Sentencia y deliberando en el fondo, se declaró a los acusados Víctor Hugo Castedo Barba y Saturnino Arimendano Arabiyu, autores y culpables de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, condenándoles a cumplir la pena de quince y diez años de presidio, respectivamente, ordenando la confiscación definitiva a favor del Estado, de la avioneta marca Cessna, modelo C-182, matrícula CP-1233; con el siguiente fundamento: "...el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes ya que se ha inobservado la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba antes citada, la falta de fundamentación y motivación de la sentencia; consiguientemente existen infracciones acusadas por el Fiscal recurrente; de lo que se concluye que en el caso de autos no es necesario la realización de un nuevo juicio, y corresponde a este Tribunal dictar directamente una nueva sentencia conforme a la Doctrina Legal Aplicable, en cumplimiento del art. 413 in fine del Código de Procedimiento Penal; consiguientemente, siendo ciertos los argumentos expuestos por la Fiscal recurrente, corresponde a este Tribunal superior declarar procedente la apelación restringida" (sic).

Notificados los imputados con el Auto de Vista 62, éstos interpusieron los recursos de casación motivo de autos.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

III.1. De los precedentes contradictorios citados

Los recurrentes como primer y segundo motivo del recurso de casación, afirman que el Tribunal de alzada omitió el señalamiento de audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida vulnerando el principio de inmediación, y cambió la situación jurídica de los imputados del estado de absueltos a condenados; en contradicción a la doctrina legal establecida por los Autos Supremos que invocaron como precedentes; por lo que corresponde referirse a los mismos a efectos del análisis previsto por el art. 419 del CPP.

 

 

 

III.1.1. Omisión de señalamiento de audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación

Los recurrentes, denuncian que el Tribunal ad quem, omitió señalar audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida que fuera solicitada por el Ministerio Público, vulnerando el principio de inmediación y restringiendo el derecho de contradicción, en omisión de la jurisprudencia establecida por el Auto Supremo 424 de 20 de octubre de 2006, que en lo pertinente al presente recurso, estableció que: "...los tribunales deben garantizar que las personas sometidas a proceso, puedan ejercitar los derechos que la ley les otorga, no pudiendo los Tribunales de alzada, si el recurrente ha solicitado audiencia de fundamentación oral, omitir señalar día y hora para su realización conforme prevé el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal, en la que se aplican las reglas del juicio oral en lo que le sea pertinente conforme a la previsión del artículo 412 del Código de Procedimiento Penal, es decir que se debe dar la oportunidad a las partes a exponer sus posiciones y ejercitando el principio de igualdad y el contradictorio, escuchándolas en sus respectivas posturas, pudiendo el Tribunal, concluida la última intervención interrogar libremente conforme prevé el artículo citado" .

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que debe ser ejercido por quien hubiera sufrido algún agravio con la Resolución judicial, conforme se entiende de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 394 del CPP, que precisa: "El derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley..."; esta norma adjetiva, impone un límite al derecho de recurrir, precisando que este derecho corresponde ejercerlo a quien le sea expresamente permitido.

En autos, el Tribunal de alzada, al advertir que el recurso de apelación restringida no cumplía con las condiciones establecidas por el art. 408 del CPP, ordenó al recurrente subsanar las mismas; quién en el Otrosí 2do del memorial cursante de fs. 158 a 159, señaló: "Protesto fundamentar oralmente el presente recurso en audiencia, a tal fin solicito se señale audiencia" (sic), solicitud que no fue escuchada, procediéndose directamente a pronunciarse el Auto de Vista ahora impugnado. Esta omisión no fue reclamada por el apelante, quien era el legitimado para hacerlo, y no así los recurrentes, quienes conforme se precisó carecen de legitimidad para reclamar esa omisión, porque la negligencia que reclaman no les afecta ni limita ningún derecho ni garantía constitucional, en todo caso esa omisión le afectaría al recurrente de apelación, que en este caso fue el Ministerio Público; por lo expuesto, este motivo del recurso de casación deviene en infundado.

III.1.2. Prohibición al Tribunal de alzada, de cambiar la situación jurídica del imputado del estado de absuelto a condenado o viceversa

Se denuncia que el Tribunal de alzada, actuando ilegalmente en forma ultra y extra petita, anuló la Sentencia y procedió a dictar una nueva, revalorizando la prueba y valorando hechos no probados o inexistentes, quebrantando el principio de inmediación e intangibilidad de la prueba, contradiciendo la línea jurisprudencial sentada por el Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008.

La doctrina legal aplicable establecida en el precedente invocado, instituyó que: "...en el sistema procesal penal boliviano no existe segunda instancia y que los jueces o tribunales de sentencia son los únicos que tiene la facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma. La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores "injudicando" o errores "improcedendo" en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales. El Tribunal de Sentencia, sea unipersonal o colegiado llega a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en consecuencia el Tribunal de apelación no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba y por la imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, lo contrario significaría volver a la posibilidad de revocar los fallos valorando pruebas que nunca se presenciaron ni fueron parte de estos actos procesales y en consecuencia incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso".

En el caso de autos, el Tribunal a quo, dictó Sentencia, declarando a los imputados, absueltos de culpa y pena de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, pero ante el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público, el Tribunal ad quem dictó el Auto de Vista -ahora impugnado-, revocando totalmente la Sentencia y deliberando en el fondo, declaró a los recurrentes autores y culpables de la comisión de los delitos por los que se les imputó, condenándoles a pena privativa de libertad, argumentando que la Sentencia no se ajustó a las normas procesales, por inobservancia de la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, además concluyó que en esa circunstancia no era necesario la realización de un nuevo juicio.

Sobre la temática planteada, corresponde precisar que, si se constató que la Sentencia no se ajustaba a las normas procesales, por inobservancia de la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, vicio que influyó en la parte dispositiva, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 413 del CPP, al Tribunal de alzada le correspondía anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal, y no así dictar una nueva Sentencia que en los hechos constituye revalorizar la prueba, actividad que le está vedada.

 

El Auto de Vista recurrido, viola los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, pues en forma indebida se rectificó la Sentencia, cambiando la situación jurídica de los recurrentes, de absueltos a condenados, lo que implica que el Tribunal ad quem, asumió inadecuadamente la facultad de revalorizar la prueba y de revisar las cuestiones de hecho, que era de exclusiva competencia del Tribunal de Sentencia, desconociendo de este modo, los principios de inmediación y contradicción.

III.2. Análisis del recurso planteado

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante el Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada, consideró que para dictar nueva sentencia y cambiar la situación jurídica de los imputados de absueltos a condenados, no era necesario disponer el reenvió, sin advertir que esta actitud significa en los hechos, atribuirse la facultad de valorar la prueba, que constituye una facultad reservada exclusivamente para el Juez o Tribunal de Sentencia; por ello, con la finalidad de restablecer los derechos y garantías constitucionales de los recurrentes, y se dé una correcta aplicación de la Ley Adjetiva, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada, ajuste su actividad jurisdiccional a lo establecido por los arts. 413 y 414 del CPP.

III.3. Doctrina legal aplicable

Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.

Se vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.

POR TANTO

La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 62 de 10 de abril de 2012, cursante de fs. 167 a 172, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.

A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces Penales de su jurisdicción.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado

Magistrado Relator Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos